CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO HA SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN ESA VÍA Y EXISTE IDENTIDAD DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y PARTES, NO OBSTANTE QUE NO HAYA DETERMINACIÓN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2003. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de marzo de dos mil cinco
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el cuatro de abril de dos mil tres, en la oficina de certificación judicial y correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gerardo Garza Sada, Francisco Javier Garza Garza y Ricardo Martínez Elizondo, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente municipal, síndico segundo y secretario del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, en representación del propio Municipio promovieron controversia constitucional, en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"Entidad, poder u órgano demandado: El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial sito en Palacio Legislativo, calle Matamoros número 555, Monterrey, Nuevo León. Norma general o acto administrativo concreto cuya invalidez se demanda: a) La omisión en la adecuación de las disposiciones legales en materia municipal a las disposiciones del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 veintitrés de diciembre del año 1999 mil novecientos noventa y nueve. b) El sostenimiento de la vigencia de los artículos 26, apartado c), fracciones IX y X, 47, fracción VII, 56, fracción VI, 139, 147, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el Estado de Nuevo León."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"I. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 veintitrés de diciembre del año de 1999 mil novecientos noventa y nueve, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipulándose la libertad al Municipio en el manejo de la hacienda pública municipal, se confiere la autonomía económico-financiera para disponer de su patrimonio, integrado por los ingresos que conforman la hacienda, los bienes del dominio público y privado que le correspondan; los derechos y obligaciones creados legítimamente en su favor y los demás bienes derechos o aprovechamientos que le corresponden. II. En las disposiciones transitorias del decreto publicado en fecha 23 veintitrés de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, se establece, por una parte, en el artículo primero, la entrada en vigor del decreto de reforma del artículo 115 de la Constitución, a los noventa días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, en el artículo segundo se desprende la obligación a cargo del Gobierno del Estado de adecuar la Constitución Local y leyes, a más tardar un año a partir de la entrada en vigor del decreto. III. El día de hoy, habiendo transcurrido en exceso el plazo fijado en las disposiciones transitorias del decreto de reformas a la Constitución publicado en fecha 23 veintitrés de diciembre del año 1999 mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, no se han adecuado las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en particular las contenidas en los artículos 26, apartado c), incisos IX y X, 139, 147, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, que tal conducta omisiva impide el operativizar la reformada norma constitucional, que se invade la esfera del Municipio coartándose la libertad de manejo en el patrimonio que se consagra en la Ley Fundamental de la Nación, en atención a la ineficacia de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 115, fracciones II, párrafo primero e inciso b) y IV, 128, 133 y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 (veintitrés) de diciembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), con la mora en la adecuación de los mandatos legales en materia legal a que hacen referencia. Así también conculcan el ámbito municipal los dispositivos contenidos en los artículos 47, fracción VII y 56, fracción VI, que establecen la desaparición del Ayuntamiento y la suspensión o revocación del mandato, respectivamente, si no se someten al inconstitucional procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, que coartan la potestad municipal de disponer de su patrimonio."
TERCERO. El promovente aduce como conceptos de invalidez los siguientes:
"Único. El acto negativo cuya invalidez reclama, la omisión del legislador estatal en su deber de operativizar las normas programáticas que se incluyen en los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 115, fracciones II, párrafo primero e inciso b) y IV y el segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 (veintitrés) de diciembre del año de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conculca la esfera de atribuciones municipales exclusivas que son bloqueadas por el incumplimiento en la discusión, aprobación, sanción ni publicación de las adecuaciones a las normas contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. Se excluyen arbitrariamente las atribuciones exclusivas, alterándose el orden constitucional en afectación al ámbito de competencia municipal, al no preverse los supuestos que deberían ser objeto de regulación y tener la adecuación de normativa municipal a las Constituciones Municipales contenidas en el artículo 115, fracciones II, párrafo primero e inciso b) y IV de la Constitución Política Federal, precepto en el que se expresa en exclusividad al Municipio para disponer libremente de su patrimonio inmobiliario, así también la libre hacienda, el ejercicio directo y exclusivo de los actos económico-financieros, la transgresión de la autonomía, la denominada autonomía administrativa y económico financiera. La actitud renuente y omisiva que incumple con el desarrollo de los mandatos constitucionales, al dejar de adecuar las disposiciones legales de los artículos 26, apartado c), incisos IX y X, 139, 147, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, dejan inoperantes las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999. La intromisión en el ámbito municipal que se contempla en los dispositivos de la Ley Municipal, que permiten a la Legislatura del Estado de Nuevo León la decisión final sobre los asuntos en materia patrimonial inmobiliaria del Municipio, así como la resolución en materia patrimonial, sobre contratación y financiamiento. Se restringe la potestad municipal de libertad de hacienda cuando con motivo de la reforma municipal se impide al Congreso de la entidad federativa se constituya en instancia de resolución en materia patrimonial, de ahí la inconstitucionalidad de la falta de adecuación de las normas en materia municipal y del sostenimiento de la vigencia de los preceptos legales contenidos en los artículos 26, apartado c), fracción X, 147, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de Nuevo León, que le atribuye al Congreso del Estado de Nuevo León para que apruebe la desincorporación de los bienes de dominio público, resuelva sobre la venta, gravamen o donación, de bienes inmuebles; arrendamiento cuando el periodo de éste exceda de cinco años; y para la enajenación directa de bienes inmuebles fuera de subasta destinada a la satisfacción de necesidades de suelo urbano para vivienda. Por otra parte, se da el debilitamiento político, económico-financiero y jurídico, que impide al Municipio su funcionamiento autónomo y libre, en ejercicio de sus facultades directas exclusivas, pues la continuación de la vigencia de los artículos 26, apartado c), fracción IX y 139 de la Ley Orgánica de los Municipios de la entidad federativa, violan directamente los preceptos constitucionales contenidos en el artículo 115, afectándose al Municipio con la mutilación de la función de la municipalidad cuando se deja a la resolución de la Legislatura del Estado la autorización para contratar créditos para obras de beneficio general, la contratación de financiamiento, créditos, suscripción de obligaciones, préstamos o la adquisición de bienes de cualquier tipo así como la contratación de obras o servicios a plazos, resultando restringido así, por el órgano colegiado demandado el cúmulo de atribuciones, funciones o cometidos que la Constitución Política Federal confiere al Municipio, base de la organización política del país que su debilitamiento implica la debilidad del sistema federal, del cual es la municipalidad su célula vital. En cuanto a los dispositivos de los artículos 47, fracción VII y 56, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, estos preceptos causan afectación en cuanto prevén la desaparición o la suspensión del Ayuntamiento cuando se disponga libremente de los bienes del patrimonio municipal, tal como lo dispone el pacto federal en el artículo 115, sin sujetarse al procedimiento que somete al Municipio a la decisión invasora del Congreso del Estado. El otro de los preceptos de la Ley Orgánica Municipal Estatal establece como causa de revocación del mandato a los miembros del Ayuntamiento, si cumple con el precepto constitucional federal del artículo 115, y deja de someterse a la decisión inconstitucional del Congreso del Estado que impone su autoridad sobre el patrimonio municipal y el ejercicio de sus facultades políticas, económico-financieras y jurídicas respecto a su patrimonio y su hacienda pública. Este concepto de invalidez debe ser declarado fundado y con ello la procedencia de la controversia constitucional que se plantea, cuando la inactividad inexcusable, en su deber de adecuar las leyes de la entidad federativa, que se ha extendido hasta este día y que se sostiene la vigencia de las normas en materia municipal que imponen autoridad del Congreso del Estado contraría al espíritu del Constituyente, que vulnera la autonomía municipal con la invasión al ámbito mediante la intromisión de la legislatura, conculca el principio rector de supremacía de la Constitución Política Federal y del sistema federal, consignados en los artículos 115, fracciones II, párrafo primero e inciso b), y IV, 128, 133 y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 (veintitrés) de diciembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte actora considera violados son el 115, fracciones II, párrafo primero e inciso b), y IV, 128, 133 y segundo transitorio del decreto por el que se reformó el propio artículo 115, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
QUINTO. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 32/2003 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Por auto de diez de abril de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda; tuvo como promoventes únicamente al presidente municipal y al síndico segundo, no así al secretario del propio Municipio; emplazó a la autoridad demandada para que formulara su contestación y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. En atención al sentido del presente fallo, resulta innecesario aludir a los argumentos de la contestación de la demanda y a la opinión del procurador general de la República.
SÉPTIMO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea una controversia constitucional entre el Estado de Nuevo León, por conducto del Poder Legislativo, y el Municipio de San Pedro Garza García, de esa entidad federativa.
SEGUNDO. Resulta innecesario ocuparse de las cuestiones relativas a la oportunidad de la demanda y a la legitimación, toda vez que este Tribunal Pleno, de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que los actos omisivos que se impugnan en la presente controversia constitucional, ya fueron materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, en la cual existe identidad de partes, actos y conceptos de invalidez, y por ende, existe cosa juzgada.
En efecto, el artículo en cita dispone:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..."
Por su parte, el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos (este último al que remite el citado numeral 19 de su ley reglamentaria), dispone:
"Artículo 105. ...
"(penúltimo párrafo)
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
"(último párrafo)
"En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
Conforme a estos numerales, en lo que al caso interesa, la controversia constitucional será improcedente, cuando la materia de la controversia constitucional ya ha sido objeto de otra controversia, con la condición de que se trate de las mismas partes, actos y conceptos de invalidez, así como que se esté en aquellas controversias en las que la resolución sólo tenga efectos entre las partes.
De lo que se desprende que la improcedencia aludida, se refiere a los casos en que ya se dictó sentencia, mas no aquellos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, es decir, regula los supuestos en que se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en otra controversia, en la que exista identidad de partes, objeto y causa, y que, por consiguiente, hacen totalmente innecesario un nuevo examen sobre aspectos que ya fueron analizados.
Por tanto, a fin de demostrar que en el caso se actualizan los requisitos que señala el numeral 19 de la ley reglamentaria de la materia y que, por ende, hacen improcedente el presente juicio, es necesario precisar lo siguiente:
1. La presente controversia constitucional se promueve por el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León y la parte demandada es el Poder Legislativo de esa entidad federativa.
2. Los actos impugnados se hacen consistir en la omisión por parte del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, de adecuar las disposiciones legales en materia municipal de la entidad federativa, a las reformas realizadas al artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal, mediante decreto aprobado el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del mismo año y como consecuencia que continúen vigentes los artículos 26, inciso c), fracciones IX y X, 47, fracción VII, 56, fracción VI, 139, 147, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el Estado de Nuevo León.
3. En los conceptos de invalidez se manifiesta, en esencia, lo siguiente:
a) Que la omisión del legislador estatal en su deber de operativizar las normas programáticas que se incluyen en el artículo 115, fracciones II, párrafo primero e inciso b), y IV, constitucional, y segundo transitorio del decreto por el cual fue reformado dicho precepto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, vulnera la autonomía y esfera de competencias del Municipio actor, que precisamente a partir de esa reforma tiene en exclusiva la facultad de disponer libremente de su patrimonio inmobiliario y libertad hacendaria.
b) Que con motivo de la omisión legislativa impugnada, siguen en vigor las disposiciones municipales anteriores a la reforma constitucional en cita y que, por tanto, no se adecuan a ésta, restringiendo la autonomía municipal y sus atribuciones.
c) Que por tanto, al no cumplirse con el mandato constitucional consagrado en el artículo segundo transitorio del decreto de reformas aludido, también se conculca el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Constitución Federal.
Por otra parte, en la diversa controversia constitucional número 46/2002, de la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que fue resuelta por el Tribunal Pleno en sesión de esta misma fecha se advierte, lo siguiente:
1. La promueve el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León y la parte demandada es el Poder Legislativo de esa entidad federativa.
2. Los actos que se impugnan se hacen consistir en esencia en la omisión en la adecuación de las disposiciones legales en materia municipal a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
3. Los conceptos de invalidez que se plantean, son en esencia:
a) Que se violan las normas programáticas que se incluyen en los artículos 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, y segundo transitorio del decreto mediante el cual fue reformado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, toda vez que se bloquea la eficacia de tales numerales, al no haberse discutido, aprobado, sancionado ni publicado las leyes en materia municipal que se ordenan.
b) Que la omisión del órgano legislativo, al no elaborar las disposiciones legales en materia municipal, que establezcan los medios de defensa en el ámbito municipal de los particulares, los órganos, su organización y funcionamiento, así como el procedimiento para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, implica el incumplimiento del mandato expreso contenido en la norma constitucional, cuando éste es directo e inaplazable, dada su jerarquía, sin que dependa de la voluntad del legislador ordinario; que la supremacía constitucional conlleva el que de ningún órgano de poder distinto al Constituyente pueda depender la operatividad o eficacia de los preceptos constitucionales.
c) Que la inactividad inexcusable del legislador resulta inconstitucional, ya que deben emitirse las leyes en materia municipal que garanticen la autonomía del Municipio, siendo necesaria e inaplazable la realización de la voluntad constitucional, para que el Municipio actor pueda ejercer las funciones que le corresponden como poder público.
4. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 46/2002, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"... En el caso, la infracción impugnada se traduce en que no se han expedido las bases generales a que se sujetarán los Municipios del Estado, ni las demás disposiciones legales que deben desarrollar todos los supuestos que contiene el artículo 115 de la Constitución Federal, lo cual impide que las reformas a la norma fundamental puedan tener plena eficacia, pues en los términos en que está redactado el citado artículo 115 constitucional no podría sostenerse que la infracción a lo ordenado por el artículo segundo transitorio del decreto que reformó la norma suprema citada, se subsane con la aplicación directa del propio precepto fundamental, sino que se requieren las normas legales que desarrollen los supuestos previstos en dicho marco constitucional, pues precisamente el órgano reformador de la Constitución dejó a las legislaturas locales el desarrollo del contenido de la Norma Fundamental, el cual no podrá colmarse hasta en tanto sean adecuadas no sólo las disposiciones constitucionales estatales, sino aquellas leyes secundarias que rijan la materia municipal en lo particular y que son en todo caso, además, en las que podrían desarrollarse las bases de la administración pública municipal.-Así pues, si como se ha señalado, la obligación constitucional de adecuar la legislación municipal tenía un plazo determinado, la contravención a la Constitución Federal existe desde el momento en que dichas adecuaciones no se realizaron dentro de ese plazo, toda vez que atendiendo a nuestro sistema jurídico, si el legislador ordinario ha recibido del Poder Constituyente un determinado mandato y si no lo acata dentro del plazo establecido para ello, transgrede la supremacía constitucional, máxime si con ello origina una situación jurídica contraria a la Constitución.-Por ende, si la Constitución Federal, como norma suprema del país, es vinculatoria para todos los sujetos políticos por igual, al ordenar el citado artículo segundo transitorio un plazo específico para que se hicieran las adecuaciones correspondientes, el Congreso del Estado de Nuevo León, debió hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograr su cumplimiento efectivo y oportuno, máxime cuando se trata de un mandato al legislador con un plazo determinado, pues ante el texto de la Constitución Federal, el Congreso Estatal tenía la obligación de ajustar a aquélla la Constitución Local y las leyes correspondientes; ya que cuando en la Constitución Federal se establece una disposición determinada e incluso se señala la obligación de la Legislatura Estatal a acatarla en un determinado plazo, la mayor violación a la Constitución es no hacer lo necesario para que ésta se acate.-Más aún, el Poder Constituyente en el artículo 41, párrafo primero, relacionado con el numeral 40, ambos de la Constitución Federal, estableció la forma de Estado Federal y de ahí, la obligación de que las Constituciones y leyes de los Estados no podrán contravenir los preceptos de la Norma Fundamental, lo cual comprende necesariamente la actuación de las legislaturas estatales ante un mandato expreso de la Constitución Federal, pues, de lo contrario, la contravendrían.-Luego, en congruencia con el federalismo adoptado por México, las Legislaturas Locales deben acatar plenamente los mandatos del órgano reformador de la Constitución y deben hacerlo dentro del plazo que éste fije para ello.-En estas condiciones, al no haberse adecuado las disposiciones legales municipales y continuar vigentes las existentes, se transgrede el marco constitucional que para el ámbito municipal estableció el órgano reformador de la Constitución, esto es, la falta de adecuación en general de tales normas contraviene por sí, lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, ya que impide su plena eficacia; así como también se transgrede el artículo segundo transitorio del decreto por el cual fue reformado, ya que, como se ha precisado, de acuerdo con este numeral el plazo para realizar dichas adecuaciones feneció desde el veintiuno de marzo de dos mil uno.-De igual manera, tomando en consideración que la actora hace derivar la violación al principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Constitución Federal, de la transgresión al diverso precepto constitucional analizado, y al resultar fundado este argumento con base en las consideraciones apuntadas, igual declaración debe regir.-Cabe precisar que, habiéndose estimado que sustancialmente no se ha acatado el mandato constitucional, independientemente de los razonamientos específicos o que sobre determinadas materias realiza el actor, corresponde al Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de su plena jurisdicción realizar las adecuaciones necesarias de las leyes municipales al texto del artículo 115 constitucional, como se ordenó en el artículo segundo transitorio de la citada reforma a ese precepto.-En virtud de lo anterior, procede declarar fundada la presente controversia constitucional.-SÉPTIMO.-En consecuencia, los efectos de este fallo se determinarán conforme a lo establecido en los numerales 41 y 45 de la ley reglamentaria de la materia, que dicen: ... Como se desprende de la transcripción anterior, esta Suprema Corte debe fijar los efectos y alcances de la sentencia (41-IV), el término para su cumplimiento (41-V), y que surtirán efectos ‘a partir de la fecha que determine la Suprema Corte’, pero no tendrán efectos retroactivos (45, último párrafo).-En el caso, tomando en consideración que con motivo de los citados artículos transitorios del decreto de reformas a la Constitución Federal, las leyes estatales vigentes continuarán aplicándose hasta en tanto se adecuen a la Norma Fundamental, lo cual no puede ser desconocido por esta Suprema Corte en atención a que, por una parte, se trata de un mandato constitucional expreso y, por otro lado, como se ha señalado, la sentencia no puede tener efectos retroactivos sino únicamente hacia el futuro, esto es, a partir de la fecha que indique este Alto Tribunal.-En tales condiciones, con fundamento en los numerales 41, fracción IV y 45, último párrafo, transcritos, y con la finalidad de salvaguardar el orden jurídico en la entidad federativa, el Congreso del Estado de Nuevo León, dentro del segundo periodo de sesiones que, de acuerdo con los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 5o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, comprende del treinta de marzo al treinta de junio de dos mil cinco, deberá realizar las adecuaciones legales en materia municipal, ajustándose en su totalidad a lo dispuesto por el artículo 115 constitucional.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.-SEGUNDO.-El Congreso del Estado de Nuevo León deberá proceder en los términos especificados en el último considerando de la presente resolución."
De la relación que antecede, se desprende en primer término que tanto en la presente controversia constitucional como en la diversa registrada bajo el número 46/2002, la parte actora es el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, y la demandada es el Poder Legislativo de esa entidad federativa.
Asimismo, que en ambas controversias los actos impugnados se hacen consistir, sustancialmente, en la falta de adecuación de las leyes municipales de la entidad, a las reformas al artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, esto es, en la omisión legislativa del Congreso Local, por estimar que se transgrede el propio artículo 115 constitucional, así como el artículo segundo transitorio del decreto por el que fue reformado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ya que no existen las disposiciones legales que hagan eficaz dicha reforma y que permitan la autonomía y ejercicio de las facultades del Municipio actor, las cuales debió expedir el Congreso Local dentro de un plazo determinado, conforme a lo dispuesto por el artículo transitorio en cita.
Por último, que la controversia constitucional 46/2002, se declaró fundada, al no haberse adecuado las disposiciones legales municipales y continuar vigentes las existentes, lo que transgredía el marco constitucional que para el ámbito municipal estableció el órgano reformador de la Constitución, esto es, que la falta de adecuación de tales normas contravenía por sí, lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, ya que impide su plena eficacia; así como también se violó el artículo segundo transitorio del decreto por el cual fue reformado, de acuerdo con el cual el plazo para realizar dichas adecuaciones feneció desde el veintiuno de marzo de dos mil uno; y, al precisar los efectos de la sentencia, señaló que el Congreso del Estado de Nuevo León, dentro del primer periodo de sesiones que, de acuerdo con los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 5o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, comprende del veinte de septiembre al veinte de diciembre de dos mil tres, deberá realizar las adecuaciones legales en materia municipal, ajustándose en su totalidad a lo dis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18847-624a1c03/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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