CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2003. MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de junio de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diez de septiembre de dos mil tres, Ruy Montemayor Salazar y María Luisa de la Fuente Lira, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente y síndico del Municipio de Santiago, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en representación de ese Municipio, en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que enseguida se menciona:
"Órganos o entidades demandadas. A) El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Palacio Nacional, México, D.F. Norma o acto que se pretende invalidar. Lo es el decreto emitido en fecha 9 (nueve) de noviembre del año 2000 (dos mil), publicado por segunda ocasión en fecha 30 de julio del año 2003 (dos mil tres) en el Diario Oficial de la Federación y que surtió sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación según sus artículos primero y séptimo transitorios."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los que a continuación se transcriben:
"1. En la especie, en fecha treinta de julio del año 2003 (dos mil tres) se publicó por segunda ocasión en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos declara como área protegida, con el carácter de parque nacional, a la región conocida como Cumbres de Monterrey, la cual se encuentra ubicada en territorios de los Municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, García (sic), Santiago y San Pedro Garza García, todos del Estado de Nuevo León; decreto que se emitió sin darle la participación constitucional que le corresponde al Municipio Libre y autónomo que en este acto representamos. Es decir, que el ciudadano presidente de la República mexicana decreta la afectación de terrenos municipales sin informar o seguir el procedimiento legal al efecto, y pretende privar de la administración y libre posesión que tanto el Municipio como particulares ejercen sobre la región conocida como Parque Nacional Cumbres de Monterrey. En el presente caso se tiene que el artículo 115, fracción I (sic), de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica propia (sic) y manejarán su patrimonio conforme a la ley. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, Policía Preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor ... V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional ... d) Autorizar, vigilar y controlar (sic) la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. ...’. Y los demás relativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta suerte, el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos emite y pretende que se cumpla el decreto de fecha 9 (nueve) de noviembre del año 2000 (dos mil), publicado por segunda ocasión, sin darle participación que la nuestra legislación suprema (sic) le otorga al tenor de los preceptos constitucionales invocados, y amén de lo anterior, en dicho decreto, en su artículo séptimo transitorio ordena se notifique personalmente el mismo a los interesados y establece que en caso de ignorar el domicilio de éstos, se hará una segunda publicación de dicho decreto la cual surtirá efectos de notificación, no obstante que en el proemio de dicho decreto en pugna se menciona que la región que se declara como área protegida con el carácter de parque nacional se encuentra ubicada en los Municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santiago y San Pedro Garza García, todos del Estado de Nuevo León, lo que indica que al emitirse dicho decreto sí se conocían, cuando menos los nombres de los Municipios afectados y, por ende, su domicilio oficial que es el respectivo Palacio Municipal de cada uno de dichos Ayuntamientos involucrados."
TERCERO. La parte actora adujo los siguientes conceptos de invalidez:
"1. En la especie, el C. Presidente de la República mexicana al promulgar y pretender hacer cumplir el decreto de fecha 9 (nueve) de noviembre del año 2000 (dos mil), sin darles la intervención que constitucionalmente les asiste a los Municipios afectados, entre los que se encuentra el que aquí representamos, viola en perjuicio de éste la autonomía, autoridad y personalidad jurídica propias que le otorgan las fracciones del artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando de sobremanera dicho precepto constitucional, ya que, sin mediar ningún procedimiento que lo avale, se pretende desposeer y privar de la administración de los recursos naturales con los que cuenta dicha municipalidad, ya que dichas atribuciones, el decreto combatido se las pretende otorgar a una secretaría de carácter federal como lo es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, decreto combatido en el que la voluntad y autonomía del Municipio nunca se respetó, puesto que no se le dio la intervención que legal y constitucionalmente corresponde a dicha entidad. En este orden de ideas, al emitirse un decreto que no respeta la parte orgánica de nuestra Carta Magna, es decir, que se emite y promulga en contravención a las disposiciones constitucionales, el mismo no puede surtir efecto alguno por estar afectado de inconstitucionalidad. Es de observarse que dicho decreto es un acto unilateral emitido por el C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos en completa contravención a lo prevenido por el invocado artículo 115 constitucional, en todas y cada una de sus fracciones, ya que vulnera la autoridad y autonomía que la referida Carta Magna le confiere a la figura del Municipio, puesto que dicho precepto, entre otras cosas, faculta al Municipio para que administre los bienes que le pertenezcan y, asimismo, implemente los servicios de alumbrado público, alcantarillado, comunicaciones y, en general, todos los encomendados por las fracciones del numeral en consulta, lo cual no fue observado por el presidente de la República al promulgar y querer hacer cumplir el decreto de fecha 9 (nueve) de noviembre del año 2003 (dos mil tres) (sic), en el cual dicha administración de los bienes que le pertenecen a nuestro representado como lo es el Municipio de Santiago, Nuevo León, se la confiere en particular a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, dejando al Municipio fuera de dicha administración, puesto que los planes de organización, desarrollo y equilibrio ecológico, permisos y licencias serán autorizados por dicha secretaría y no por el Municipio, como constitucionalmente corresponde, de esta guisa, es clara la controversia constitucional de que se encuentra investido el decreto combatido, el cual no debe surtir efecto legal alguno ya que, de ser así, se violentaría la parte orgánica de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por alto el presidente de la República el Estado de derecho que debe imperar en nuestro país al amparo de nuestro máximo cuerpo de leyes que nos rige. 2. En otro orden de ideas, la Federación, a través del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promulga decreto de fecha 9 (nueve) de noviembre del año 2000 (dos mil), cuya segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación se verificó el 30 (treinta) de julio del año 2003 (dos mil tres), en el que se pretende privar al Municipio de Santiago, Nuevo León, representado en este acto por los suscritos, de la administración y libre posesión y destino de los terrenos y aguas municipales de su circunscripción territorial, sin antes haber contado con la opinión y otorgarle la participación en tal evento que constitucionalmente le corresponde al Municipio, conforme a lo establecido por el artículo 115 constitucional, en todas y cada una de sus fracciones, puesto que priva a éste de las facultades que el citado precepto constitucional le concede y únicamente se limita a declarar como área natural protegida con el carácter de parque nacional a la región conocida como Cumbres de Monterrey en la cual se encuentran tierras y/o terrenos y aguas propiedad del Municipio que aquí representamos, amén de que no justifica, mediante el procedimiento respectivo y su correspondiente indemnización, la causa de utilidad pública en la que funde tal acto de privación de administración y libre posesión de tierras y aguas pertenecientes al Municipio, fundándose también así la controversia constitucional planteada. Así las cosas y a mayor abundamiento, el multimencionado artículo 115, en todas sus fracciones, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, provee de diversas facultades de administración y libre albedrío sobre el destino de las tierras y aguas que se encuentran dentro de la circunscripción territorial del Municipio dejando a éste en plena facultad de tomar decisiones respecto de dichos bienes municipales, por ende, dicha figura del Municipio goza de la autonomía constitucional para tomar decisiones en ese rubro, razón por la cual el C. Presidente de la República, al promulgar y pretender hacer cumplir el decreto que aquí se combate, vulnera dicho precepto constitucional, amén que en la elaboración o toma de decisión de dicho precepto (sic) no le concedió la participación que constitucionalmente le corresponde al Municipio, razón por la cual se acude ante esa instancia a fin de lograr la abrogación de dicho decreto y prevalezca el Estado de derecho que impone nuestra Carta Magna, respetándose así la autonomía y facultades conferidas a la ya mencionada figura del Municipio, que en este caso particular lo es el de Santiago, Nuevo León. 3. Al efecto, la controversia planteada en los términos de los puntos anteriores, le asiste al Municipio actor la legitimación activa para promoverla en los términos del inciso b) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y que considerado como un poder, el Ayuntamiento, dicho precepto legal dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos de la ley reglamentaria, de los siguientes casos, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten en (sic): Entre los Municipios y la Federación y dada la invasión de autonomía y jurisdicción que la Federación pretende hacer mediante la promulgación y cumplimiento del decreto combatido. Al efecto, tiene aplicación al presente negocio la siguiente tesis jurisprudencial. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, abril de 2000. Tesis P./J. 29/2000. Página 811. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO; Y ANTES DE LA REFORMA, POR INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE DICHO PRECEPTO, VIGENTE EN ESA ÉPOCA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo del mismo año, corresponde a la Suprema Corte conocer de las controversias constitucionales surgidas entre los Estados y sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos y disposiciones generales, quedando dichos Municipios, por tanto, legitimados para promover la acción correspondiente. Pero antes de las reformas al referido artículo 105 constitucional en los términos expuestos, los Municipios ya tenían legitimación para intentar la acción de controversia constitucional, porque este Alto Tribunal, interpretando dicho precepto como a la sazón estaba vigente, había establecido criterio en el sentido de considerar al Municipio como un poder, para efectos de que pudiera tener acción constitucional, con lo cual se garantizó la efectividad de los beneficios derivados del artículo 115 de la propia Constitución Federal, reformado por decreto publicado el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres que, de otro modo, hubiera carecido de resguardo judicial. Controversia constitucional 3/93. Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 6 de noviembre de 1995. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XLIII/96), se publique como jurisprudencial, con el número 29/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.’. De esta suerte que el Municipio actor, representado en este acto por los que ahora suscribimos, tiene plena legitimación para promover la presente controversia constitucional respecto del decreto que promulga y pretende hacer cumplir el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de fecha nueve de noviembre del año dos mil, publicado por segunda ocasión en los términos de su propio artículo séptimo transitorio en fecha treinta de julio del año dos mil dos (sic) y mediante el cual se pretende privar al Municipio sobre el destino y administración de tierras que se encuentran dentro de su circunscripción territorial, contraviniendo lo previsto por las fracciones del artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual dicho Ayuntamiento se ve en la imperiosa necesidad de plantear la presente controversia constitucional a fin de que dicho decreto sea abrogado respetando la autonomía y jurisdicción del Municipio accionante."
CUARTO. En el caso se estima infringido el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas sus fracciones.
QUINTO. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil tres, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 76/2003 y, por razón de turno, designó a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo; lo anterior en virtud de que entre este asunto y la diversa controversia 75/2003, también turnada a la Ministra, existe conexidad.
Mediante proveído de la misma fecha, la Ministra instructora admitió la demanda, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
Asimismo, en cuanto a la solicitud de la parte actora, en el sentido de reconocer a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca el carácter de tercero interesado, determinó que no había lugar a acordar de conformidad su petición, dado que dicha dependencia se encuentra jerárquicamente subordinada al Poder Ejecutivo Federal, al que se le tuvo como demandado; sin embargo, reconoció el carácter de terceros interesados a los Municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina y San Pedro Garza García, todos del Estado de Nuevo León, en virtud de que con la sentencia dictada en este asunto podrían resentir un daño o lesión a sus intereses y, por tanto, ordenó darles vista para que expusieran lo que a su derecho conviniera.
SEXTO. El Poder Ejecutivo Federal produjo su contestación a la demanda, en la que en síntesis manifestó:
a) Que la parte actora promovió ante el Juzgado Segundo de Distrito "A" en Materia Administrativa, con residencia en el Estado de Nuevo León, el juicio de amparo indirecto 1095/2003, en el que señaló como acto reclamado la promulgación y orden de publicación del decreto impugnado en este asunto y como autoridades responsables al presidente de la República y a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
Que, por tanto, debe declararse improcedente la demanda, con apoyo en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, así como en la tesis jurisprudencial P./J. 12/99, dado que existe un procedimiento pendiente de resolución, cuyos elementos litigiosos son esencialmente los mismos que se plantean en la presente controversia constitucional.
b) Que la demanda es extemporánea porque el decreto impugnado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil y de conformidad con el artículo 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se efectuó una segunda publicación el doce de febrero de dos mil uno, la que únicamente surtió el efecto de notificar a los propietarios de los predios afectados cuyos domicilios se desconocían, sin que pueda llegar a considerarse que a través de ella se perfeccionó el acto, ya que éste se encuentra en vigor desde el día siguiente a aquel en que se publicó por primera vez.
c) Que debido a un error se volvió a publicar el decreto el treinta de julio de dos mil tres, pero esta última publicación no tiene efecto jurídico ni práctico alguno.
d) Que el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia fija plazos específicos para la promoción de una controversia constitucional, por lo que una vez que éstos transcurren existe imposibilidad jurídica para acudir en esta vía ante este Alto Tribunal.
Que, por tanto, si tratándose de actos el numeral de referencia contempla tres supuestos a partir de los cuales se efectuará el cómputo respectivo, los que excluyen unos a otros y por la forma en que son enunciados implica un orden de prelación, la fecha de notificación debe prevalecer sobre aquella en que la parte actora tuvo conocimiento o se ostenta sabedora del acto, ya que es incorrecto considerar que la hipótesis conforme a la cual se analizará la oportunidad de la demanda puede ser elegida por la actora a su conveniencia, ya que esto acarrearía inseguridad jurídica.
Que sustenta lo anterior la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA."
e) Que el decreto impugnado no tenía por qué ser notificado a la parte actora, ya que no es propietaria de los terrenos afectados, por lo que deberá estarse a la segunda hipótesis que prevé el artículo 21 de la ley reglamentaria, esto es, a la fecha en que tuvo conocimiento del acto, que en el caso aconteció el diecisiete de noviembre de dos mil en que se efectuó su primera publicación.
f) Que la fecha indicada constituye un momento cierto en que el Municipio promovente tuvo conocimiento del acto cuya invalidez demanda, porque de conformidad con el artículo 1o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, éste es el órgano de difusión del Gobierno Federal, a través del cual se publican las leyes federales y decretos presidenciales a fin de que sean debidamente observados y aplicados.
Que, además, los efectos de publicidad de dicho medio informativo son indiscutibles, dado que cualquier ley o reglamento debe publicarse previamente para que pueda iniciar su vigencia, por lo que una vez publicado no es válido alegar su desconocimiento, máxime en casos como el presente en que la publicación surte los efectos de una notificación personal.
g) Que por tal virtud, si el decreto combatido se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil, resulta que a la fecha de presentación de la demanda (10 de septiembre de 2003), ya había concluido el plazo legal, pues éste transcurrió del veinte de noviembre de dos mil al dieciséis de enero de dos mil uno, por lo que la presente vía es improcedente y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio, con apoyo en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, de la citada ley reglamentaria.
h) Que independientemente de que la actora debió tener conocimiento del decreto cuestionado a partir de su primera publicación, lo cierto es que se ostentó sabedora de él, como se aprecia de diversas comunicaciones, además de que tuvo conocimiento de su ejecución, inscripción en el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elaboración del programa de manejo del parque nacional a que alude y de la realización de su segunda publicación.
i) Que no son ciertos los hechos narrados por la actora, consistentes en que el treinta de julio de dos mil tres se publicó por segunda ocasión el decreto impugnado, que no se le dio participación en su emisión, que se afectaron terrenos municipales y que se le pretende privar de la administración y libre posesión del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, por lo siguiente:
- El ocho de marzo de dos mil se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se informó al público en general que estaban a su disposición los estudios justificativos para la expedición del decreto por el que se redelimitaría el parque nacional mencionado.
- El diecisiete de noviembre de ese mismo año se hizo la primera publicación del decreto y el doce de febrero de dos mil uno la segunda.
- El veinticinco de mayo de dos mil uno se inscribió la declaratoria en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Primer Distrito de la ciudad de Monterrey.
- El treinta de mayo de ese año el presidente municipal de Santa Catarina, Estado de Nuevo León, envió un escrito al secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el que presentó "... la postura de los alcaldes involucrados en lo que se denomina área natural protegida, la cual forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, decretado el pasado 27 de noviembre (sic) de (sic) 2000 y solicitó ... en nombre de los alcaldes involucrados de Santa Catarina, Monterrey, Garza García, Montemorelos, Santiago, Allende y Rayones, Nuevo León, su apoyo para que sea analizada y evaluada esta postura que estamos presentando ..."; documento en el que se encuentra asentada la firma del presidente del Municipio actor.
- El dieciocho de junio del mismo año el presidente de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, mediante oficio 0569, dio respuesta al escrito presentado por el presidente municipal de Santa Catarina; y,
- El treinta de julio de dos mil tres se efectuó una tercera publicación del decreto, a la que por error se le incluyó la leyenda "segunda publicación".
j) Que es errónea la apreciación del promovente en el sentido de que debió notificarse personalmente a los Municipios en que se encuentran los terrenos afectados, ya que lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio del decreto se encuentra dirigido únicamente a los propietarios.
k) Que es de competencia federal el establecimiento de áreas naturales protegidas con el carácter de parques nacionales y que, de conformidad con el artículo 27 constitucional, la Nación tiene el derecho de imponer modalidades a la propiedad privada, entre las que se encuentra el establecimiento de usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques para preservar el equilibrio ecológico.
Que lo anterior es una facultad concurrente entre la Federación, Estados y Municipios, en uso de la cual, y con fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
l) Que en términos de los numerales 5o., fracción VIII, 7o., fracción V y 8o., fracción V, del citado ordenamiento legal, corresponde a la Federación establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas de competencia federal, a los Estados establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales y a los Municipios crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas en la legislación local.
Que, en conclusión, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Federal y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Ejecutivo Federal puede establecer áreas naturales protegidas en uso de facultades concurrentes y parques nacionales en uso de facultades exclusivas, y los Municipios tienen una competencia limitada en la creación de reservas, acorde con el artículo 115, fracción V, inciso g), constitucional, ya que si bien es cierto que pueden participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica, así como en la elaboración y aplicación de los programas relativos, también lo es que esa participación no es absoluta, puesto que se desarrollará conforme a las leyes federales y locales aplicables.
m) Que de conformidad con los artículos 47 y 58 del indicado cuerpo normativo secundario, el Ejecutivo Federal está obligado a solicitar la opinión de los Gobiernos Locales, organizaciones sociales públicas y privadas, instituciones de enseñanza e investigación y, en general, de todas las personas físicas y morales que estén interesadas; sin embargo, no establece el mecanismo mediante el cual se solicitará dicha opinión, por lo que esto se realiza a través de un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se hace del conocimiento de los Gobiernos Locales y del público en general que están a su disposición los estudios justificativos para la expedición del decreto por el que se hará la declaratoria de área natural protegida, como aconteció en la especie el ocho de marzo de dos mil, siendo pertinente destacar que a la fecha de expedición del decreto impugnado, todavía no se encontraba en vigor el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.
Que aunado a lo anterior, el dos de febrero de dos mil el delegado Federal en Nuevo León de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, dirigió al presidente del Municipio actor el oficio 510.01.0095/2000, por el que le informó que dicha secretaría estaba trabajando en la modificación del decreto que estableció el Parque Nacional "Cumbres de Monterrey" y le solicitó información respecto de los propietarios o poseedores de los predios ubicados en los límites de la modificación.
n) Que como respuesta al aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, se recibieron diversas comunicaciones en la Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, entre las que destacan las de los Municipios de San Pedro Garza García, Allende y Santa Catarina y que si el actor no expresó su opinión es un error imputable a él mismo y no al procedimiento implementado por el Ejecutivo Federal.
o) Que de una lectura de la demanda se advierte que la actora sólo vierte conclusiones dogmáticas, sin hacer ningún razonamiento lógico jurídico respect
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18347-e30c39d8/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-procedimiento-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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