CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2003. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de septiembre de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado en la Administración de Correos de la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, el diez de septiembre de dos mil tres, Humberto González Garibaldi, Claudia Verónica Solís Ruiz y Trinidad Escobedo Aguilar, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente, síndico segundo y secretario del Municipio de Santa Catarina, de la citada entidad, promovieron controversia constitucional en representación de ese Municipio, en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que enseguida se mencionan:
"II. Entidades, poderes u órganos demandados: a) El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Palacio Nacional, México, D.F. b) La C. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con domicilio en Lateral Anillo Periférico Sur No. 4209, piso No. 6, colonia Jardines de la Montaña, delegación Tlalpan, C.P. 14210, México, D.F. c) El C. Director del Instituto Nacional de Ecología, con domicilio en Avenida Revolución No. 1425, nivel No. 38, colonia Tlacopac, San Ángel, C.P. 01040, México, D.F. d) El C. Director de Áreas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de Ecología, con domicilio en Avenida Revolución No. 1425, colonia Tlacopac, San Ángel, C.P. 01040, México, D.F. e) El C. Procurador Federal de Protección al Ambiente, con domicilio en Avenida Periférico Sur No. 5000, piso No. 5, colonia Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, México, D.F. f) El C. Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 476, Piso 13, colonia Roma Sur, C.P. 06760 en México, D.F. g) El C. Secretario de la Reforma Agraria, con domicilio en edificio de Avenida Heroica Escuela Naval Militar, No. 701, piso 1, colonia Presidentes Ejidales, C.P. 04801 en México, D.F. h) El C. Director del Diario Oficial de la Federación con domicilio en Bucareli 99, México, D.F. i) El C. Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Nuevo León, con domicilio en Avenida Benito Juárez y Corregidora, primer piso, Palacio Federal Guadalupe, C.P. 67100, ciudad Guadalupe, Nuevo León. j) El C. Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León, con domicilio en Avenida Benito Juárez y Corregidora, segundo piso, Palacio Federal Guadalupe, C.P. 67100, ciudad Guadalupe, Nuevo León. k) El H. Congreso del Estado de Nuevo León, con domicilio conocido en su recinto oficial en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León. l) El C. Gobernador del Estado de Nuevo León, con domicilio en Calle Zaragoza y 5 de Mayo, Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. m) El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, con domicilio en Avenida Churubusco No. 495, C.P. 64560, colonia Fierro en Monterrey, Nuevo León. n) El C. Subsecretario de Desarrollo Regional y Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León, con domicilio en Avenida Churubusco No. 495, C.P. 64560, colonia Fierro en Monterrey, Nuevo León. o) El C. Subsecretario de Ecología del Gobierno del Estado de Nuevo León, con domicilio en Avenida Alfonso Reyes No. 1000 Norte, colonia Regina en Monterrey, Nuevo León. ... V. Norma o acto cuya invalidez se demanda: El decreto emitido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México a los 9 días de noviembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de julio de 2003 y por medio del cual se declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los Municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León y por medio del cual se procedió a una ilegal e infundada redelimitación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey; ello por la violación de las fracciones I, primer párrafo, II, párrafo segundo, III, incisos del a) al i), IV, incisos a), primer párrafo, c), primer y segundo párrafos, V, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), del artículo 115 y los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se solicita la declaración de inconstitucionalidad e invalidez de todas las normas, reglamentos o disposiciones que deriven de la vigencia de dicho decreto."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los que a continuación se transcriben:
"Primero. Considerando que el título primero de nuestra Constitución Política Federal consagra las garantías individuales que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Cabe resaltar que, por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberanía popular, forma de Estado federal, representativo y democrático, así como la división de poderes, fórmulas que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados, pruebas documentales que se ofrecen en el capítulo respectivo de pruebas y mismas que se exhiben con la presente demanda. Segundo. Con fecha 14 de junio de 1999 se suscribió, por los diputados que conformaron la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el dictamen acerca de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece con precisión, en su parte expositiva, el espíritu que rigió las reformas al aludido artículo, siendo en términos generales éste, el de fortalecer la autonomía de los Municipios que conforman las diversas entidades federativas de la República, dicho dictamen se elaboró conjuntamente con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, por no ser esta última de dictamen legislativo. Tercero. De acuerdo a lo anterior cabe señalar que con fecha 25 de junio de 1999, se llevó a cabo sesión pública extraordinaria de la Cámara de Senadores en la que se puso a consideración el proyecto de decreto que reformó y adicionó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proyecto el anterior que fue aprobado por unanimidad de la aludida Cámara de Senadores, en los mismos términos que le fue presentado por la Cámara de Diputados, por lo que en estas circunstancias se confirmó el espíritu de la reforma a que nos referimos en el punto anterior. Por lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se circuló dicha minuta a las Legislaturas de los Estados, habiéndose cumplido el requisito constitucional de aprobación por mayoría de las mismas, perfeccionándose así la aprobación definitiva por el Constituyente Permanente contenida en la declaratoria correspondiente del Congreso de la Unión en fecha 28 de octubre del año 1999, según consta en la parte final del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de diciembre de 1999. Cuarto. Ahora bien, no obstante que de acuerdo a las citadas reformas constitucionales se reconoció por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la soberanía con que cuentan los Municipios, el presidente de la República promulgó y ordenó la publicación del decreto de fecha 9 de noviembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de julio de 2003 y por medio del cual se declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los Municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León y por medio del cual se procedió a una ilegal e infundada redelimitación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey."
TERCERO. La parte actora adujo los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. Inconstitucionalidad e invalidez del decreto emitido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México a los 9 días de noviembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de julio de 2003 y por medio del cual se declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los Municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León y por medio del cual se procedió a una ilegal e infundada redelimitación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. a) En primer lugar la promulgación, expedición y publicación del citado decreto viola las fracciones I, primer párrafo, II, párrafo segundo, III, incisos del a) al i), IV, incisos a), primer párrafo, c), primer y segundo párrafos, V, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), del artículo 115 y los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de nuestro representado el Municipio de Santa Catarina, N.L., toda vez que, tomando en consideración que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su organización (sic) territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: Fracción I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. ... Fracción II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica propia (sic) y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. ... Fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo los servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; ... Fracción IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. ... c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.’. Por lo anterior cabe señalar que el citado decreto presidencial que se combate, causa un flagrante agravio a nuestro representado en virtud de que no obstante que la Constitución Federal en la citada fracción (sic), manifiesta que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso también se señala que se podrán percibir las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, donde se tenga por base el cambio del valor de los inmuebles, lo cual resulta que siendo un ingreso representativo por parte de nuestro representado Municipio, el sobrevivir como administración municipal, el consistente en los cobros por los permisos de construcciones que se otorgan, fraccionamientos, etc., dichas contribuciones con la vigencia del citado decreto que se combate no podrán ser cobradas en virtud de que el mismo prohíbe la creación de nuevos fraccionamientos y modificar los ecosistemas de dicha área natural protegida, lo cual representa que nuestro representado Ayuntamiento no tenga que contar con la extensión de terreno que contempla dicha área para ejercer la autonomía municipal que le otorga el artículo 115 constitucional federal y, por tanto, dicha jurisdicción municipal se ve mermada con la entrada en vigor de dicho decreto. ‘Fracción V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios. d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; ... f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.’. Por lo anterior véase que no obstante que el citado artículo constitucional reconoce a los Municipios la autonomía municipal y competencias exclusivas con facultades no sólo para gobernar, sino también de administrar a través de un Ayuntamiento, el decreto que se combate causa agravios a nuestro representado Municipio, toda vez que las facultades que conforme a la Constitución Federal se le confieren en el primer párrafo de la fracción I, lo son de autonomía municipal es decir que la competencia que a este Ayuntamiento corresponde debe ejercerse de manera exclusiva, es decir que no haya autoridad intermedia entre éste, esto quiere decir que si bien el en ese entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León, emitió el decreto que se combate, éste por lo menos debió prever la participación o anuencia de nuestro representado Municipio, y al no hacerlo viola flagrantemente lo dispuesto en dicha fracción, toda vez que con esto se constituye como autoridad intermedia. Ahora véase también, que el segundo párrafo de la fracción II señala que ‘Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal’, por lo cual el citado decreto impide que nuestro representado Municipio, actúe con las facultades de autonomía municipal que le confiere dicha fracción, al no ser posible el expedir libremente los reglamentos inherentes a las funciones y servicios públicos que son de su competencia, mismos que se encuentran contemplados en la fracción III del artículo de referencia. Por otra parte cabe señalar que el citado decreto presidencial que se combate, causa un flagrante agravio a nuestro representado en virtud de que no obstante que el citado numeral 115, de la Constitución Federal en su fracción IV, señala que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso también señala que se podrán percibir las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, donde se tenga por base el cambio del valor de los inmuebles, lo cual resulta que siendo un ingreso representativo por parte de nuestro representado Municipio, el sobrevivir como administración municipal, el consistente en los cobros por los permisos de construcciones que se otorgan, fraccionamientos, etc., dichas contribuciones con la vigencia del citado decreto que se combate no podrán ser cobradas en virtud de que el mismo prohibe la creación de nuevos fraccionamientos y modificar los ecosistemas de dicha área natural protegida, lo cual representa que nuestro representado Ayuntamiento no tenga que contar con la extensión de terreno que contempla dicha área para ejercer la autonomía municipal que le otorga el artículo 115 constitucional, federal y, por tanto, dicha jurisdicción municipal se ve mermada con la entrada en vigor de dicho decreto. Asimismo también causa agravio a nuestro representado el citado decreto en virtud de que no obstante que la fracción V del artículo 115 constitucional señala la facultad de los Municipios para otorgar licencias y permisos para construcciones, éstas no podrán ser expedidas por los mismos en lo concerniente a las áreas que señala como protegidas el referido decreto que se combate, lo cual representa una evidente violación a la facultad constitucional que el citado precepto concede a nuestro representado y aún más evidente resulta tal violación que al haber sido emitido el decreto de referencia se vulnera lo dispuesto en el inciso g) de la citada fracción, la cual señala que nuestro representado Municipio tiene el derecho y facultad para participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia, de lo cual resulta que las responsables debieron primeramente contar con la anuencia de nuestro representado y asimismo dársele la oportunidad de participar en la creación de las zonas ecológicas que señala el decreto que se combate, por lo cual cabe señalar también que tal violación repercute en el hecho de que nuestro representado tiene que volver a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal los cuales se encontraban ya formulados y aprobados. Lo anterior se traduce en que el decreto que se combate, violenta las facultades conferidas en nuestra Carta Magna al restringir territorialmente la actuación de la autoridad municipal, para ejercer en forma autónoma las atribuciones de administrar, controlar y vigilar su jurisdicción territorial, ya que le confiere a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la facultad de administrar y vigilar las acciones que se realicen dentro del parque, asimismo vulnera también la facultad que los Municipios han tenido y actualmente tienen para otorgar las licencias y los permisos para construcciones y autorizar la formación de nuevos centros de población así como la participación en la creación y administración de las zonas de reserva ecológica, dentro de su ámbito territorial tal como lo establecen el artículo 115 constitucional, el artículo 7o. de la Ley General de los Asentamientos Humanos y el artículo 12 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, este último el cual dice: ‘En la ejecución y cumplimiento de la presente Ley corresponderán al Ayuntamiento las siguientes atribuciones: Fracción V. Proponer al Congreso del Estado, con base en las disposiciones de carácter general que expida en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y ordenamiento territorial aplicable, la fundación de centros de población en su circunscripción territorial’. Por lo anterior resulta señalar que el decreto que se combate viola también las disposiciones mencionadas anteriormente al establecer en el artículo 7o. del mismo que en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, no se podrá autorizar la formación de nuevos centros de población, ni la urbanización de las tierras ejidales, comunales o particulares incluidas en las zonas de preservación ecológica, por otra parte, cabe señalar que el artículo 66 de la Ley Forestal en vigor, se violenta con la emisión del referido decreto en virtud de que al emitirse el mismo se establece un parque nacional, es decir lugar en el cual tendrán potestad jurídica tanto las dependencias federales competentes en materia ecológica, como también así el Ejecutivo Federal, pero con esto se le vulnera el ámbito de su autonomía municipal, a nuestro representado como ente de gobierno y asimismo se contrapone con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley Forestal de referencia el cual dice: ‘Cuando al establecerse un parque nacional se incluyen terrenos que no sean propiedad nacional, el Ejecutivo Federal fijará en el decreto la causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de los mismos para que la nación adquiera su dominio’, por lo anterior véase que se emite un decreto para establecerse un parque nacional denominado Cumbres de Monterrey, mas no así el decreto que señala primeramente la expropiación por causa de utilidad pública, por lo anterior es de concluirse que nuestro representado no podrá administrar los bienes y recursos que por ley le corresponden en dicho lugar. Segundo. Así mismo en tal sentido el decreto indicado, de manera expresa y flagrante está violentando las fracciones I, primer párrafo, II, párrafo segundo, III, incisos del a) al i), IV, incisos a), primer párrafo y c), primer y segundo párrafos, V, incisos a), b), c), d), e), f), g) h) e i), del artículo 115 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la violación indirecta a la Carta Magna, por el incumplimiento y omisión a lo estipulado en los artículos 5o., 7o., 46, 50, 57, 58, 60 y 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; los artículos 6o., 9, 18, 19 y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos; el artículo 115 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; el artículo primero del Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010, pues está siendo restringida dicha porción del territorio de nuestro representado Municipio, a la realización de ciertas actividades, obras y construcciones que inclusive no forman parte de su objeto social, por lo que en tal situación violentan la autonomía municipal, las disposiciones del decreto que se combate, vertidas en los artículos segundo, tercero, séptimo, octavo, noveno, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto de dicho decreto y que consisten en la de conservación del área (sin especificar fehacientemente para qué o por qué motivo, causa o razón se expide). El decreto que por esta vía se ataca, es privativo y causa perjuicio a nuestro representado, en virtud de que va dirigido únicamente para ser aplicado a una extensión de terreno del (inexistente) Parque Nacional Cumbres de Monterrey y no a la totalidad de los límites territoriales con que originalmente contaba dicho parque, en los términos del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 24 de noviembre de 1939, por lo que, el mencionado decreto que se combate, en esencia corresponde a una infundada, ilegal y parcial redelimitación y en consecuencia pierde el sentido de abstracción, generalidad e impersonalidad. De igual forma el decreto objeto de la presente demanda, no cumple con los parámetros de ley para ser considerado como especial, sino que por el contrario es totalmente de carácter privativo, en efecto, el citado decreto que se combate no satisface las características de generalidad, abstracción y permanencia, elementos estos tres que son propios entre sí e indivisibles, por lo que al faltar uno de los elementos que deben reunir las leyes, éstas se consideran de tipo privativo, aspecto que se presenta en el decreto objeto de este ocurso, ya que el mismo no reúne la característica de generalidad a fin de que dicho decreto pueda ser o estar en citado decreto (sic) y no se aplica a la generalidad de los propietarios de inmuebles que se localizan dentro de los límites originales contemplados en el decreto de creación del inexistente Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Asimismo, el decreto que se combate tiene como característica principal, al igual que cualquier otra ley privativa, el que se expide atendiendo a criterios subjetivos, ya que el referido decreto no contiene mención alguna que explique la forma, razón, motivo o procedimiento empleado por la autoridad responsable que justifique el motivo por el que específicamente se eligieron los terrenos comprendidos en el decreto como área natural protegida, con carácter de parque nacional. Tan arbitrario y subjetivo resulta el ilegal decreto, que del mismo no se advierte la razón o motivo por el que se excluyen casi 60 mil hectáreas que anteriormente comprendía el supuesto decreto del año de 1939, y el cual resulta abrogado por este nuevo decreto, así como tampoco se advierte la motivación que tuvo la autoridad responsable para no excluir de la ilegal redelimitación contenida en el decreto impugnado, la otra parte que originalmente comprendía, asimismo en dicho decreto no se emiten los criterios objetivos para la supuesta redelimitación del parque nacional cumbres, se deja en un terrible estado de indefensión e incertidumbre a nuestro representado, vulnerando en forma flagrante el Estado de derecho que debe imperar, así como el principio de certeza y legalidad jurídica que debe prevalecer en beneficio de la autonomía municipal de nuestro representado, consagrado en el artículo 115 de la Constitución Federal. Por lo anteriormente expuesto, se concluye en deducción inmediata que el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al emitir el citado decreto que se combate y tilda de inconstitucional, no atiende lo que el legislador federal quiso establecer y plasmó en el texto del artículo 115, sobre todo en las normas que se controvierten. Es decir tuvo una causa generadora contraria a la Carta Magna. A lo cual es aplicable la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, febrero de 1998. Tesis 2a. XIII/98. Página 337. Número de registro 196,753. ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL ANÁLISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACIÓN Y CAUSA GENERADORA QUE LLEVÓ AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL. Acorde con su propia y especial naturaleza, las controversias constitucionales constituyen una acción cuyo objetivo esencial es permitir la impugnación de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los diferentes niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en una invasión a su ámbito competencial provocada por otro nivel de gobierno; todo esto con el fin de que se respeten las facultades y atribuciones que a cada uno corresponden, de tal manera que cada nivel de gobierno esté en aptitud de llevar a cabo y agotar en sus términos, todas aquellas que el propio sistema federal le otorga a través de la Carta Magna. Con este propósito, al resolver el fondo, se tendrán que analizar los principios rectores elevados a rango constitucional, que determinan los respectivos ámbitos de competencia de cada nivel de gobierno y en los que se precisan las facultades y atribuciones de cada uno de éstos, lo cual debe hacerse también considerando la propia motivación y causa generadora que llevó al legislador a la inclusión de dichos principios e instituciones fundamentales como lineamientos de nuestro sistema federal, de tal manera que se aprecie en forma cierta el sentido y teleología de éstos para una correcta interpretación y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18468-8060dc7c/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-procedimiento-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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