CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190-SSA1-1999. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA QUEDAR COMO NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE ABRIL DE 2009, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, RESERVA DE LEY Y SEGURIDAD JURÍDICA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. UNA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL ES APLICABLE EN TODAS LAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2009. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de mayo de dos mil diez.
VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 54/2009, y;
RESULTANDO QUE:
PRIMERO. Presentación de la demanda; poder y órganos demandados y actos impugnados. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional mediante escrito recibido el once de junio de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella demanda a la autoridad y la invalidez de los actos que a continuación se detallan:
Autoridad demandada:
1. Poder Ejecutivo Federal.
2. Secretaría de Salud Federal.
3. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud Federal.
Norma y actos cuya invalidez se demanda:
La modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999. Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil nueve.
SEGUNDO. Antecedentes. Los hechos y circunstancias del caso narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:
1. Con el propósito de garantizar la atención médica de las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, la Secretaría de Salud, por medio del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades el anteproyecto para modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, para quedar como NOM-146-SSA2-2005.
2. La dependencia sanitaria, en coordinación con la Comisión Nacional de Normalización, inició el procedimiento administrativo respectivo.
3. El dieciséis de abril de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones mencionadas.
TERCERO. Conceptos de invalidez.
a) Primer concepto de invalidez. La autoridad sanitaria no es competente para normar asuntos de procuración y administración de justicia.
La norma que se impugna supone una modificación a la forma de desahogo y sustanciación de las diligencias de averiguaciones previas y de los juicios del orden criminal. El Comité Consultivo Nacional de Normalización y de Prevención y Control de Enfermedades carece de facultades para emitir una norma cuyo objeto material sea la procuración de justicia. En todo caso, suponiendo que fuese posible, las autoridades competentes para impulsar cualquier normalización de los servicios públicos relacionados con la atención de víctimas sería la Procuraduría General de la República (en el ámbito federal) y a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas (en el ámbito local). En este sentido, hay una doble violación competencial, pues se afectan competencias del Ministerio Público para la protección de víctimas y porque las normas aluden a la comisión de delitos del "orden común" que resultan de competencia de las Procuradurías Generales de Justicia locales.
La norma combatida pretende regular la atención de las víctimas, delegando dicha obligación a entidades y personas que conforman el sector salud. Con ello se violan los artículos 20 y 21 de la Constitución Federal, que establecen que los deberes y facultades relacionados con la tutela de las víctimas corresponden exclusivamente al Ministerio Público. El hecho de que una víctima de violencia requiera una eventual atención médica no implica que la facultad competencial de atención a las víctimas se encuentre en el ámbito de la Secretaría de Salud. Lo único que puede ser regulado por dicha dependencia es la forma técnica de atender médicamente a las víctimas, mientras que corresponde al Ministerio Público garantizar que la atención médica sea rápida, decidir cómo, cuándo y con quiénes habrá de aplicarse los supuestos normativos previstos por las normas penales respecto a la investigación de los delitos, la determinación de su existencia típica y la aplicación de las consecuencias normativas relacionadas con la existencia del delito.
b) Segundo concepto de invalidez. Ausencia de facultades de la autoridad ordenadora. Es facultad de los Congresos Estatales legislar en materia de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual por tratarse de delitos del orden común.
La norma impugnada se expide con la pretensión de tutelar a cierto tipo de víctimas -violencia intrafamiliar y delitos sexuales-, por lo que su aplicación supone derogar disposiciones del fuero común, establecidas en legislación secundaria.
Debido a que la Constitución no atribuye ni al Congreso de la Unión ni al Ejecutivo Federal la facultad de legislar en materia de procuración de justicia -tratándose de delitos del fuero común-, ni atención a víctimas, éstas han sido otorgadas a los Estados de forma residual. Por otra parte, la materia de salud es concurrente por lo que el presidente de la República puede ejercer su facultad reglamentaria respecto a los conceptos establecidos en la Ley General de Salud, sin que esta regulación pueda considerarse aplicable o vinculante a los demás órdenes jurídicos, en particular a los de las entidades federativas, tal como lo señaló el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada. Por ello, las Legislaturas Estatales pueden desarrollar sus propios contenidos respecto a los conceptos establecidos en la Ley General de Salud, de manera paralela a la reglamentación que emita el Ejecutivo Federal.
La norma impugnada es violatoria del ámbito competencial del Estado de Jalisco, pues al imponer obligaciones y procedimientos de atención a víctimas de ciertos delitos contradice las disposiciones que la Constitución Federal confiere a la Legislatura del Estado de Jalisco para emitir regulación en materia de atención a las víctimas y procuración de justicia. En este sentido, también se conculca el orden jurídico secundario estatal, pues las facultades de creación normativa sobre las materias de salud, atención a víctimas y procuración de justicia ya fueron ejercidas por el legislador local y dichas disposiciones deberán ser obedecidas por todos los funcionarios del Estado de Jalisco.
Por otra parte, si atender a las víctimas de violencia sexual o familiar y garantizar la atención médica correspondiente fuesen de competencia exclusiva de la Federación, la obligación de hacer frente a las erogaciones correspondientes debería estar a cargo de la misma Federación, y no, como acontece, de las entidades federativas.
En este mismo sentido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13, fracción I, 3, fracciones II y VII, 68 fracción V, 9 y 53 de la Ley General de Salud, corresponde al gobierno del Estado de Jalisco prestar los servicios de salubridad en materia de planificación familiar, así como establecer los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los servicios públicos. Por ello, el Estado de Jalisco emitió la Ley de Salud Estatal, misma que regula la planificación familiar y los diversos aspectos de salubridad general que a la misma -la planificación familiar- se refiere.
En esta misma línea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, determinó que las materias de planificación familiar y la atención materno filial se encuentra dentro del ámbito competencial de los Estados.
c) Tercer concepto de invalidez. Violaciones al principio de reserva de ley. La ausencia de facultades de la autoridad ordenadora deviene en violación del principio de reserva de ley constitucional y violación directa al artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
En el sistema jurídico mexicano existe una reserva de ley genérica que impide remitir al reglamento aquello que implique limitar el ejercicio de derechos a los particulares; es decir, se prohíbe establecer obligaciones o determinar sanciones. En armonía con lo anterior, el objeto de las normas oficiales es regular cuestiones técnicas de un alto grado de precisión para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los reglamentos o en la ley. Su función no es ni puede ser la de reglamentar disposiciones de la ley; no puede establecer obligaciones a los particulares, ni conceder derechos o permisos. De otra manera, éstas se convertirían en una válvula de escape con que la administración pública podría hacer obligatoria cualquier tipo de regulación.
d) Cuarto concepto de invalidez. Violación al principio de seguridad jurídica. Afectación del principio de reserva de ley por violación directa del artículo 46, fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una norma administrativa no puede derogar una ley federal.
La norma impugnada viola directamente el artículo 46, fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues deja sin efectos la NOM 190-SSA1-1999 a que la segunda se refiere. Es decir, el acto impugnado es inconstitucional porque es un acto legislativo que se emite con la intención de derogar una norma de superior jerarquía, como lo es la fracción III del artículo 46 mencionado.
e) Quinto concepto de invalidez. Violación al ámbito competencial.
La norma impugnada pretende inaplicar la normatividad penal estatal y se estatuye en contra del contenido del artículo 1o. de la Constitución del Estado que ordena la protección de la vida de los concebidos y no nacidos, sin más excepciones que las previstas como "excusas absolutorias". En su punto 6.4.2.3 la normativa obliga a celebrar la práctica del aborto químico sin que se exija previamente la determinación del Ministerio Público Estatal de que existe una conducta típica, lo que contraviene lo establecido en las leyes locales. Es decir, la norma impugnada obliga a la práctica del aborto sin que se satisfagan los requisitos de procedencia que establece el Código Penal del Estado de Jalisco.
f) Sexto concepto de invalidez. Violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica por la indebida imposición de gravámenes.
Los puntos 2, 4.19, 5.1, 5.6, 5.7, 5.10 y 5.12 de la norma impugnada causan un agravio directo a todas las personas e instituciones que ofrecen servicios de salud de carácter privado y social en la entidad, pues les imponen la carga de brindar atención médica a las víctimas de ciertos delitos; misma que le corresponde cumplir al Poder Público. Dicho traslado viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que establece que las contribuciones al gasto público deberán ser proporcionales, equitativas y dispuestas en ley.
Con la norma impugnada las autoridades pretenden trasladar, a través de una carga impositiva, la obligación de proporcionar atención médica y psicológica a las víctimas de un delito a las instituciones de salud privadas y sociales, haciendo caso omiso de que el Estado es el único encargado de garantizar y salvaguardar la integridad física y moral de sus gobernados. Con ello, además se vulnera el artículo 5, párrafo cuarto, de la Constitución Federal que establece los únicos supuestos en los que los servicios públicos tienen carácter obligatorio para los particulares.
Igualmente, constituye un gravamen que se exija a las instituciones privadas y sociales prestadoras de los servicios de salud que destinen recursos para capacitar a sus trabajadores. Además, la norma impugnada no especifica ni la retribución, ni la forma en que habrá de distribuirse la indebida carga que ésta genera; misma que tiene un carácter eminentemente regresivo, pues los hospitales, clínicas y médicos en áreas geográficas urbanas y económicamente deprimidas tendrán mayor carga que aquellos ubicados en áreas residenciales.
g) Séptimo concepto de invalidez. Trasgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Afectación a las garantías procesales de los justiciables por el inexacto régimen sancionatorio.
La norma impugnada no establece qué sanciones deberán imponerse a los diversos incumplimientos de la misma. Por ello, se remite necesariamente a los artículos 112 y 112-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que no establecen una apropiada graduación de las sanciones y que además, ya fueron declarados inconstitucionales por la tesis jurisprudencial 83/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, la norma oficial impugnada vulnera las garantías de seguridad y certeza jurídica.
h) Octavo concepto de invalidez. Violación al principio de igualdad jurídica por discriminar a los prestadores de los servicios de salud y transgredir de manera directa los artículos 3 y 159 de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 43 y 51 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La norma impugnada fomenta que los hospitales públicos y privados contraten prestadores de servicios de salud que no sean objetores de conciencia, al tiempo que coarta a los que sí lo sean de la posibilidad de conseguir o simplemente conservar un trabajo lícito y remunerado, convirtiéndolos en víctimas de discriminación con motivo de sus opiniones o puntos de vista. Lo anterior, es violatorio de la garantía de igualdad establecida en el artículo 1o. de la Constitución Federal, pues la obtención o no de una plaza de trabajo dependerá de la opinión o afinidad que el interesado tenga respecto al aborto.
Adicionalmente, se viola de manera indirecta lo dispuesto por los artículos 3o. y 159 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo establecido en los artículos 43, fracción I y 51 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
i) Noveno concepto de invalidez. Violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Afectación de la garantía de trabajo de los prestadores de los servicios de salud.
La norma impugnada al establecer que los trabajadores de la salud deberán ofrecer un anticonceptivo de emergencia a las víctimas de ciertos delitos, y que su incumplimiento dará origen a sanciones civiles, penales o administrativas, es violatoria de la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5 de la Constitución Federal. Si determinadas personas no otorgan su pleno consentimiento para ofrecer el anticonceptivo de emergencia, el Gobierno del Estado de Jalisco no les puede obligar en virtud de una norma oficial mexicana. Esto es así, debido a que dicho artículo establece que la libertad de trabajo sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de un tercero o por una resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan derechos de la sociedad.
CUARTO. Artículos constitucionales que el actor señala como violados. Los preceptos 1, 4, 5, 14, 16, 20, 21, 29, 31, fracción IV, 49, 73, 74, 89, fracción I, 123, 124 y 133.
QUINTO. Trámite de la controversia. El Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 54/2009 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.(1)
El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo por demandado al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su consejero jurídico, pero no a la Secretaría de Salud y a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de dicha secretaría; reconoció el carácter de tercero interesado a las Cámaras que integran el Congreso de la Unión; ordenó emplazar al demandado para que formulara su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles y en el mismo plazo, para que los terceros interesados manifestaran lo que a su derecho convenga; dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera; y requirió al demandante para señalar domicilio en esta ciudad y al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su consejero jurídico, para que, al dar contestación a la demanda, remita copia certificada de los antecedentes del acto impugnado.(2)
El Ministro instructor tuvo por presentadas las contestaciones de demanda de la Cámara de Senadores,(3) del Poder Ejecutivo Federal a través del Secretario de Salud,(4) Cámara de Diputados(5) -por lo que ordenó correr traslado a la parte actora y al procurador general de la República, para los efectos legales conducentes- y por desahogado el requerimiento de quince de julio de dos mil nueve, al recibir por parte del Ejecutivo Federal copia certificada de los antecedentes del acto impugnado.(6) También se recibió la opinión del procurador general de la República respecto a la controversia constitucional en cuestión.(7)
SEXTO. Contestaciones de la demanda.
Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo Federal.
Razones y fundamentos que sustentan la validez constitucional de la norma oficial mexicana impugnada
En este apartado la Secretaría de Salud explica: a) el sistema de distribución de competencias que existe en materia de salubridad general, entre la Federación y los Estados; b) los fundamentos jurídicos que otorgan al Ejecutivo Federal la facultad para emitir, por conducto de aquélla, normas oficiales mexicanas en materia de salud; c) quiénes integran al Sistema Nacional de Salud; d) los acuerdos de coordinación para la descentralización integral de los servicios de salud, firmado por dicha secretaría, la de Hacienda y Crédito Público, Función Pública y el Estado de Jalisco; e) que en el proceso de normalización la norma impugnada cumplió con los principios exigidos para su elaboración y modificación; y, f) el contenido de la norma que se impugna.
Del contenido de la norma oficial que se impugna se desprende que ésta en ningún momento colisiona la libertad de la mujer para decidir de manera informada sobre la práctica de un aborto en caso de violación, con el derecho de objeción de conciencia del personal médico o de enfermería. En todo caso, quienes se declaren objetores deberán remitir al paciente a la unidad de salud que garantice la prestación del servicio.
Contestación a los conceptos de invalidez
Se expusieron 9 conceptos de invalidez que por estar relacionados pueden agruparse en los siguientes temas:
A. La norma oficial mexicana que se impugna no vulnera la esfera de competencias de la entidad federativa actora en materia de procuración de justicia y atención a víctimas del delito.
La fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal confiere facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general en toda la República. La salubridad general es una materia concurrente y la distribución de competencias entre la Federación y los Estados la estableció el Congreso de la Unión en la Ley General de Salud; misma que en su artículo 13, apartado A, fracción I, establece que corresponde al Ejecutivo Federal dictar las normas oficiales mexicanas en materia de salubridad general. En este sentido, no es óbice que las cuestiones relativas a la atención materno infantil y de planificación familiar sean competencia de las entidades federativas. Sin embargo, esta competencia se limita a la organización, operación, supervisión y evaluación de dichos servicios, lo que debe realizarse en los términos de las disposiciones aplicables -entre las que se encuentran las normas oficiales mexicanas-.
Es infundado que la norma impugnada "modifique" la forma de desahogo y sustanciación de las averiguaciones previas y de los juicios del orden criminal. La norma oficial pretende garantizar el derecho a la salud de las víctimas de violencia familiar y sexual. La norma impugnada no regula cuestiones relacionadas con la investigación de conductas constitutivas de un delito, pues lo que pretende es detectar casos de violencia, a fin de elaborar un diagnóstico, desde el punto de vista médico, de la afectación y el tratamiento que se requiere para su atención. Ello no implica que un médico determine si se reúnen o no los elementos de cierto tipo penal, pues los datos que se obtengan del diagnóstico servirán para integrar un expediente clínico y no, como erróneamente se relaciona, para iniciar o integrar una investigación previa.
Que sea posible hacer referencia a instituciones especializadas (a fin de que las víctimas cuenten con tratamientos adecuados a su padecimiento) de ninguna manera supone la delegación de la obligación del Estado a los particulares de brindar atención médica, pues resulta obvio que no está en poder del Estado que los pacientes acudan únicamente a instituciones públicas.
B. La norma oficial mexicana no contraviene ninguna disposición legal ni es contraria al principio de reserva de ley.
La norma no detalla cuestiones técnicas relativas a los procedimientos de investigación de delitos seguidos ante el Ministerio Público, sino criterios a seguir en la detención, atención y orientación de los usuarios de servicios médicos. Por ello, se respeta la reserva de ley establecida en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
Por otra parte, es inexacto que la norma impugnada por sí misma modifique el artículo 46, fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido a que esta última ley sirve de base para la creación de la norma impugnada. Además, existe una iniciativa de ley para adecuar la fracción III antes mencionada con la nomenclatura de la norma impugnada.
C. La norma oficial mexicana impone ciertas obligaciones a los prestadores de servicios de salud, las cuales no se traducen en cargas excesivas que vulneren las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
De la lectura de la norma impugnada se desprende que no impone ningún tipo de carga o gravamen en perjuicio de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Independientemente de que cesaran los efectos de la norma impugnada, las instituciones públicas, sociales y privadas del sector salud deben brindar atención a todos los pacientes que presenten padecimientos producidos por violencia familiar o sexual.
El argumento en cuestión debe entenderse dirigido a tildar de inconstitucional la obligación de ofrecer anticonceptivos de emergencia, lo que consideran un aborto químico que transgrede su legislación penal. De la evidencia científica internacional se aprecia que los anticonceptivos de emergencia no tienen efectos abortivos, sino que previenen embarazos no deseados, con lo que se evita que la víctima de una violación tenga que someterse a un aborto. Por ello, resulta infundado el argumento de que por ofrecer un anticonceptivo de emergencia se configure el delito de aborto tipificado en el Código Penal para el Estado de Jalisco. En este sentido, es igualmente infundado equiparar el "aborto químico" a la anticoncepción de emergencia, pues la anticoncepción hormonal poscoito no abortiva y no está incluida en la NOM-005-SSA2-1193.
Por otra parte, se afirma que la norma impugnada en ningún momento impide que se cobre una contraprestación por el servicio que se otorgue a los pacientes. Por el contrario, tanto la Ley General de Salud como el Código Civil Federal contienen disposiciones que regulan dicha contraprestación.
La norma impugnada no impone ninguna obligación diversa a las ya establecidas en la Ley General de Salud, debido a que únicamente especifica que debe brindarse capacitación y sensibilización del personal para que los pacientes cuyo padecimiento sea la violencia familiar o sexual reciban el trato a que tiene derecho.
D. La norma oficial mexicana no viola principios constitucionales al establecer una remisión a las disposiciones legales para el caso de incumplimiento.
El hecho de que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización contemple el procedimiento para la expedición, modificación y extinción de las normas oficiales no implica que la norma impugnada remita a las sanciones establecidas en dicha ley. En todo caso, el ordenamiento a aplicarse en caso de incumplimiento es la Ley General de Salud y sus reglamentos. Además, resulta inaplicable la jurisprudencia citada por la parte actora, debido a que los ordenamientos a que aquélla se refería fueron reformados en 1997.
E. La norma oficial mexicana se ajusta a los principios de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo.
Respecto a la contratación de personal, se afirma que cada institución tiene la libertad de establecer el perfil que deban reunir las personas que se incorporen a una plantilla laboral, sin que tal situación implique la discriminación de quienes sean objetores de conciencia, pues la institución actúa como patrón equiparado a un particular. Respecto a que los profesionistas que laboren en una institución pública y que sean objetores de conciencia no podrán conservar su trabajo, se sostiene que la propia norma reconoce su derecho a rehusarse a practicar un aborto.
Contestación de la Cámara de Diputados.
Validez de la resolución impugnada.
El Congreso de la Unión tiene facultad para establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de los tipos de violencia contra la mujer.
La atención médica y psicológica de las víctimas constituye un derecho que le asiste a los sujetos pasivos del delito, por lo que no puede traducirse implícitamente en un competencia exclusiva del Ministerio Público, debido a que la Constitución le confiere a la protección de los sujetos que participan en los procesos penales. El servicio médico le corresponde a las instituciones de salubridad general, conforme a las leyes federales. Por tal razón, no puede alegarse una intervención en la competencia de la autoridad persecutora de los delitos.
De la interpretación de los artículos 4o. y 73, fracción XVI, de la Constitución Federal se desprende que compete al Congreso de la Unión la facultad de legislar, mediante ley, las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y los Estados en materia de salubridad general.
La Ley General de Salud es de aplicación imperativa para toda la República. De ella se desprende que es materia de salubridad general la atención materno infantil, la planificación familiar, la atención médica, entre otros, y que le corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en el territorio nacional. En este entendido, a los Estados les corresponde la organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de diversos servicios de salubridad general.
En lo concerniente a la atención a víctimas de violencia familiar o sexual, el hecho de que el Poder Legislativo Local haya expedido la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se fijaron los medios de atención a las víctimas femeninas, no excluye la facultad del Congreso de la Unión para establecer las bases para la concurrencia de las autoridades que participen en dicho rubro.
La norma impugnada no puede contradecir las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debido a que la primera tiene por objeto regular cuestiones de carácter técnico y establecer criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud; con lo que se adecua a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En este sentido, tampoco puede transgredir el artículo 133 de la Constitución Federal, pues la norma impugnada se complementa, desarrolla y reglamenta en diversas leyes federales, así como en ordenamientos internacionales.
Por lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor de la norma impugnada no se deroga o reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, pues se entiende que si dicha norma administrativa se modificó, aún cuando no tenga la misma nomenclatura, la norma oficial mexicana es la misma, puesto que las disposiciones de la primera (la NOM 190-SSA1-1999) no fueron alteradas en perjuicio de los sujetos a quienes se les aplica.
Finalmente, se afirma que el cambio de nomenclatura de la norma impugnada no provoca incertidumbre ni viola el principio de legalidad, ya que se trata de cuestiones que conoce la Secretaría de Salud, para quien no existe incertidumbre por su carácter de autoridad.
Contestación de demanda del Senado de la República
Primer concepto de invalidez
La norma impugnada no regula la procuración ni la administración de justicia, pues lo que reglamenta es la protección de las mujeres que han sufrido violencia. El Ministerio Público tiene la facultad de investigar y perseguir los delitos, pero no es la única autoridad que tiene obligación de salvaguardar los derechos de los ofendidos por algún delito, debido a que la protección de las víctimas es un derecho fundamental que tiene que respetar todas las autoridades tanto administrativas, legislativas y jurisdiccionales.
De la interpretación armónica de los artículos 16 y 21 constitucionales se desprende que el Ministerio Público ostenta una doble función, durante la investigación de los delitos, y ya en el proceso penal ante el Juez de la causa es autoridad y es parte ya iniciado el proceso. El Ministerio Público como autoridad ejerce la acción penal y como parte es el encargado de aportar al juzgador las pruebas tendientes a la perfección de la investigación judicial respecto del ilícito, así como solicitar los datos y la práctica de las diligencias que comprueben la existencia de los elementos del tipo penal. Así, se equivoca el gobernado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22634-f54199f0/controversia-constitucional-la-modificacion-a-la-norma-oficial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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