ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN XXVI, Y 34, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, QUE ESTABLECEN REGLAS PARA SU RATIFICACIÓN, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE DIVISIÓN DE PODERES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2004. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de octubre de dos mil seis.
VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional 9/2004 y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poder y órganos demandados, actos y normas impugnadas. Por oficio presentado el tres de febrero de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Higinio Ramiro Ramos, quien se ostentó con el carácter de Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, promovió en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco, la invalidez de los actos que adelante se precisan:
"Actos impugnados
"A. La discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y ejecución de los decretos de la Legislatura Local identificados con los números 16,541 y 19,674 por medio de los cuales se modificaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de Jalisco.
"Publicados en el Diario Oficial ‘El Estado de Jalisco’ correspondiente a los días 28 de abril de 1997 y 13 de marzo de 2003.
"Así como los acuerdos de cabildo que cada uno de los Ayuntamientos constitucionales de los Municipios del Estado de Jalisco pronunciaron para el efecto de aprobar y confirmar los decretos promulgados por la Legislatura Local, que antes quedaron identificados.
"En cuanto con dichas modificaciones y reformas a la Constitución Local de Jalisco se vulnera lo establecido en los artículos 14, 16, 17 y 116, fracción III, de la Constitución General de la República. Así como con las mismas normas de carácter general se provoca una invasión y restricción a la esfera de competencia y facultades que le corresponden en forma exclusiva al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; materializados finalmente en la confección y expedición de los acuerdos económicos dictados por el Congreso de Jalisco, y el oficio sin número, de fecha 7 siete de enero de 2004, remitido por conducto de la Comisión de Justicia de la Legislatura Local, al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, por conducto mío como presidente de dicho cuerpo colegiado.
"B. La discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y ejecución de los decretos de la Legislatura Local identificados con los números 16,594 y 19,960.
"Publicado en el Diario Oficial ‘El Estado de Jalisco’ correspondiente a los días 1o. de julio de 1997 y 1o. de mayo de 2003, respectivamente.
"Por medio de los cuales se expidió y modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
"En cuanto con dichas modificaciones y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se vulnera lo establecido en los artículos 14, 16, 17 y 116, fracción III, de la Constitución General de la República. Así como con las mismas normas de carácter general se provoca una invasión y restricción a la esfera de competencia y facultades que le corresponden en forma exclusiva al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; materializados finalmente en los actos del mismo Congreso de Jalisco que luego serán señalados.
"C. La confección y expedición del Acuerdo Económico Número 1266/04, de fecha 16 de enero, supuestamente aprobado el día 20 de enero de 2004, respecto del cual tuve conocimiento el día 28 de enero de 2004, dictado por el Congreso de Jalisco; así como todos y cada uno de los demás acuerdos económicos que ya hubiera dictado o que pronuncie en lo futuro, de los cuales hasta la fecha de interposición de esta controversia desconozco su fecha y contenido, por lo que me reservo el derecho de ampliarla cuando tenga conocimiento de su texto íntegro o se me haga entrega de copia de ellos y;
"D. El oficio sin número, de fecha 7 siete de enero de 2004, remitido por conducto de la Comisión de Justicia de la Legislatura Local, al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, dirigido a mí, como presidente de dicho cuerpo colegiado.
"E. El oficio número DDC-2371-LVI, de fecha 20 de enero de 2004, remitido por conducto del oficial mayor de la Legislatura Local, al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, dirigido a mí, como presidente de dicho cuerpo colegiado.
"F. Al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, demando la declaración de inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y ejecución de los decretos de la Legislatura Local cuya invalidez estoy reclamando al Congreso Local, referidos en los antecedentes A y B de la presente solicitud."
SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:
1. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco funciona en Pleno o en Salas, mediante la presencia de un total de veintiocho Magistrados; veinticuatro de los cuales integran Salas especializadas en las materias civil y penal (ocho Salas especializadas en total), y tres de ellos la Sala Auxiliar en las mismas ramas del derecho ya mencionadas (una Sala Auxiliar en total). El Magistrado presidente no forma parte de ninguna de las Salas del Supremo Tribunal durante el periodo de su encargo (dos años).
2. Del total de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, catorce de ellos fueron designados como Magistrados -sostienen los promoventes- en la forma y términos en que así lo establecían la Constitución Política Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad que se encontraban vigentes durante sus respectivas nominaciones, las cuales ocurrieron antes del año de mil novecientos noventa y siete. Esto es, el Congreso del Estado de Jalisco designó como Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a propuesta del Ejecutivo de la localidad, a los señores: Carlos Raúl Acosta Cordero, Salvador Cantero Aguilar, Jaime Cedeño Coral, Ernesto Chavoya Cervantes, Miguel Ángel Estrada Nava, Gilberto Ernesto Garabito García, Alfredo González Becerra, José María Magallanes Valenzuela, Joaquín Moreno Contreras, Manuel Higinio Ramiro Ramos, Esteban de la Asunción Robles Chávez, Gregorio Rodríguez Gutiérrez, Ramón Soltero Guzmán y Guillermo Valdez Angulo.
3. Los nombramientos referidos fueron dados por el término de cuatro años a cada uno de ellos, porque así lo disponía la Constitución Política del Estado de Jalisco, cuando dichos sucesos acontecieron y, además, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, que resultaba aplicable en esas épocas, también preveía que los nombramientos de los Magistrados debían otorgarse por dicho lapso.
4. Varios de los nombrados ya fungían como Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco a la fecha en que les fue entregado el nombramiento aludido, en virtud de que con antelación el mismo Congreso de la entidad así los había designado.
5. Al concluir el primero de los nombramientos otorgados por el término de cuatro años, cada uno de los designados fueron ratificados por el Congreso del Estado de Jalisco para continuar como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por un término también de cuatro años.
En este aspecto, la Constitución de la entidad y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, vigentes durante la época en la cual se otorgaron dos nombramientos sucesivos, preveían que cuando se ratificara el nombramiento con el que se viniera desempeñando algún funcionario del Poder Judicial del Estado de Jalisco, como Magistrado, Juez o secretario, entonces aquél adquiriría el carácter de inamovible, en cuyo caso no se le podría privar del nombramiento ni de la función desempeñada, sino en los casos previstos para la responsabilidad de estos funcionarios que pudiera llegar a fincarse en su contra, en los términos del título octavo de la Constitución del Estado. Así, a juicio de los promoventes de esta controversia constitucional, todos y cada uno de ellos (catorce Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco) debe ser considerado como inamovible.
6. El Congreso del Estado de Jalisco expidió los Decretos Números 16,541 y 19,674 publicados en los Diarios Oficiales del Estado, de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete y trece de marzo de dos mil tres, aprobados "supuestamente" -señalan los actores- por la mayoría de los Ayuntamientos constitucionales de los Municipios integrantes del Estado de Jalisco. Por medio de dichos decretos se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
7. La Legislatura Local expidió los decretos identificados con los números 16,594 y 19,960 publicados en los Diarios Oficiales del Estado, correspondientes a los días primero de julio de mil novecientos noventa y siete y primero de mayo de dos mil tres, por medio de los cuales se expidió y modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Señalan los demandantes que en dicha disposición legal se "pretendieron prolongar" las reformas constitucionales antes referidas.
8. El Gobernador Constitucional de Jalisco promulgó los Decretos Números 16,541, 19,674, 16,594 y 19,960 de la Legislatura Local y ordenó su publicación en los Diarios Oficiales del Estado señalados, a través de las autoridades de su dependencia.
9. No obstante lo anterior, los decretos de la Legislatura Local antes referidos no se aplicaron de manera alguna en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Jalisco, de manera inmediata a su publicación y entrada en vigencia, porque la integración y funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, continuó en la misma forma y términos en que hasta hoy se viene realizando, habiendo continuado en sus puestos como integrantes del mismo Tribunal Superior todos y cada uno de los señores Magistrados que estaban en funciones al veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, sin que se hubieran expedido nuevos nombramientos, ni se hubieren dejado insubsistentes los anteriores nombramientos, en los términos de los Decretos Números 16,541, 19,674, 16,594 y 19,960 de la Legislatura Local.
10. El siete de enero de dos mil cuatro, la Comisión de Justicia del Congreso de la entidad hizo entrega del oficio sin número, fechado ese mismo día, a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, mediante el cual se solicita la elaboración del dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y desempeño de los Magistrados de ese tribunal, que el veintinueve de abril de dos mil cuatro, concluirán el periodo de siete años, en el cargo de Magistrados que han venido desempeñando.
A juicio de la parte actora, dicho documento constituye el primer acto de aplicación de las reformas constitucionales y legales contenidas en los Decretos Números 16,541, 19,674, 16,594 y 19,960 expedidos por la legislatura de Jalisco, por lo que al Poder Judicial corresponde. Así, los actos antes referidos constituyen una invasión respecto de la esfera de competencia, autonomía e independencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
11. El veintiocho de enero de dos mil cuatro, se recibió por conducto de la Oficialía de Partes de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el oficio número DDC-2371-LVI, fechado el veinte de enero de enero de dos mil cuatro, suscrito por el oficial mayor del Congreso del Estado de Jalisco, por el que se da a conocer al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del mismo Estado, el Acuerdo Económico 1266/04, aprobado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se solicita a los integrantes de ese honorable Supremo Tribunal, que elaboren y remitan al Congreso del Estado, el dictamen técnico a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
TERCERO. Conceptos de invalidez. El poder actor adujo en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
1. En el primer concepto de invalidez la parte actora señala que la base de la organización política y del sistema de gobierno adoptados por la nación mexicana tiene sustento fundamental en el principio de división de poderes, establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La independencia de los poderes está basada en su coordinación, equilibrio y control recíproco. Si esa independencia es indispensable para todos los poderes -señala la parte actora-, con mayor razón lo es para el Poder Judicial, ya que la independencia judicial constituye la primera garantía de la jurisdicción, puesto que sólo cabe esperar una justicia completa y estricta del Juez que es jerárquicamente libre, dependiente sólo de la ley. La sumisión del Juez a la ley le hace independiente de la voluntad subjetiva de los que gobiernan e, incluso, de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad.
Las garantías de la autonomía de la función jurisdiccional, surgidas de la reforma del artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete son: 1) la independencia judicial o independencia de los Supremos Tribunales de Justicia de los Estados, llamada por algunos tratadistas "el autogobierno"; 2) la plena ejecución de sus resoluciones; 3) el principio de plena autoridad, a fin de ser considerado un verdadero poder; y, finalmente, 4) la responsabilidad de los administradores de justicia.
Sostiene la parte actora que si fuera un solo órgano del Estado el que concentrare las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, no habría sistema democrático.
Asimismo, que el principio de división de poderes, tutelado por el artículo 116 de nuestra Carta Magna y por el numeral 14 de la Constitución particular del Estado, determina la separación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el sentido de que su respectivo ejercicio se deposita en órganos distintos, interdependientes y cuya conjunta actuación entraña al desarrollo del poder público en el Estado.
Señala también que la capacidad jurídica para realizar los distintos tipos de actos de autoridad de cada uno de los poderes está plenamente delimitado.
En el presente caso, a juicio de la parte actora, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco, así como los Ayuntamientos constitucionales de los distintos Municipios de la misma entidad federativa, han realizado los siguientes actos violatorios del referido principio de división de poderes:
a) La confección, expedición, aprobación, promulgación y publicación de los decretos números, por medio de los cuales se modificaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de Jalisco, publicados en el Diario Oficial "El Estado de Jalisco", correspondientes a los días veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete y trece de marzo de dos mil tres. Asimismo, los acuerdos de Cabildo que cada uno de los Ayuntamientos constitucionales de los Municipios del Estado de Jalisco pronunciaron para el efecto de aprobar y confirmar los referidos decretos.
b) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y ejecución de los decretos de la Legislatura Local identificados con los números 16,594 y 19,960, publicados en el Diario Oficial de la entidad, correspondientes a los días primero de julio de mil novecientos noventa y siete y primero de mayo de dos mil tres, respectivamente, por medio de los cuales se expidió y modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
c) La confección y expedición del Acuerdo Económico Número 1266/04, de fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro, aprobado "supuestamente" el día veinte del mismo mes y año, dictado por el Congreso de Jalisco; así como todos y cada uno de los demás acuerdos económicos que ya hubiera dictado o que pronuncie en lo futuro, de los cuales hasta la fecha de interposición de esta controversia se desconoce su fecha y contenido.
d) La confección y expedición del oficio sin número, de fecha siete de enero de dos mil cuatro, remitido por conducto de la Comisión de Justicia de la Legislatura Local, al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Asimismo, del oficio número DDC 2371-LVI, de fecha veinte de enero de dos mil cuatro, remitido por conducto del oficial mayor.
Sostiene la parte actora que dichos actos constituyen violaciones al principio de división de poderes, invasión de la esfera competencial que sólo atañe al Poder Judicial del Estado de Jalisco y, finalmente, transgresión flagrante de las garantías de irretroactividad, legalidad, audiencia y defensa previas, administración de justicia y seguridad jurídica que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 116 de la Constitución Federal establece categóricamente la división que debe existir entre los poderes de los Estados de la República. Dichas normas encuentran su actualización, a nivel local en el Estado de Jalisco, en las disposiciones de la Constitución Estatal, concretamente en los numerales 56 y 57.(1)
De este modo, afirma la demandante, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por mandato constitucional, se encuentran obligados de manera irrestricta a realizar todo aquello que corresponda a la esfera de su competencia que resulte indispensable para garantizar la independencia que deben tener los Jueces y tribunales de Jalisco en el cumplimiento de su actividad jurisdiccional y administrativa. En la especie, no se cumple la referida obligación y se condiciona el ejercicio de la administración de justicia que aquéllos tienen encomendada.
Sostiene la demandante que atendiendo a las disposiciones constitucionales, federales y estatales, que hacen posible la división de poderes a nivel local, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco es el único que puede confeccionar el dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación de los Magistrados que lo integran. Por ello -añade-, dicho dictamen se elaborará cuando resulte oportuno hacerlo, es decir, tres meses antes de que concluya el periodo de siete años para el que hubiera sido nombrado un Magistrado. Esta facultad debe realizarse con plena autonomía e independencia, sin participación ni injerencia alguna de ningún otro poder o ente de gobierno.
En el caso concreto, el Congreso de Jalisco envió al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, dos comunicaciones a través de las cuales se pretende aplicar, en detrimento y autonomía del Poder Judicial, el contenido de los Decretos Números 16,541, 19,674, 16,594 y 19,960, antes referidos, mismos que -a juicio de la parte actora- resultan actos ilegales, indebidamente fundados y motivados.
Para apoyar lo anterior, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco señala que la Constitución Local establece, en su artículo 61, que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia elaborará un dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y desempeño del Magistrado, tres meses antes de que concluya el periodo de siete años para el que fue nombrado un Magistrado. Ese dictamen será enviado, junto con el expediente del Magistrado, al Congreso del Estado para su estudio.
Que por su parte, el artículo 62, fracción XI, también de la Constitución Local, señala que corresponden al Supremo Tribunal de Justicia las demás atribuciones que determinen la Constitución Local y las leyes.
Finalmente, que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco dispone, en su artículo 23, fracción XXVI, que son facultades del Pleno del Supremo Tribunal del Justicia del Estado de Jalisco elaborar un dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y el desempeño de los Magistrados; que el referido dictamen, así como los demás datos, informaciones y opiniones que hagan llegar al Congreso del Estado tanto del Supremo Tribunal de Justicia como de particulares servirán para el proceso de ratificación de los Magistrados. Señala también que esos elementos no limitan la facultad soberana del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.
De este modo, afirma la actora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el alcance de la garantía social contenida en el artículo 116, fracción III, de la Constitución General de la República, a fin de garantizar la inamovilidad de los mismos y, con ello, la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los Estados, ha señalado que necesariamente debe formularse un dictamen por medio del cual se analice y valore la actuación del Magistrado correspondiente, previo a la ratificación del mismo, el cual deberá realizarse por la autoridad competente para ello. También ha sostenido -dice- que la falta de realización oportuna del dictamen necesario para calificar el desempeño de los Magistrados de los tribunales de los Estados, por la autoridad competente para ello, hace que opere la ratificación tácita de los mismos en el desempeño de su actividad.
De este modo, la demandante llega a la conclusión de que, previamente a iniciar el procedimiento necesario para la ratificación o no ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, resulta indispensable la formulación de un dictamen de valoración de la actividad desempeñada por el funcionario judicial de que se trate, cuya realización es competencia única y exclusivamente del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Sigue su razonamiento señalando que, dado lo anterior, ninguna persona o autoridad puede indicar, ordenar, sugerir o constreñir al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que lo realice. Así las cosas, dado que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado así lo hizo, a través del oficio fechado el día siete de enero de dos mil cuatro, que remitió al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a través del diverso oficio DDC 2371-LVI, fechado el día veinte de enero del mismo año, que remitió el oficial mayor, resulta inconcuso -dice la parte actora- que se está vulnerando y restringiendo de manera inconstitucional la esfera de competencia y autoridad que únicamente corresponden al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
De este modo, si el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en acatamiento a los mencionados oficios, procediera a formular el dictamen que se le solicita, su actuación dejaría de ser producto de la facultad soberana que le corresponde conforme a la Constitución Política de Jalisco, convirtiéndose -dice- en un acto de obediencia que no le está permitido ni facultado por la Ley Fundamental de la localidad.
Dado lo anterior, a juicio de la parte actora, debe declararse que ni el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, ni la Comisión de Justicia del mismo, tienen potestad alguna para requerir al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para que proceda a formular el dictamen técnico, y emitir opinión, en los términos previstos por el artículo 61, párrafo segundo, de la Constitución Política de la entidad. Como consecuencia de lo anterior, debe declararse la invalidez de los actos impugnados en esta controversia constitucional, dado que configuran transgresiones a la esfera de competencia y facultades constitucionales que solamente deben ser ejercidas por el Poder Judicial del Estado. Señala también que la declaración de invalidez deberá extenderse a todos y cada uno de los actos derivados de los antes mencionados y que fueran antecedentes o consecuencia de los mismos.
Por otro lado, considera la demandante que no representa un obstáculo lo establecido en la parte final de la fracción XXVI del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como tampoco lo señalado en el párrafo tercero del numeral 61 de la Constitución Política de la entidad. Tales dispositivos establecen que no se limita la facultad soberana del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y que el Congreso del Estado decide soberanamente sobre la ratificación o no ratificación de los Magistrados mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.
Considera la parte actora que tales disposiciones no resultan aplicables, porque al Congreso del Estado de Jalisco no le corresponde la facultad soberana de formular el dictamen de valoración del desempeño de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, sino únicamente la de ratificarlos o no ratificarlos.
Dicha facultad constitucional y legal, por soberana que sea -dice la parte actora-, no implica una potestad arbitraria y omnipotente que pueda ejercer el Congreso como mejor le convenga. Ello, porque por encima de esa facultad están la Constitución Local y la ley que contienen los lineamientos conforme a los cuales debe ejercerse dicha potestad, además de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A juicio de la demandante, la facultad soberana que tiene el Congreso de Jalisco para ratificar o no ratificar a los Magistrados, únicamente procederá si concurren previamente los siguientes supuestos, mismos que desde su perspectiva no se han actualizado en la especie:
a) Que exista un Magistrado o Magistrados que, por concluir el término de su nombramiento y no haber sido ratificado con anterioridad, ni tener la característica de inamovible, sea susceptible de ser ratificado o no ratificado por el Congreso.
b) Que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado elabore un dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y desempeño del Magistrado que sea susceptible de ser ratificado o no ratificado.
c) Que el dictamen técnico elaborado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y el expediente del Magistrado susceptible de ser ratificado o no ratificado sea enviado al Congreso del Estado para su estudio.
2. En su segundo concepto de invalidez, la parte actora señala que los Decretos Números 16,541, 19,674, 16,594 y 19,960 expedidos por el Congreso de Jalisco, son violatorios de la garantía de irretroactividad de las normas jurídicas prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, así como de los criterios jurisprudenciales que en relación con dicho principio constitucional ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Afirma que la garantía de irretroactividad no solamente constriñe a las autoridades a no aplicar las leyes en perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad por las personas, sino que también obliga al órgano legislativo a no expedir normas que en sí mismas resulten ser retroactivas.
En el presente caso, a decir de la actora, el Congreso de Jalisco, al expedir el Decreto 16,541 modificó las bases de la integración, funcionamiento y organización del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, cambiando las limitantes que con anterioridad se habían dado para establecer la inamovilidad de los Magistrados del Tribunal Superior. La Legislatura Local estableció un diverso criterio mediante el cual pretende supeditar la organización del Tribunal Superior del Estado, su integración y funcionamiento, a la decisión del Poder Legislativo de la entidad.
Refiere el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco que la Constitución Política de ese Estado, vigente hasta antes de entrar en vigor el Decreto 16,541 de la Legislatura Local, disponía que la inamovilidad de los Magistrados del Poder Judicial se alcanzaba cuando éstos eran ratificados en el puesto que hubieran desempeñado, una vez que concluyera el término de su nombramiento inicial de cuatro años; y que, a partir de entonces, no podrían ser destituidos sino por causa de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, señalaba que el retiro voluntario podría actualizarse a la edad de sesenta y cinco años y forzoso a la edad de setenta. De manera que los Magistrados a los que les hubieran sido conferidos dos nombramientos sucesivos por cuatro años, o que hubieran sido ratificados al concluir el término de la vigencia del primero, adquirían por cualquiera de esos hechos la característica de inamovilidad en el ejercicio del cargo.
Contrario a lo anterior -dice la parte demandante-, a partir del Decreto 16,541 el término de la vigencia de los nombramientos de Magistrado del Tribunal de Justicia sería de siete años, al término del cual podría ser ratificado, en cuyo caso continuaría en el puesto por diez años más, al final de los cuales el retiro sería forzoso.
Señala también que en el mismo Decreto 16,541 el Congreso Local incluyó un artículo transitorio, tercero en su orden, en cuyo párrafo tercero estableció:
"Artículo tercero transitorio. ... Los Magistrados que a la fecha de aprobación del presente decreto gocen de inamovilidad conforme a los artículos de la Constitución que este decreto reforma y que no opten por el procedimiento de retiro voluntario de la función jurisdiccional en los términos del párrafo segundo de este artículo, se entenderán nombrados para un término de siete años, al fin del cual podrán ser o no ratificados ..."
Con este precepto transitorio, la autoridad legislativa pretende -sostiene la parte actora- que el Decreto 16,541 se aplique de manera retroactiva a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, cuyos nombramientos y reconocimiento de inamovilidad habían sido otorgados, en los términos y para los efectos de las disposiciones constitucionales y legales. Tal situación implica una violación al principio de irretroactividad de las normas consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señala que el decreto impugnado, además de vulnerar los derechos individuales de los Magistr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20253-f4669018/estabilidad-de-los-magistrados-de-poderes-judiciales-locales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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