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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO. MAGISTRADOS AGRARIOS. ALCANCE DE LA FACULTAD DE LA CÁMARA DE SENADORES O, EN SUS RECESOS, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN SU DESIGNACIÓN. MAGISTRADOS AGRARIOS. ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACULTAD DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA PROPONER LA LISTA DE CANDIDATOS PARA LA DESIGNACIÓN DE AQUÉLLOS. MAGISTRADOS AGRARIOS. LA EVALUACIÓN PARA EFECTOS DE SU RATIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSE Y CONSTAR EN DICTÁMENES ESCRITOS EN LOS CUALES SE PRECISEN LAS RAZONES DE LA DETERMINACIÓN TOMADA. MAGISTRADOS AGRARIOS. MOMENTO EN QUE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN SU RATIFICACIÓN DEBEN PRONUNCIARSE AL RESPECTO. MAGISTRADOS AGRARIOS. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES QUE INTERVIENEN EN SU DESIGNACIÓN. MAGISTRADOS AGRARIOS. PARA SU RATIFICACIÓN ES INDISPENSABLE LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADOS AGRARIOS. PARA SU RATIFICACIÓN INTERVIENEN LOS MISMOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES QUE PARA SU DESIGNACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2003. · Registro digital (IUS): 18332
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 920.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2003. PODER EJECUTIVO FEDERAL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día primero de junio de dos mil cuatro.

VISTOS para resolver los autos relativos a la controversia constitucional 9/2003, promovida por el Poder Ejecutivo Federal; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de febrero de dos mil tres, Juan de Dios Castro Lozano, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, actuando en representación del titular de este poder promovió controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que a continuación se señalan:

"II. Entidad demandada. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con domicilio en Xicoténcatl número 9, colonia Centro, C.P. 06018, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. IV. Acto cuya invalidez se demanda. 1. El dictamen elaborado el 5 de diciembre de 2002 por las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria del Senado de la República, en el cual se analiza la ratificación de tres Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios que no fueron propuestos para dicha ratificación por el presidente de la República. Específicamente se reclama la invalidez del punto resolutivo primero del mencionado dictamen, en el cual se ratifica a una Magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario. 2. La aprobación del citado dictamen el 12 de diciembre de 2002 por el Pleno de la Cámara de Senadores y, por consiguiente, la ratificación de la citada Magistrada numeraria sin que hubiera sido propuesta dicha ratificación por el presidente de la República."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados por la parte actora son los siguientes:

"1. El 5 de junio de 2002 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio número 109/2002 de fecha 3 del citado mes, en el cual el Magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario informa sobre la conclusión del encargo de los Magistrados Heriberto Arriaga Garza, Francisco García Ortiz, Andrés Islas Soria, Saúl Núñez Ramírez, Juan José Pérez Palma, Sergio Agustín Sánchez Martínez y Balbina Villa Martínez. 2. El 18 de junio de 2002 el presidente de la República sometió a consideración de la Comisión Permanente la propuesta para ratificar a 4 de los 7 Magistrados que concluían su encargo (Francisco García Ortiz, Andrés Islas Soria, Saúl Núñez Ramírez y Juan José Pérez Palma); asimismo, proponía una lista de 5 personas para cubrir las 3 vacantes existentes (Antonio Luis Betancourt Sánchez, Javier Andrés Espadas López, Moisés Jiménez Garnica, Manuel Loya Valverde y Rogelio Martínez Meléndez). 3. El 19 de junio de 2002 la Comisión Permanente determinó: i) Ratificar en su cargo a los Magistrados García Ortiz, Islas Soria, Núñez Ramírez y Pérez Palma y ii) Dejar pendiente la resolución respecto de Heriberto Arriaga Garza, Sergio Agustín Sánchez Martínez y Balbina Villa Martínez, por lo que se continuará el estudio de dichos casos. 4. El 20 de junio de 2002 el presidente de la República envió otra lista en alcance a la del 18 de junio en la que se incluían a José Martín López Zamora y José Jesús Rodríguez Tovar como candidatos adicionales para cubrir las vacantes existentes. 5. El 28 de agosto de 2002 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió de la Comisión Permanente el expediente de las propuestas que el presidente de la República presentó para cubrir las vacantes de Magistrados numerarios de Tribunales Unitarios Agrarios. 6. El 3 de septiembre de 2002 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que el expediente con las propuestas de los candidatos a Magistrados se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria del Senado de la República para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente. 7. Los días 31 de octubre y 5 de noviembre de 2002 comparecieron ante las citadas comisiones Betancourt Sánchez, Espadas López, Jiménez Garnica, Loya Valverde, Martínez Meléndez, López Zamora, Rodríguez Tovar, Villa Martínez, Arriaga Garza y Sánchez Martínez con el propósito de realizarles un examen valorativo. 8. El 5 de diciembre de 2002 las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria emitieron un dictamen en el cual se estableció, dentro de sus puntos resolutivos, lo siguiente: Primero. Se ratifica a la CC. Balbina Villa Martínez en el cargo de Magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario. Segundo. Con fundamento en el segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios se designa a los ciudadanos José Martín López Zamora y José Jesús Rodríguez Tovar como Magistrados numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios. Tercero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios los ciudadanos designados para ocupar los cargos con antelación descritos, rendirán la protesta de ley respectiva ante la H. Cámara de Senadores. 9. El mismo día, las comisiones de referencia sometieron a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores su dictamen. 10. El 12 de diciembre de 2002 en el Pleno de la Cámara de Senadores se puso a consideración de la asamblea el dictamen elaborado por las citadas comisiones a que se refiere el numeral 8 del presente capítulo, mismo que fue aprobado en votación económica. 11. En esa misma sesión, rindió protesta ante el Senado de la República la Magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario que fue reelecta sin que existiera propuesta del presidente de la República."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. La Cámara de Senadores contravino lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución. Como se aprecia claramente en el capítulo de hechos de la presenta demanda, la Cámara de Senadores analizó motu proprio la ratificación -sin que existiera propuesta por parte del presidente de la República- de 3 Magistrados de tribunales agrarios y ratificó a una de ellos. El hecho de que se hayan realizado los mencionados análisis y ratificación sin que existiera propuesta del presidente de la República contraviene lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional. En efecto, en la mencionada fracción se dispone que: ‘Artículo 27. XIX. ... Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.’. El segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional establece que los Magistrados que integren los tribunales agrarios serán propuestos por el presidente de la República y designados por la Cámara de Senadores. El párrafo transcrito fue resultado de una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992. En la iniciativa de la mencionada reforma se proponía que dicha prescripción se incluyera en la fracción VII y no se determinaba la forma en que serían designados los Magistrados agrarios. La mencionada propuesta fue adoptada por un dictamen elaborado por la Cámara de Diputados; sin embargo, en la discusión del mismo se aprobaron ciertas modificaciones en el sentido de consagrar a los tribunales agrarios en la fracción XIX y establecer de manera expresa el procedimiento para la designación de los Magistrados agrarios en la que intervendría el presidente de la República y la Cámara de Senadores. Así en la mencionada discusión, entre otras cosas, se afirmó: ‘... la propuesta es mover de la fracción VII los puntos referentes a los tribunales administrativos e incorporarlos a lo que actualmente es la fracción XIX, porque ahí se encuentran en estos momentos los párrafos que se refieren a la justicia agraria. Creo que desde la técnica jurídica, sería más adecuado que este párrafo que se refiere a la justicia y a los tribunales agrarios, se encuentre en la fracción XIX. Propongo además una adición que va también en consonancia con una de las preocupaciones de don Juan de Dios Castro, en el sentido de que no le cambiemos nada más a las comisiones agrarias mixtas el rótulo, sino que efectivamente creemos tribunales agrarios independientes, autónomos, imparciales. Y por eso, nosotros creemos que esto sí debe de avanzarse y por eso, como creemos que uno de los aspectos importantes de la autonomía y de la independencia es el procedimiento de designación de los Jueces, estamos proponiendo una visión con el propósito de que los Magistrados que integren estos tribunales sean propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. Yo creo y aquí fíjense ustedes en la propuesta, no es que los nombre el Ejecutivo Federal, como actualmente sucede en el caso de los miembros del Poder Judicial Federal, los Ministros de la Corte o los miembros del Tribunal Fiscal de la Federación, donde los nombra el presidente y los ratifica el Senado. Aquí la propuesta es que los proponga el presidente y sea el que los designe el Senado ...’. Por su parte, la Cámara de Senadores aseveró en el dictamen correspondiente: ‘Además, como una modificación introducida por la colegisladora que es particularmente trascendente para el Senado, se establece en la minuta proyecto de decreto que los tribunales agrarios se integrarán por «Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de éste, por la Comisión Permanente.».’. Del análisis de la fracción XIX del artículo 27 constitucional, así como del proceso legislativo que dio origen a su texto, se aprecia claramente que por mandato constitucional la integración de los tribunales agrarios se realiza mediante un acto complejo o mixto en el que intervienen dos poderes: i) El Ejecutivo Federal, a cuyo titular, presidente de la República, la Constitución otorga la facultad de proponer a las personas entre las que deberá designarse a los Magistrados agrarios, y ii) El Poder Legislativo a través de la Cámara de Senadores o en su caso la Comisión Permanente, a los que corresponde solamente la facultad de designar a los Magistrados agrarios de entre los propuestos por el primero. Asimismo, se aprecia que no existe ningún otro procedimiento para el nombramiento de Magistrados agrarios y que fue intención del Constituyente Permanente establecer expresamente un principio que implicara un procedimiento de carácter mixto o complejo en el texto de la Constitución. De conformidad con la fracción mencionada, la ley que instituye los tribunales para la administración de justicia agraria es la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en cuyo capítulo IV (De la designación de los Magistrados) se establece el procedimiento para nombrar a los Magistrados agrarios: ‘Artículo 15. Los Magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del presidente de la República. El presidente de la República propondrá una lista de candidatos, de la cual la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, deberá elegir a los Magistrados.’. ‘Artículo 16. Recibida la propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente en su caso, deberá resolver en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales y reglamentarios aplicables o mediante procedimiento que al efecto acuerden. En caso de que no se apruebe la designación del número de Magistrados requerido, el Ejecutivo Federal enviará otra lista para completar el número necesario.’. ‘Artículo 17. Los Magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles. Los Magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.’. En lo que aquí interesa, en dichos artículos se determina que: a) El presidente de la República propone los nombramientos en una lista de candidatos. b) La Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente debe elegir a los Magistrados necesariamente de entre los contemplados en la lista enviada por el presidente de la República. c) Los Magistrados ‘durarán en su encargo 6 años’. d) Existe la posibilidad de que los Magistrados sean ratificados al término de su encargo. La ley orgánica confirma que la única forma de nombrar a los Magistrados agrarios es la establecida en la fracción XIX del artículo 27 constitucional: el Senado hace la designación a propuesta del presidente de la República. Asimismo, determina que los Magistrados durarán en su encargo 6 años, por lo que concluido dicho plazo terminarán sus funciones, pero tendrán la posibilidad de ser reelectos o ratificados. Es muy importante recalcar que los Magistrados duran 6 años en su empleo, es decir, que su nombramiento tiene una duración determinada y que después pueden ser nombrados de nuevo. En la exposición de motivos de la ley orgánica se señala expresamente que los Magistrados durarán en su encargo 6 años y que podrán ser reelectos: ‘Se prevé asimismo, que los Magistrados duren en su encargo seis años, pudiendo ser reelectos y sólo podrían ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de sus funciones de acuerdo, en lo conducente, con el procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Estas medidas, aunadas a otras antes descritas, están encaminadas a garantizar la independencia de los tribunales agrarios en la adopción de sus resoluciones.’. En vista de lo anterior, es claro que para reelegir (esto es, ratificar un Magistrado) es indispensable que se cumpla con el principio constitucional, es decir, que nuevamente se realice el procedimiento previsto en la Constitución y en la ley orgánica para la debida integración de los tribunales agrarios. Es importante recalcar que la palabra ‘reelecto’ utilizada en la citada exposición de motivos contiene la preposición ‘re’ que indica repetición o reiteración, lo que reafirma que tal disposición: a) Supone la repetición del procedimiento constitucional para la designación de los Magistrados y b) Es congruente con la naturaleza compleja del acto al cual se refiere, y que se encuentra constitucionalmente previsto. El nombramiento por primera o por segunda vez (ratificación) debe seguir el mismo procedimiento. No existe disposición constitucional o legal que autorice al Senado de la República a designar por la vía de la ratificación o reelección a un Magistrado que no haya sido propuesto por el presidente de la República. Independientemente de lo anterior, una interpretación conjunta y armónica del contenido de los artículos que se refieren a la designación de los Magistrados agrarios nos haría llegar a la misma conclusión, es decir, a que en la ratificación de Magistrados agrarios intervienen tanto el presidente de la República como la Cámara de Senadores. En este sentido se ha pronunciado la doctrina (García Ramírez Sergio, Elementos de derecho procesal agrario, pág. 170) al señalar que: ‘Se entiende que la ratificación, que en el fondo apareja nuevo nombramiento, implica el mismo procedimiento para la primera designación, a cargo de los mismos órganos: presidente de la República y Cámara de Senadores o Comisión Permanente.’. Es muy importante recalcar que debe interpretarse conjuntamente el artículo 17 de la ley orgánica con el 15 y 16 en los que se establece la forma en que serán designados los Magistrados. De lo contrario no se podría materializar la ratificación de los Magistrados agrarios al no señalarse quién la realizará. El hecho de que en el artículo 17 citado se determine que los Magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores y que en ese mismo párrafo se establezca que podrán ser ratificados no implica que la ratificación la haga el Senado, ya que eso no se establece expresamente ni se desprende del texto del artículo, además de que -como se ha expresado con anterioridad- la Constitución consagra un procedimiento para el nombramiento de Magistrados agrarios el cual se aplica para la elección y para la reelección. Además, resulta totalmente injustificado interpretar que sólo porque el texto del artículo 17 citado utiliza la palabra ‘ratificados’, ello excluye de toda participación al Ejecutivo Federal y convierte un acto mixto en un acto de naturaleza exclusivamente legislativa. En conclusión, como se desprende del artículo 27, fracción XIX, de la Constitución el procedimiento para la integración de los tribunales agrarios no distingue entre primera designación de Magistrados y, posteriormente, la ratificación de los mismos. Otorga un tratamiento igual toda vez que el Constituyente Permanente dispuso un mecanismo de integración con la participación de dos Poderes de la Unión (acto mixto), sin que la ley secundaria o la interpretación de la misma permitiera siquiera advertir diferencia alguna cuando se trata de la primera designación de Magistrado o de la segunda (ratificación). Segundo. La Cámara de Senadores no es autoridad competente para realizar por sí sola la designación de los Magistrados, por lo que se violan los artículos 16 y 89, fracción II, de la Constitución. Independientemente que el artículo 27, fracción XIX y la ley orgánica determinan que en la ratificación de los Magistrados agrarios debe intervenir el presidente de la República (tal como se expuso en el anterior concepto de invalidez), también justifica su intervención la propia naturaleza del acto. En efecto, los nombramientos, designaciones, ratificaciones son actos de naturaleza formal y materialmente administrativa y, por tanto, corresponde hacerlos, en general, al Ejecutivo Federal. Así, el artículo 89, fracción II, constitucional establece que es facultad del presidente de la República nombrar y remover libremente a ‘... los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.’. La regla general es que al presidente de la República corresponde nombrar y remover libremente a todos los empleados de la Unión (dentro de los cuáles se encuentran los tribunales agrarios). Existe, sin embargo, una excepción establecida por el precepto constitucional señalado: salvo que se trate de nombramientos o remociones determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes. Por tanto, la participación del Senado en el nombramiento de los Magistrados (y, en general, en cualquier nombramiento), es excepcional. Esta participación se considera como un mecanismo de control a la facultad de nombramiento del Ejecutivo Federal. En otras palabras, es una excepción al principio de división de poderes y, por tanto, debe estar previsto en la Constitución y no en una ley (esta última se refiere a los nombramientos en la esfera de la administración pública federal), ya que si estuvieran en esta última se violaría el citado principio. A mayor abundamiento, se ha interpretado que el Senado sólo puede intervenir en nombramientos que estén señalados en la Constitución (y no en leyes), como conclusión del silogismo siguiente: a) Como se dijo, significa una excepción al principio de división de poderes. b) Como este principio de división de poderes está consagrado en la Constitución, sólo una norma constitucional podría establecer excepciones. c) Luego, la ley secundaria no puede facultar al Senado para participar en nombramientos. Por tanto, el Senado sólo puede participar en el nombramiento, remoción y ratificación de algún funcionario de la Unión siempre y cuando así lo establezca la Constitución y de la manera en que la misma lo determine. En el presente caso la Constitución no establece que la Cámara de Senadores sea la única que tenga intervención en la designación de los Magistrados agrarios, pues -como se demostró en el primer concepto de invalidez- dicha designación está ligada a la previa y necesaria propuesta por parte del presidente de la República. Si el Constituyente Permanente hubiera querido que únicamente interviniera la mencionada Cámara, así lo hubiera establecido. El Senado de la República no puede interpretar a su favor la facultad de nombrar o ratificar a los Magistrados agrarios, en demérito de la facultad del Ejecutivo Federal. En vista de lo expuesto en el presente concepto de invalidez, se violó: a) El artículo 89, fracción II, de la Constitución, pues el Senado sólo puede realizar nombramientos de acuerdo con lo establecido en la Constitución y b) El principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional (conforme al cual las autoridades sólo pueden ejercer las facultades que tengan expresamente atribuidas), pues la Cámara de Senadores emitió los actos que se reclaman sin que el presidente de la República haya propuesto la ratificación de tres Magistrados. Tercero. La Cámara de Senadores violó lo dispuesto en los artículos 14, 49 y 89, fracción XX, constitucionales. Como consecuencia del incumplimiento con lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 27 constitucional, se violaron los artículos 14, 49 y 89, fracción XX, del mismo ordenamiento. La Cámara de Senadores al analizar la ratificación de 3 Magistrados agrarios que no fueron propuestos por el presidente de la República y ratificar a una de ellos, omitió observar el procedimiento establecido en el párrafo segundo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional, por lo que violó con ello los principios de debido proceso y de seguridad jurídica contenidos en el artículo 14 de la Constitución. En el mismo sentido, la Cámara de Senadores viola el artículo 49 constitucional al no respetar la división de poderes, ya que la facultad de proponer Magistrados agrarios corresponde al presidente de la República y no a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores violó el artículo 49 constitucional al no respetar la división de poderes, ya que la facultad de proponer Magistrados agrarios corresponde al presidente de la República y no a la Cámara de Senadores. Asimismo, se violó el artículo 89, fracción XX, de la Constitución en el que se contemplan las facultades implícitas del presidente de la República, en relación con la facultad de proponer a los Magistrados agrarios prevista en el artículo 27, fracción XIX, constitucional."

CUARTO. La parte actora estima infringidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 27, fracción XIX, 49 y 89, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo del seis de febrero de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y designó como instructor al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

SEXTO. Mediante proveído del siete de febrero de dos mil tres, el Ministro instructor tuvo por acreditada la personalidad del promovente, admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para la formulación de su respectiva contestación de demanda dentro del plazo de treinta días hábiles y ordenó que se le diese vista al procurador general de la República. Asimismo, requirió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que en su contestación de demanda remitiera una copia certificada del expediente integrado en el órgano legislativo respecto de los actos impugnados.

SÉPTIMO. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión al formular su contestación a la demanda manifestó, en síntesis y en relación con los conceptos de invalidez, lo siguiente:

• No se contraviene la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el mandato en ella contenido prevé el proceso de "designación" de los Magistrados agrarios para un primer periodo de ejercicio, pero en ningún momento establece que dicho proceso deba aplicarse a la "ratificación" o "reelección" para un segundo periodo de ejercicio.

Al no haber mandato expreso, la Cámara de Senadores no depende de una propuesta presidencial para valorar y decidir sobre la procedencia o no de la ratificación de los Magistrados agrarios que terminen su encargo inicial de seis años.

La designación es el señalamiento de una persona para un determinado fin, por lo que el Senado es quien señala a las personas que cree convenientes para ocupar el cargo de Magistrado agrario de entre las que proponga el presidente de la República. En cambio, en la reelección no se requiere la propuesta, ya que si la elección es una decisión mediante votos producidos por dos o más personas, en la reelección se requiere la repetición de la elección, la que fue realizada por un órgano colegiado.

• Los tribunales agrarios verían afectada su autonomía y plena jurisdicción de que están investidos por disposición constitucional si sus integrantes para ser ratificados para un segundo periodo debieran ser valorados por el presidente de la República, toda vez que para ser incluidos en la propuesta presidencial tendrían que resolver los asuntos que se sometan a su jurisdicción favoreciendo los intereses del presidente, quien anteriormente era la máxima autoridad agraria.

• Si de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios a la Cámara de Senadores le corresponde determinar el procedimiento para resolver la designación de los Magistrados, a ella también le corresponde establecer el procedimiento para la ratificación de los mismos.

• Después de los seis años de ejercicio, no tiene lugar una nueva designación, sino que se trata de una ratificación pues aquélla no conlleva la existencia previa de un desempeño en el cargo para dar paso a la inamovilidad, de lo contrario el procedimiento sería interminable.

• El Senado por sí solo puede ratificar a los Magistrados agrarios que hayan terminado el ejercicio de su primer periodo de seis años, toda vez que la designación es un acto propio del Senado y el Ejecutivo Federal sólo propone, por ello, el Senado debe valorar para determinar si resulta conveniente confirmar su designación inicial a efecto de que el Magistrado pueda seguir o no ejerciendo como Magistrado con carácter inamovible.

Al acudir supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se extraen como principios para los Magistrados agrarios que el órgano que designa o nombra es el mismo que ratifica y que el nombramiento y ratificación deben hacerse sobre la base de criterios objetivos conforme a la excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad; tomando en consideración para la ratificación el desempeño en el ejercicio de la función, los resultados de las inspecciones, el grado académico y los cursos de actualización, así como no haber sido sancionado con motivo de falta o queja, entre otros criterios.

Los anteriores principios constitucionales y reglamentarios se encuentran establecidos a fin de garantizar lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo, 97, párrafo primero, 99, párrafo octavo, 100 y 116, fracción III, de la Constitución General de la República, tanto para los órganos jurisdiccionales federales como locales que imparten justicia, lo que también aplica a los tribunales que imparten justicia agraria, sin que sea obstáculo a lo anterior que se trate de tribunales administrativos.

• Los funcionarios que integran los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión no encuadran en el enunciado de la fracción II del artículo 89 constitucional.

• El hecho de que el presidente del Tribunal Superior Agrario fuera quien informase mediante oficio a la presidencia de la Comisión Permanente la terminación del periodo para el cual fue electa como Magistrada agraria Balbina Villa Martínez, es consecuencia de que el Senado de la República es la autoridad a la cual le asiste el imperio para analizar si es factible o no su ratificación, pues fue precisamente el Senado quien la designó.

• El dictamen de cinco de diciembre de dos mil dos tiene validez plena pues fue emitido con fundamento en los artículos 85 al 94 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y fue aprobado por el Pleno del Senado de la República el doce de diciembre de dos mil dos, sesión que también se efectuó válidamente.

• En todo caso, existió propuesta presidencial no escrita en el sentido de no ratificar a Balbina Villa Martínez, al no haber sido incluida en la propuesta escrita presidencial.

OCTAVO. Por oficio número PGR 319/2003, presentado el veintiocho de abril de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República presentó su opinión en la cual expuso los siguientes argumentos en relación con los conceptos de invalidez:

• En la propuesta y designación de los Magistrados que integran los tribunales agrarios intervienen necesariamente el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, la Comisión Permanente, por tanto, la actuación de uno de estos entes no puede soslayarse por disposición constitucional y legal.

• Al no haber disposición constitucional ni legal que prevea de manera explícita el procedimiento por medio del cual los Magistrados agr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18332-763a8e6b/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-cuando-se-impugnan-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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