CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA "OMISIÓN" IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, AL ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA DEBERÁ ANALIZARSE SI LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS SE HACE CON MOTIVO DE SU PUBLICACIÓN O DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2005. CONGRESO DE LA UNIÓN.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de enero de dos mil nueve.
Vistos para resolver los autos de la controversia constitucional 54/2005, y
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poder y órganos demandados, actos y normas impugnadas. Por oficio recibido el veinticinco de agosto de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Fernández de Cevallos Ramos, quien se ostentó como presidente de la Cámara de Senadores y de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en representación del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y normas que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Poder y órganos demandados:
a) Poder Ejecutivo Federal.
b) Secretaría de Gobernación.
c) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
e) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
f) Secretaría de Energía.
g) Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.
h) Director general de la Comisión Federal de Electricidad.
i) Comisión Nacional del Agua.
Normas y actos cuya invalidez se demanda:
1. El decreto por el que el Poder Ejecutivo Federal expidió el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, de tres de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro siguiente.
2. El decreto por el que el Poder Ejecutivo Federal estableció el Programa Especial de Energía para el Campo, de tres de diciembre de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro siguiente.
3. Los Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, expedidos por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cinco.
4. Los siguientes acuerdos del secretario de Hacienda y Crédito Público:
A) Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, de seis de agosto de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de agosto de dos mil tres.
B) Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, de cuatro de julio de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de julio de dos mil tres (debe decir siete de julio).(1)
C) Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de treinta y uno de diciembre de dos mil dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de siete de enero de dos mil tres.
D) Acuerdo que autoriza la reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de treinta y uno de mayo de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil cinco.
E) Acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de treinta de junio de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecinueve de julio de dos mil cinco.
F) Todos los demás acuerdos relacionados con la litis de la presente controversia, así como sus efectos y consecuencias.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son en síntesis, los siguientes:
1. El treinta de diciembre de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Energía para el Campo, aprobada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y promulgada por el presidente de la República, destacando de dicha ley el artículo 1o., que hace remisión a la Ley de Desarrollo Sustentable; en especial a sus artículos 13, fracción IX; 3o., fracciones I a VIII; 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o. y transitorios primero y segundo.
2. El cuatro de diciembre de dos mil tres, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, resaltando el contenido de los artículos 1o., 4o., 5o., 11 y 12.
3. El mismo cuatro de diciembre citado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo Federal por el que se estableció el Programa Especial de Energía para el Campo, destacando los artículos 1o., 2o., y demás relativos a la distribución de atribuciones entre las diversas secretarías de Estado y órganos públicos, tales como: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, así como la Secretaría de la Función Pública.
4. En el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cinco, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación publicó los Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola.
5. El quince de marzo de dos mil cinco la secretaría citada en el inciso anterior, publicó los lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Acuícola.
6. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió tres acuerdos, todos ellos con fundamento en los artículos 26 y 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación; y 12, fracción VIII, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Dichos acuerdos son los siguientes:
A) Acuerdo que autoriza el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica publicado el siete de enero de dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación.
B) Acuerdo que autoriza el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica publicado en el Diario Oficial de la Federación de siete de julio de dos mil tres.
C) Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de agosto de dos mil tres.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:
1. Primer concepto. Que el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo y los demás decretos y acuerdos relacionados con esta materia, transgreden los artículos 14, 16, 25, 27, fracción XX, 28, 73, fracción X y 89, fracción I, todos de la Constitución Federal, así como diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, en virtud de que en su conjunto se integran como los instrumentos con los que el Poder Ejecutivo Federal ha pretendido cumplir con las disposiciones generales de la Constitución en materia de asignación o utilización de productos energéticos para promover la productividad y competitividad de los trabajadores del campo.
Que lo anterior es así, porque se dan graves contravenciones a disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, con lo que se invade y viola la potestad legislativa del Congreso de la Unión, conforme lo establecido en los artículos 50 y 73, fracciones X y XXX, en relación con los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 27 de la Constitución Federal.
Asimismo, se dan serias deficiencias que determinan que sean inapropiados e incapaces para realizar los objetivos y alcanzar los fines establecidos, con carácter de interés público, en la Ley de Energía para el Campo, con lo que se viola lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal, al no cumplir cabalmente el Ejecutivo Federal con su atribución de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión.
Que la Ley de Energía para el Campo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dos, y en su artículo segundo transitorio otorgó un plazo de setenta y cinco días hábiles, siguientes a la entrada en vigor de la ley, para que el Ejecutivo Federal expidiera el reglamento de la mencionada ley, y demás disposiciones administrativas necesarias. No obstante ello, el poder demandado fue omiso e incurrió en desacato durante casi un año, respecto al cumplimiento del mandato legal comentado, ya que el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo se publicó hasta el cuatro de diciembre de dos mil tres.
Que además, en la Ley de Energía para el Campo, en diversos artículos sustantivos sujetos a reserva de ley, se ordenan al Poder Ejecutivo Federal diversas acciones necesarias para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de dicha ley, siendo también omiso en cumplir con dichos mandatos. Esto es, no cumplió con la atribución a su cargo de establecer "el programa, mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios"; tampoco incluyó dentro del proyecto de Ley de Ingresos y en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las previsiones necesarias para atender los programas ordenados por la ley en relación a los distintos productos energéticos previstos en ella; ni estableció los mecanismos de previsión y verificación de la cuota energética en cuanto a su aplicación y designación.
Que repetir las disposiciones de la ley relativas al objeto, definiciones, objeto del programa y atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, más algunas cuestiones de trámite, supervisión, plazos, reincidencia y denuncia ciudadana, no son suficientes para cumplir satisfactoria y plenamente la multicitada atribución reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, en relación al objeto y alcances de la Ley de Energía para el Campo y, en particular, a los diversos mandatos expresos que se incluyen en dicha ley.
Que en virtud de lo anterior, el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo expedido por el Ejecutivo Federal, contraviene lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no proveer a la exacta observancia de la Ley de Energía para el Campo expedida por el Congreso de la Unión, pues no se propicia ni promueve la realización de sus objetivos fundamentales que son coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, y porque no atiende a los mandatos expresos contenidos en la Ley de Energía para el Campo, que particularmente obligan al Poder Ejecutivo a establecer el programa, mediante precios y tarifas de estímulo, de los energéticos agropecuarios (artículo 4o., primer párrafo); ni ha incluido dentro del proyecto de la Ley de Ingresos y del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las provisiones necesarias para atender la operación del programa (artículo 4o., párrafo segundo); ni ha regulado la entrega de las cuotas energéticas de consumo por beneficiario a precios y tarifas de estímulo (artículo 6o.); y tampoco ha establecido en las referidas cuotas energéticas el consumo que corresponda por hora, mes o año, según sea el caso (artículo 7o., penúltimo párrafo).
Por tanto, al ser omiso dicho reglamento en cumplir adecuadamente la atribución constitucional del Ejecutivo Federal de proveer en la esfera administrativa al cumplimiento de la Ley de Energía para el Campo, se hace nugatoria la ley emitida por el Congreso de la Unión.
2. Segundo concepto. Que la invalidez que solicita debe afectar tanto al Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, como a los demás decretos y acuerdos que lo han ido precisando y, por ende, que le han dado viabilidad, porque el Poder Ejecutivo Federal ha pretendido generar la apariencia del cumplimiento de su atribución constitucional de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expide el Congreso de la Unión, por medio del citado reglamento y acuerdos; ya que todos ellos, en mayor o menor grado adolecen de los mismos vicios, deficiencias e ineficiencias, y porque ni apreciados en su conjunto son eficientes o suficientes para cumplir dicha atribución constitucional. Cita en apoyo la tesis de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN."
Que los actos del Poder Ejecutivo Federal que impugna en conjunto y en lo particular, de acuerdo con la tesis de rubro: "PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. LA FACULTAD PARA PROVEER EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA A LA EXACTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES, COMPRENDE, ADEMÁS DE LA EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS, LA EMISIÓN DE ACUERDOS Y DECRETOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TODOS AQUELLOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA ESE FIN.", son los siguientes:
A) El Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil tres.
B) El Decreto por el que se establece el Programa Especial de Energía para el Campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de diciembre de dos mil tres.
C) Los Lineamientos para la Aplicación del Subsidio de Apoyo al Diesel para Actividades Agropecuarias en el Marco de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de marzo de dos mil cinco.
D) Los Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica para Uso Acuícola, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de marzo de dos mil cinco.
E) Los Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, publicados en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cinco.
F) Diversos acuerdos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el siete de enero de dos mil tres, el siete de junio (sic) de dos mil tres, el ocho de agosto de dos mil tres y el diecinueve de julio de dos mil cinco, y que tienen por objeto autorizar el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.
G) Acuerdo emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de veintiséis de junio de dos mil cinco, que tiene por objeto autorizar el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica para uso acuícola.
Que los citados acuerdos constituyen los distintos actos que en diversos momentos ha utilizado el Poder Ejecutivo Federal para proveer a la exacta observancia de las disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, incumpliendo en lo general y en lo particular, o cumpliendo, en el mejor de los casos, de manera parcial, ineficiente o insuficiente y contradictoria.
Que concretamente, los citados instrumentos jurídicos no cumplen con lo siguiente:
A) No proveen a la realización del objeto fundamental de la ley de impulsar la productividad y competitividad tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países.
B) No establecen precios y tarifas de estímulo, cuyo propósito sea estimular las actividades agropecuarias, entendiendo por éstas "los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura y pesca ribereña".
C) No establecen las cuotas energéticas previstas en los artículos 3o., fracción III, 4o., 6o., 7o. y 8o. de la Ley de Energía para el Campo y el reglamento es omiso respecto al tema de las cuotas energéticas.
D) Que el acuerdo que establece el lineamiento para la aplicación del subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, es omiso en la materia de las cuotas energéticas.
E) Que los Lineamientos por los que se regulan los Programas Especiales de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola y para Uso Acuícola, si bien establecen cada uno de ellos fórmulas para calcular la cuota energética, estas fórmulas contravienen lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo.
Que consecuentemente, el Poder Ejecutivo incumple su atribución de proveer a la exacta observancia de la Ley de Energía para el Campo, al no atender el mandato expreso contenido en la referida ley, de establecer cuotas energéticas para las actividades agropecuarias de ganadería, silvicultura y pesca ribereña, al no prever que esas cuotas energéticas sean con el propósito de establecer precios y tarifas de estímulo a los productos energéticos empleados en todas las actividades agropecuarias previstas en dicha ley, y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Que también se incumple con la atribución del Poder Ejecutivo Federal de proveer a la exacta observancia de la Ley de Energía para el Campo al no establecer un programa, mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios.
Que si bien es cierto, en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de diciembre de dos mil tres, el Ejecutivo Federal emitió un decreto por el que se establece el Programa Especial de Energía para el Campo, éste es totalmente ineficiente e insuficiente para cumplir la disposición legal de que sea un programa, mediante precios y estímulos de los energéticos agropecuarios. Que aunado a lo anterior, los demás instrumentos jurídicos -Reglamento y Lineamientos-, son omisos al referirse a este programa; en ese tenor, también se contraviene por omisión al cumplimiento del mandato legal, lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal, en relación al artículo 4o. de la Ley de Energía para el Campo.
Que relacionado con lo anterior, el Poder Ejecutivo Federal incumple la atribución de proveer la exacta observancia de la Ley de Energía para el Campo, al no atender el mandato legal contenido en el artículo 4o., párrafo segundo, de dicha ley, de incluir dentro del proyecto de la Ley de Ingresos y del proyecto de decreto de egresos de la Federación, las previsiones necesarias para atender la operación del programa. Que con esta afirmación es obvio que si no se formula el programa mediante precios y tarifas de estímulo de los productos energéticos que se emplean en las diversas actividades agropecuarias, es por demás obvio que no se han incluido en el presupuesto de egresos de la Federación y mucho menos ejercido tales partidas, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Energía para el Campo.
Que con lo anterior, se contraviene la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal, pues en el caso, el conjunto de reglamento, programa, lineamientos y acuerdos, ya referidos, no cumplen el objetivo de apoyar la mejor realización de los fines de la mencionada Ley de Energía para el Campo.
3. Tercer concepto. Que en particular impugna el Decreto por el que se establece el Programa Especial de Energía para el Campo, por ser ineficiente e insuficiente para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Energía para el Campo, porque además de reproducir el objeto de la ley, sólo se limita en once artículos, a hacer una distribución de atribuciones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y otras secretarías, sin establecer materialmente un programa, entendido como un conjunto de instrucciones o pasos que permitan ejecutar o desarrollar una serie de operaciones encaminadas a la consecución de un fin u objetivo, ni mucho menos atiende el mandato legal de que dicho programa sea mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios.
Por ello, que el decreto que establece el programa, contraviene lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal en relación a los artículos 1o., 3o., fracción VIII y 4o. de la Ley de Energía para el Campo, pues no constituye el elemento adecuado, eficiente y suficiente para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la referida ley y, por ende, la hace nugatoria, propiciando que con dicha norma reglamentaria se burlen los preceptos de la ley que se está reglamentando.
4. Cuarto concepto. Que el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo es omiso en regular las cuotas energéticas y en establecer los precios y las tarifas de estímulo según lo ordena la ley que pretende reglamentar, ya que con los dos instrumentos que propone en el citado reglamento, esto es, el Programa Especial de Energía para el Campo, y el Sistema de Cuotas Energéticas, sólo se limita, por una parte, a disponer que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, determine las distintas cuotas energéticas de conformidad con el tamaño del predio, el ciclo de producción, las características de la maquinaria y del equipo utilizado para cada actividad agropecuaria y en cada región del país (artículo 4o. de este programa); y por la otra, a que la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emita los instrumentos jurídicos específicos para cada uno de los energéticos agropecuarios que resulten necesarios para la correcta y debida aplicación del decreto tal como lo expresa su artículo 5o.
5. Quinto concepto. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para atender las obligaciones contenidas en el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo y en el Programa Especial de Energía para el Campo, expidió tres acuerdos, a saber:
A) Acuerdo que establece el Lineamiento para la Aplicación del Subsidio de Apoyo al Diesel para Actividades Agropecuarias en el Marco de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de marzo de dos mil cinco.
B) Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica para Uso Acuícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de marzo de dos mil cinco.
C) Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cinco.
Que a través de esos acuerdos o lineamientos, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación únicamente atiende las obligaciones que le impone el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo y su programa, en un pretendido cumplimiento de los mandatos contenidos a su vez en la Ley de Energía para el Campo, pero sólo en relación a dos productos energéticos: diesel y energía eléctrica, y a dos actividades agropecuarias: acuicultura y agricultura.
De esta manera es omiso en el cumplimiento de su obligación de emitir los instrumentos jurídicos que le ordenan el reglamento y el programa respecto a dos productos o insumos energéticos: combustóleo y gasolina, según está ordenado en la fracción V del artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo, y actividades agropecuarias tales como la ganadería, la silvicultura y pesca ribereña. Contraviniendo con ello, la Ley de Energía para el Campo vigente y la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal.
6. Sexto concepto. En este concepto impugna en particular cada uno de los lineamientos aludidos:
A) Que el Acuerdo que establece el lineamiento para la aplicación del subsidio de apoyo al diesel para actividades agropecuarias, publicado el tres de marzo de dos mil cinco, limita en su artículo 1o. al litro de diesel establecido en su cuota energética, y la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación omite establecer la cuota energética y las bases para su determinación, que debe corresponder a las diferentes actividades agropecuarias, por ello, es que se hace inaplicable e inoperante el precio de estímulo, en contravención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal. Además de que permite que dicha secretaría continúe ejerciendo facultades totalmente discrecionales en la determinación de la cuota energética, y que sus fórmulas de cálculo se mantengan prácticamente en secreto por la propia secretaría, lo que se traduce en cuotas diferenciadas y precios diferentes a las diversas actividades agropecuarias y aun a los usuarios productores dentro de una misma actividad, en contravención de lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo y la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal.
B) Que los Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Acuícola, publicados el quince de marzo de dos mil cinco, sí establecen la fórmula para determinar la cuota energética anual a través del consumo de energía eléctrica para bombeo y del consumo de energía eléctrica para aereación, pero son totalmente omisos en cuanto al establecimiento de un precio o tarifa de estímulo para el consumo de energía eléctrica en actividades acuícolas, cuestión que se pretende subsanar con un acuerdo posterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el dieciséis de julio de dos mil cinco.
C) Que los Lineamientos por los que se regula el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, publicados el cuatro de abril de dos mil cinco, sí establecen reglas para la determinación de la cuota energética, pero no establecen tarifa o precio de estímulo, cuestión que se pretende subsanar con un acuerdo posterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el diecinueve de julio de dos mil cinco.
7. Séptimo concepto. Que ni el Ejecutivo Federal, a través del Reglamento de Energía para el Campo y de su Programa, ni la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, han cumplido de manera eficiente, suficiente o adecuada la atribución del Ejecutivo de proveer a la exacta observancia, en la esfera administrativa, de la Ley de Energía para el Campo, en virtud de que no han emitido la reglamentación necesaria para satisfacer lo ordenado en dicha ley, en relación a establecer y otorgar tarifas y precios de estímulo de los diversos productos energéticos contemplados en la propia ley, respecto de las actividades agropecuarias consideradas en la misma normatividad.
Que no obstante lo anterior, durante los años dos mil tres y dos mil cinco, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expidió diversos acuerdos con el propósito aparente de establecer y otorgar tarifas y precios de estímulo de energía eléctrica para usos agrícola y acuícola, los cuales son los siguientes:
A) Que respecto al Acuerdo de Tarifas de Energía Eléctrica para Uso Agrícola, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió los siguientes acuerdos:
a) El Acuerdo que autoriza el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado el siete de enero de dos mil tres, fundamentado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley de Planeación y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Que pese a que no se cita o invoca como fundamento la Ley de Energía para el Campo, dicho acuerdo tiene por objeto establecer la tarifa 9-CU, correspondiente al servicio de bombeo de agua para riego agrícola en baja o media tensión con cargo único.
b) El Acuerdo que autoriza el ajuste de las tarifas para el suministro de venta de energía eléctrica, emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de dos mil tres, el cual se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley de Planeación y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, limitándose a disponer lo previsto en el artículo segundo transitorio del acuerdo referido en el inciso anterior, respecto a establecer que la tarifa 9-CU estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres y que para los años dos mil cuatro, dos mil cinco y dos mil seis, el cargo por la energía consumida será de $0.320 (cero punto tres dos cero pesos), $0.340 (cero punto tres cuatro cero pesos) y $0.360 (cero punto tres seis cero pesos), por Kilowatt-hora, respectivamente.
c) El Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de agosto de dos mil tres, fundamentado en la Ley de Planeación y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Que dicho acuerdo se limita a introducir como reformas algunas precisiones a la tarifa 9-CU, relativa a los conceptos de carga dinámica y de energía excedente, y a adicionar la tarifa 9-N, tarifa nocturna para servicio de bombeo de agua por riego agrícola en baja o media tensión.
d) El Acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el diecinueve de julio de dos mil cinco. Este acuerdo se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la de Planeación, en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y cita expresamente el artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo.
En sus considerandos, este acuerdo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21410-4f17f764/controversia-constitucional-el-actor-debe-senalar-en-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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