AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SITUACIONES EXCEPCIONALES, SU ACTUACIÓN CULMINA Y, POR ENDE, ADQUIERE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, CUANDO REQUIERE A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PARA QUE RINDAN UN INFORME DE RESULTADOS. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. SU FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE SITUACIONES EXTRAORDINARIAS SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE A SITUACIONES OCURRIDAS DURANTE EL EJERCICIO REVISADO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DEL OFICIO NÚMERO OASF/1565/05 EMITIDO POR EL AUDITOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE OCTUBRE DE 2005, DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, MEDIANTE EL CUAL LO OBLIGA A REALIZAR UNA REVISIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS Y LA FIJACIÓN DE TARIFAS Y LAS CONTRAPRESTACIONES A PARTICULARES Y EXTRANJEROS, CONCEDIÉNDOLE PLAZO NO MAYOR A SETENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES PARA RENDIR UN INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN DICHA REVISIÓN, EN TANTO QUE EL MENCIONADO AUDITOR SE EXTRALIMITA EN SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO CUANDO LOS ACTOS QUE DE ELLA SE RECLAMAN FUERON EMITIDOS EN EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA TÉCNICA. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA SU PROCEDENCIA RESULTA INNECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE OTRO MEDIO DE DEFENSA CUANDO EL ACTOR FORMULA RAZONAMIENTOS TENDENTES A ACREDITAR LA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2005. PODER EJECUTIVO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de enero de dos mil ocho.
VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 74/2005 y,
RESULTANDO QUE:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poder y órganos demandados, actos y normas impugnados. Por oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando de Jesús Canales Clariond, quien se ostentó como secretario de Energía del Gobierno Federal, en representación del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Poder y órgano demandado:
a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
b) Auditoría Superior de la Federación.
Actos cuya invalidez se demanda:
1. Requerimiento de revisión e informe de situación excepcional de doce de octubre de dos mil cinco, contenido en el oficio número OASF/1565/05, firmado por el auditor superior de la Federación, dirigido al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, en el que le sujeta y obliga a realizar una revisión sobre el otorgamiento de permisos de generación de energía eléctrica, sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos, la fijación de tarifas y las contraprestaciones a particulares y extranjeros, y le concede un plazo de setenta y cinco días hábiles para rendir un informe sobre el resultado de las actuaciones practicadas en dicha revisión, y en su caso, sobre las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieran hecho acreedores los servidores públicos involucrados.
2. La obligación de tener que instruir procesos de revisión y sanción sobre la legalidad de actos que fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y otras dependencias del Ejecutivo Federal en ejercicio de atribuciones exclusivas concedidas por la ley a dichas dependencias, procesos que serían ajenos a la gestión financiera de la comisión, concretamente, al manejo, aplicación o custodia de recursos públicos federales, o a su desvío, únicos supuestos de procedencia de la revisión por situaciones excepcionales a que se refieren los artículos 79 de la Constitución Federal y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
3. Los efectos y consecuencias derivados directamente del requerimiento cuya invalidez se demanda, particularmente la inminente imposición de sanciones y fincamiento de responsabilidades conforme a lo dispuesto por los artículos 40 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora señala los antecedentes que a continuación se sintetizan:
1. De conformidad con el artículo 74, fracción IV, constitucional, corresponde a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación y revisar la cuenta pública del año anterior.
2. Para llevar a cabo la revisión de la cuenta pública, la Cámara de Diputados se apoya en la Auditoría Superior de la Federación -órgano auxiliar dependiente de aquélla-, la cual en caso de que en su labor de revisión encuentre discrepancias entre los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, podrá determinar las responsabilidades a que haya lugar de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
3. De conformidad con el artículo 79, fracción I, de la Constitución Federal, el auditor superior de la Federación no sólo tiene atribuciones para revisar y fiscalizar la cuenta pública, sino también para llevar a cabo la revisión de situaciones excepcionales, las que aunque no se encuentran incluidas en la revisión ordinaria de la cuenta pública, deben estar vinculadas con la gestión financiera del Estado.
Esta última facultad debe interpretarse de manera armónica con los postulados contenidos en el artículo 74 de la Constitución, así como con las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que determinan la procedencia de la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera respecto de procesos concluidos, de ahí que deba entenderse que la excepción a la regla general únicamente versa sobre la posible revisión extraordinaria de situaciones excepcionales que se hayan dado en el ejercicio en curso objeto de revisión, previa denuncia que se presente al auditor y respecto de procesos no concluidos. Así, a la luz del principio de anualidad de la cuenta pública y de temporalidad del Informe de Avance de Gestión Financiera que forma parte del anterior, no tendría porqué pensarse que la revisión de situaciones excepcionales pueda darse respecto de ejercicios cerrados que ya fueron auditados ordinariamente.
4. Los artículos 74 constitucional y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establecen que toda revisión sobre situaciones excepcionales derivada de la denuncia fundada que se le presente al auditor, no puede sino versar sobre el manejo, aplicación, custodia o desvío de recursos públicos federales. Ninguna revisión sobre situaciones excepcionales puede dirigirse a calificar la validez y legalidad de los actos administrativos encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, pues ello implicaría la suplantación de atribuciones exclusivas de los entes fiscalizados, por parte del órgano fiscalizador.
5. En ejercicio de sus facultades ordinarias de fiscalización de la cuenta pública en el año dos mil tres, el auditor superior de la Federación ordenó que se practicaran a la Comisión Reguladora de Energía las auditorías especiales números 02-18C00-6-352 y 02-18C00-6-353, denominadas "Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos en Materia de Energía Eléctrica", y "Evaluación del Cumplimiento de los Permisionarios con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica", respectivamente. Esta determinación obedeció a dos denuncias recibidas por quienes entonces eran legisladores del Congreso de la Unión, que a través de interpretaciones subjetivas de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, llegaron a la equivocada conclusión de que las actividades del órgano auditado causaban daños al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.
6. Al rendir el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública dos mil dos, el auditor emitió observaciones y recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, para que se adoptaran acciones concretas respecto del otorgamiento de los permisos para la generación de energía eléctrica. Fue muy claro que dichas observaciones y recomendaciones se vincularon intrínsecamente con la legalidad de los permisos y, por ello, con la manera en que las entidades fiscalizadas ejercieron sus atribuciones exclusivas.
7. Por considerar que el contenido de esas observaciones y recomendaciones constituía un exceso de las atribuciones de la auditoría y una invasión de las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, este último, por conducto del secretario de Energía, promovió la controversia constitucional 61/2004, planteando que el ejercicio de las atribuciones de revisión y fiscalización concedidas por la Constitución y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación a favor del auditor debía limitarse al ejercicio del gasto público y al cumplimiento de los programas presupuestales elaborados por cada dependencia, sin que esa atribución pudiera llevarle a emitir actos que implicaran una sustitución en la interpretación y aplicación de leyes, competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y, en última instancia en el ámbito jurídico-constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En las contestaciones de la demanda la Cámara de Diputados y Auditoría Superior de la Federación reconocieron expresamente que en el proceso para el otorgamiento de permisos para la generación de energía eléctrica y el cumplimiento que de éstos y la Constitución dieran los permisionarios, no había propiamente un daño cuantificado por la misma entidad de fiscalización, que aportara cantidades líquidas que pudieran interpretarse como un quebranto perjudicial al Estado en su hacienda pública, por lo que no hubo lugar al fincamiento de responsabilidades a cargo de los funcionarios involucrados. Lo que se auditó, entonces, fue la legalidad de los permisos y de los procesos para su otorgamiento.
Asimismo, al contestar, la auditoría, reconoció que las auditorías especiales números 02-18C00-6-352 y 02-18C00-6-353 se desarrollaron en virtud de 1) los resultados de las revisiones realizadas a la Comisión Reguladora de Energía en cuentas públicas anteriores, en relación con el otorgamiento de permisos de generación de energía eléctrica, 2) la importancia relativa a la acción institucional, y 3) la denuncia de hechos en materia de energía eléctrica presentada por dos legisladores (misma denuncia que motivó el requerimiento aquí impugnado), sin que resultaran aplicables para ello los artículos contenidos en el título IV de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, al no actualizarse los extremos que permitieran considerar la existencia de una situación calificable como excepcional en términos de la ley citada.
La propia auditoría reconoció que el objetivo de dichas auditorías fue el de comprobar que los procedimientos aplicados para otorgar los permisos de generación de energía eléctrica en el ejercicio dos mil dos se ajustaron a la normativa y que los permisionarios cumplieron con los compromisos adquiridos en los títulos correspondientes, y con lo establecido en la Constitución y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento.
Incluso, en su contestación, la Cámara de Diputados aceptó que el hecho de que las auditorías se hubieran realizado con motivo de una denuncia presentada por dos legisladores era intrascendente, pues con la revisión de la cuenta pública dos mil dos bastó para darse cuenta de las irregularidades en las que incurrió el Poder Ejecutivo, indicando que de haberse seguido un procedimiento excepcional, el resultado hubiese sido el mismo.
8. El doce de abril de dos mil cinco, el Pleno de la Suprema Corte dictó sentencia por mayoría en el sentido de que las observaciones y recomendaciones dictadas por el auditor superior de la Federación en torno de la legalidad de los permisos, excedían su ámbito de atribuciones, el que siempre debería quedar constreñido a la calificación de la gestión financiera del Gobierno Federal, la adecuada aplicación de los presupuestos aprobados y cumplimiento de los programas, sin que la revisión de legalidad pudiera abarcar la fiscalización de las actividades que los entes fiscalizados realizaran en ejercicio de sus atribuciones exclusivas, como las relacionadas a la expedición de permisos para la generación eléctrica y los procesos tendientes al logro de ese objetivo.
9. El doce de octubre de dos mil cinco, la Comisión Reguladora de Energía, por conducto de su presidente, recibió el oficio número OASF/1565/05, por medio del cual el auditor superior de la Federación, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, relativa a la revisión de situaciones excepcionales, le solicita que proceda a efectuar una revisión sobre cuatro aspectos de su actividad administrativa, a saber: a) El otorgamiento de permisos de generación de energía eléctrica; b) El cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; c) La fijación de tarifas; y d) Las contraprestaciones a particulares y extranjeros.
Aquel requerimiento obedece a que el otorgamiento de dichos permisos podría ocasionar un daño patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, según apreciaciones contenidas en una denuncia presentada por un senador y un ex-diputado, mismas que inmotivadamente calificó como fundadas e hizo suyas, transcribiéndolas en el oficio de requerimiento.
Esas consideraciones están vinculadas con la interpretación jurídica y administrativa de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que no aportan ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, sobre hechos atribuibles a la Comisión Reguladora de Energía que pudieran vincularse con el manejo, aplicación o custodia de recursos públicos federales o de su desvío, cuyo resultado pudiera ser un daño al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, presupuestos esenciales de procedencia de la revisión por situaciones excepcionales, según el artículo 36 de la ley en que pretende fundar su actuación.
En el mismo oficio, el auditor le concedió al presidente de la comisión el plazo de setenta y cinco días hábiles a que alude el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para que rindiera el informe de los resultados de la revisión y, además, de las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieran hecho acreedores los servidores públicos involucrados, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, se procedería en los términos del artículo 40 de la misma ley, es decir, a imponer sanciones y fincar responsabilidades.
10. Ahora bien, la Comisión Reguladora de Energía es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, que tiene a su cargo el cumplimiento de atribuciones administrativas expresamente previstas en distintas leyes en materia de energía, como lo son la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
En el primero de los ordenamientos citados, se contempla la atribución del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Energía expida permisos en materia de energía eléctrica en las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción de energía eléctrica, e importación y exportación, actividades que de conformidad con el artículo 3o. de la misma ley y para efectos del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica, no se consideran servicio público; asimismo, el artículo 44 de dicha ley establece que la aplicación de la misma y de sus disposiciones reglamentarias es competencia exclusiva e indelegable del Poder Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público.
11. De conformidad con el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, en relación con el artículo 3o, fracciones XII y XIV, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a dicho órgano integrante de la Secretaría de Energía compete otorgar y revocar los permisos para la generación de energía eléctrica a que se refiere la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como para expedir disposiciones generales de carácter administrativo aplicables a los permisionarios. En suma, le compete en forma exclusiva la interpretación administrativa de esta última ley en materia de permisos y autorizaciones, pero no tiene atribuciones discrecionales para abstenerse de actuar de conformidad con la ley cuando se le presenten solicitudes debidamente requisitadas por los particulares.
12. Con sujeción a los programas presupuestales y con apego a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía ha aplicado los recursos asignados en los presupuestos de egresos que anualmente ha aprobado la Cámara de Diputados, y ha satisfecho los imperativos que a su cargo establece la misma ley, sin haber incurrido en alguna acción u omisión de que pudiera traducirse en la desviación, el manejo, la aplicación o la custodia irregular de recursos públicos federales.
13. Al llevar a cabo un análisis de la denuncia y anexos que el auditor superior de la Federación acompañó al oficio impugnado, se destacan varias circunstancias:
A) El oficio impugnado es infundado e inmotivado, pues si bien el procedimiento de revisión por situaciones excepcionales depende de la recepción de una denuncia o de la presencia de indicios que lleven a suponer el manejo irregular de recursos públicos federales, la denuncia misma debe ser fundada, y la calificación de esa fundamentación compete al auditor superior antes de efectuar el requerimiento respectivo, quien deberá acompañar a tal requerimiento las razones que motivan su acto y las pruebas sobre los hechos contenidos en la denuncia, que permitan a la entidad revisada formular los informes a que se refiere la ley.
En el caso, el auditor hizo totalmente suya la denuncia que le fue presentada, pero no expuso las consideraciones que apreció para determinar que los hechos denunciados eran fundados, ni señaló las pruebas que permitieran a la entidad requerida conocer cuáles fueron los actos u omisiones específicos que le fueran imputables, con lo que desobedeció lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
B) El requerimiento impugnado consigna una serie de criterios y observaciones dirigidas a la Comisión Reguladora de Energía, en torno de una interpretación subjetiva del artículo 27 constitucional y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que se pretende aplicar a los procesos para la expedición de permisos para la generación de energía eléctrica, con lo cual se cae, por vía distinta, en la misma situación que ya resolvió la Suprema Corte en la controversia constitucional 61/2004: la intromisión inconstitucional del auditor en la manera en que la Comisión Reguladora de Energía ejerce las atribuciones exclusivas que la ley le concede para expedir permisos para la generación de energía eléctrica, sin referirse a hechos imputables a la Comisión Reguladora de Energía que se vinculen con el manejo, aplicación o custodia de recursos públicos federales, o de su desvío, alejándose también de la causa para la cual fue prevista la atribución de la entidad de fiscalización superior de la Federación para realizar revisiones sobre situaciones excepcionales.
C) Al no calificar la fundamentación de la denuncia que se le presentó, el auditor obliga a la comisión mencionada a rendir un informe de sus actividades a los legisladores denunciantes y no a la entidad de fiscalización superior de la Federación. Las imputaciones no provienen del acto gubernativo de este órgano de poder público, sino que son acusaciones formuladas por dos legisladores, con lo que se desvirtúa la actividad gubernamental que en el ámbito de la revisión sobre gestión financiera corresponde a ese órgano y coloca a la Comisión Reguladora de Energía en un sujeto de acusación política fuera de todo proceso legal.
En efecto, de la denuncia se aprecia que contiene una serie de consideraciones subjetivas que se vinculan con la actuación cotidiana de la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito administrativo, así como hechos abstractos improbados y etéreos que no se dirigen a la manera en que ésta ejerce recursos públicos federales, sino a la forma en que debiera recibir recursos del público, para el caso de que los particulares no ejercieran los derechos que establece la ley a su favor, los cuales deben ser respetados por la comisión en el ejercicio de las atribuciones que la ley le concede.
La denuncia tampoco contiene la particularización de hechos relacionados con el ejercicio de los presupuestos autorizados por la Cámara de Diputados a favor de la Comisión Reguladora de Energía, situación sobre la cual sí podría versar cualquier revisión de situaciones excepcionales.
14. Llama la atención que hasta dos mil cinco la auditoría inicia el procedimiento de revisión excepcional, a pesar de tener conocimiento previo de los hechos denunciados o de otras circunstancias vinculadas a los mismos, lo cual se advierte de contestaciones a la demanda que rindieron tanto la auditoría como la Cámara de Diputados, en la controversia constitucional 61/2004.
En efecto, sin fundamentación ni motivación alguna, y en forma repentina, la auditoría decidió convertir una serie de hechos ya revisados y calificados mediante procedimientos ordinarios, en una supuesta situación excepcional de revisión derivada de una denuncia presentada en dos mil dos y actualizada en dos mil cinco, y gira una serie de instrucciones ajenas a su competencia, como la obligación del ente fiscalizado de informar sobre el fincamiento de responsabilidades, estableciendo un plazo para atender el requerimiento.
15. Con la finalidad de hacer prevalecer el orden constitucional, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía remitió al secretario de Energía copia del requerimiento impugnado, a fin de que adoptara las determinaciones necesarias para defender los intereses del Ejecutivo Federal y las dependencias involucradas.
16. Por tanto, se inicia esta controversia constitucional por considerar que los requerimientos son contrarios a la Constitución y a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación respecto de las atribuciones conferidas a la entidad de fiscalización superior para realizar revisiones sobre situaciones excepcionales, pues en realidad se está repitiendo la pretendida revisión parlamentaria de legalidad de los actos que la Comisión Reguladora de Energía emite en el ejercicio de atribuciones exclusivas, como lo hizo al emitir las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública dos mil dos.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer la parte actora son, en síntesis, los siguientes:
1. PRIMER CONCEPTO. Ejercicio excesivo de atribuciones por parte del auditor superior de la Federación.
El requerimiento contenido en el oficio OASF/1565/05 de doce de octubre de dos mil cinco, las obligaciones que consigna, sus efectos y consecuencias son actos imputables tanto a dicho órgano, como a la Cámara de Diputados a la que pertenece y de la cual depende, que transgreden el régimen de competencias y el principio de legalidad tutelados por los artículos 14, 16, 49, 74, 79, 89, fracción I, 90, 128 y 133 de la Constitución, con relación a los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, por las causas y consideraciones que se relacionan a continuación.
A) El artículo 79, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución, establece que al auditor corresponde la atribución para requerir a los sujetos de fiscalización, a fin de que éstos procedan a revisar los conceptos que aquél estime pertinentes y a rendir un informe, siempre que se encuentre ante situaciones excepcionales definidas por la ley y sin perjuicio de los actos que deba llevar a cabo dicha entidad al rendir los informes sobre fiscalización de la cuenta pública.
Por su parte, el artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece que cuando se presenten denuncias fundadas o que por otras circunstancias pueda suponerse el presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales o su desvío, la auditoría procederá a requerir, a las entidades fiscalizadas, revisiones de conceptos específicos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas.
De la interpretación gramatical, armónica y sistemática de las mencionadas disposiciones se concluye que para que las entidades fiscalizadas se vean sujetas a la práctica de revisiones excepcionales, los hechos sobre los que verse la denuncia tendrán que relacionarse de manera directa con un presupuesto esencial de la atribución fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación: el manejo, la aplicación y la custodia de recursos públicos federales, es decir, con la gestión financiera atribuible a la entidad fiscalizada.
B) Del párrafo tercero de la fracción I del artículo constitucional mencionado, se advierte que fue decisión del Constituyente conceder a la entidad de fiscalización superior la atribución extraordinaria de llevar a cabo revisiones sobre la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, incluso fuera de los procedimientos ordinarios para revisar anualmente la cuenta pública. Sin embargo, la figura de las revisiones excepcionales no es ajena a las atribuciones a que aluden los párrafos primero y segundo, es decir, así como el auditor realiza gestiones de fiscalización de la cuenta pública, de manera extraordinaria lo podrá hacer respecto de hechos denunciados que escapen a la revisión misma de la cuenta pública, siempre que se vinculen con el ejercicio presupuestal de la entidad fiscalizada.
C) La posibilidad de revisar excepcionalmente no escapa a la regla general que define el ámbito de atribuciones del auditor en el sentido de tener que desempeñar sus labores de fiscalización, única y exclusivamente sobre la gestión financiera de los entes fiscalizados, esto es: sobre las labores inherentes al manejo, aplicación y custodia de recursos públicos federales, o su desvío, de forma tal que si la denuncia que se presente ante la auditoría sobre situaciones excepcionales no versa sobre ello, sino sobre la legalidad de sus actos y el ejercicio de sus atribuciones exclusivas, indiscutiblemente es infundada y no tendría por qué asumirse como válida por el ente de fiscalización, ni adoptarse como causa inmediata de un requerimiento para iniciar cualquier proceso de revisión o imponer sanciones. Así, la revisión de situaciones excepcionales derivada de una denuncia no hace una diferencia respecto de las facultades de fiscalización concedidas por la Constitución a favor del órgano fiscalizador, sino sólo respecto de la causa que motiva el proceso de revisión.
D) En el caso particular, el auditor superior de la Federación emitió un requerimiento dirigido al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, por medio del cual le ordena la realización de un procedimiento de revisión, respecto de cuatro rubros: a) el proceso para el otorgamiento de permisos para la generación de energía eléctrica; b) el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los permisos; c) la fijación de tarifas; y, d) las contraprestaciones a nacionales y extranjeros, requiriéndole asimismo, en forma imperativa y en un plazo perentorio de setenta y cinco días hábiles, la rendición de un informe de las actuaciones practicadas dentro de la revisión y, en su caso, de las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores públicos involucrados.
Dicho requerimiento no establece las razones del auditor para considerar que los rubros materia de la investigación pudieran actualizar un daño al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y que el mismo provenga de hechos imputables a la Comisión Reguladora de Energía, que justificaran el inicio de la revisión. Al haber asumido inmotivadamente como cierta la denuncia, el auditor obliga a las entidades fiscalizadas a asumir como válidamente calificado todo su contenido.
De un análisis de la denuncia transcrita en el oficio impugnado se advierte que no hace referencia específica a ningún hecho u omisión en que pudiera haber incurrido la Comisión Reguladora de Energía sobre el manejo, la aplicación o la custodia de los recursos públicos federales que anualmente le han sido entregados para el cumplimiento de sus programas, sino que se trata de acusaciones sobre la forma en que la propia comisión ejerce las atribuciones que la Constitución y las leyes le conceden en el rubro de la autorización o revocación de permisos para la generación de energía eléctrica.
E) La resolución impugnada carece del ingrediente esencial para que pueda tramitarse un proceso de revisión por situaciones excepcionales, porque aunque existió una denuncia en términos del artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, ésta no se relaciona con el único ámbito del ejercicio gubernativo de la Comisión Reguladora de Energía que la entidad de fiscalización superior de la Cámara de Diputados podría revisar su gestión financiera.
F) La Suprema Corte, al resolver la controversia constitucional 61/2004, determinó que el auditor superior de la Federación está impedido para calificar la constitucionalidad de leyes, así como para pronunciarse sobre la legalidad y validez de los procedimientos efectuados por la Comisión Reguladora de Energía para otorgar permisos de generación eléctrica, por lo que éstos son válidos hasta en tanto no se declare lo contrario por autoridad administrativa o jurisdiccional competente. Por tanto, si como en el caso la revisión por situaciones excepcionales sólo busca obtener una calificación sobre la validez y legalidad de los actos administrativos desplegados por la citada comisión como entidad fiscalizada, se invaden las atribuciones que sólo corresponden al Ejecutivo Federal o al Poder Judicial de la Federación.
G) Al requerirse a la Comisión Reguladora de Energía, se intenta nuevamente, pero por vía distinta, llegar al mismo punto al que intentó llegar cuando emitió las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública dos mil dos, cuyo contenido dio lugar al juicio de controversia constitucional 61/2004, es decir, juzgar el desenvolvimiento de las facultades exclusivas de la entidad fiscalizada.
Si eso se permite, se facilitaría que, ante la presencia de cualquier denuncia, sin importar su veracidad o fundamento y sin tomar en consideración que los hechos materia de la misma han sido ya revisados, calificados y dictaminados por la propia auditoría, se iniciara por ésta cualquier proceso de revisión excepcional que implicaría un control parlamentari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20837-77a091cb/auditoria-superior-de-la-federacion-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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