CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA POSIBILIDAD DE ALEGAR VIOLACIONES A CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SE CIRCUNSCRIBE A LA AFECTACIÓN QUE PUDIERA RESENTIR LA ESFERA COMPETENCIAL DEL PROMOVENTE Y AL PROBABLE CONTROL INDIRECTO DE LOS ACTOS DE LOS PODERES PÚBLICOS. ESTACIONES DE SERVICIO PARA EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA. LOS ARTÍCULOS 39, FRACCIONES I, II Y III, 68 Y 71 DEL REGLAMENTO RELATIVO, QUE PREVÉN LA ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS DE SECTOR DEL TERRITORIO MUNICIPAL, EN ATENCIÓN A LOS ÍNDICES DE RIESGO Y CONTAMINACIÓN, ASÍ COMO EL TABULADOR DE SANCIONES APLICABLES POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, NO VULNERAN LA RECTORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 21/2006. LA FEDERACIÓN.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de marzo de dos mil ocho.
VISTOS para resolver los autos correspondientes a la controversia constitucional 21/2006, y
RESULTANDO QUE:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan de Dios Castro Lozano, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo Federal.
Actos y normas impugnados:
1) Del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, se reclama el "Reglamento para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicio para el Municipio de Juárez Estado de Chihuahua", aprobado por su Ayuntamiento en sesión celebrada el 24 de abril de 2003 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2005; específicamente por cuanto hace a lo dispuesto en el resultando "1" del acuerdo adoptado por el mencionado Municipio en la referida sesión, y los artículos 39, fracciones I, II y III, 68 y 71 del reglamento en cuestión.
2) Del Estado de Chihuahua se reclama, el acuerdo del 8 de diciembre de 2005, publicado en el Periódico Oficial del Estado del 14 de diciembre siguiente, por el que su gobernador constitucional determinó publicar, también en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicio para el Municipio de Juárez, Chihuahua y resolvió que el mismo enterará en vigor al día siguiente de la referida publicación.
Entidades o poderes demandados:
Estado de Chihuahua por actos de su gobernador constitucional; Municipio de Juárez de esa entidad federativa, por actos de su Ayuntamiento.
SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora manifestó que: "... no se tiene conocimiento de hechos ni abstenciones que sean antecedentes de los actos impugnados y que tuvo conocimiento de los actos impugnados por la vía oficial en la que fueron publicados."
TERCERO. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez, se vierten los argumentos que a continuación se sintetizan.
1. En su primer concepto de invalidez, la parte actora sostiene que tanto el Ayuntamiento de Juárez, Estado de Chihuahua, como el gobernador constitucional de dicha entidad federativa han invadido la esfera competencial de la Federación al actuar en contravención a lo dispuesto por el artículo 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E y XXX, en relación con los artículos 25 y 28, todos de la Constitución.
Lo anterior en razón de que al expedir y publicar el reglamento impugnado pretendieron reglamentar materias cuya regulación compete de manera exclusiva a la Federación, como son la competencia y la libre concurrencia de agentes económicos en los mercados de bienes y servicios a nivel nacional.
Señala que de dichos artículos se desprende lo siguiente:
• El Estado (Federación) es el rector del desarrollo nacional y, por ende, es su atribución planear, conducir y coordinar la actividad económica del país, así como regular y fomentar las actividades que demande el interés general.
• El Congreso de la Unión goza de facultades exclusivas para legislar en materia de planeación económica y desarrollo, programación, promoción, concertación y ejecución de orden económico que tiendan esencialmente al abasto y la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
• La competencia y libre concurrencia son principios con rango de garantía constitucional y la Constitución prohíbe expresamente todo acto que tienda a dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de bienes y servicios en todo el territorio nacional y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas.
• La garantía de competencia y libre concurrencia supone para su ejercicio el respeto a las libertades de trabajo, industria, comercio, asociación, reunión y el derecho a la propiedad.
• En el artículo 28 se prevé "la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia" todo acto tendiente a evitar la libre concurrencia o la competencia, entonces, es evidente que confiere al Congreso de la Unión la facultad de reglamentar la referida garantía constitucional y al Ejecutivo de la Unión la potestad de aplicar las normas emitidas como consecuencia de ello. En razón de ello, fue expedida la Ley Federal de Competencia Económica y se creó la Comisión Federal de Competencia Económica.
• No puede sostenerse que la materia de competencia y libre concurrencia esté reservada para los Estados, toda vez que la misma está conferida de manera explícita a la Federación en dichos artículos. Así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis aislada de rubro: "COMPETENCIA ECONÓMICA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ FACULTADO EXPLÍCITAMENTE POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE LA MATERIA DE MONOPOLIOS Y, POR ENDE, AL EXPEDIR LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."
Estima que las entidades demandadas, al establecer en las normas impugnadas que "sólo podrán instalarse estaciones de servicio si se encuentran fuera de un radio de 1500 metros de cualquier estación existente" pretenden controlar el mercado de las gasolineras, propiciando el efecto de limitar la competencia y libre concurrencia de los agentes económicos que desean competir en el mismo bajo el argumento de que: "Actualmente en nuestra ciudad existen infinidad de estaciones de servicio, actividad que día a día se multiplica, lo que requiere de un control adecuado por parte de la autoridad, desde su instalación hasta su funcionamiento ..."
De la misma manera, opina que aun cuando el reglamento impugnado tiene por objeto la protección civil y del medio ambiente, contiene disposiciones tendientes a segmentar el mercado de las gasolineras en razón de territorio con el fin de limitar el número de comercios dedicados al mismo giro en una determinada circunscripción, limitando la libre concurrencia e invadiendo, en consecuencia, las facultades exclusivas de la Federación.
2. En su segundo concepto de invalidez, la actora argumenta que las entidades demandadas, al expedir las normas reglamentarias impugnadas, han transgredido las libertades de trabajo, industria, comercio, competencia y libre concurrencia establecidas en los artículos 5o. y 28 de la Constitución Federal.
Esto es así, opina, porque el artículo 39 impugnado establece distancias entre comercios de la misma clase, y el artículo 71 que se impugna determina las sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento del requisito de distancia; y dicha determinación de distancias mínimas para el establecimiento de estaciones de servicio:
• Limita la libertad de trabajo, industria y comercio, porque de conformidad con el artículo 5o. constitucional, esto sólo puede hacerse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
• Implica determinar un privilegio o exclusividad para el desarrollo de la actividad dentro del área acotada por dichas distancias mínimas ya que se definen áreas geográficas a las que se impide la entrada de nuevas estaciones de servicio, otorgando exclusividad a las estaciones ya establecidas.
• Se hace con la intención expresa de limitar la competencia y libre concurrencia en el mercado que se evidencia con lo expuesto en el resultando 1 del reglamento impugnado que establece: "... Actualmente en nuestra ciudad existen infinidad de estaciones de servicio, actividad que día a día se multiplica, lo que requiere de un control adecuado por parte de la autoridad, desde su instalación hasta su funcionamiento ..."; aunque en los resultandos subsecuentes se expresen otras intenciones ésta es la intención del Ayuntamiento.
• Constituye un acto de autoridad que, ante la existencia de competidores reales o potenciales que puedan pretender controlar el mercado y su acceso, afecta no sólo a los gobernados que quieran desarrollar la actividad que se les prohíbe sino a la sociedad en general ya que el modelo económico de nuestro país establecido constitucionalmente favorece el fomento de una sana competencia y libre concurrencia.
• Elimina las alternativas de los consumidores dentro de cada área exclusiva al limitar el número de estaciones que pueden operar, creando mercados cautivos donde los proveedores tienen garantizados volúmenes de venta y, en consecuencia, se eliminan los incentivos para que éstos mejoren sus servicios con el propósito de mantener y atraer clientes -señala que aunque el precio y los atributos del combustible son los mismos para todas las estaciones, éstas pueden competir mediante una amplia gama de servicios asociados con la venta de combustible que incluye, entre otros, la elección de su ubicación; las características de su infraestructura; el portafolio, el precio y la calidad de los servicios complementarios-. Por tanto, afecta el bienestar de los consumidores.
Estima que el establecimiento de comercios o locales de prestación de servicios de la misma especie próximos unos a otros lejos de lesionar los derechos de la sociedad promueve el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y propicia el evidente beneficio social de la libre concurrencia.
Menciona que los artículos 9o. y 10 de la Ley Federal de Competencia Económica señalan como práctica monopólica prohibida la división geográfica de los mercados y que dicha conducta es perseguida y sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica, en razón de que la segmentación del mercado no sólo afecta los derechos de los posibles competidores, sino a la sociedad en general, al impedirle los beneficios de la libre concurrencia.
En el mismo sentido menciona que dicha comisión publicó en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro el "Programa Simplificado para el Establecimiento de Nuevas Estaciones de Servicio", resultado del Convenio de Coordinación celebrado entre Pemex Refinación y la citada autoridad, y tuvo como objetivo que la operación de las estaciones de servicio ocurra en un ambiente de competencia y libre concurrencia, evitando prácticas monopólicas y favoreciendo el incremento en el número de gasolineras, así como la incorporación de una mayor variedad de servicios complementarios que éstas puedan ofrecer al público consumidor.
Considera que la relevancia de dicho programa para el caso es que en él se establecieron medidas de seguridad para la correcta operación de las gasolineras sin que para ello sea necesaria la imposición de requisitos de distancia.
Señala que este Alto Tribunal ya ha sostenido que los reglamentos que fijan el requisito de distancia para establecer comercios o negocios de la misma clase son inconstitucionales, ya que con ello se impide la libertad de trabajo y de libre concurrencia al mercado en evidente perjuicio de la sociedad. Al respecto cita la tesis aislada del Pleno de rubro: "DISTANCIA, REQUISITO DE. LAS LEYES QUE LO FIJAN SON VIOLATORIAS DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (REGLAMENTO DE EXPENDIOS DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA)."
Resalta que esta Suprema Corte es tan contundente al respecto que aun en el caso en que las leyes o reglamentos fijen distancias tácitamente los considera inconstitucionales de conformidad con la tesis aislada de la Segunda Sala de rubro: "REGLAMENTOS QUE FIJAN TÁCITAMENTE EL REQUISITO DE DISTANCIA PARA ESTABLECER COMERCIOS. SU INCONSTITUCIONALIDAD (INDUSTRIA DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE MAÍZ, MASA NIXTAMALIZADA Y TORTILLAS DE MAÍZ)."
3. En su tercer concepto de invalidez, la parte actora argumenta que el reglamento impugnado, específicamente su resultando 1, y sus artículos 39, 68 y 71, violan lo establecido en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 115 constitucional.
Lo anterior toda vez que la división geográfica del mercado, que establece al determinar las distancias que deben existir entre estaciones de servicio, es contraria a lo dispuesto por los artículos 9o., fracción III y 10, fracción I de la Ley Federal de Competencia Económica; señala que dicha ley tiene carácter federal y su observancia, de conformidad con el artículo 115, fracción III, párrafo segundo constitucional es obligatoria para el Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.
CUARTO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 5o.; 25, párrafos primero y segundo; 28, párrafos primero y segundo; 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E y XXX, y 115, fracción III, párrafo segundo.
QUINTO. Trámite de admisión. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional con el número 21/2006 y designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz como instructor.
Por auto de trece de febrero del mismo año, el Ministro instructor reconoció la personalidad del promovente y admitió a trámite la demanda. También reconoció el carácter de demandados al Estado de Chihuahua por conducto de su gobernador constitucional y al Municipio de Juárez de la misma entidad. En el mismo acuerdo se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que presentaran su contestación en el término de treinta días hábiles, y se ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes hasta antes de la celebración de la audiencia de ley.
Igualmente, reconoció el carácter de tercero interesado al Congreso de la Unión y ordenó se le emplazara por conducto de los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la legal notificación manifestaran lo que a su derecho convenga.
SEXTO. Contestación de la demanda. A continuación se sintetiza el contenido de los escritos de contestación de demanda.
1. Contestación del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. Mediante oficio presentado el veintiocho de marzo de dos mil seis ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Reyes Baeza Terrazas, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua contestó la demanda, exponiendo esencialmente lo siguiente:
1) Que actuó dentro del marco jurídico que le corresponde al efectuar la publicación del reglamento impugnado, y que corresponde al Municipio de Juárez, Chihuahua, la defensa de la constitucionalidad de dicho reglamento, toda vez que:
a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 68 de la Constitución del Estado de Chihuahua, los Ayuntamientos gozan de una amplia facultad para expedir reglamentos gubernamentales y para, en general, emitir toda clase de disposiciones que versen sobre problemas de carácter meramente urbanos, siempre y cuando respeten ciertos imperativos como son el que las disposiciones dictadas sean acordes con las constituciones y leyes federales y locales, que dicha actividad se adecue a las bases normativas que emitan las legislaciones de los Estados y que versen sobre materias y servicios que le correspondan legal y constitucionalmente a los Municipios.
b) El artículo 28, fracción I, del Código Municipal establece la facultad de los Ayuntamientos de los diversos Municipios del Estado, de expedir reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que tiendan a organizar la administración del Poder Federal, con el imperativo de que los reglamentos aprobados por dichos Ayuntamientos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Los reglamentos son de observancia general y deben ser publicados para que sean válidos y observables, razón por la que el presidente municipal demandado solicitó al Gobierno del Estado de Chihuahua la publicación en el Periódico Oficial del Estado del reglamento impugnado, aprobado el día veinticuatro de abril del año dos mil tres.
c) Tomando en cuenta la solicitud efectuada por la autoridad municipal y en uso de las facultades que le otorga el artículo 93, fracciones II y XLI, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y la parte conducente de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con absoluto respeto a la autonomía municipal, efectuó la publicación del Acuerdo Número 179 emitido por el Ayuntamiento mencionado en el Periódico Oficial del Estado número 100, de fecha catorce de diciembre de dos mil cinco.
2. Contestación del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. Mediante oficio presentado el veintinueve de marzo de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Corte, Héctor Agustín Murguía Lardizábal, presidente del Municipio de Juárez Estado de Chihuahua en representación del Municipio contestó la demanda de controversia constitucional manifestando, en síntesis, lo siguiente:
1) Que, en relación con el primer concepto de invalidez referido a la supuesta invasión a la esfera de competencias de la Federación, no es cierto que la expedición y la publicación del reglamento impugnado invada la esfera de competencias de la Federación y de ninguna manera contraviene lo dispuesto por los artículos 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E y XXX, en relación con los artículos 25 y 28 constitucionales, toda vez que:
a) El Municipio se encuentra facultado por la Constitución Federal, específicamente por su artículo 115, fracciones II y V para formular, aprobar y administrar su zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como controlar y vigilar la utilización del suelo y el impacto ambiental en su jurisdicción territorial y dentro de la esfera de los bienes y servicios de su exclusiva competencia; y la última fracción mencionada concede al Municipio la facultad reglamentaria para ello.
b) No invade la rectoría del desarrollo nacional ya que no trasgrede o impide, en forma alguna, el crecimiento económico, el empleo o la justa distribución del ingreso y la riqueza. Tampoco invade la exclusiva soberanía del Estado (Federación) para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, como tampoco impide que la Federación lleve a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) No vulnera o restringe las facultades que el artículo 73 constitucional otorga al Congreso de la Unión. Esto es así porque no infringe su fracción XXIX-D que se refiere a la facultad de dicho poder para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; tampoco infringe la fracción XXIX-E que se refiere a la expedición de leyes en relación con la programación, promoción, concentración y ejecución de acciones de orden económico y al abasto y producción suficiente de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, puesto que el reglamento tiene como objetivo primordial la seguridad de los habitantes del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua; y, tampoco vulnera las facultades establecidas en la fracción XXX del mismo artículo 73.
d) No daña o causa perjuicio a la competencia y libre concurrencia en los mercados de bienes y servicios en el territorio nacional, ni se expidió para obtener ventaja exclusiva para determinadas personas, por tanto, no viola el artículo 28 constitucional. Especifica que no contraviene lo dispuesto por dicho artículo porque no establece ni genera monopolio alguno, ni solapa prácticas monopólicas o estancos; ni contiene disposiciones tendientes a segmentar el mercado de las gasolineras por razón de territorio; tampoco protege o desprotege deliberadamente a industria particular o grupo de personas determinado, es decir, no protege a los titulares o propietarios de los establecimientos ya avecindados ni desprotege a los ciudadanos que en su derecho de concurrencia y libre comercio pretendan establecer un servicio de gasolina. Señala que el control de las estaciones donde se venda gasolina corresponde a Petróleos Mexicanos, único autorizado para otorgar la franquicia correspondiente.
e) No restringe o priva del pleno ejercicio de la libertad y la dignidad a los individuos o clases sociales. Específicamente no restringe las libertades de trabajo, industria, comercio, asociación, reunión o propiedad.
f) El Ayuntamiento mencionado consideró el perímetro de mil quinientos metros de distancia entre una gasolinera y otra como distancia necesaria para evitar daños ecológicos y materiales, y como medida de precaución para el caso de cualquier siniestro que eventualmente pudiera acaecer por lo fácilmente flamable de la gasolina y sus derivados, procurando en todo momento el bienestar general de la población y sin menoscabo del respeto íntegro a los derechos que otorga nuestra Constitución. Considera que el reglamento impugnado tiene como finalidad un beneficio a la colectividad, porque tiene como propósito armonizar la seguridad de los usuarios del servicio y de la comunidad misma, particularmente el núcleo de bienes y personas que se encuentran avecindados a los servicios donde se expende gasolina, y estima que tuvo su origen en el imperativo social de que el expendio de gasolina no transgreda el interés público en general. Señala que la parte actora se refiere únicamente al resultando 1 del reglamento impugnado pero no advierte que lo que realmente motivó al Ayuntamiento mencionado se expresa en el resultando 2 que dice:
"Es de interés público que la autoridad municipal provea lo necesario dentro del ámbito de su competencia, para cuidar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y para prevenir y controlar emergencias ecológicas o daños ambientales que pudieran ocurrir dentro de su circunscripción; asimismo prevenir y auxiliar a la población en situaciones de alto riesgo por siniestros y desastres con la participación voluntaria y organizada de la sociedad ..."
g) El reglamento impugnado se funda en la fracción II del artículo 115 constitucional; en el artículo 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; y, en los artículos 28, fracción I, 45 y 47 del Código Municipal. Dichos artículos tutelan el derecho para emitir ese tipo de reglamentos que de ninguna manera invaden las facultades del Congreso de la Unión dado que el impacto ambiental se da, según su población, en forma regional y no en todo el territorio nacional, tomando en cuenta el universo de tránsito vehicular que se da en el ámbito municipal, como se probará en su oportunidad. Al respecto, señala que no resulta aplicable el criterio de la Primera Sala que invoca la parte actora.
h) No fomenta la concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesario.
i) No trasgrede la Ley Federal de Competencia Económica.
j) El Municipio es el único ente con capacidad real y efectiva para intervenir directamente en el problema local de la prevención y regulación del crecimiento desproporcionado de las estaciones de gasolina, el que puede generar problemas urbanos, de seguridad ciudadana e incremento de riesgos ambientales. Por otro lado, el Municipio es el responsable y obligado a prevenir las implicaciones de un crecimiento desordenado y anárquico de este tipo de servicios. Además, su regulación representa una importante contribución para alcanzar los fines últimos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano; al respecto señala que de la parte final del resultando 2 se advierte el enfoque para la concreción de un acuerdo voluntario y con participación social.
1) De la misma manera, en relación con el primer concepto de invalidez planteado por la parte actora, considera que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal se encuentra constitucionalmente impedido para promover la presente controversia constitucional a nombre y por supuesta invasión de facultades del distinto Poder Legislativo, quien en todo caso, sin conceder, es el poder que sufriría el agravio que se invoca. Al respecto, considera que en la controversia constitucional el promovente debe plantear la existencia de un agravio causado en su perjuicio, el cual debe entenderse como un interés legítimo para acudir en esta vía y que, a su vez, se traduce en una afectación que resiente en su esfera de atribuciones la entidad, poder u órgano a que se refiere la fracción I del artículo 105 constitucional, en razón de su especial situación frente al acto que considera lesivo. Estima que el reglamento impugnado no causa perjuicio alguno al Ejecutivo Federal y que la controversia planteada estriba en alegar una supuesta invasión a las facultades de que goza el Congreso de la Unión, situación que pone en evidencia la falta de interés legítimo para promoverla porque, en todo caso, el órgano legitimado sería dicho Congreso. En consecuencia, a juicio de la demandada, procede sobreseer la controversia con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia y la fracción I del artículo 105 constitucionales.
2) Que, en relación con el segundo concepto de invalidez referido a la violación de las libertades de trabajo, industria, comercio, competencia y concurrencia, establecidas en los artículos 5o. y 28 constitucionales, estima que el reglamento impugnado respeta íntegramente dichas garantías y todas las demás garantías constitucionales, ya que:
a) De la lectura cuidadosa de sus resultandos y de sus artículos 39, fracciones I, II y III; 68 y 71 impugnados se advierte que de ninguna manera se impide, limita o restringe el ejercicio de dichas actividades, por el contrario, se fomentan, ya que las personas que obtengan la franquicia o autorización para funcionar que les expida Petróleos Mexicanos podrán instalar la industria, comercio o trabajo que les acomode, en el lugar que mejor les parezca, siempre y cuando guarden una prudente ubicación a mil quinientos metros respecto de otra gasolinera.
b) La fijación de la distancia entre estaciones de servicio distribuidoras de gasolina se estableció en razón del peligro e impacto ambiental propio de tales estaciones que almacenan y expenden sustancias altamente inflamables, contaminantes y de naturaleza explosiva; para evitar los perjuicios que, a su vecindad y a la sociedad en general, pueda causar la concentración de gases. Esto significa que no intenta evitar la competencia entre establecimientos comerciales, ni de fijarles zonas de abastecimiento, ni de limitar el acceso a los consumidores, sino que se trata de evitar perjuicios a la sociedad.
c) La libertad de comercio se encuentra limitada por la protección de los intereses y seguridad sociales. Así, en el caso de expendios de bebidas alcohólicas o centros de vicio a corta distancia de escuelas y centros de trabajo por el perjuicio que pueden causar a la sociedad. De la misma manera, la concentración de estaciones de servicio distribuidoras de gasolina implican un peligro para la sociedad. Por tanto, su reglamentación dentro del ámbito municipal es constitucional y respeta los imperativos establecidos en la tesis de jurisprudencia del Pleno de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES.", es decir, respeta la Constitución Federal, la del Estado, las leyes federales y locales; se adecua a las bases normativas emitidas por la Legislatura del Estado de Chihuahua y versa sobre las materias o servicios que corresponden legal y constitucionalmente al Municipio.
d) Se funda en lo dispuesto por los artículos 73, fracciones XXIX-G y XXIX-I; y 115, fracción II, segundo párrafo constitucionales; 4o., 8o., 23, 147, 148 y demás relativos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1o., 4o., 5o., 6o., 9o., 26, 37, 45, 58, 93, 94, 97, 98, 108, 113, 120, 127, 208 y demás relativos de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua; 1o., 2o., 5o., 10, 55, 103, 104, 107 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua; 1o., 11, 166 y demás relativos de la Ley General de Protección Civil del Estado de Chihuahua; y 28, fracción I, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.
e) Las tesis de jurisprudencia que invoca la parte actora de rubros: "DISTANCIA, REQUISITO DE. LAS LEYES QUE LO FIJAN SON VIOLATORIAS DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (REGLAMENTO DE EXPENDIOS DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA)." y "REGLAMENTOS QUE FIJAN TÁCITAMENTE EL REQUISITO DE DISTANCIA PARA ESTABLECER COMERCIOS. SU INCONSTITUCIONALIDAD (INDUSTRIA DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE MAÍZ, MASA NIXTAMALIZADA Y TORTILLAS DE MAÍZ).", no tienen aplicación al presente caso toda vez que a diferencia de dichos productos, la gasolina es sumamente tóxica por los gases que produce, peligrosa en su manejo por su fácil combustión e inflamable.
f) Del análisis de los dos resultandos del reglamento impugnado se advierte que son complementarios entre ellos, que el primero se refiere a un gran número de estaciones de servicio distribuidoras de gasolina y, el segundo atiende al interés general y control de emergencias ecológicas y daños ambientales como interés final.
g) No divide, distribuye, asigna, impone o segmenta mercado alguno, por lo que no tienen aplicación los artículos 9o., fracción III y 10, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica reglamentaria del artículo 28
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20976-29f6c8de/controversia-constitucional-el-consejero-juridico-del-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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