CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INVALIDEZ CUANDO UN ÓRGANO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IMPUGNE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD. ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. JUNTO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INTEGRA BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SUS CARACTERÍSTICAS. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE COMPETENCIAS. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU TRANSGRESIÓN. PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE COMPETENCIAS. SUS CARACTERÍSTICAS. SISTEMA ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. SU INSTAURACIÓN POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE. TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. AL SER UN ÓRGANO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PREVÉ LOS ENTES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA, NO ES LIMITATIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2006. TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de noviembre de dos mil seis.
VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional 31/2006, y;
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poder y órganos demandados, actos y normas impugnadas. Por oficio recibido el trece de febrero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hermilo Herrejón Silva, quien se ostentó como Magistrado presidente y representante legal del Tribunal Electoral del Distrito Federal, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Órganos demandados:
a) Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
b) Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
c) Secretario de Gobierno del Distrito Federal.
d) Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
e) Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos perteneciente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.
Normas y actos cuya invalidez se demanda:
La aprobación y publicación de los artículos 3o., 35 y quinto transitorio del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número "155-ter" de treinta de diciembre de dos mil cinco.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:
1. El cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el que, entre otras cuestiones, se adicionó un título sexto destinado a regular lo relativo a las autoridades electorales locales y a los partidos políticos en esta entidad federativa, incluyéndose en el capítulo IV las bases para la integración, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
2. El cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código Electoral del Distrito Federal, en el que se incluyó un libro séptimo destinado a regular al Tribunal Electoral del Distrito Federal.
3. El treinta y uno de diciembre de dos mil, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año dos mil uno, el cual se publicó en la misma fecha en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
4. El treinta y uno de diciembre de dos mil uno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil dos, el cual se publicó en la misma fecha en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
5. El veintinueve de diciembre de dos mil dos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil tres, el cual se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil dos, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
6. El veintitrés de diciembre de dos mil tres, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, mismo que se publicó el veintiséis de diciembre de dos mil tres en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
7. El veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil cinco, mismo que se publicó el veintisiete de diciembre de dos mil cuatro en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
8. El veintitrés de diciembre de dos mil cinco, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis, mismo que se publicó el treinta de diciembre de dos mil cinco, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Decreto en el cual se publicaron los artículos impugnados: 3o., 35 y quinto transitorio.
9. El nueve de febrero de dos mil seis, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, habiéndose impuesto del contenido del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis, acordó instruir al presidente de dicho órgano jurisdiccional, para que en su carácter de representante legal del tribunal interpusiera la presente controversia.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, en síntesis, son los que se sintetizan más adelante.
Previo a los conceptos de invalidez, adujo lo siguiente:
A. Expresó que la materia de la presente controversia en relación con los artículos impugnados se trata de normas de índole financiera presupuestaria, es decir, de índole administrativa y no de carácter electoral, ya que el presente juicio lo constituye el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis, concretamente sus artículos 3o., 35 y quinto transitorio.
B. Asimismo, que la naturaleza jurídica del acto impugnado es formalmente legislativo pero materialmente administrativo susceptible de control a través de la presente vía constitucional. Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO."
C. Indica que se colma el requisito a que alude el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional comprende del dos de enero al trece de febrero de dos mil seis, y la demanda se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de febrero de dos mil seis.
D. Señala que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Que en atención a ello, el Tribunal Electoral del Distrito Federal al ser un órgano de gobierno de dicha entidad federativa, válidamente puede promover controversia constitucional en contra tanto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -como el órgano que emitió el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis-, así como respecto del jefe de Gobierno del Distrito Federal -que promulgó y publicó dicho decreto-.
Lo anterior, lo apoyó en los siguientes razonamientos:
1. El Distrito Federal y su régimen de gobierno es sustancialmente distinto al que guardan las demás entidades federativas del país, pues en términos del artículo 44 de la Constitución Federal, es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su naturaleza jurídica es especial.
Es inconcuso que el artículo 122 constitucional, párrafo primero, así como los numerales 7o. y 8o. del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no pueden ser tomados como los únicos referentes para definir cuáles son los órganos de gobierno de dicha entidad federativa, que cuentan con legitimación activa para los efectos del artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal.
Lo anterior es así, ya que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en consideración esta situación sui generis y haciendo una lectura integral del artículo 122 constitucional, arribó a la conclusión de que las delegaciones del Distrito Federal también son órganos de gobierno del Distrito Federal. Así lo sostuvo al resolver la controversia constitucional 28/2002, de la que derivó la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁN LEGITIMADAS PARA PROMOVERLAS."
Señala que la autonomía de funcionamiento que detenta el Tribunal Electoral del Distrito Federal se resume en su capacidad de autogobernarse, la cual está otorgada por el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el artículo 116, fracción IV, inciso c), ambos de la Constitución Federal; 128, 129 y 130 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 222, 223 y 227 del Código Electoral del Distrito Federal; así como los artículos 1o., 439, fracción VIII, 448, fracción III, 449, 450, 490, 491 y 493 del Código Financiero del Distrito Federal.
Que dicha autonomía tiene, entre otras manifestaciones: a) la autonomía jurisdiccional que incluye a la técnica, y b) la autonomía patrimonial, que contiene la presupuestaria así como la financiera, lo que le permite aprobar su proyecto de presupuesto, así como autodeterminarse en el manejo de sus recursos económicos.
De lo anterior concluye que dichas características evidencian la autonomía no sólo de gestión presupuestal, sino en acciones de gobierno de carácter jurisdiccional en el Distrito Federal, que permiten afirmar que el Tribunal Electoral del Distrito Federal no está subordinado jerárquicamente al jefe de Gobierno, ni a la Asamblea Legislativa, así como tampoco al Tribunal Superior de Justicia y que, en consecuencia, al tener tal concepción peculiar, constituye un órgano de gobierno, ya que cuenta con patrimonio propio y tiene delimitado su ámbito de atribuciones competenciales en la ley por mandato constitucional.
Por lo que afirma que el Tribunal Electoral es un órgano de gobierno del Distrito Federal legitimado activamente para demandar a la Asamblea Legislativa, así como al jefe de Gobierno, ambos de esta entidad federativa, toda vez que se trata de un órgano primario del Estado.
Cita en apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA."
2. Aduce que cuando el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), hace relación obligada al numeral 116, fracción IV, inciso c), de la propia Constitución Federal, pronunciándose en el sentido de que en el Distrito Federal deberán existir las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y la jurisdiccional que resuelva las controversias en la materia dado el particular diseño que estableció el Constituyente Permanente para el Distrito Federal, provoca que el Tribunal Electoral en su carácter de autoridad jurisdiccional que resuelve las controversias señaladas, encuentre su origen de manera directa e inmediata en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el caso del Distrito Federal su gobierno se rige directa e inmediatamente por lo que manda esta última, a diferencia de lo que sucede en el resto de los Estados de la República, en donde su gobierno interior, en primer lugar, se subordina a sus Constituciones Locales.
De ahí que reconoce que el Tribunal Electoral del Distrito Federal no se encuentra mencionado expresamente en la Constitución Federal, pero señala que ello no obsta para sostener la legitimación activa que se hace valer a través de la presente vía, pues el solo hecho de que se establezca que en el Distrito Federal funcionará una autoridad jurisdiccional que resolverá las controversias en la materia local, es suficiente para que su origen devenga directamente de la propia Ley Fundamental y, por tanto, se trate de un órgano originario.
Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral es un órgano de Gobierno del Distrito Federal, habida cuenta que es de explorado derecho que si bien es cierto que las funciones básicas del gobierno tradicionalmente se han dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales generalmente son detentados por los poderes federales y en el caso del Distrito Federal por los órganos atinentes, no debe soslayarse que en el caso el numeral 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), y base cuarta de la Constitución Federal, así como los artículos 76 a 85 y 128 a 133 del Estatuto de Gobierno determinaron que, en tratándose de la función jurisdiccional que se consigne en el artículo 17 de la Constitución Federal, en el Distrito Federal aquélla debió distribuirse entre otros órganos de gobierno, que son el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Electoral.
Esa cuestión guarda relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis y la reforma legal publicada en ese mismo medio el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, referente a la materia electoral que, en el caso del Distrito Federal, generó consecuencias diferentes al resto de los Estados de la República en lo vinculado con las autoridades correspondientes, entre cuyos efectos provocó que el Tribunal Electoral gozara de las peculiaridades ya referidas.
Considera que el Tribunal Electoral del Distrito Federal es un órgano que detenta una de las funciones del Gobierno Local, dado el diseño institucional que el legislador constitucional planeó para el Distrito Federal, por tanto, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no puede válidamente promover una controversia constitucional aduciendo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invadió la esfera de atribuciones que constitucionalmente le corresponden al Tribunal Electoral, pues la autonomía de funcionamiento conferida no establece relación alguna de subordinación entre tales órganos jurisdiccionales, pues mientras el Tribunal Superior de Justicia detenta la función judicial del fuero común, el Tribunal Electoral ejerce la función jurisdiccional en la materia de la cual es máxima autoridad, sin que de ello conozca el Tribunal Superior de Justicia, lo cual es factible dado que ambas autoridades se encuentran en un mismo nivel jerárquico.
Dichas conclusiones se robustecen, ya que es el propio Estatuto de Gobierno el que de acuerdo con la Constitución Federal establece que el Tribunal Electoral del Distrito Federal debe ser un órgano autónomo y la máxima autoridad jurisdiccional para la solución de controversias en esta materia, lo que de suyo provoca que la enumeración de autoridades u órganos de Gobierno Local que realizan el artículo 122, párrafo primero, de la Constitución Federal, en relación con el 7o. y 8o. del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no sean limitativas o taxativas, pues sostener lo contrario implicaría que ni las delegaciones políticas, ni el Tribunal Electoral u otros órganos de gobierno del Distrito Federal, cuenten con la legitimación activa que expresamente prevé el numeral 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal.
Añade que este posicionamiento también encuentra asidero, en que si la voluntad del Constituyente Permanente de mil novecientos noventa y cuatro, al reformar el artículo 105, fracción I, inciso k), constitucional, hubiera sido la de acotar la legitimación activa a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así lo hubiera hecho en aquella oportunidad, pero al no hacerlo, reconoció que el Gobierno de esta entidad federativa depende de un diseño institucional que no podía agotarse con el uso de aquella fórmula tradicional, tal como puede consultarse en la exposición de motivos relativa a la reforma a dicho artículo constitucional de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Conforme a lo expuesto, sostiene que el Tribunal Electoral del Distrito Federal está legitimado activamente para promover la presente controversia constitucional en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
E. Por otra parte, aduce que en nuestro sistema de justicia constitucional no existe otra vía a través de la cual se pueda plantear la presente controversia.
Lo anterior, porque en el caso del juicio de amparo, las hipótesis de procedencia se constriñen a las situaciones en que se violan las garantías individuales de los gobernados, o bien, cuando la Federación invada la esfera de competencia de los Estados o del Distrito Federal o éstos invadan la de aquélla, según se establece en el artículo 103 de la Constitución Federal.
Tampoco es procedente la acción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 105, fracción II, constitucional, habida cuenta que la misma, por un lado, se encuentra circunscrita a normas de carácter general y, por otro, los sujetos legitimados para intentarla no corresponden con el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
En cambio, en el caso de la controversia constitucional, se trata propiamente de un mecanismo de control cuya finalidad es reparar las violaciones que pudieran presentarse por actos que invadan las respectivas esferas competenciales, dado el contenido de la presente demanda, que la única vía de que dispone el Tribunal Electoral del Distrito Federal para impugnar los actos que se señalan es la presente controversia.
Señala que tal como se desprende del artículo 17 de la Constitución Federal, debe privar el principio de que toda controversia de carácter jurídico sea resuelta por los tribunales establecidos para tales efectos.
Que dada la naturaleza del Tribunal Electoral del Distrito Federal y de la controversia que se plantea, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de depositaria del Poder Judicial de la Federación y Máximo Tribunal de constitucionalidad, conocer del presente asunto en la vía de controversia constitucional. Cita en apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Primer concepto de invalidez. Manifiesta que los artículos 3o., 35 y quinto transitorio del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis, contravienen lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, por lo siguiente:
1. El artículo 2o., fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, señala que por "autoridades electorales" debe entenderse al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Por su parte, el artículo 2o., párrafo décimo primero, del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis, dispone que para efectos del presupuesto se entenderá por "órganos autónomos" aquellos a los que se refiere el artículo 448 del Código Financiero del Distrito Federal, y éste a su vez establece en su fracción III que: "las autoridades electorales gozan de autonomía por la elaboración de su presupuesto de egresos".
2. Aduce que el artículo 3o. impugnado puede entenderse en el sentido de que los sujetos pasivos a los que está destinado se encuentran obligados a acudir ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a fin de que emita una interpretación relativa a la aplicación del decreto de presupuesto de egresos, la cual resultaría vinculante para el órgano o entidad que la consulte y, eventualmente, para todos los otros órganos o entidades que se comprenden en el mencionado precepto.
De ello concluye que el referido artículo 3o. faculta al Ejecutivo Local para que a través de dos de sus dependencias (la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General) expida normas inherentes a la interpretación y a la aplicación del propio decreto de presupuesto a la vez que obliga a los sujetos pasivos a los que está destinado, entre ellos, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, a cumplir con dichas normas.
3. Aduce que por lo que se refiere al artículo 35 del decreto impugnado, específicamente en su primer párrafo, la Asamblea Legislativa faculta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que por conducto de la Secretaría de Finanzas efectúe "los ajustes que correspondan a los presupuestos autorizados", entre otros, "a los órganos autónomos del Gobierno del Distrito Federal", en caso de que se presente "una disminución en los ingresos previstos en la Ley de Ingresos". Es decir, se le autoriza para reducir los presupuestos previamente autorizados.
Señala que en el caso de presentarse esta hipótesis, los sujetos pasivos de la norma, entre ellos, los órganos autónomos, como es el caso del Tribunal Electoral del Distrito Federal, se encuentran obligados a permitir la disminución presupuestal que llegara a determinar el Ejecutivo Local, lo que equivale a consentir una disminución en su patrimonio, ya que éste se integra, según lo dispone el artículo 223 del Código Electoral del Distrito Federal, "con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente apruebe la Asamblea Legislativa, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal".
Sostiene que ni el artículo 35 ni en ningún otro precepto del decreto en cuestión se establece algún tipo de procedimiento previo a la determinación que pudiera tomar el Ejecutivo Local para decretar la "disminución presupuestal que corresponda", ni tampoco se establecen requisitos o condiciones de carácter objetivo que deban valorarse para determinar la forma y términos en que ello tendría lugar.
Aduce que se trata de una norma que faculta ampliamente al Ejecutivo Local, para practicar cuando lo considere conveniente, las disminuciones en los montos y proporciones que estime conducentes, sin sujetarse a principio alguno de legalidad u objetividad, pues la única condición que se le exige es que se presente una "disminución en los ingresos previstos" en la ley respectiva.
Añade que la norma no prevé cuál debe ser el monto o la proporción de las disminuciones en los ingresos que autorizarían la intervención del Ejecutivo, tampoco refiere las condiciones en que deben practicarse los ajustes presupuestales, es decir, si se realizarían, por ejemplo, mediante programas o en forma proporcional a todas la entidades y órganos, de tal manera que los ajustes podrían afectar los programas prioritarios de las entidades u órganos o realizarse exclusivamente respecto de algunos de ellos.
Agrega que los únicos límites que se establecen corresponden a los previstos en los párrafos segundo, tercero y cuarto, del precepto impugnado, los que se refieren, respectivamente, a que los ajustes deberán realizarse "sin afectar preferentemente las actividades institucionales de gasto social" o "transferencias federales o crédito", así como a la obligación del titular del Ejecutivo Local de informar a la Asamblea Legislativa por medio de informes trimestrales y al rendir la cuenta pública respecto de los movimientos efectuados, cuando éstos excedan en forma acumulada el diez por ciento del presupuesto anual asignado a cada dependencia, órgano desconcentrado, delegacional o entidad. Hace notar que tratándose del cuarto párrafo del artículo en cuestión no se prevé la hipótesis respecto de las reducciones que pudieran afectar a órganos autónomos de lo que deriva que aun cuando la reducción respecto de éstos fuera superior al diez por ciento, el Ejecutivo Local no tendría la obligación de informar a la Asamblea Legislativa.
Finalmente, señala que la obligación de informar a la Asamblea Legislativa no condiciona en forma alguna el ejercicio de la atribución del Ejecutivo Local, sino que se entiende que corresponde a una acción posterior al acto en el que se decreten las reducciones presupuestales.
4. Por lo que respecta al artículo quinto transitorio del decreto impugnado, señala que se trata de una norma de carácter prohibitivo, ya que establece una limitación de carácter absoluto a la autorización de bonos o percepciones extraordinarias al salario de los servidores públicos de mandos medios y superiores de los órganos a que se refiere el artículo 448 del Código Financiero del Distrito Federal, entre los que se encuentra el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Conforme está redactado el precepto invocado, el cumplimiento de la norma se encuentra a cargo de los órganos que en cada caso estén facultados para ello, de acuerdo a sus respectivas disposiciones de carácter interno.
Agrega que en el caso del Tribunal Electoral del Distrito Federal, según se determina en los artículos 128 y 131 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como en el 224, párrafo primero y 227, fracción II, incisos t) y z), en relación con el 232, fracción V, del Código Electoral del Distrito Federal, corresponde al Pleno de dicho órgano autónomo autorizar las remuneraciones aplicables a su personal.
Así, el Tribunal Electoral del Distrito Federal se encuentra obligado a abstenerse de autorizar el pago de los "bonos y percepciones extraordinarias" a que se refiere el artículo quinto transitorio del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil seis.
Además señala que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no incluyó en el referido decreto elemento alguno que permita delimitar el sentido y alcance de la expresión "bonos y percepciones extraordinarias".
5. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al aprobar los artículos impugnados, rebasa su esfera de atribuciones, violentando la autonomía constitucional y estatutaria conferida al Tribunal Electoral del Distrito Federal por el Constituyente Permanente y por el Poder Legislativo Federal. Las razones que da en síntesis son las siguientes:
a) El Constituyente Permanente, al expedir el artículo 122, apartado A, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal, en el que se facultó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir las normas que rijan en las elecciones locales, no estableció una atribución ilimitada, sino que expresamente señaló que para ello debía sujetarse a lo establecido en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y a lo dispuesto en los incisos b) al i) del artículo 116, fracción IV, de la propia Constitución Federal.
En este sentido, el artículo 116 constitucional en mención, específicamente en el inciso c) de la fracción IV, establece que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
b) Señala que desde un punto de vista gramatical, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la autonomía como la "potestad que dentro de un Estado tienen Municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios".
Agrega que en ese sentido, tanto las entidades federativas (Estados de la República y Distrito Federal) como los Municipios, gozan de cierto grado de autonomía, pues se rigen mediante normas y órganos de gobierno que les son propios, en razón de criterios territoriales.
Destaca que los organismos públicos autónomos son entidades que ostentan diversos grados de independencia respecto de los tres poderes tradicionales -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, con la peculiaridad de que tienen atribuidas determinadas funciones del Estado.
Refiere que para el tratadista José Luis Caballero Ochoa, "... de forma paralela a los procesos de acotamiento entre poderes, (cheks and balances), de la sociedad y los actores políticos hacia los poderes, han surgido en el constitucionalismo contemporáneo los llamados órganos constitucionales autónomos, cuya característica fundamental es precisamente su pertenencia al Estado pero sin depender de ninguno de los tres grandes poderes".
Explica que de acuerdo a los rasgos que se encuentran en diversos ordenamientos jurídicos es posible referir los siguientes tipos de autonomía:
1) La autonomía técnica: que es la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia que les ha sido asignada;
2) La autonomía orgánica: que no dependen jerárquicamente de ningún otro poder o entidad;
3) Autonomía financiera-presupuestaria: que gozan de la facultad de definir y proponer sus propios presupuestos y de disponer de los recursos económicos que les sean asignados para el cumplimiento de sus fines;
4) Autonomía normativa: que se encuentran facultados para emitir los reglamentos, políticas, lineamientos y, en general, todo tipo de normas relacionadas con su organización y administración internas;
5) La autonomía de funcionamiento: es una combinación de los otros tipos de autonomía, ya que implica que los organismos cuenten con la capacidad de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus atribuciones o facultades, lo cual involucra, en cierta forma, tanto a la autonomía técnica como a la orgánica, la financiera-presupuestal y la normativa;
6) Y, por último, la autonomía plena: que implica una autonomía total, es decir, una auténtica posibilidad de gobernarse sin acotación o subordinación externas, sin embargo, tal género de autonomía no existe propiamente, pues cuando se hace alusión a ella siempre es con alguna limitante. Menciona como ejemplo que los artículos 116, fracción V y 122, apartado C, base quinta, de la Constitución Federal, establecen tribunales de lo contencioso administrativo para los Estados de la República y para el Distrito Federal dotados de "plena autonomía", mencionando que ésta es "para dictar sus fallos" o "para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública local del Distrito Federal".
d) Sostiene que en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20102-bb50439d/controversia-constitucional-efectos-de-la-sentencia-de-invalidez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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