SEGURIDAD PRIVADA. LAS EMPRESAS RELATIVAS ADEMÁS DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL DEBEN CONSEGUIR LA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES EN LAS QUE DESEEN PRESTAR SUS SERVICIOS. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA MATERIA CONCURRENTE EN LA QUE TODAS LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO DEBEN COORDINAR ESFUERZOS PARA LA CONSECUCIÓN DEL FIN COMÚN DE COMBATE A LA DELINCUENCIA, BAJO UNA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DISPONE UNA DISTRIBUCIÓN IMPLÍCITA DE COMPETENCIAS. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS. EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECE UNA COMPETENCIA RELATIVA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN ESE ÁMBITO. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS. SON PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y, POR TANTO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LEGISLAR RESPECTO DE AQUÉLLAS DEBE ESTARSE A LA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2006. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIOS: JOSÉ MARÍA SOBERANES DÍEZ, FABIANA ESTRADA TENA Y MARAT PAREDES MONTIEL.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al diez de marzo de dos mil ocho.
Vistos para resolver los autos de la controversia constitucional promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Chiguil Figueroa, quien se ostentó como diputado secretario de la comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en ausencia del presidente de dicha comisión, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
a) Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
b) Poder Ejecutivo Federal.
Norma general cuya invalidez se demanda:
La Ley Federal de Seguridad Privada.
Señaló como terceros al jefe de gobierno del Distrito Federal y al secretario de Seguridad Federal, reconociéndosele tal carácter en el auto admisorio únicamente al órgano ejecutivo local, pues el citado secretario no tiene la calidad de entidad, poder u órgano enumerado en la fracción I del artículo 105 constitucional, al encontrarse subordinado al Poder Ejecutivo Federal.
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
1. La norma impugnada deriva de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para Regular los Servicios de Seguridad Privada, presentada el nueve de junio de dos mil cuatro, ante la Comisión Permanente del Congreso General, y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Seguridad Privada, presentada ante la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el treinta de septiembre de dos mil cuatro.
2. Ambas iniciativas fueron dictaminadas el siete de diciembre de dos mil cuatro por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, dictamen que fue aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo el catorce de diciembre de dos mil cuatro, turnándose a la Cámara de Diputados.
3. El veinte de abril de dos mil seis el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por trescientos nueve votos a favor y siete abstenciones, el dictamen de su Comisión de Seguridad Pública, devolviendo la minuta con observaciones.
4. El veintisiete de abril de dos mil seis, el Senado de la República aprobó, por unanimidad de ochenta y dos votos, la Ley Federal de Seguridad Privada.
5. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley Federal de Seguridad Privada el veintiséis de junio de dos mil seis, y ordenó publicarla en el Diario Oficial, mandato que fue ejecutado el seis de julio de dos mil seis.
TERCERO. El actor estimó violados los artículos 16, primer párrafo, 21, párrafos sexto y séptimo, 49, 73, fracción XXIII, 89, fracción I, 122, párrafo sexto, apartado A, fracción I, apartado C, base primera, fracción V, inciso i), y apartado G y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, argumentando en sus conceptos de invalidez lo siguiente:
Primero. En la expedición de la ley impugnada se invocaron inadecuadamente los preceptos para fundar su acto legislativo y determinar su competencia, contraviniendo el artículo 16 constitucional.
Señala la Asamblea Legislativa que el Congreso de la Unión carece de competencia para emitir la Ley Federal de Seguridad Privada, pues lo hizo en uso de una facultad que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga al Poder Ejecutivo Federal, transgrediendo el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución Federal.
Aduce, además, que el fundamento constitucional para legislar en esta materia resulta inexistente porque ni el artículo 21, ni el diverso 73, fracción XXIII, de la Constitución Federal, a los que se alude en la exposición de motivos de cada una de las propuestas presentadas, otorgan al Congreso de la Unión facultad para legislar en materia de "prestación de servicios de seguridad privada" ni de "infraestructura, equipo e instalación inherentes a las mismas cuando éstos se presten en dos o más entidades federativas, por parte de personas físicas o morales de carácter privado.". A lo anterior contrapone que el artículo 122 constitucional, apartado C, base primera, fracción V, inciso i), faculta expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a normar los servicios de seguridad prestados por empresas privadas.
En consonancia con lo anterior, asevera la parte actora que si la Ley Federal de Seguridad Privada vulneró el artículo 16 constitucional al ser expedida por el Congreso General sin que la Constitución le atribuya competencia alguna, queda demostrado que el ordenamiento impugnado fue emitido en trasgresión al artículo 133 de la Constitución Federal que exige que los actos de las autoridades mexicanas se celebren de conformidad con las disposiciones constitucionales.
Asimismo, señala que el Congreso demandado intentó adicionalmente fundar la expedición de la ley impugnada en diversas disposiciones secundarias, como el artículo 52 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 17, fracciones IV, VII y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, sin que pueda hacerlo, por las siguientes tres razones:
1. La competencia de las autoridades u órganos de cualquiera de los niveles de gobierno, la otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no una ley secundaria y mucho menos un reglamento.
2. Un examen detallado de cada una de las normas legales y reglamentarias invocadas para expedir la Ley Federal de Seguridad Privada, conduce a conclusiones contrarias a la pretensión del Congreso de la Unión:
a) El artículo 52 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no puede otorgar al Congreso General facultad para legislar en materia de seguridad privada a nivel federal porque no existe base constitucional para ello.
b) El artículo 30 Bis, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consigna expresamente lo que en el artículo 52 de la ley general citada, se encuentra de manera implícita, a saber, la facultad de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Federal para otorgar las autorizaciones a las empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas.
c) El artículo 17, fracciones IV, VII y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, únicamente otorga a dicha secretaría federal facultades diversas entre las que se encuentra la de regular los servicios de seguridad privada a cargo de particulares en la República mexicana, la de verificar que los prestadores de servicios de seguridad privada cumplan con la ley para garantizar el respeto a los derechos humanos, y la de imponer sanciones en la materia.
En este último aspecto, señaló que el citado reglamento vulnera el principio de primacía de la ley porque lejos de ceñirse a los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la que deriva, y contraerse a desarrollar exclusivamente la facultad legal de la Secretaría de Seguridad Pública para expedir autorizaciones a los prestadores de servicios que se desempeñen en dos o más entidades federativas, desborda el marco legal al ampliar la competencia de dicha dependencia federal mediante la adición de tres facultades no concedidas por la ley.
3. Al invocar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública como fundamentos para legislar en materia de seguridad privada, y correspondiendo a la Secretaría de Seguridad Pública, las diversas facultades otorgadas por aquellos ordenamientos, el Congreso contravino la prohibición absoluta contenida en el artículo 49 constitucional de reunir en una sola corporación dos o más poderes de la Federación.
Concluye el concepto de invalidez señalando que si la propia Carta Fundamental confiere a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, facultades para normar lo relativo a los servicios de seguridad prestados por empresas privadas, en términos del inciso i) del apartado C, base primera, fracción V, sin limitar expresamente dicha facultad, luego la Ley Federal de Seguridad Privada es inconstitucional. Lo anterior, sustentado con la tesis jurisprudencial P./J. 49/99, cuyo rubro es: "DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Segundo. De la facultad del Congreso para legislar sobre las bases de coordinación entre las autoridades federales y las locales en materia de seguridad pública no es posible derivar la facultad de regular la prestación de los servicios de seguridad privada.
Señala la Asamblea Legislativa que es cierto que la seguridad privada debe considerarse complementaria y subordinada a la función de seguridad pública, dado el monopolio de la fuerza física que ejerce el Estado en virtud de los párrafos primero y segundo del artículo 17 constitucional. Tan es así, que la vigente Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece expresamente ese carácter complementario en su artículo 53.
No obstante, de la facultad del Congreso General para legislar sobre las bases de coordinación entre las autoridades federales y las locales en materia de seguridad pública no es posible derivar la facultad para legislar en materia de seguridad privada.
Lo anterior, pues atendiendo al significado natural de "coordinación", impide que una ley expedida por el Congreso General no pueda crear, modificar, subordinar entre sí o suprimir las competencias preexistentes, ni la de sí mismo en tanto órgano de la Federación, ni la del Distrito Federal, porque esas competencias sólo puede crearlas, modificarlas, subordinarlas o suprimirlas la Constitución Federal.
De este modo, en razón de su finalidad, una ley de coordinación no puede por sí misma disponer la modificación de las competencias constitucionales a las que está destinada a coordinar. Lo anterior, no obsta para que, con la finalidad de lograr la disposición metódica o concertación para la acción común, autorice la celebración de convenios, o permita la propuesta de reformas a leyes y reglamentos, que tengan por materia las competencias constitucionales, celebración que supone la intervención necesaria de los órganos titulares de dichas competencias.
Concluye el concepto de invalidez sosteniendo que si el Distrito Federal no ha celebrado con la Federación, en materia de seguridad privada, un convenio de coordinación, no es admisible suponer que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya ejercido en términos omisivos su facultad de "normar los servicios de seguridad prestados por empresas privadas" que le otorga el artículo 122 constitucional, apartado C, base primera, fracción V, inciso i), suspendiéndola temporalmente para evitar la doble o múltiple regulación ante la expedición de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Tercero. La norma impugnada fue emitida en contravención al artículo 122 constitucional, toda vez que el Congreso de la Unión invadió la competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sostiene la parte actora que el Congreso General desbordó su competencia e incursionó de manera ilícita en la del Distrito Federal, porque al expedir la Ley Federal de Seguridad Privada transgredió la regla competencial consagrada en el artículo 122 constitucional, que confiere al Congreso de la Unión facultad para legislar en cualquier materia del Distrito Federal salvo las expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa.
Lo anterior es así porque el Congreso General se encuentra constitucionalmente impedido de expedir leyes de seguridad privada aplicables en el territorio del Distrito Federal, no sólo por no contar con una facultad expresa, sino porque dicha materia se encuentra sustraída del ámbito de competencia federal y conferida expresamente a la Asamblea Legislativa por efecto del artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso i), de la Constitución Federal.
En apoyo de esto sostiene que por medio de la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se le otorgó a la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal facultad para emitir leyes locales.
En virtud de que los móviles sociales de la reforma en cita pugnaban por una reducción a la esfera competencial del Congreso General pero al mismo tiempo tenían el propósito de mantener al Distrito Federal como sede de los poderes federales y correlativamente al Congreso como órgano preeminente del Distrito Federal, la solución para compaginar esas pretensiones se logró con la formulación de una regla distributiva entre el Congreso y la Asamblea, regla plasmada en el precepto constitucional, vigente en 1993.(1)
En estas condiciones, se estableció la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para legislar en materia de seguridad privada, por reforma constitucional del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis.(2)
Aclara la parte actora que de los antecedentes parlamentarios de la reforma en cita se desprenden los argumentos que explican la asignación de la facultad para normar los servicios de seguridad prestados por empresas privadas y que se corroboran con el propósito de introducir la materia en el ámbito de competencia local.
De esta forma, a juicio de la actora, queda acreditada plenamente la competencia del Distrito Federal para legislar en materia de seguridad privada, por lo que los argumentos que sostienen la competencia del Congreso General para legislar en la misma materia cuando los servicios comprendan a dos o más entidades federativas, son contrarios al artículo 122 constitucional, por las siguientes razones:
a) La distribución de competencias que pretenden llevar a cabo artículos como el 52 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 30 Bis, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 17, fracciones IV, VII y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, es sólo aparente, puesto que la prestación de servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas no deja de estar regulada por la ley local de cada una de las entidades federativas en cuyo territorio se verifica, y en el caso concreto, por la del Distrito Federal.
Por tanto, de seguir el criterio de las normas secundarias citadas, tendrá que concluirse que, respecto de la prestación de servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, una de las cuales puede ser el Distrito Federal, la aplicación de las leyes locales debe suspenderse para dar lugar a la aplicación de la ley federal, lo cual comporta una auténtica invasión de competencias y un sometimiento de facto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal sobre la autonomía de las entidades federativas, y en el caso concreto, sobre la competencia del Distrito Federal, en abierta contravención al artículo 122 constitucional y a la tesis número P./J. 95/99, cuyo rubro es el siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS."
b) Sostener la competencia federal sobre la base de la prestación de servicios de seguridad privada por parte de una misma empresa en más de una entidad federativa, supone admitir que los particulares, con su proceder, y no el órgano revisor de la Constitución previsto en el artículo 135 constitucional, tienen la prerrogativa de "federalizar" una función pública, lo cual implica un verdadero despropósito.
c) El concurso de materias en dos o más entidades federativas con igual competencia, y el potencial conflicto que esta situación representa, se resuelve, no a través de una ley federal unilateralmente emitida, sino por medio de convenios interinstitucionales a cuya celebración están obligados tanto la Federación como el Distrito Federal, entre otros, por disposición de los artículos 21 y 122 constitucionales.
d) Si desde el día doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco inició la vigencia del artículo 52 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que otorga a la Secretaría de Seguridad Pública facultad para otorgar autorizaciones a los prestadores de servicios de seguridad privada que comprendan dos o más entidades federativas; dicha vigencia fue derogada para el Distrito Federal, desde el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis, fecha en que, a su vez, dio inicio la vigencia de la reforma al artículo 122 constitucional, cuyo apartado C, base primera, fracción V, inciso i), confiere expresamente a la Asamblea Legislativa competencia para normar los servicios de seguridad prestados por empresas privadas y, por tanto, confiere implícitamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal facultad para otorgar, con base en las normas locales, autorizaciones de prestación de servicios de seguridad privada dentro de su circunscripción territorial.
Cuarto. La Ley Federal de Seguridad Privada tergiversa la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La actora sostiene que lo señalado en la ley federal impugnada impide que en el Distrito Federal se haga posible la coordinación exigida por el artículo 21 constitucional y regulada por la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior se demuestra con la confrontación de algunos artículos de la Ley Federal de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal:
• La ley federal exige como condición para la prestación de servicios de seguridad privada, una autorización de la autoridad federal. Por el contrario, la ley local para el Distrito Federal distingue diferentes modalidades de la seguridad privada (prestación individual sea o no a favor de terceros; de personas morales para fines propios; y de autoridades para contribuir al cumplimiento de sus funciones sin que esto suponga la prestación a favor de terceros); modalidades respecto de las cuales la misma ley local para el Distrito Federal exige como condición el trámite y obtención, según el caso, de una licencia, de un permiso, de una autorización, o de una constancia de aviso de registro, instrumentos que habrán de ser extendidos por la autoridad local.
• La ley federal no exige un mínimo de requisitos para integrar el contenido de los planes y programas de capacitación y adiestramiento del personal operativo, antes permite a la autoridad federal concertar dicho contenido con los prestadores de servicio, e incluso deja finalmente su integración al arbitrio de los particulares. Que, por el contrario, la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal no deja esta decisión al arbitrio de los particulares, sino que, en aras del interés público, establece de manera clara y expresa el mínimo de rubros que deberán contener los planes y programas de capacitación y adiestramiento.
• La ley local establece un control riguroso de los manuales de operación al exigir un contenido mínimo de ellos, a diferencia de la ley federal que no establece una norma similar.
• La ley federal exige al prestador de servicios la presentación de una póliza de fianza por un monto de cinco mil veces el salario mínimo en el Distrito Federal, para garantizar un concepto vago como "las condiciones de autorización o revalidación". Por el contrario, la ley local para el Distrito Federal le exige al prestador de servicios dos pólizas de seguro: una para garantizar la reparación del daño por delitos cometidos por el personal operativo en agravio de quien recibe el servicio de seguridad privada, y otra para garantizar la responsabilidad civil del personal operativo por daños causados a terceros.
• En lo concerniente a la imposición de sanciones, la ley federal, a diferencia de la ley local, no obliga a la autoridad ejecutiva a considerar un factor relevante en la individualización de sanciones como lo es la secuela histórica del desempeño del sancionado.
• A diferencia de la ley federal que remite todo procedimiento de imposición de sanciones y medidas de seguridad a un ordenamiento genérico como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual puede ser insuficiente para resolver las contingencias de la materia; la ley local para el Distrito Federal contiene procedimientos específicos para el desempeño de la seguridad privada.
• La ley local para el Distrito Federal hace al prestatario de los servicios de seguridad privada responsable solidario con los prestadores que contrate y que no cuenten con permiso de la autoridad competente, preservando así el interés público. La ley federal, por el contrario, nunca hace responsable al prestatario.
• La ley federal prevé la reincidencia pero no valora el riesgo social que comporta, a diferencia de la ley local para el Distrito Federal que le sanciona con mayor intensidad.
• Además, considerando la vigencia de la ley local para el Distrito Federal, la ley federal provoca una duplicidad normativa que es causa potencial para obstruir el correcto desempeño de las autoridades locales del Distrito Federal.
• Un acopio nacional de datos como el prescrito, ya se encontraba vigente en el contexto del artículo 21 constitucional, por disposición de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin que el Congreso General ofrezca una justificación de la multiplicidad de registros o, en su defecto, una fórmula para evitar la operación infructuosa de alguno de los registros vigentes.
• Finalmente, que la ley federal contiene principios de afectación a la competencia del Distrito Federal en la medida en que subordina unilateralmente a esta entidad federativa a suministrar al registro nacional datos relativos a la seguridad privada prestada en su territorio, siendo que actualmente dicho suministro lo realiza el Distrito Federal en los términos de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a los Registros Nacionales de Personal y de Armamento y Equipo correspondientes, según lo establecido por el artículo 6o., fracción III, de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
Quinto. Debe declararse la invalidez de la Ley Federal de Seguridad Privada porque el Poder Ejecutivo Federal la promulgó y ordenó su publicación sin hacerle observaciones.
Señala la Asamblea Legislativa que de los testimonios de los senadores Adalberto Arturo Madero Quiroga y Carlos Chaurand Arzate se deduce que, a pesar de las irregularidades constitucionales que afectaban al proyecto de Ley Federal de Seguridad Privada, y que incidían especialmente en la autonomía de las entidades federativas, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos hizo prevalecer la "nobleza" del proyecto sobre los artículos 21 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerando así los artículos 16 y 133 constitucionales.
CUARTO. Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 132/2006 y, por razón de turno, se designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil seis, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar al Congreso de la Unión a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como al Poder Ejecutivo Federal, en su carácter de autoridades demandadas, para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
Asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesado en la presente controversia al jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que se ordenó su emplazamiento para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
QUINTO. Las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda manifestando, en resumen, lo que a continuación se señala:
I. Con relación a los presupuestos procesales.
A. El representante de la Cámara de Senadores con fundamento en los artículos 2o. y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, invoca como causal de improcedencia la falta de interés jurídico, al considerar que la expedición de la Ley Federal de Seguridad Privada no le causa perjuicio a la parte actora, puesto que no restringe ni hace nugatoria la facultad de la Asamblea Legislativa a legislar sobre la materia.
B. El presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, alegó que debe tenerse por no interpuesta la presente demanda de controversia constitucional, dado que el secretario de la Comisión de Gobierno carece de legitimación para representar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la controversia en estudio, por no demostrar que el presidente de la Comisión de Gobierno se haya encontrado ausente para ejercer dicha representación, siendo necesaria dicha acreditación para su ejercicio.
II. Con relación a los conceptos de invalidez.
A. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en representación de la Cámara de Senadores, el presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y el consejero jurídico de Ejecutivo Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, coinciden en sostener lo siguiente:
a) Resulta infundado el primer concepto de invalidez, en el que se plantea que el Congreso de la Unión vulnera el artículo 16 constitucional, puesto que el conjunto de facultades que derivan de la Constitución y que integra la competencia legislativa del Congreso de la Unión, es lo que constituye la fundamentación de sus actos, por las siguientes razones:
1. En cuanto a la fundamentación de la Ley Federal de Seguridad Privada, es necesario precisar que la facultad concedida para legislar en materia de seguridad pública, también se entiende en seguridad privada, esto, debido a que los servicios de seguridad privada son auxiliares de la función pública, y los prestadores del servicio de seguridad privada coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública. En consecuencia, su regulación en el ámbito federal compete al Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Federal.
2. Señala que del artículo 1o. de la Ley Federal de Seguridad Privada se advierte que dicha ley regulará a las empresas que presten sus servicios en dos o más entidades federativas, por lo que, en este sentido, al no constreñirse a un solo Estado, es que no puede hablarse de una regulación dirigida a un ámbito local en específico, pues al comprender más de dos entidades federativas, se entiende que se trata de una regulación de impacto federal.
3. Del análisis del párrafo sexto del artículo 21 constitucional, se advierte que tal precepto otorga facultades en materia de seguridad pública a la Federación, a los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, dentro de sus respectivas competencias territoriales. En consecuencia, tanto las Legislaturas Locales, como la federal pueden legislar sobre la materia. Asimismo, dice que el séptimo párrafo del referido artículo 21, contempla la creación de un sistema en que los diversos actores se coordinen a través de las bases que establezca la ley que para el efecto el Congreso de la Unión expida en base al artículo 73, fracción XXIII.
4. El ámbito espacial de validez al que se suscriben las normas expedidas por la Asamblea del Distrito Federal y de los Congresos Locales, no pueden ir más allá de los límites territoriales que cada entidad posee y sobre los cuales les corresponde legislar. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal no tiene validez de aplicación en el territorio del Estado de México, y viceversa; en cambio, la Ley Federal de Seguridad Privada sí tiene cobertura espacial de validez para su aplicación en el ámbito nacional. Refuerza lo anterior, el criterio de la Segunda Sala contenido en la tesis 2a. XCV/96, cuyo rubro es: "SISTEMA FEDERAL. TRATÁNDOSE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL, NO SE ADMITE QUE UN MISMO TERRITORIO ESTÉ REGIDO POR DOS LEGISLATURAS LOCALES."
5. Si bien es cierto que el artículo 73, fracción XXIII, exclusivamente confiere al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de coordinación de seguridad pública; también lo faculta para legislar respecto a la organización, funcionamiento, ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20942-304d9d45/seguridad-privada-las-empresas-relativas-ademas-de-obtener · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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