CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 21,383, POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE CAPILLA DE GUADALUPE, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o., NUMERAL 19, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EL CUAL INCORPORA DICHA MUNICIPALIDAD EN EL CATÁLOGO QUE ENUMERA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ESTATAL EL 29 DE JULIO DE 2006, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBE HACERSE LA DECLARATORIA DE QUE SE DESESTIMA LA CONTROVERSIA EN UN PUNTO RESOLUTIVO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. MUNICIPIOS. SU CREACIÓN ES UNA FACULTAD CONSTITUCIONAL RESERVADA A LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 131/2006. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de noviembre de dos mil ocho.
VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 131/2006; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Agustín y Jorge, ambos de apellidos Hurtado Gutiérrez, en su carácter, respectivamente, de presidente municipal y de síndico municipal de San Miguel el Alto, Estado de Jalisco, promovieron controversia constitucional contra actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, que esencialmente se hicieron consistir, en ese orden, en la aprobación y promulgación del Decreto 21,383, por el que se crea el Municipio de Capilla de Guadalupe, y se reforma el artículo 4o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de dicho Estado, de veintinueve de junio de dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el veintinueve de julio siguiente.
SEGUNDO. En la demanda se narraron como antecedentes del caso, en esencia, los siguientes:
a) San Miguel el Alto, Jalisco, es un poblado precortesiano antiguamente llamado Atoyanalco cuya fundación se remonta al año mil ciento ochenta y siete, y hacia mil quinientos treinta, Cristóbal de Oñate llegó al territorio que ocupa dicha región.
b) En mil quinientos cuarenta y dos se adscribió al villorio de San Miguel del Ojo de Agua, denominación que cambió en mil quinientos setenta y uno a la de San Miguel de los Alcalanes, pero fue hasta el diecisiete de abril de mil ochocientos veintidós en que tomó posesión el primer Ayuntamiento, y el veintisiete de marzo de mil ochocientos veinticuatro se menciona a San Miguel el Alto como municipalidad perteneciente al departamento de San Juan de los Lagos. En mil ochocientos treinta y siete San Miguel el Alto fue cabecera de partido perteneciente al Distrito de Lagos.
c) En lo eclesiástico fue erigido cabecera de curato en mil ochocientos treinta y dos y dejó de pertenecer a Jalostotitlán.
d) Por Decreto Número ciento ochenta y cuatro, publicado el veintiséis de junio de mil ochocientos setenta, pasó al décimo primer cantón de Teocaltiche; por Decreto Número quinientos noventa y uno, del treinta y uno de mayo de mil ochocientos ochenta, se le concedió al pueblo de San Miguel el Alto el título de Villa; y el veinticinco de agosto de mil novecientos setenta se publicó el Decreto Número ocho mil seiscientos quince mediante el cual se elevó a la categoría de ciudad a dicha villa.
e) La superficie del Municipio de San Miguel el Alto es de 510.93 kilómetros cuadrados, ubicándose en la región norte del Estado de Jalisco, colindando al norte con los Municipios de Jalostotitlán y San Juan de los Lagos, al sur, con el Municipio de Arandas, al este con el de San Julián y al oeste con los Municipios de Valle de Guadalupe y Tepatitlán.
f) El diecisiete de octubre de dos mil cinco, la diputada Celia Fausto Lizaola envió al presidente municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, con atención al síndico municipal, el oficio mediante el cual se le notificó el inicio del procedimiento de cumplimiento de sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 54/2004, otorgando a estas autoridades municipales un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos legales la notificación del citado comunicado, para expresar los argumentos jurídicos o de hecho con relación al caso, así como para ofertar los medios de convicción que consideraran idóneos.
g) El dieciocho de octubre de dos mil cinco se celebró una sesión extraordinaria de Ayuntamiento, en la cual se informó a los ediles que fue notificado el inicio del procedimiento que daría curso legal a la creación del Municipio de Capilla de Guadalupe. Discutido el tema se emitió un acuerdo por virtud del cual dicho Ayuntamiento manifestaba su total oposición y negativa al proceso de creación de dicho Municipio.
h) El Ayuntamiento de San Miguel el Alto dio respuesta mediante el oficio SM-64/2005, de fecha veintidós de octubre de dos mil cinco, el cual fue presentado en la oficialía de partes del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el día veinticuatro siguiente.
i) El veintinueve de junio de dos mil seis, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la iniciativa de decreto que propone la creación del Municipio 126 del mismo Estado, bajo el número 21,383-LVII/06 y ordenó que se publicara por el Poder Ejecutivo de la entidad, cuyo titular, el veintinueve de julio siguiente, dio cumplimiento a lo anterior y mandó publicar dicho decreto.
TERCERO-La parte actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 40, 41, 115, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes conceptos de invalidez:
1o. Adjunto al oficio mediante el cual se emplazó al Municipio de San Miguel el Alto, se le hicieron llegar varios legajos, con aproximadamente mil quinientas hojas de copias simples, que contenían supuestas firmas de ciudadanos de Capilla de Guadalupe que solicitaban la creación de un nuevo Municipio con ese nombre; actas constitutivas de diversas asociaciones; y el plano que describe el polígono territorial propuesto para la nueva municipalidad, el cual coincidía con el que se había señalado en el Decreto 20,500 ahora invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; documentación toda la cual era imposible verificarla en el breve plazo de cinco días.
El Municipio de San Miguel el Alto considera que por virtud del Decreto 21,383 reclamado se le pretende segregar de aproximadamente noventa y un kilómetros cuadrados que formarían parte del nuevo Municipio, además de incomunicar o aislar más de tres kilómetros cuadrados.
Si bien es cierto que a San Miguel el Alto se le otorga el derecho de audiencia y defensa, también es verdad que cinco días hábiles son insuficientes para estudiar, analizar e impugnar todos y cada uno de los documentos del proceso, además de que también se deben ofrecer pruebas para acreditar la postura de este Municipio. Por tanto, se considera que nuevamente se viola la garantía de audiencia y defensa al no brindársele un plazo considerable para estar en aptitud de integrar una buena defensa respecto de los intereses de la hoy actora.
No obstante que se acudió en tiempo y forma al proceso de creación del nuevo Municipio, el Congreso del Estado de Jalisco no valoró atinadamente todas y cada una de las pruebas ofertadas por San Miguel el Alto, y tampoco atendió con apego a derecho las manifestaciones de incompetencia e inexacta aplicación de la ley que le fueron planteadas.
El procedimiento de creación del nuevo Municipio está viciado de nulidad absoluta porque en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que prevé las facultades del Congreso de dicha entidad federativa, no se le confiere a éste la atribución de crear o constituir nuevos Municipios, ni dicha prerrogativa puede derivar de lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Poder Legislativo Local solamente puede actuar cuando exista una disposición jurídica que expresamente le autorice determinada facultad, por lo que en el caso se estima que al haber actuado sin competencia legal, el Decreto 21,383 carece de uno de los elementos de validez del acto.
La norma contenida en la fracción III del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, no constituye un fundamento legal adecuado para que el Congreso de dicho Estado erija nuevos Municipios, ya que la facultad para "Fijar la división territorial, política y administrativa del Estado, así como la denominación de los Municipios y localidades que lo compongan;" debe ser interpretada en el sentido de que esta atribución solamente puede aplicarla respecto de los Municipios ya existentes.
No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que el artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establezca que el Congreso del Estado puede constituir nuevos Municipios de acuerdo a las bases que señala el propio precepto, ya que esta ley no puede conceder facultades al Poder Legislativo que no estén expresamente previstas en la Constitución Política Local, la cual en este sentido tiene mayor jerarquía.
Las facultades de los Poderes de los Estados solamente pueden derivarse de lo que establezca el Congreso Constituyente Local, por lo que es inconcuso que si una atribución se la concede a sí mismo el Congreso del Estado, como es el caso de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el mismo resulta contrario al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal.
El número de Municipios de un Estado no es inalterable. No existe fundamento legal para afirmar que los que se crearon o reconocieron en la Constitución original de una entidad existirán para la eternidad. Jurídicamente es factible aumentar o disminuir su número, pero se deben agotar los procedimientos constitucionales que existan para ello y que en el caso no se cumplen.
2o. Suponiendo sin conceder que el Congreso del Estado de Jalisco tuviera atribuciones para crear nuevos Municipios, debe estimarse que el contenido de cada una de las seis fracciones del artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, implican o dan la pauta para un orden en el procedimiento de creación de nuevos Municipios, de manera que lo primero que se debió hacer es, conforme a lo dispuesto en la fracción I, delimitar el territorio en donde se estimaba que habría de erigir el nuevo Municipio, para luego cuantificar a la población por parte de un ente público confiable, como sería el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; hecho lo cual, debió recabarse el consentimiento de, cuando menos, la mitad de los ciudadanos residentes en aquel territorio.
El orden del procedimiento antes descrito no se respetó porque el Congreso demandado actuó con base en una solicitud de una asociación civil, la cual no está integrada por todos y cada uno de los ciudadanos habitantes de la región en la cual habría de erigirse la nueva municipalidad, sino tan sólo por catorce individuos que la constituyeron, con lo cual evidentemente no se cumple con el requisito del mínimo poblacional exigido por la fracción III del artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, ya que dicha asociación no tiene la capacidad de decisión y de representación de los residentes de la localidad para gestionar a nombre de ellos dentro del procedimiento de creación del nuevo Municipio, sobre todo si se toma en cuenta que dentro del objeto social de dicha asociación no se encuentra el de solicitar o intervenir como representantes de dichos pobladores para solicitar la erección de una nueva municipalidad.
3o. La fracción VI del artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco es inconstitucional, porque no señala qué tipo de opinión es la que deben expresar los Municipios afectados con la creación de una nueva municipalidad, es decir, no establece si debe ser favorable o de rechazo; ni describe qué procede cuando estos últimos manifiestan su negativa a dicha creación, con lo cual se deja en absoluto estado de indefensión a tales Municipios.
En el procedimiento que instauró el Congreso del Estado de Jalisco debió aplicar el Decreto 19,156 que establece el procedimiento de delimitación y demarcación territorial de los Municipios del Estado de Jalisco, cuyo artículo 1o. establece que tiene por objeto normar la delimitación territorial de los Municipios del Estado de Jalisco en todo lo relativo a la participación de los diferentes órganos de gobierno e instituciones a las que se les otorgue alguna competencia.
El Congreso del Estado de Jalisco viola el artículo 6o. del Decreto 19,156 que establece el procedimiento de delimitación y demarcación territorial de los Municipios del Estado de Jalisco, ya que esta disposición legal establece que dicha autoridad remitirá a cada uno de los Municipios de la entidad la información territorial y el manual de procedimientos aportado por el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, vía correo certificado con acuse de recibo, para que éstos estén en aptitud de estudiar la información relativa, y en un plazo de sesenta días naturales las autoridades municipales hagan llegar al Congreso la valoración de la información recibida.
La anterior violación consiste en que a la hoy actora se le concedió solamente un plazo de cinco días hábiles para expresar los argumentos jurídicos o de hecho con relación al caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 54, 104, párrafo segundo y 115 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, fundamentación inaplicable porque el interés primordial del procedimiento se refiere a los límites e intereses territoriales que pudieran verse afectados con la creación de un nuevo Municipio, y ello actualiza las reglas contenidas en el Decreto 19,156 que establece el procedimiento de delimitación y demarcación territorial de los Municipios del Estado de Jalisco, de cuyos artículos 6o. al 16 se advierte que se deben conceder sesenta días naturales para comparecer al procedimiento, prorrogables por treinta más, e incluso, con la posibilidad de otorgarse cuarenta días más para conciliar intereses en caso de conflicto.
4o. El artículo 5o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece que los Municipios deben conservar sus límites que tengan a la entrada de la vigencia de esta ley y que cualquier conflicto lo resolverá el Congreso del Estado de Jalisco; pero por otro lado, el artículo 6o. del propio ordenamiento legal citado establece que el Congreso puede constituir nuevos Municipios, con lo cual se pone de manifiesto una contraposición entre tales preceptos, por lo que al crearse el Municipio de Capilla de Guadalupe se viola en perjuicio de San Miguel el Alto la disposición jurídica citada en primer término que le confirió el derecho a conservar su territorio.
5o. En las páginas ciento cuarenta y siete a la ciento cincuenta y tres del Decreto 21,383 controvertido, se aprecia que el Congreso demandado, mediante el proveído de siete de febrero de dos mil seis, dictado por la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, otorgó el carácter de pruebas supervenientes a diversas documentales ofrecidas por Salvador Casillas Castellanos, mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil cinco, pero ocurre que las tres certificaciones de hechos contenidas en los testimonios notariales 4432, 4191 y 4441, respectivamente de fechas primero, siete y trece (equivocadamente se dice en los conceptos de invalidez que esta certificación corresponde al día quince) de noviembre de dos mil cinco, en los cuales se hizo constar la firma de algunos habitantes de Capilla de Guadalupe mediante las cuales expresaban su consentimiento para la creación del nuevo Municipio, evidentemente fueron preparadas y efectuadas con posterioridad al inicio del procedimiento, por lo que no revisten el carácter de supervenientes.
No obstante que el Municipio de San Miguel el Alto objetó la admisión de las pruebas marcadas con los incisos A), B), F), G), H), I) y J) del escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil cinco por Salvador Casillas Castellanos, la comisión instructora las admitió en contravención a la ley por no revestir el carácter de supervenientes.
Además, las pruebas documentales privadas en las que se hizo constar la anuencia de diversas personas radicadas en el extranjero con la creación de la nueva municipalidad, marcadas con los incisos G) y H) del escrito de Salvador Casillas Castellanos, presentado el veintitrés de diciembre de dos mil cinco, no son aptas para acreditar el requisito que exige la fracción III del artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, ya que se trata de la aceptación de personas que no residen en el país.
La admisión de las pruebas antes referidas viola las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no fueron solicitadas para mejor proveer por el órgano legislativo, lo que sí pudiera haber estado dentro de sus facultades, pero que fueron aportadas por un ente distinto.
6o. En virtud de que mediante la resolución dictada en la controversia constitucional 54/2004 se declaró la invalidez del Decreto 20,500, se deduce que todo lo actuado dentro del procedimiento que dio lugar a éste debe considerarse nulo y no debió tomarse en cuenta en forma alguna, sino que debieron crearse nuevos documentos como lo ordenó este Alto Tribunal.
De esta manera -añade la actora- es ilegal lo asentado por el Congreso demandado en el último párrafo de la página ciento dos del Decreto 21,383 en el sentido de que lo único que fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia fue el anterior Decreto 20,500 y que dicha invalidez no puede afectar a los actos emitidos por otras autoridades ajenas al Congreso del Estado de Jalisco, ni a los actos realizados por particulares que en su momento sirvieron de base para la emisión del citado decreto. Asimismo, -insiste la actora- esta afirmación es contradictoria con la diversa que aparece en la página ciento veintidós del Decreto 21,383, en la que se sostuvo lo siguiente: "... primero, que el mapa antes descrito se tiene a la vista, así como el dictamen del Decreto 20,500, del cual forma parte íntegra, esto en virtud de lo señalado en el último párrafo del inciso a) de la consideración octava del citado dictamen de decreto; segundo, al ser parte íntegra del Decreto 20,500 debe decirse que este mapa también fue afectado de invalidez por la sentencia de la controversia constitucional 54/2004, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto no se le puede tener como medio legal idóneo para ser tomado en consideración dada su invalidez legalmente declarada, lo anterior en apoyo a lo señalado por el artículo 283, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco aplicado supletoriamente.". Con lo anterior se demuestra -concluye la actora- que se utilizaron dos criterios totalmente opuestos por el Poder Legislativo Local al valorar las documentales ofrecidas por las partes.
El Congreso demandado dio una valoración superficial a todas y cada una de las documentales ofertadas por la hoy actora, dirigidas a demostrar la afectación que sufre el territorio de San Miguel el Alto, Jalisco, con la creación del Municipio de Capilla de Guadalupe, las cuales sí proporcionan indicios de los límites territoriales de aquel Municipio, pero fueron desestimadas por el Poder Legislativo demandado, bajo el argumento de que solamente puede hacer prueba plena, en relación con los linderos municipales, un documento emitido por el Congreso Local. Si bien el decreto que crea el Municipio de San Miguel el Alto no contempla sus límites de forma por demás exacta, y tampoco contempla las comunidades que lo integran, debió dársele valor probatorio pleno a la cartografía emitida por diversas dependencias oficiales que se ofreció por la hoy actora en el procedimiento, y por otra parte, no se ha presentado decreto o documento que de forma contundente y precisa indique que los límites del territorio de San Miguel el Alto son distintos a los referidos en la cartografía citada.
El hecho de que no exista el decreto que precise los límites de San Miguel el Alto, del cual se deduzcan las comunidades que lo integran, no quiere decir que no exista, dado que tiene vida jurídica y su gobierno ejerce actos de soberanía, pero no obstante ello, el Congreso demandado motu proprio no le reconoce a dicho Municipio la extensión territorial que le corresponde, sin tomar en cuenta las manifestaciones del diverso Municipio de Tepatitlán, Jalisco, vertidas en la página cincuenta y cuatro del Decreto 21,383, en el sentido de que los nuevos límites para la creación del Municipio de Capilla de Guadalupe invaden al Municipio de San Miguel el Alto, además de varias rancherías de la Delegación de Pegueros, del propio Municipio de Tepatitlán, Jalisco, manifestaciones que en primer término y en forma oficiosa debió entrar a resolver el Congreso demandado, a fin de esclarecer fehacientemente los límites territoriales entre estos dos últimos Municipios, lo que sí era de su competencia en términos del artículo 35, fracción III, de la Constitución Política Local, situación que dejó en estado de indefensión a los Municipios referidos, respecto de quienes, en un orden de prelación lógico, debió delimitarse en primer lugar el territorio que ocupan ambos.
La explicación para que el Congreso demandado no hubiera establecido los límites territoriales existentes entre San Miguel el Alto y Tepatitlán, se encuentra -agrega la actora- en la circunstancia de que como este último confesó en el procedimiento que con la creación del Municipio de Capilla de Guadalupe se invadía el territorio del primero, tal reconocimiento generaba a favor de San Miguel el Alto la presunción de que sí estaba siendo afectado con la erección de la nueva municipalidad, a lo cual no dio valor probatorio el Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
7o. Como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada, procede se declare la invalidez del Decreto 21,383, publicado el veintinueve de julio de dos mil seis, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
CUARTO. Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto con el número 131/2006 y designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, en virtud de que el caso guarda conexidad con la diversa controversia constitucional 130/2006, en la que se reclamaron los mismos actos y de la cual también correspondió conocer a la citada Ministra.
QUINTO. El cuatro de septiembre de dos mil seis, la señora Ministra instructora admitió exclusivamente la demanda formulada por el síndico municipal, ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como a los siguientes terceros interesados:
a) Delegación Municipal de Capilla de Guadalupe;
b) Delegación Municipal de San José de Gracia;
c) Municipio de Tepatitlán de Morelos;
d) Municipio de Arandas;
e) Municipio Valle de Guadalupe;
f) Municipio de Tototlán; y
g) Municipio de Atotonilco.
Asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco al rendir su contestación (fojas 267 a 272) sostuvo que es cierto que participó en la promulgación del Decreto 21,383, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de julio de dos mil seis, lo cual llevó a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50, fracción I, de la Constitución Política de dicho Estado, y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa.
Asimismo, señaló que sólo participó en el proceso legislativo de las normas reclamadas en las que no existe vicio alguno de inconstitucionalidad y, por tanto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado en el ámbito de su competencia constitucional, determinó la conveniencia de incluir dicho decreto dentro del sistema jurídico local.
SÉPTIMO. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco al contestar la demanda (fojas doscientos setenta y siete a trescientos ochenta y uno) esencialmente sostuvo que la misma resultaba improcedente por las siguientes razones:
a) Respecto del artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, porque dicho precepto ya se aplicó con anterioridad a la parte actora, sin que ésta hubiera impugnado oportunamente su contenido;
b) En la legislación local existe una vía prevista para la solución del conflicto que no fue agotada, como lo es la instituida en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuyo artículo 1o. establece que el juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquéllas, con los particulares, e igualmente las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en dicho precepto;
c) La mayoría de los conceptos de invalidez están dirigidos a combatir la cosa juzgada derivada de la ejecutoria dictada en la controversia constitucional 54/2004; y,
d) Se interpone una controversia constitucional contra normas generales y actos en materia electoral, pues parte importante y relevante del decreto reclamado incide en el régimen normativo relativo a los procesos electorales propiamente dichos.
OCTAVO. En cuanto a los conceptos de invalidez formulados, el Poder Legislativo expresó lo siguiente:
1. El Congreso del Estado de Jalisco sí tiene facultades para erigir nuevos Municipios, toda vez que éstas se las confiere la Constitución Federal y la Local, así como la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
2. El segundo concepto de invalidez no reúne los requisitos mínimos necesarios para ser atendido y, por tanto, debe tenérsele como inoperante, ya que no se expresa, cuando menos, cuál es la lesión o agravio que el actor estima le causa el acto específico de la aplicación de la fracción III del artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, ni los motivos que originan ese agravio, ni se denuncia su posible transgresión a la Carta Magna, lo que hace que este Alto Tribunal esté impedido para hacer su estudio. Pero con independencia de lo anterior, la falta de cumplimiento del requisito previsto en dicha fracción III que alega la actora, no tiene sustento, ya que contrario a tal apreciación, los documentos relacionados en el considerando VII, inciso Q), acreditan el cumplimiento del mínimo poblacional que requiere la creación de un nuevo Municipio.
3. La presunta violación a la garantía de audiencia alegada en el tercer concepto de invalidez es inexistente porque el Municipio actor tuvo oportunidad de comparecer al procedimiento, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenía, tal como se describe con los distintos actos procesales que fueron sustanciándose durante la etapa de instrucción, y concluida ésta se procedió a someter el dictamen respectivo a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, notificándose a los interesados el contenido del Decreto 21,383.
4. El cuarto concepto de invalidez, dirigido a controvertir el artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, no es el caso de abordar su estudio porque la actora consintió el contenido de dicha disposición legal al no haber impugnado oportunamente el primer acto de aplicación de dicho precepto.
5. El quinto concepto de invalidez es infundado porque con la emisión del Decreto 21,383 se realizó el acatamiento a una orden judicial, ya que al allegarse el Congreso del Estado de Jalisco de los medios idóneos para resolver la cuestión efectivamente planteada, lo único que hizo fue dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 54/2004, en cuyo considerando cuarto se dispuso que se notificara el inicio del procedimiento a los Municipios interesados, se les diera la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la oportunidad de alegar, culminando el procedimiento con la emisión de una resolución en la que se valoraran las pruebas ofrecidas y las que se allegara oficiosamente el Congreso del Estado de Jalisco.
6. La ejecutoria dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no invalidó todos los documentos que se integraron durante el procedimiento que dio lugar a la emisión del anterior Decreto 20,500 analizado al resolverse la controversia constitucional 54/2004, ya que lo único que se invalidó fue ese decreto y los demás documentos que se habían aportado al procedimiento, por lo que es infundado lo expresado en el sexto concepto de invalidez en el que se cuestiona que se hayan tomado en cuenta nuevamente tales constancias para la emisión del Decreto 21,383 ahora reclamado.
NOVENO. El procurador general de la República opinó (fojas 486 a 523) en resumen, lo siguiente:
1) Este Alto Tribunal es legalmente competente para conocer del asunto.
2) La parte actora tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional y compareció por persona legitimada para hacerlo.
3) La demanda se depositó por correo oportunamente el treinta de agosto de dos mil seis, ya que el plazo para impugnar el decreto reclamado feneció hasta el 12 de septiembre siguiente.
4) Es infundada la causa de improcedencia en el sentido de que el artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, ya fue aplicado con anterioridad a la actora, ya que dicho precepto fue reformado mediante decreto publicado el dieciséis de diciembre de dos mil tres.
5) Es infundada la causa de improcede
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21425-79d3d66d/controversia-constitucional-el-decreto-21-383-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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