DERECHO DE VETO. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ESTÁ FACULTADO PARA EJERCERLO RESPECTO DE PROYECTOS DE DECRETO APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL, EN VIRTUD DE QUE EL PRIMERO TIENE LA POSIBILIDAD DE FORMULAR OBJECIONES Y CUESTIONAMIENTOS ADICIONALES, QUE PUDIEREN NO HABERSE TOMADO EN CUENTA AL MOMENTO DE DISCUTIRSE DICHO PROYECTO. DERECHO DE VETO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL GOBERNADOR ESTÁ FACULTADO PARA HACER OBSERVACIONES AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL Y ÉSTAS, UNA VEZ DISCUTIDAS Y VOTADAS PUEDEN SUPERARSE AL SER RECHAZADAS POR LAS DOS TERCERAS PARTES DEL TOTAL DE DIPUTADOS PRESENTES. DERECHO DE VETO. SI LA LEGISLATURA LOCAL DETERMINÓ ADMITIR A TRÁMITE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, CONTENIDAS EN LA MINUTA DE DECRETO NÚMERO 21211-LVII/05, POR LA QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, ASÍ COMO 213 A 215 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO DEBE CONCLUIR EL TRÁMITE INTERNO PREVISTO PARA LA EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE AQUÉLLAS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2006. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de octubre de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el diecisiete de febrero de dos mil seis, en la Administración Local de Correos de la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, Roberto López González, Martha Ruth del Toro Gaytán y Roberto Gerardo García de la Torre, quienes se ostentaron como presidente y secretarios, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, promovieron controversia constitucional en representación del Poder Legislativo de dicha entidad, en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:
Autoridad demandada:
El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
Acto impugnado:
El oficio número of. DIGELAG 24/2006, expedido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con fecha seis de enero de dos mil seis, por medio del cual remite observaciones al documento denominado "minuta de Decreto Número 21211-LVII/05, mediante el cual se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2006".
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en resumen, los siguientes:
1. Con fecha quince de noviembre de dos mil cinco, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco presentó al Congreso Estatal, para su aprobación, la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil seis, con la que se dio cuenta en la primera sesión ordinaria celebrada por la Legislatura Local, el veinticuatro de noviembre del mismo año.
2. Habiendo sido turnada la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado, con fecha cinco de diciembre de dos mil cinco, se dirigió atento oficio al secretario general de Gobierno de la entidad, solicitando la comparecencia de los titulares de distintas dependencias, así como la presencia, en todas ellas, del secretario de Finanzas, a efecto de que aportasen mayores datos sobre las partidas presupuestales que les hubieren sido asignadas en el proyecto de presupuesto de egresos propuesto para el ejercicio fiscal de dos mil seis.
3. En sesión extraordinaria del Pleno del Congreso Estatal, verificada el treinta de diciembre de dos mil cinco, quedaron aprobados los siguientes puntos:
(i) Decreto Número 21210, por el que se reforma el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil cinco y se autoriza la transferencia de recursos a diversas partidas de la unidad presupuestal "9. Secretaría de Educación", por la cantidad de $97'059,801.00 (noventa y siete millones cincuenta y nueve mil ochocientos un pesos 00/100 M.N.).
(ii) Decreto Número 21211, por el que se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil seis y su plantilla de personal anexa.
(iii) Decreto Número 21212, que abroga el diverso 21151, mediante el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil seis.
(iv) Decreto Número 21213, que reforma el diverso 21136, mediante el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil seis.
Mediante oficios números DPL 772 LVII, DPL 773 LVII, DPL 774 LVII y DPL 775 LVII, fueron remitidas al Poder Ejecutivo del Estado las minutas de los decretos antes señalados.
4. Por oficio número of. DIGELAG 24/2006, recibido en la Oficialía de Partes del Palacio Legislativo del Estado de Jalisco, el seis de enero de dos mil seis, el titular del Poder Ejecutivo Estatal realizó observaciones al presupuesto de egresos aprobado por la Legislatura Local, negándose, por consiguiente, a publicar el Decreto Número 21211, por considerar que no generaba "la seguridad legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a toda autoridad en la emisión de sus actos, a efecto de garantizar el principio de legalidad, así como el de autoridad competente".
5. Los días siete y catorce de enero de dos mil seis, fueron publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", los Decretos Números 21210, 21212 y 21213, advirtiéndose, en relación con el mencionado en segundo término, que con la misma fecha y bajo el mismo tomo, número y sección, se publicó diversa convocatoria del Instituto Electoral Estatal.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
1. De conformidad con la fracción IV del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, corresponde al Congreso Estatal la aprobación y expedición del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para lo cual se establece un procedimiento especial, distinto de aquel previsto para la formación de leyes, puesto que el ordenamiento en que se contiene la determinación del gasto público para cada ejercicio fiscal reviste el carácter de decreto y no de ley.
En materia presupuestaria, se faculta al Ejecutivo Estatal a presentar al Congreso del Estado los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos que regirán para el ejercicio fiscal siguiente, los que, una vez aprobados por la legislatura, deben ser remitidos al gobernador del Estado para su publicación, sin que pueda cuestionarse la validez de su autorización, toda vez que ésta no depende de actuaciones posteriores de otro poder público.
En el caso, el titular del Poder Ejecutivo del Estado no puede ejercer la facultad que le confiere el artículo 33 de la Constitución Política Local, relativa a la posibilidad de formular observaciones a los proyectos de ley aprobados por el Congreso Estatal, puesto que, como se ha mencionado, el presupuesto de egresos no constituye una ley, sino un decreto, respecto del cual no se establece atribución alguna en este sentido.
Pudiera pensarse que el Constituyente Local no distinguió dichos conceptos, lo que resulta incorrecto, pues de la lectura del artículo 28 y demás relativos al procedimiento legislativo ordinario, se desprende la intención del legislador de considerar la ley y el decreto como dos figuras jurídicas distintas. Aunado a lo anterior, de aplicar a la expedición del presupuesto de egresos las disposiciones previstas para el procedimiento de creación de leyes, se expondría su aprobación a la extinción de la facultad de presentar iniciativas que hubieren sido desechadas por la asamblea.
No se soslaya que el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco -antes referido-, en su penúltimo párrafo, exceptúa determinados supuestos en los que no cabe la formulación de observaciones por parte del gobernador del Estado, no previéndose expresamente el caso del presupuesto de egresos, empero, dicho numeral no puede servir de fundamento para sostener que al no estar excluido, puede ser objetado.
2. Suponiendo, sin conceder, que el titular del Poder Ejecutivo Estatal se encontrare facultado para realizar observaciones al presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado, resulta inconcuso que debió limitarse al contenido del Decreto Número 21211, mediante el cual se autorizó el referido presupuesto, sin cuestionar la validez de los actos de la asamblea, pues no sólo ejerce una facultad que no le es concedida por la Constitución ni por algún otro ordenamiento local, sino que, además, rectifica la actuación de la legislatura, reuniéndose así en una sola persona, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, lo anterior, en contravención a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aún más, el gobernador del Estado se arroga la competencia que la propia Constitución Federal otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver sobre la legalidad y constitucionalidad de los actos de autoridad, al determinar presuntas irregularidades habidas durante la sesión ordinaria del Congreso Estatal, de fecha treinta de diciembre de dos mil cinco y pretender subsanarlas a través del oficio que ahora se combate, sin que sea óbice al planteamiento del concepto de invalidez que nos ocupa, reclamar la invasión a la esfera de atribuciones de otro poder público, toda vez que para promover una controversia constitucional, no es necesario cumplir con el principio de instancia de parte agraviada, sino basta contar con la legitimación para ser parte en ella y considerar infringido el orden constitucional establecido.
De igual forma, debe mencionarse que, en la misma sesión, fueron aprobados y expedidos los Decretos Números 21210, 21212 y 21213, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, no obstante las supuestas anomalías detectadas por el Ejecutivo, lo que pone de manifiesto que la negativa a publicar el decreto de referencia carece de todo sustento.
Por otro lado, el Ejecutivo Estatal manifiesta que no existe motivo justificado para realizar modificaciones al proyecto de presupuesto de egresos presentado a la legislatura, pues, según advierte, la alteración de que es objeto afecta el desarrollo de actividades estratégicas en el Estado, lo que trasciende a la esfera de los gobernados; sin embargo, lejos de evidenciar tal detrimento, sus observaciones se constriñen a señalar disminuciones en diversas partidas presupuestales, que representan menos del 1% del total del gasto público -gastos de difusión, publicación y edición de trabajos del gobierno, congresos, convenciones, exposiciones y aportaciones para gastos del gobernador electo y su equipo-, lo que denota una falta de apego a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, además de una violación al régimen republicano y de división de poderes, al pretender que la iniciativa deba ser aprobada sin modificación alguna por parte del órgano legislativo.
3. Derivado de lo anterior, el titular del Poder Ejecutivo del Estado ha dispuesto que al no haberse aprobado el presupuesto de egresos que deberá regir para el ejercicio fiscal de dos mil seis, debe aplicarse el ejercido el año inmediato anterior junto con sus modificaciones, lo que resulta inexacto, pues se parte del hecho falso de que el referido presupuesto no ha sido autorizado.
No obstante, aun sin la venia del Congreso, se ha anunciado el ejercicio de mil setecientos cincuenta millones de pesos adicionales al presupuesto ya aprobado, lo que, de verificarse, causaría un perjuicio directo sobre unidades presupuestales específicas, tales como el Poder Judicial del Estado, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Electoral Estatal, el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Hospital Civil de Guadalajara y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, A.C., a las que fueron asignados recursos con los que el Ejecutivo Local no está de acuerdo y, por tanto, se niega a entregar.
CUARTO. El demandante considera violados en su perjuicio los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 43/2006, y por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de diez de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, al que ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, al contestar la demanda manifestó en esencia:
1. La negativa del gobernador del Estado a publicar el Decreto Número 21211, por el que se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil seis, ocurre como consecuencia del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 33 de la Constitución Política Local, relativa a la posibilidad de formular observaciones a los proyectos aprobados, en primera instancia, por el Congreso, para así neutralizar, de manera temporal, todo acto que se considere lesivo del orden público o del interés general.
En este orden de ideas, el argumento del demandante, en el sentido de que el Ejecutivo Estatal carece de facultades para realizar observaciones al presupuesto de egresos referido por tratarse de un decreto y no de una ley, no encuentra sustento, siendo que, además, se deja de lado lo dispuesto en la propia ley que lo rige -Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, reglamentaria del ordenamiento constitucional respectivo, en su parte conducente-, en la que se prevé un capítulo especial denominado "Procedimiento en caso de observaciones formuladas por el gobernador del Estado", que comprende no sólo aquellas referidas a proyectos de ley, sino también las planteadas respecto de proyectos de decreto.
Por otra parte, al haber dado trámite a las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo Local -turnándolas a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, elaborándose el dictamen correspondiente y fijándose fecha de primera y segunda lectura para su posterior discusión-, el Congreso del Estado hace una aceptación tácita de las mismas, debiendo concluir, en consecuencia, el procedimiento interno al efecto establecido.
2. La facultad con que cuenta el gobernador del Estado para formular observaciones encuentra justificación en la necesidad de expresar su desaprobación y falta de consentimiento con las iniciativas aprobadas, en un primer momento, por la Legislatura Local, sea por inconveniencia, inconsistencias o vicios de inconstitucionalidad. El no ejercicio de dicha facultad se traduce en la tácita aceptación del ordenamiento a promulgar.
Consecuentemente, las observaciones que, en su caso, realice el Ejecutivo Estatal, constituyen un acto de colaboración entre poderes que, en forma alguna, transgrede el orden constitucional, pues cabiendo la posibilidad de aprobación reiterativa del ordenamiento por parte del Congreso -sin obstaculizarse, de esta manera, la función de creación de leyes encomendada al Legislativo-, no existe impedimento ni limitación para que el gobernador manifieste su inconformidad respecto de la forma y términos en que se autoriza el presupuesto.
En efecto, al no incidir negativamente sobre el sistema de competencias constitucionalmente establecido -puesto que, como se ha mencionado, el Congreso puede desestimar las observaciones hechas por el titular del Ejecutivo-, el ejercicio del también conocido como derecho de veto sólo tiene trascendencia jurídica como objeción al decreto legislativo en cuestión, que obliga a que se revise, de nueva cuenta, su texto, sin que las manifestaciones que en el oficio respectivo se contengan revistan carácter definitivo, vinculante o de sentencia.
En este sentido, el oficio de observaciones al presupuesto de egresos estatal goza de naturaleza diversa a la jurisdiccional, toda vez que (i) forma parte del sistema de colaboración entre poderes dentro del procedimiento legislativo, en el que priva, a este respecto, una relación de coordinación -no de subordinación- entre Ejecutivo y Legislativo, aunado a que (ii) puede no ser atendido por la diputación local, dejándola en total aptitud de aprobar nuevamente -en su integridad- el proyecto de mérito.
Por lo anterior, resulta infundada la aplicación que de la jurisprudencia de rubro: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.", pretende el actor, pues en ella se alude a la prohibición impuesta a los órganos jurisdiccionales locales para efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de leyes, con base en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal -el cual, como se ha establecido, no constituye una fuente de facultades a favor de autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales-, siendo que, en la especie, en ningún momento se determina la inconstitucionalidad de los actos del Congreso Local, no existiendo, por tanto, relación alguna entre dicho criterio y la actuación del gobernador del Estado.
3. El ejercicio del derecho de veto por parte del Ejecutivo Estatal obedece a la necesidad de revelar las fallas cometidas por la Legislatura Local, al modificar la iniciativa de decreto correspondiente, sin atender a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
En esta tesitura, resulta indudable que, realizadas las observaciones al proyecto de referencia, el procedimiento que busca otorgarle definitividad queda suspendido hasta en tanto sean éstas resueltas por el Congreso Estatal, de ahí que el Ejecutivo Local se encuentre facultado para ejercer, durante el ejercicio fiscal de dos mil seis, los recursos financieros asignados en el presupuesto de egresos del año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones, lo anterior, de conformidad con el último párrafo del artículo 46 de la referida ley.
Por otro lado, no reviste agravio alguno el que los actores funden un argumento de vulneración a la Constitución Federal, en un extracto periodístico publicado con motivo de las declaraciones vertidas en una entrevista por el secretario de Finanzas, en virtud de que dicho elemento carece de sustento objetivo del que indiscutiblemente se desprenda que los actos de que se trata se hubieren llevado a cabo, por lo que, en atención a la tesis de rubro: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN.", tal manifestación deberá desestimarse.
SÉPTIMO. En el mismo oficio de contestación de demanda, el demandado reconvino al actor, señalando como acto impugnado la omisión en que incurre la Legislatura Local, al no proveer respecto del oficio de observaciones que le fuera notificado con fecha seis de enero de dos mil seis.
Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis, el Ministro instructor -además de tener por contestada la demanda- admitió la reconvención hecha valer por el gobernador del Estado, reconociendo el carácter de demandado al Congreso Estatal, al que ordenó emplazar para que diera contestación a la misma y dando vista al procurador general de la República, para que formulara el pedimento correspondiente.
Mediante oficio recibido el quince de junio de dos mil seis, el Congreso del Estado dio contestación a la reconvención formulada en el asunto que nos ocupa, la que, por auto de la misma fecha, se tuvo por presentada, advirtiéndose de su contenido que el ahora demandado niega que exista trámite pendiente en relación con la aprobación del presupuesto de egresos estatal y considera, por tanto, que el procedimiento respectivo ha concluido, al no encontrarse facultado el Ejecutivo Local para formular observaciones respecto de proyectos de decreto.
De igual forma, analiza el caso hipotético -pues lo supone, mas no lo concede- en el que las observaciones del gobernador del Estado no fueren aprobadas por las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura, respecto de lo cual estima aplicable lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, concluyendo que al no poder presentarse el proyecto, sino hasta después de transcurridos seis meses, se dejan de lado los principios de inmediatez y de necesidad de contar con un presupuesto que permita al Estado hacer frente a las necesidades de la población.
Asimismo, aclara que no existe razón que haga presumir la tácita aceptación de las referidas observaciones por parte de la diputación, señalando que, en todo caso, no se establece en ley la obligación de proveer respecto de las mismas en un plazo determinado, para finalmente concluir que la aplicación al caso concreto del supuesto previsto por el artículo 46 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, obedece, no a la omisión en que incurre -lo que, a su decir, no vulnera disposición constitucional alguna-, sino a la negativa del Ejecutivo de publicar el decreto de referencia.
OCTAVO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente:
1. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, la que, al igual que la reconvención planteada, fue promovida por parte legitimada; sin embargo, diverso pronunciamiento debe hacerse respecto de la oportunidad de la demanda, puesto que el plazo para presentar el oficio correspondiente transcurrió del lunes nueve de enero al martes veinte de febrero de dos mil seis, por lo que advirtiéndose del sello impreso en el sobre que obra en autos, que la demanda fue depositada en la oficina postal de la localidad el jueves veintidós de febrero del mismo año, es de concluirse que fue promovida extemporáneamente.
2. Por lo que se refiere a las causales de improcedencia relativas a la falta de legitimación y oportunidad en la presentación de la demanda, hechas valer por la autoridad demandada, debe estarse a lo manifestado en el punto precedente. Ahora bien, respecto de aquellas que se fundan en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se estima que para estar en posibilidad de pronunciarse sobre las mismas, es necesario entrar al estudio de fondo del asunto, por lo que, con base en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.", deben declararse infundadas.
3. En relación con los conceptos de invalidez planteados en la demanda, se apunta lo siguiente:
La litis en el presente asunto consiste en determinar si el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco tiene o no facultades para realizar observaciones al decreto de presupuesto de egresos aprobado por el Congreso Local.
En el ejercicio de buena parte de las atribuciones del Poder Legislativo, se prevé, a nivel constitucional, la participación del Poder Ejecutivo en el procedimiento legislativo, a través de lo que en la doctrina jurídica mexicana se conoce como derecho de veto.
El derecho de veto no puede considerarse una atribución del Ejecutivo que modifica definitiva e irreparablemente el contenido de las disposiciones que emite el Poder Legislativo, toda vez que su ejercicio sólo pretende garantizar que el Congreso revise, de nueva cuenta, la disposición emitida y fije su contenido, a través de la aprobación que al efecto otorguen sus miembros.
Del análisis de las disposiciones constitucionales sobre la materia, se desprende que dicha facultad no es ilimitada, puesto que su ejercicio se restringe a determinadas materias; sin embargo, en el caso concreto, si el Constituyente Local no prohibió expresamente al Ejecutivo ejercer tal atribución respecto del presupuesto de egresos estatal, podría concluirse que dicho ordenamiento puede ser objeto de observaciones.
Asimismo, al no establecerse un procedimiento específico para el desarrollo de las atribuciones del Congreso Estatal en materia presupuestaria -derivadas de la fracción IV del artículo 35 de la Constitución Política Local-, ni en su ley orgánica ni en la legislación ordinaria, se concluye, que éstas deben desplegarse de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, en el que se prevé la participación del Ejecutivo del Estado, mediante la formulación de observaciones a proyectos de ley o decreto que le sean remitidos para su sanción.
Ahora bien, cuando el gobernador del Estado ejerce su facultad para formular observaciones, lo puede hacer por múltiples razones: por considerar que el proyecto transgrede algún precepto de la Constitución Local o Federal; por estimar que el órgano legislativo carece de competencia para expedir el ordenamiento en cuestión; por juzgar que las medidas y fines que el proyecto busca implementar no son convenientes para la entidad, o bien, que es necesaria una mayor reflexión en torno a sus efectos y consecuencias; por encontrar que no se cumplieron a cabalidad las disposiciones que regulan el proceso legislativo.
En efecto, el Ejecutivo Local, al igual que los demás poderes, tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las Constituciones Federal y Local (artículo 108 de la Constitución Política del Estado). En este sentido, si dicho órgano encuentra que se han vulnerado las disposiciones constitucionales y legales que rigen el proceso legislativo y que existen vicios en el procedimiento de expedición de una norma u ordenamiento, es su deber hacerlo del conocimiento del Poder Legislativo, a fin de que tales fallas sean subsanadas.
Lo hasta aquí señalado no significa, de ninguna manera, que el Ejecutivo esté invadiendo la esfera de atribuciones del Poder Legislativo, ni que pueda cuestionar o calificar el ejercicio de las facultades conferidas a dicho órgano, puesto que este último conservará siempre la última palabra en lo relativo a la expedición de leyes o decretos, es decir, habiéndose formulado observaciones a proyectos aprobados, en primera instancia, por el Congreso, éste puede, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, ratificarlos y rechazar la inclusión de las referidas observaciones.
En la especie, se advierte del contenido del oficio impugnado, que el gobernador no hace otra cosa que exponer su opinión sobre la inconveniencia de las determinaciones dictadas por el Congreso Estatal, lo cual se encuentra dentro del ámbito de atribuciones que a dicho poder corresponde, además de que en ningún momento juzga o concluye, de manera definitiva e inatacable, sobre la constitucionalidad de los actos de la Legislatura Local, sugiriendo, simplemente, se realice una revisión del proyecto aprobado, así como de su proceso de expedición, a fin de corregir lo que a su parecer, son errores procedimentales, sin que ello pueda traducirse en invasión a la esfera de competencia del Poder Legislativo de la entidad, ni mucho menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. Por otra parte, por lo que se refiere a los conceptos de invalidez hechos valer por el actor en la reconvención, es de señalarse que los mismos resultan fundados, en virtud de que al haber dado entrada al oficio de observaciones respectivo, turnándolo a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, elaborándose el dictamen correspondiente y fijándose fecha de primera y segunda lecturas para su posterior discusión, el órgano legislativo no puede retrasar el trámite subsecuente de manera indefinida, máxime tratándose del presupuesto de egresos, con vigencia anual y de suma importancia para las finanzas públicas y el desarrollo económico del Estado.
NOVENO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.
SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
En primer término, debe señalarse que el oficio de demanda respectivo fue remitido a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según se desprende del sello del sobre que obra a foja setenta y cuatro de este expediente, por tanto, en su oportunidad deberá analizarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de cuyo alcance este Alto Tribunal ha emitido la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2002, visible en la página ochocientos noventa y ocho, Tomo XV, abril de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19902-bc8d0a8a/derecho-de-veto-el-titular-del-poder-ejecutivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 110, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, CON EXCEPCIÓN DE SU CONSIDERANDO OCTAVO, NO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS QUE DECIDAN SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE. C (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEGALIDAD. LA APLICACION INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA CONTROVERSIA SOBRE CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE. (683)
- LEGALIDAD. LA APLICACION INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA CONTROVERSIA SOBRE CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE. (III. 1o. A. J/8)
- SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA DECISIÓN ADOPTADA POR UNANIMIDAD O MAYORÍA DE VOTOS RESPECTO DEL CONFLICTO LABORAL CON UNO (III.3o.T.20 L (10a.))
- REVISIÓN DE OFICIO, INTERVENCIÓN Y FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- (630)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis