CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES EXTEMPORÁNEA AUN CUANDO SE PRESENTE EL MISMO DÍA EN QUE EL PROMOVENTE TENGA CONOCIMIENTO, SE OSTENTE SABEDOR O HUBIERE SIDO NOTIFICADO RESPECTO DEL ACTO, O BIEN, SE PUBLIQUE LA NORMA O SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 49/2008. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ PADILLA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de mayo de dos mil diez.
VISTOS, Y;
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Iván Eduardo Argüelles Sánchez, José Luis Iñiguez Sánchez y Jorge Alberto Villanueva Hernández, el primero en su carácter de presidente y los últimos de secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del Poder Legislativo del propio Estado, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Judicial de la misma entidad, para demandar la invalidez de los siguientes actos:
A. La omisión de enviar al Congreso de Jalisco, tres meses antes de concluir los nombramientos de los Magistrados (1) Marcelo Romero G. de Quevedo, (2) José Carlos Herrera Palacios, (3) Héctor Delfino León Garibaldi, (4) Bonifacio Padilla González, (5) Jesús Francisco Ramírez Estrada y (6) José Félix Padilla Lozano, los dictámenes técnicos, así como sus respectivos expedientes, a efecto de determinar lo relativo a su ratificación, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado.
B. La discusión, aprobación, expedición y ejecución del acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil ocho, derivado del punto uno de la orden del día, en donde se determina que los Magistrados Marcelo Romero G. de Quevedo y José Carlos Herrera Palacios, no se encuentran en el supuesto del artículo 61 indicado, por ser inamovibles desde el veintiséis de abril de dos mil uno.
C. El oficio número 01-319/2008, signado por el Magistrado Celso Rodríguez González, presidente de dicho Supremo Tribunal, recibido en el Palacio Legislativo el tres de marzo de dos mil ocho por el que se notifica al Congreso Local, que los dos Magistrados indicados en el párrafo anterior, no se encontraban en los supuestos del artículo 61 referido, por haber sido ratificados con anterioridad.
D. La "negligencia" del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco al desconocer la obligación que le confiere el artículo 61 referido, consistente en el envío de los dictámenes técnicos de la actuación y desempeño, así como los expedientes de Marcelo Romero G. de Quevedo, José Carlos Herrera Palacios, Héctor Delfino León Garibaldi, Bonifacio Padilla González, Jesús Francisco Ramírez Estrada y José Félix Padilla Lozano, en el cargo de Magistrados del referido tribunal y, como consecuencia de ello, el "desentendimiento" del procedimiento de evaluación de los Magistrados en comento.
E. Todas las consecuencias que se originen de los actos y omisiones que son motivo de la demanda y que redunden en perjuicio de la facultad del Poder Legislativo.
SEGUNDO. La parte actora señaló como antecedentes de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1. El veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, Marcelo Romero G. de Quevedo y José Carlos Herrera Palacios, fueron designados Magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por un periodo de cuatro años contados a partir del día en el que rindieron la protesta de ley.
2. El trece de junio de mil novecientos noventa y siete, igualmente fueron designados Magistrados numerarios del propio tribunal, Bonifacio Padilla González, José Félix Padilla Lozano, Jesús Francisco Ramírez Estrada y Héctor Delfino León Garibaldi, también por un periodo de cuatro años.
3. El veintiséis de abril de dos mil uno, el Congreso del Estado ratificó a Marcelo Romero G. de Quevedo, como Magistrado del indicado órgano judicial, por el primer periodo de siete años, a partir del treinta de ese mes, en atención a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo tercero transitorio del Decreto Número 16451, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual se adicionaron y reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; por lo que el periodo respectivo concluyó el treinta de abril de dos mil ocho y, por ende, en términos del artículo 61 de dicha Constitución, podría ser ratificado por un segundo periodo de diez años, para lo cual el procedimiento de evaluación en el ejercicio de dicho encargo constreñía al Pleno del tribunal a que tres meses antes de la conclusión de éste, es decir, el treinta de enero de dos mil ocho, remitiera al Congreso Estatal el dictamen técnico y su expediente.
En cuanto a las fechas de nombramiento, de conclusión de encargo y remisión de los dictámenes y expedientes respectivos, de los restantes Magistrados, el promovente señaló lo siguiente:
José Carlos Herrera Palacios, fue designado Magistrado con efectos a partir del treinta de abril de dos mil uno, por lo que su encargo concluyó el treinta de abril de dos mil ocho, y el dictamen y expediente de mérito debieron remitirse al Congreso del Estado el treinta de enero de este último año.
Héctor Delfino León Garibaldi fue nombrado Magistrado a partir del dieciséis de junio de dos mil uno, por lo que su nombramiento feneció el dieciséis de junio de dos mil ocho; por tanto, su dictamen y expediente debieron enviarse al Congreso Estatal, a más tardar el dieciséis de marzo del mismo dos mil ocho.
Las fechas establecidas en el párrafo anterior son las mismas para el caso de los Magistrados Bonifacio Padilla González, Jesús Francisco Ramírez Estrada y José Félix Padilla Lozano.
4. El veintitrés de octubre de dos mil seis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 9/2004, en la que, por mayoría de seis votos, determinó sobreseer en ella respecto del artículo tercero transitorio, tercer párrafo, del Decreto 16451, antes referido, así como reconocer la constitucionalidad del artículo 61, párrafos primero, última parte y sexto de la Constitución Política del Estado, texto derivado del Decreto 19674 publicado el trece de marzo de dos mil tres.
5. El once de febrero de dos mil ocho, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco solicitó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la misma entidad, los dictámenes a que se refiere el artículo 61 de la Constitución Estatal, respecto de los Magistrados Marcelo Romero G. de Quevedo y José Carlos Herrera Palacios y toda la información que se considerara pertinente para evaluarlos.
6. En sesión de diecinueve de febrero de dos mil ocho, el Pleno de dicho tribunal analizó la comunicación referida y resolvió que los dos Magistrados de mérito no se encontraban en los supuestos de dicho numeral, por haber sido ratificados con anterioridad, lo que se hizo del conocimiento del Poder Legislativo mediante oficio 01-319/2008, recibido en esta instancia el tres de marzo del año en cita.
7. El dieciséis de abril de dos mil ocho, el Congreso Local aprobó el Acuerdo Legislativo 485-LVIIII-08, por el que determinó solicitar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitir los dictámenes a que se refiere el artículo 61 de la Constitución Política Local, respecto de los Magistrados Héctor Delfino León Garibaldi y Jesús Francisco Ramírez Estrada.
TERCERO. La parte actora expresó en los conceptos de invalidez, lo que enseguida se resume:
1. Primer concepto de invalidez.
La independencia judicial en el Estado de Jalisco se encuentra garantizada por los diversos principios que la integran, al efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece lo siguiente:
El ejercicio del Poder Judicial se deposita, entre otros órganos, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, siendo facultad del Congreso Local elegir a los Magistrados que lo integran.
El ejercicio del encargo de los Magistrados es de siete años, al término de los cuales pueden ser ratificados y, si lo fueren, continuarán en esa función por diez años más.
El procedimiento para la ratificación inicia tres meses antes de que concluya el periodo con la emisión, por parte del Pleno del citado Supremo Tribunal, que emite un dictamen técnico en el que analiza y emite su opinión sobre la actuación y desempeño del o de los Magistrados en cuestión.
El dictamen y el expediente del Magistrado deben ser enviados al Congreso para su estudio y corresponde a éste decidir en forma soberana sobre la ratificación o no de los Magistrados mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.
El procedimiento de ratificación se encuentra regulado, entre otros, en el artículo 61 de la Constitución Local, en el que se establece que si el Congreso del Estado resuelve la no ratificación, el Magistrado respectivo cesará en sus funciones a la conclusión del periodo por el que fue designado y se procederá a realizar otro nombramiento. Lo relativo al dictamen técnico que debe emitir el Supremo Tribunal, se regula en los artículos 23, fracción XXVI y 34, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya constitucionalidad fue declarada por esta Suprema Corte de Justicia en la diversa controversia constitucional 9/2004.
En ese sentido, sí es obligación del Pleno del Supremo Tribunal emitir los referidos dictámenes técnicos, para efectos de iniciar el procedimiento de ratificación y, pese a ello, dicha autoridad omitió remitir los correspondientes a los seis Magistrados antes referidos, se evidencia no sólo el desacato a lo establecido en el artículo 61, segundo párrafo, de la Constitución Estatal, sino también al artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Federal, pues inobserva el principio de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo a que está sujeto el Poder Judicial Local, ya que, por un lado, oscurece la evaluación del desempeño de los funcionarios judiciales, al mermar el derecho que tienen los Magistrados para ser ratificados y al quebrantar la garantía de la sociedad al impedirle que, a través de este mecanismo constitucional, se asegure de manera objetiva y razonable la actuación con las más altas características necesarias en el cargo que le aseguren plenamente la administración de justicia.
Por otra parte, el proceso de ratificación constituye una obligación de los entes públicos involucrados, pues responde al deber que se tiene frente a la sociedad de cerciorarse y asegurarle que los funcionarios judiciales han demostrado idoneidad para impartir justicia, lo cual sólo se logra a través del análisis de su conducta y actividad cotidiana, según lo determinó este Alto Tribunal en dicha controversia constitucional 9/2004.
2. Segundo concepto de invalidez.
Se reitera que el Poder Judicial del Estado desatiende lo establecido en los ya citados numerales 61 de la Constitución Local y 23, fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales dejan claro que la ratificación o no de los Magistrados se hace con base en la evaluación de su desempeño, motivo por el cual dicho Poder Judicial debe enviar al Congreso del Estado los dictámenes técnicos respectivos, circunstancia que el demandado determina no acatar y, sin más, se sustituye en las funciones legislativas y determina ratificar de facto a los Magistrados de referencia.
Las reformas locales de mil novecientos noventa y siete se fundamentan en la federal de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se redujo el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se determinó que concluirían sus funciones otorgándoles una pensión; pero en la reforma local se estableció una connotación distinta, ya que los Magistrados que a la fecha de aprobación del Decreto Número 16541, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, gozaran de inamovilidad conforme a las disposiciones de la Constitución Local reformada y que no optaran por el procedimiento de retiro voluntario, se entenderían nombrados por un término de siete años, al fin del cual podrían ser o no ratificados.
Los Magistrados del caso no gozaban de inamovilidad conforme a la Constitución reformada, pues fueron nombrados por un primer periodo de siete años después de la reforma de mil novecientos noventa y siete, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo tercero transitorio del aludido decreto, lo que significa que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61 de la Constitución Estatal a efecto de ratificarlos o no.
Manifiesta la actora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la garantía de inamovilidad no debe considerarse como un derecho de carácter vitalicio, por lo que en ese sentido debe entenderse la reforma legal local, adecuada a la constitucional, mediante la cual se modificó a diecisiete el número de años para el ejercicio de la función de Magistrados, siete en un primer periodo y diez más en el caso de ratificación.
CUARTO. El Congreso del Estado de Jalisco considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta controversia constitucional, a la que correspondió el número 49/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Mediante proveído de veintiocho del mismo mes, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo como demandado al Poder Judicial del Estado de Jalisco, ordenó emplazarlo a juicio y mandó dar vista al procurador general de la República.
SEXTO. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de la propia entidad expuso, como razones para sostener la constitucionalidad de los actos impugnados, en síntesis, lo siguiente:
1. En cuanto a la omisión de enviar los dictámenes de evaluación al Congreso del Estado:
No puede afirmarse que tal omisión, respecto de los Magistrados José Carlos Herrera Palacios, Marcelo Romero G. de Quevedo, Héctor Delfino León Garibaldi y Jesús Francisco Ramírez Estrada, sea inconstitucional, con base en las razones siguientes:
a) Los dictámenes técnicos de valoración no son vinculantes del Congreso del Estado, quien puede resolver lo que a su parecer corresponda.
b) No existe procedimiento específicamente previsto y determinado en la Constitución de Jalisco ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad, en el que se establezcan de manera específica los procedimientos, términos, requisitos, formalidades y demás trámites que permitan saber a los interesados, incluido el propio Supremo Tribunal, los extremos que deben satisfacerse para el propósito de resolver en torno a la ratificación o no ratificación de los funcionarios integrantes del Poder Judicial en cita.
c) Tampoco era oportuno formular dictamen de valoración alguno, respecto de esos cuatro Magistrados, por no haber concluido el término de la vigencia de sus respectivos nombramientos, toda vez que habiendo sido ratificados para un segundo periodo, después de haber concluido el primer término para el que fueron originalmente designados, por disposición expresa del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la interpretación que de ésta ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos Magistrados deben ser considerados como Magistrados inamovibles.
2. Respecto de la invalidez de los restantes actos consistentes en el acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de diecinueve de febrero de dos mil ocho, en donde se determina que los Magistrados Marcelo Romero G. de Quevedo y José Carlos Herrera Palacios, no están en el supuesto del artículo 61 indicado por ser inamovibles desde el veintiséis de abril de dos mil uno; así como del oficio 01-319/2008, suscrito por el presidente de dicho tribunal, mediante el cual se notifica al Congreso del Estado el acuerdo anterior y de la "negligencia del Pleno" al desconocer la obligación que le confiere el artículo 61 de la Constitución Local y todas las consecuencias de esos actos, se considera que:
a) Deben declararse inoperantes por deficientes las expresiones y aseveraciones realizadas al respecto, pues no se formularon conceptos de invalidez, que aporten razonamientos lógico jurídicos que deban controvertirse.
b) En caso de que este Alto Tribunal determinara que la parte actora expresó la causa de pedir, deben declararse infundados los conceptos de invalidez, pues la violación constitucional alegada descansa en diversas premisas falsas que hacen que la conclusión sea también incorrecta. Al efecto, se señalan las siguientes premisas:
1a. La reforma constitucional del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pretende fortalecer la integración de los Poderes Judiciales Locales, sentando las bases para la selección, permanencia, autonomía e independencia de los Jueces y Magistrados que los integran.
2a. La reforma constitucional local realizada en Jalisco a partir del mes de abril de mil novecientos noventa y siete, de la cual fue producto el artículo 61 de la Constitución Local, se encuentra ajustada al artículo 116, fracción III, constitucional.
3a. Dejar de cumplir lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Local, viola el artículo 116, fracción III, de la federal.
4a. Omitir los dictámenes técnicos de valoración implica el incumplimiento del mismo numeral 61 y, por ende, es violatorio de la Ley Fundamental, al vulnerar los postulados de autonomía, independencia, selección y permanencia de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
Al efecto, si bien es cierta la primera premisa, la segunda no lo es, como se advierte del voto minoritario formulado en la controversia constitucional 9/2004, toda vez que la reforma constitucional local, de la cual fue producto el artículo 61 de la Constitución Local, no se encuentra ajustada al artículo 116, fracción III, constitucional.
Asimismo, manifiesta que es falsa la tercera premisa porque el incumplimiento de la disposición constitucional local no implica necesariamente violación a la federal, pues ello equivaldría a sostener que la especie es mayor o equivalente al género que la misma pertenezca, de modo que dejar de aplicar o atender a los principios específicos de las Constituciones particulares no necesariamente implica inconstitucionalidad en el hacer, si el mismo se ciñe de manera estricta a los postulados genéricos de la Ley Fundamental.
Si el Poder Judicial de Jalisco se ha conducido en su hacer a lo preceptuado en el artículo 116, fracción III, constitucional, no se le puede reprochar de inconstitucional en su conducta invocando falta de atención a lo dispuesto en el artículo 61 de la Norma Fundamental Local, sobre todo si éste no resulta aplicable al caso específico.
Finalmente, tampoco es válida la última premisa, porque el acuerdo plenario reclamado está debidamente fundado y motivado, al considerarse que los Magistrados Herrera Palacios, León Garibaldi, Ramírez Estrada y Romero G. de Quevedo no estaban comprendidos en la hipótesis de dicho artículo 61, habida cuenta que habían sido nombrados con anterioridad a la vigencia de éste y habían sido ratificados para un segundo periodo, lo que los situaba en la diversa hipótesis del artículo 116, fracción III, constitucional; resolución, aclara, respecto de la cual no se formuló ningún concepto de invalidez.
Por tanto, si las premisas segunda, tercera y cuarta son inválidas, también lo es la conclusión propuesta y, por ende, debe declararse improcedente la demanda.
SÉPTIMO. En el mismo oficio de contestación de demanda, el demandado reconvino al actor, por lo que por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil ocho, el Ministro instructor, además de tener por contestada la demanda, admitió la reconvención hecha valer por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, reconociendo el carácter de demandado al Congreso Estatal, al que ordenó emplazar para que diera contestación a la misma.
OCTAVO. En la reconvención formulada por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, se reclamó la invalidez de los siguientes actos:
A. "La intromisión que ha venido realizando el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en la integración y funcionamiento del Poder Judicial de la misma entidad federativa, invadiendo la esfera de competencia y atribuciones que constitucionalmente corresponden exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; pretendiendo subordinar a este último mediante la comisión de una serie continuada de actos y procedimientos, no previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, ni en la Constitución Política de la misma entidad, o que deberían realizar de manera distinta a como se han venido practicando por el Congreso del Estado de Jalisco."
B. La ausencia de normas que incorporen las disposiciones normativas a la Constitución del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad por medio de las cuales se regule el procedimiento administrativo a realizar con motivo de la ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, así como la carrera judicial y el proceso de retiro voluntario o forzoso.
C. Los procedimientos instaurados por el Congreso del Estado y todas las actuaciones realizadas para determinar la no ratificación de los Magistrados Marcelo Romero G. de Quevedo, José Carlos Herrera Palacios, Héctor Delfino León Garibaldi, Bonifacio Padilla González, Jesús Francisco Ramírez Estrada y José Félix Padilla Lozano.
D. El procedimiento instaurado y todas las actuaciones realizadas o que en lo sucesivo se lleven a cabo con el objeto de nombrar Magistrados en sustitución de los anteriores, así como los acuerdos legislativos emitidos con ese propósito.
E. Todas y cada una de las consecuencias que de hecho y por derecho deriven de los acuerdos legislativos, procedimientos y demás actos del Poder Legislativo antes mencionados.
NOVENO. Los antecedentes narrados en la reconvención corresponden, en síntesis, a los siguientes:
1. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco se integra actualmente con treinta y cuatro Magistrados que funciona en once Salas especializadas, mientras que el presidente no integra Sala durante el periodo en que funge como tal (tres años).
2. Del total de los integrantes del Supremo Tribunal, veintisiete fueron designados Magistrados en mil novecientos noventa y siete, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado vigentes en ese año, cuyas disposiciones fueron reformadas para hacerlas congruentes con la Constitución Federal, en especial, con las reformas incorporadas al artículo 116, fracción III, publicada, la primera en marzo de mil novecientos ochenta y siete y, la última, en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
3. Los seis Magistrados relacionados con este asunto fueron designados en abril de mil novecientos noventa y siete, por el plazo de cuatro años, en términos de lo dispuesto en dichas disposiciones, y, con fundamento también en éstas, al final fueron ratificados por el término de siete años, motivo por el cual deben considerarse inamovibles.
4. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco inició el procedimiento de ratificación o no de los expresados Magistrados, desconociendo su inamovilidad, para lo cual requirió al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado la formulación y envío tanto de los dictámenes técnicos de evaluación de dichos juzgadores como de sus expedientes personales.
DÉCIMO. La demandada-reconveniente expresó en los conceptos de invalidez, lo que enseguida se resume:
1. Primer concepto de invalidez.
Se vulnera el principio de división de poderes, pues el Poder Legislativo del Estado de Jalisco pretende no solamente invadir la esfera competencial exclusiva del Poder Judicial de la misma entidad, sino que además intenta subordinar la integración, funcionamiento, permanencia y estabilidad de los tribunales del propio Estado, según se advierte de sus actos legislativos, pues no obstante que el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro promulgó un decreto de reformas a la Constitución Local, cuyo artículo 59 estableció que los Magistrados durarían en su encargo cuatro años, al término de los cuales, en caso de ser ratificados, sólo podrían ser privados de su puesto en términos del título octavo de la propia Constitución; tres años después, el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, el mismo Congreso Estatal reformó nuevamente la Constitución y creó, en lugar del artículo 59, el numeral 61, a través del cual estipuló que los Magistrados durarían en su encargo siete años, al término de los cuales podrían ser reelectos, caso en el cual continuarían en su función por diez años más, durante los cuales sólo podrían ser privados de su puesto en términos de lo establecido en la misma Constitución y en las leyes de responsabilidades de los servidores públicos. Asimismo, en ese artículo 61 se estableció que, al término de los diecisiete años, tendrían derecho a un haber por retiro.
De igual modo, el decreto de reformas a la Constitución Local de mil novecientos noventa y siete, en su artículo tercero transitorio estipuló, entre otras cuestiones, lo siguiente: "Los Magistrados que a la fecha de aprobación del presente decreto gocen inamovilidad conforme a los artículos de la Constitución que este decreto reforma y que no opten por el procedimiento de retiro voluntario de la función jurisdiccional en los términos «del párrafo» segundo de este artículo, se entenderán nombrados para un término de siete años, al fin del cual podrán ser o no ratificados."
De lo anterior se advierte, el deseo insano del Poder Legislativo de "echar fuera" a los entonces integrantes del Poder Judicial, a quienes apenas hacía tres años se les había reconocido su inamovilidad, con lo que modificó los postulados políticos relativos a la integración y permanencia de los Magistrados y Jueces del Estado, limitó la temporalidad de su permanencia y apresuró la jubilación de quienes a ésta tuvieran derecho; condicionó la estabilidad y seguridad en el cargo de los que continuaron y con ello se arrogó la potestad soberana de decidir acerca de su ratificación o no; de igual modo, omitió precisar el monto y cualidad del haber por retiro de quienes decidieran dejar el cargo, condicionó la permanencia de los que se quedaron a su futura ratificación y omitió establecer los requisitos y formalidades del proceso necesario para ésta.
Para corroborar las anteriores conclusiones, el contrademandante hace referencia a una serie de decretos tendientes a modificar y adecuar la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad y a diversos acuerdos legislativos de no ratificación de Magistrados, con los cuales, agrega, que el Poder Legislativo se aparta de lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberá declararse fundada la reconvención, para el efecto de resolver que:
"... la serie de actos y normas generales que ha venido produciendo y promulgando el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a partir del 28 de abril de 1997, con motivo de la expedición del Decreto 16451 por medio del cual se creó el artículo 61 de la Constitución Política del Estado, y la aplicación e interpretación que del mismo precepto ha estado realizando e intentando el Congreso de Jalisco; así como la conducta desplegada por la misma entidad de gobierno, tendiente a desconocer la inamovilidad de los funcionarios judiciales que antes habían adquirido, para cesarlos y sustituirlos por otros de nuevo ingreso, son acciones que vulneran el postulado de la división de poderes, transgrediendo los principios de permanencia, estabilidad, autonomía e independencia de los tribunales del Estado ... Pronunciamiento que deberá hacerse para el propósito de que el Congreso del Estado de Jalisco se abstenga en lo sucesivo de continuar cesando a los funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia y de los Tribunales Administrativo y Electoral de Jalisco, mediante la expedición y promulgación de acuerdos legislativos y aplicación de normas generales cuyo fin sea desconocer la inamovilidad de los integrantes de los citados cuerpos colegiados ..."
Al efecto indica que la intromisión que ha venido realizando el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en la integración y funcionamiento del Poder Judicial de la misma entidad federativa, en contra de la esfera de competencia y atribuciones que constitucionalmente corresponden exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se desprenden de la siguiente serie continuada de actos y procedimientos:
1. El Decreto Número 19674, publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de marzo de dos mil tres.
2. El Decreto Número 19960, publicado en el Periódico Oficial del Estado el uno de mayo de dos mil tres.
3. El Decreto Número 16594, publicado el uno de julio de mil novecientos noventa y siete en el Periódico Oficial del Estado.
4. El Decreto Número 20504 de siete de febrero de dos mil cuatro.
5. Acuerdo Legislativo 1053/05, por medio del cual se resolvió la no ratificación de los Magistrados del Tribunal Electoral Eduardo Flores Partida, Benjamín Robles Suárez y Abraham Castellanos Morfín.
6. Acuerdos parlamentarios 737/05, 738/05, 739/05, 740/05 y 741/05, por medio de los cuales se resolvió que no era de ratificarse a Félix Andrés Aceves Brav
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22368-e2de8034/controversia-constitucional-el-plazo-para-promoverla-contra-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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