CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON LA APROBACIÓN DEL DECRETO 21732/LVII/06 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL 5 DE ENERO DE 2007, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL DECRETO 21683/LVII/06 EN VIRTUD DE LAS OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES, ENTRE OTRAS, A LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE DEMOCRACIA, COMPETENCIA, DEBIDO PROCESO Y LEGALIDAD, CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 40 Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/2007. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de febrero de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el diecinueve de febrero de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gerardo Octavio Solís Gómez y José Rafael Ríos Martínez, quienes se ostentaron con el carácter de gobernador y secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, en representación del Poder Ejecutivo del propio Estado, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se mencionan:
"1. Poder demandado: Poder Legislativo del Estado de Jalisco con domicilio en el número 222 de la avenida Hidalgo, en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 2. Terceros interesados: Los Ayuntamientos de los siguientes Municipios del Estado de Jalisco: 1. Acatic ... 3. Normas generales y actos cuya invalidez se demanda: ‘El Decreto 21732/LVII/06 del Congreso del Estado que reforma y adiciona diversos artículos del Decreto 21683/LVII/06, en virtud de las observaciones que presentó el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que contiene reformas y adiciones a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Electoral, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco’, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el día cinco de enero de dos mil siete, número 6 Bis, tomo CCCLVI."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"a) Con fecha de once de diciembre de dos mil seis, se recibió en el despacho de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el oficio DPL 1277-LVII suscrito por los diputados José Ángel González Aldana y Martha Ruth del Toro Gaytán, mediante el cual remiten a ese poder público la ‘minuta de Decreto Número 21683/LVII/06, mediante el cual se reforma (sic) y adiciona (sic) diversos artículos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y deroga el último párrafo de los artículos 62 Bis y 76 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco’. b) El día lunes dieciocho de diciembre de dos mil seis, el gobernador del Estado remitió al Congreso del Estado el oficio DIGELAG/OF.1782/2006 mediante el cual se formularon observaciones al documento denominado ‘minuta de Decreto Número 21683/LVII/06, mediante el cual se reforma (sic) y adiciona (sic) diversos artículos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y deroga el último párrafo de los artículos 62 Bis y 76 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco’. c) Con fecha veinte de diciembre de dos mil seis, los diputados Martha Ruth del Toro Gaytán y José Ángel González Aldana del Congreso del Estado, remitieron a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco el ‘Decreto 21732/LVII/06 mediante el cual que (sic) reforma y adiciona diversos artículos del Decreto 21683/LVII/06 en virtud de las observaciones que presentó el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que contiene reformas y adiciones a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Electoral, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco’. d) En el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, bajo el número 6 Bis, tomo CCCLVI, el gobernador del Estado publicó el Decreto 21732 del Congreso del Estado, ya citado en el inciso anterior, el día viernes cinco de enero de dos mil siete."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Primero. Vulneración a los artículos 16, 39, 40, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hablar de pueblo se refiere a los individuos que con motivo de su origen cultural y territorial, se sienten unidos en una abstracción del nexo político, denominada nación, en este caso, la mexicana. A menudo, los conceptos pueblo, nación y Estado se confunden, sin embargo, es importante señalar que la generalidad de opiniones identifican al concepto de pueblo con una simple agrupación social con caracteres comunes, diferenciándolo de la nación que se reconoce como el organismo político conformado por dicho pueblo. Así, cuando la Constitución Federal señala al pueblo, habla de la sociedad mexicana organizada política y estructuralmente como Estado. El pueblo organizado como Estado, como persona jurídica y política, es quien posee la soberanía, es decir, la independencia, la potencia plena, la autoridad y la unidad. En consecuencia, la soberanía nace con el Estado, como poder, como fuerza, radicando siempre en el pueblo y siendo éste quien lo ejerce por sí mismo o a través de los órganos de gobierno, tanto para organizar, reformar o extinguir la estructura del Estado, conforme a ello todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste. En estos términos se expresa el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esta óptica, el artículo 39 mencionado en el párrafo anterior, se desdobla a través del diverso 40 del mismo ordenamiento fundamental, en el cual el pueblo mexicano externó su voluntad de constituirse como un Estado con la naturaleza de una República representativa, democrática, federal compuesta por Estados libres y soberanos en lo referente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apego a los principios que ésta prescribe. El pueblo mexicano, para efecto de materializar lo anterior, ejerce su soberanía a través de los órganos de poder público de la República mexicana y de los diversos de las entidades federativas, organizados en cuatro órdenes jurídicos. Estos cuatro órdenes jurídicos se integran con asignaciones competenciales propias de cada uno y, por regla general, excluyentes entre sí, que implican descentralización y autonomía en cuanto a su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes. a) Orden jurídico federal. Su existencia se encuentra sustentada en el artículo 40 de la Carta Magna, que consagra la unión de todos los Estados con autonomía hacia su interior, que se integran dentro de la Federación, la cual constituye un orden jurídico distinto. En su aspecto funcional, el numeral 49 del mismo dispositivo constitucional dispone el principio de división de poderes para el ejercicio de las atribuciones de autoridad en el ámbito federal, desarrollando la competencia específica de cada uno de ellos en los artículos subsecuentes, que comprenden hasta el 107, destacando que las autoridades tienen jurisdicción sobre todo el territorio nacional cuyos límites están descritos en el artículo 42 de la Carta Magna mexicana. Se resalta también, como principio fundamental en la asignación de atribuciones competenciales en favor de los Poderes Federales, que las facultades de las autoridades de este orden jurídico deben encontrarse expresamente previstas a su favor en la Constitución Política del Estado mexicano, en términos de lo dispuesto en el numeral 124. b) Orden jurídico local. La existencia de este orden jurídico tiene apoyo en el artículo 40 constitucional, en cuanto prevé la existencia de Estados libres y soberanos en su régimen interior, enumerados en el artículo 43 de la propia Ley Fundamental, y respecto de los cuales, de acuerdo con lo señalado por el diverso 41, el pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los diversos órganos del poder público constituidos en estas partes integrantes de la Federación. Las reglas con base en las cuales deberá estructurarse la división de poderes en las entidades federativas se encuentran descritas en el numeral 116, y el ámbito material respecto del cual detentan autonomía, se obtiene con una interpretación a contrario sensu de las atribuciones consagradas expresamente a favor de la Federación por la Constitución General, atento a la regla prevista en el artículo 124, pero sin perder de vista que la materia de cada artículo constitucional es la regla que decide la competencia exclusiva o concurrente de la Federación y las entidades federativas, de lo contrario, la consecuencia lógica sería la negación del sistema federal (Número de registro: 307,261 en el disco 3 del IUS 2004, junio 1917-junio 2004, tesis aislada. Materia: Común. Instancia: Pleno, Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVII, página 2002, rubro: ‘GARANTÍAS INDIVIDUALES, ATAQUES A LAS.’). De acuerdo con los principios anteriores, debe ser la propia Carta Magna el documento que detalle el campo de atribuciones que tiene la Federación y las entidades federativas. En síntesis, la interpretación armónica de los artículos 40, 41 y 124 constitucionales lleva a concluir, como premisa, que las entidades federativas tendrán plena autonomía para que, en apego estricto a los principios establecidos en la Constitución, resuelvan con libertad en las materias que la propia Carta Magna les ha encomendado competencia. c) Orden jurídico del Distrito Federal. El fundamento de su estructura y funciones peculiares, en relación con los órdenes jurídicos estudiados con antelación, es el artículo 122 constitucional, dispositivo que establece las prevenciones correspondientes a la coexistencia de los órganos de poder político a quienes se encomienda ejercer la soberanía del pueblo mexicano en dicha parte integrante de la Federación, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Orden jurídico constitucional. Este orden es el que establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, Estados y Municipios y Distrito Federal. En lo que se conoce en la doctrina como aspecto dogmático, el orden jurídico constitucional previene las obligaciones que deben ser respetadas, sin distinción, por las autoridades de los tres órdenes jurídicos anteriores. El orden jurídico constitucional tiende, además de establecer las reglas con base en las cuales deben ejercer sus funciones competenciales las autoridades de los demás órdenes normativos a preservar la regularidad en dicho ejercicio, consistente en que éste se lleve a cabo dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin nunca rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación de garantías individuales, o bien por el exceso o deficiencia en el ejercicio de las atribuciones constitucionalmente asignadas, o por la actuación marginal respecto de las disposiciones constitucionales. (Ejecutorias de las controversias constitucionales 31/97 y 21/99, resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Novena Época, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en las páginas 665 y 516, en los Tomos XI de enero de 2000 y XI de febrero del mismo año, respectivamente, y consultables de la misma forma bajo los números de registro 6215 y 6263 del disco 1 del IUS 2004, junio 1917-junio 2004). Lo anterior debe estudiarse a la luz de que el Estado mexicano, a través de su Constitución Política y su composición orgánica, confluye desde un origen concreto hacia un fin fundamental, señalado en el artículo 39 precitado: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Respecto al elemento originario del poder público, es necesario indicar que de la Constitución Mexicana de 1857 se recoge el concepto de la soberanía, en el sentido que señala José María del Castillo Velazco en ‘Apuntamientos para el Estudio del Derecho Constitucional Mexicano’ de 1871 -citado por Jorge Carpizo en el Diccionario de Derecho Constitucional, coordinador Miguel Carbonell, Editorial Porrúa, México 2002- donde menciona que ésta es la ‘potestad suprema que nace de la propiedad que el pueblo y el hombre tienen de sí mismos, de su libertad y su derecho (ésta) reside, dice el artículo constitucional, y no residió, porque para el establecimiento de un gobierno delega el pueblo algunas de las facultades de su soberanía, ni las delega todas, ni delega algunas irrevocablemente. Encarga el ejercicio de algunas de esas facultades y atribuciones a aquellos funcionarios públicos que establece; pero conservando siempre la soberanía, de manera que ésta reside constantemente en el pueblo’; de lo cual se desprende que todo poder público en su génesis debe partir siempre del pueblo mexicano, en quien reside originaria y esencialmente la soberanía. Por otra parte, Mariano Coronado en su libro ‘Elementos de Derecho Constitucional Mexicano’, en la segunda edición corregida de 1899, editada por la escuela de artes y oficios, misma que puede ser consultada en su edición de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 1977 (edición facsimilar de la de México, Librería de Ch. Bouret, 1906), página 134; señala de forma por demás particular respecto al elemento teleológico del poder público que ‘(como) atributo esencial de la soberanía (que) se instituye para beneficio de la nación. No significa esto que el Estado destruya o (sic) esclavice al individuo, el bien particular y el público deben marchar de (común) acuerdo, el hombre y nación tienen el mismo fin de conservarse y perfeccionarse. Las instituciones y las leyes han de tender a armonizar todos los intereses’; en este sentido, puede destacarse como nota distintiva de este componente que todo poder público debe identificarse en sus atribuciones y en su actuar cotidiano, con los fines que redunden en el beneficio de la colectividad social, es decir, aquellos que mantengan estrecha relación con el interés público, en los términos dictados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de guisa adicional por las Normas Supremas de la Unión acordes a aquélla. Así las cosas, si el pueblo mexicano, en ejercicio de su soberanía, crea los órganos de poder público organizados en diversos órdenes jurídicos para que éstos invariablemente atiendan el fin supremo del beneficio del ente soberano Constituyente, este último debe dotar a aquéllos de atribuciones y encomiendas específicas que les permitan la consecución de tan elevado propósito de acuerdo a las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Sin embargo, la concesión de estas facultades debe atender siempre a la coordinación o colaboración entre los órganos de poder público, para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado en beneficio del pueblo mexicano. Esta colaboración opera por dos medios principales: uno, exigiendo la participación de dos de los poderes para la validez de un acto, y otro, otorgando a los poderes facultades que no les resulten propias; de lo que se sigue que la división de poderes no opera en nuestro país de manera tajante y rígida sino que ha sido modulada con numerosas excepciones con el fin de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas entre los Poderes Federales ... lo que evita el abuso en el ejercicio del poder público y garantiza la unidad del Estado y la voluntad de éste para establecer y preservar un Estado de derecho en beneficio del pueblo.’ (ejecutoria del expediente varios 698/2000-PL, relativo a la consulta planteada por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 382 del Tomo XII del mes de octubre del 2000, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Novena Época. Dicho mecanismo de control y división del ejercicio del poder público encuentra sustento al observar el artículo 133 de la Carta Magna, que consagra el principio de s
premacía de la Constitución Federal, toda vez que es este principio el que exige que en nuestro país todo tratado y todo ordenamiento legal, sea federal o local, y sobre todo, cualquier acto de autoridad proveniente de los Poderes Federales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o de los Poderes de los Estados, a través de cualquiera de sus órganos, autoridades o funcionarios, se ajuste y respete las prevenciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este ejercicio del poder público estructurado según los preceptos de la Carta Magna mexicana, se encomienda fundamentalmente a tres órganos significativos dada su amplitud de acción, en forma general de acuerdo a lo señalado en los artículos 73, 74, 76, 77, 78, 79, 89, 99, 103, 104, 105, 106 y 107. Estos órganos de poder público fundamentales son los denominados legislativo, ejecutivo y judicial. Sus actos, en consecuencia, son esencialmente legislativos (creadores de la norma jurídica), ejecutivos (ejecutores del orden jurídico a través de la actividad administrativa) y judiciales (control jurisdiccional de la legalidad y constitucionalidad, tanto de las normas así como de su aplicación), respectivamente. Se indica que la naturaleza de esas actividades tiene un perfil de esencial, toda vez que con motivo de las numerosas excepciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas entre los Poderes Federales, los órganos de poder público realizan actos materialmente diversos a los que formalmente les corresponde, y de esta forma se evita el abuso en el ejercicio del poder público y se garantiza la unidad del Estado y la voluntad de éste para establecer y preservar el orden jurídico constitucional mexicano en beneficio del pueblo. En relación con este sistema de pesos y contrapesos, pueden citarse las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Legislativo en el artículo 29, en el párrafo tercero de la fracción III del artículo 41, 74, 75, 76, 96; al Poder Ejecutivo en el párrafo quinto del artículo 27, fracción I del artículo 89 y el artículo 131; y al Judicial en el párrafo séptimo del artículo 94 y el diverso párrafo tercero del artículo 97. Ahora bien, por lo que hace a la especie, es de estimarse fundamental señalar que la función legislativa en sus ámbitos formal y material, se encuentra delimitada de manera esencial en los artículos 71, 72, 73, fracción I y del 89 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que: ‘Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al presidente de la República. II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y III. A las Legislaturas de los Estados. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.’. ‘Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido. C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A, pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presente se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiera, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión Dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.’. ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. II. Derogada. III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 2o. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política. 3o. Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. 4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate. 7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de las legislaturas de los demás Estados. IV. Derogada. V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. VI. Derogada. VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública; IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones; XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presenta el Ejecutivo. XIII. Para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, el departamento de salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. 3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. 4a. Las medidas que el Consejo haya opuesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degenera la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan. XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas. XIX. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos. XX. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano. XXI. Para establecer los delitos y falt
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22153-26ccc557/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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