Corpus
Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 53, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA AL PREVER LA POTESTAD DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL PARA DESIGNAR JUECES DE PRIMERA INSTANCIA CON EL OBJETO DE QUE CUBRAN LA AUSENCIA DE AQUÉLLOS, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 17 Y 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL HABER POR RETIRO SÓLO A AQUELLOS QUE HUBIEREN CUMPLIDO CON LA CARRERA JUDICIAL, ES INCONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO SE INVALIDAN PORQUE LAS NOTIFICACIONES DE LAS MINUTAS RESPECTIVAS SE HAYAN DIRIGIDO A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2008. · Registro digital (IUS): 22367
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 1573.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2008. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ PADILLA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de abril de dos mil diez.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el dieciocho de febrero de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Celso Rodríguez González, quien se ostentó como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de las normas y actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

1. El Congreso del Estado de Jalisco.

2. El gobernador del Estado de Jalisco.

Normas generales y actos impugnados:

a) Decreto Número 21928/LVIII/07, que reforma los artículos 58 y 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, publicado el diecinueve de enero de dos mil ocho en el Periódico Oficial de la entidad.

b) Decreto Número 21946/LVIII/07, que reforma los artículos 11, 17, 21, 22, 36, 52, 53 y 55, y deroga la fracción XII del artículo 23, la IX del 34 y el segundo párrafo del 51, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, publicado el veintidós de enero de dos mil ocho en el Periódico Oficial del Estado.

c) Los procedimientos instaurados por el Congreso del Estado y las actuaciones que en los mismos se hubieren realizado para aprobar los Decretos Números 21928/LVIII/07 y 21946/LVIII/07 antes mencionados, al omitirse respetar la facultad que asiste al Poder Judicial de la entidad para conocer y opinar respecto de las reformas constitucionales y legales que se refieran a la normatividad que lo rige.

d) Todas y cada una de las consecuencias que de hecho y de derecho pudieran generarse por los decretos, procedimientos y demás actos del Poder Legislativo antes indicados, realizados en contravención de lo preceptuado por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en síntesis, los siguientes:

• Por Decreto Número 21928/LVIII/07, publicado el diecinueve de enero de dos mil ocho en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, se reformó la Constitución Política de la entidad.

• La reforma se llevó a cabo con el objeto de establecer que el haber por retiro forzoso o voluntario de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, únicamente deberá entregarse a quienes hubiesen cumplido la carrera judicial, no obstante: (i) Dicha carrera judicial no aparece prevista ni descrita en la Constitución Local ni en la ley orgánica de la entidad, (ii) el haber por retiro en cuestión no ha sido provisto ni creado en ninguna de las disposiciones que regulan las cuestiones financieras y económicas del Poder Judicial en Jalisco y (iii) ni han sido invocadas razones de hecho ni disposiciones de derecho que permitan advertir de manera objetiva distinciones entre aquellos Magistrados que tuvieren carrera judicial y aquellos que no.

• Asimismo, el Decreto Número 21928/LVIII/07 reformó el artículo 61 de la Constitución Política de la entidad, a efecto de crear como causales de retiro forzoso para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia local, el vencimiento del segundo término para el cual se hubiere designado al funcionario de que se trate, así como cumplir setenta años, lo que convierte a esta disposición en discriminatoria por razones de edad.

• Mediante el Decreto Número 21946/LVIII/07, publicado el veintidós de enero de dos mil ocho en el Periódico Oficial de la entidad, se reformaron los artículos 11, 17, 21, 22, 36, 52, 53 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

• Previo a la aprobación de los decretos que se impugnan, el secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, sin tener facultades para ello, giró los siguientes oficios:

- Oficio número OF-DPL-300-LVIII, dirigido al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a través del cual se informa que el Congreso del Estado dio primera lectura al dictamen de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, que reforma los artículos 58 y 61 de la Constitución Política Local, así como al dictamen de decreto que reforma los artículos 17, 21, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, además de comunicar que en sesión de diecisiete de octubre de dos mil siete, se daría segunda lectura a tales dictámenes.

El oficio fue notificado para los efectos indicados en el artículo 29 de la Constitución del Estado, es decir, para que, en caso de considerarlo conveniente, se enviase a un orador que tomara parte en los debates de la sesión, por tratarse de reformas en materia de justicia sobre aspectos que inciden en el funcionamiento y organización de uno de los órganos del Poder Judicial Local, como son el derecho al haber por retiro por los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y el régimen de suplencias por vacancias.

Cabe destacar que en el oficio nunca se precisó la hora en que se realizaría la sesión ordinaria del Congreso Local, ni se proporcionó la información necesaria sobre el objeto de la reforma, como podría haber sido el dictamen emitido por la comisión dictaminadora del caso, a efecto de poder enviar un orador que representare al Supremo Tribunal de Justicia, tomando parte en los debates respectivos.

- Oficio número OF-DPL-341-LVIII, dirigido al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, mediante el cual se informa que el Congreso del Estado había dado primera lectura al dictamen de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, con el cual se reformaban los artículos 56 y 58 de la Constitución Política del Estado, así como al dictamen de decreto que daba reforma a los artículos 11, 17 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad y se comunicaba que sería en la sesión de veintiuno de noviembre de dos mil siete que tendría lugar la segunda lectura de tales dictámenes.

La información anterior fue notificada para los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado, es decir, para que, en caso de considerarlo conveniente, el Supremo Tribunal enviara a un orador que tomara parte en los debates de la sesión, por tratarse de reformas en materia de justicia sobre aspectos que inciden en el funcionamiento y organización de uno de los órganos del Poder Judicial Estatal, como es la duración del periodo del presidente de dicho Supremo Tribunal de Justicia.

- Oficio número OF-DPL-352-LVIII, de veintidós de noviembre de dos mil siete, enviado a ciento veinticinco presidentes municipales del Estado de Jalisco, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Local, en el sentido de que en un plazo de treinta días tales Ayuntamientos manifestaran al Congreso su conformidad respecto del Decreto Número 22112/LVIII/07, por el que se reformaban los artículos 56 y 58 de la Constitución del Estado y, en su caso, enviaran copia certificada del acuerdo tomado sobre esa decisión.

Cabe indicar que tales oficios nunca fueron notificados personal ni oportunamente a los representantes de los Ayuntamientos respectivos, de tal manera que éstos jamás estuvieron en aptitud de discutir el proyecto de la reforma constitucional, por lo que, en el caso, nos encontramos ante una aprobación tácita de las reformas.

- En respuesta a lo anterior, el Supremo Tribunal de Justicia dirigió el oficio 01-1530/2007 al Congreso del Estado, informándole que había recibido el diverso oficio OF-DPL-341-LVIII, pero que existía un impedimento para cumplir con lo ordenado por el artículo 29 de la Constitución Local, en virtud de que se había omitido precisar tanto la hora en que se efectuaría la sesión como adjuntar las correspondientes copias de los dictámenes del decreto en cuestión, por lo que solicitaba que se postergara la discusión de la reforma constitucional. No obstante, el Supremo Tribunal de Justicia nunca recibió respuesta por parte de la autoridad legislativa.

A pesar de lo sucedido, el Poder Legislativo llevó a cabo las sesiones ordinarias correspondientes a efecto de aprobar los Decretos Números 21928/LVIII/07 y 21946/LVIII/07, cuya invalidez se demanda por esta vía.

Al efecto, los diputados del Congreso Local hicieron la declaratoria respectiva, señalando que la mayoría de los Ayuntamientos del Estado habían aprobado la reforma de la Constitución Política de Jalisco y que, consecuentemente, la minuta de reforma sería enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación.

- Derivado de lo anterior, el Poder Judicial tuvo conocimiento de los actos realizados y de las normas generales aprobadas por el Legislativo, hasta la fecha de publicación de las mismas, en agravio a la autonomía e independencia de los órganos encargados de impartir justicia.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:

• Primer concepto de invalidez

Las normas y actos impugnados en la presente controversia constitucional vulneran diversas disposiciones de la Constitución Federal, al desconocer el principio de división de poderes en ella consagrado, invadir la esfera de exclusividad competencial del Poder Judicial de Jalisco y transgredir las garantías de irretroactividad, legalidad, audiencia y defensa previas, así como administración de justicia y seguridad jurídica.

El Congreso de Jalisco instruyó procesos legislativos para el propósito de reformar la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, sin que se advierta que las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, hubieren trabajado coordinadamente por tratarse de temas relacionados ni que se hubiere dado la oportunidad al Poder Judicial Local de participar en los debates correspondientes, tal como lo indican los ordenamientos antes indicados.

Por cuanto hace a las reformas a la Constitución Política Local, contenidas en el Decreto Número 21928/LVIII/07, el procedimiento legislativo exige la obligación del Congreso de Jalisco de recabar la conformidad de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, a quienes debe notificar el contenido de las minutas de reforma, a efecto de garantizarles la posibilidad de emitir su opinión al respecto.

Cabe indicar que las notificaciones hechas a los Ayuntamientos fueron llevadas a cabo por el secretario general del Congreso Local y no por su presidente o diputados secretarios autorizados para ello y que, además, éstas se realizaron a personas distintas del síndico, por lo que carecen de validez.

En términos de lo indicado, resulta evidente que los procedimientos llevados a cabo para efectuar las reformas contenidas en los decretos impugnados son ilegales.

El Congreso Local debe sujetarse estrictamente a las disposiciones constitucionales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de manera que si no lo hiciere, como en el caso sucede, deberá decretarse la nulidad de las normas reclamadas, por ser éstas el resultado de procedimientos inconstitucionales.

No obsta a lo anterior el que el Congreso de Jalisco hubiere instado al Supremo Tribunal de Justicia a participar en algunas de las discusiones parlamentarias, toda vez que dicho poder omitió indicar la hora en que se llevaría a cabo la sesión plenaria correspondiente, imposibilitando al tribunal el ejercicio de la potestad que la Constitución Local le otorga.

• Segundo concepto de invalidez

Las reformas llevadas a cabo mediante el Decreto Número 21928/LVIII/07 conculcan las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Federal, al determinar los dos siguientes aspectos:

a) En el artículo 61 de la Constitución Política de Jalisco se establece de modo discriminatorio que el haber por retiro únicamente debe ser entregado a quienes hubieren cumplido la carrera judicial, excluyendo al resto de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, quienes desempeñan los mismos cargos y realizan las mismas actividades.

Al efecto, debe tomarse en consideración que si bien tanto la Constitución Política del Estado de Jalisco como la Ley Orgánica del Poder Judicial invocan en diversas ocasiones la expresión de "carrera judicial", no existe disposición alguna en que se establezcan, de manera precisa y detallada, las etapas, requisitos, condiciones y particularidades que deben satisfacerse a efecto de cursar la referida carrera judicial, situación que impide a quienes deseen abrazar la posibilidad de iniciarla, continuarla y culminarla.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que los notificadores, secretarios, Jueces y aun los propios Magistrados, no pueden asumirse a sí mismos como poseedores de carrera judicial por el solo hecho de ocupar o haber ejercido alguno de los cargos en comento.

Reservar el derecho para recibir el haber por retiro a favor de quienes hubieran ejercido o cursado la carrera judicial, no resulta únicamente discriminatorio, sino también ilusorio, en tanto no existen elementos suficientes que hagan posible acreditar o presumir la realización de tal carrera.

Cabe manifestar que tampoco existe norma alguna que indique la manera en que deba determinarse el haber por retiro indicado en el artículo 61 de la Constitución Política Local, reformado mediante el Decreto Número 21928/LVIII/07, de modo que existe incertidumbre respecto del monto que, en su caso, deberá entregarse a los beneficiarios.

b) El Decreto Número 21928/LVIII/07 reformó el artículo 61 de la Constitución Política Local, con el propósito de crear como causales de retiro forzoso para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el vencimiento del segundo término para el cual se hubiere designado al funcionario de que se trate (diez años, transcurridos después de los siete años del supuesto primer nombramiento), así como el cumplimiento de setenta años de edad, por lo que, como se observa, tal precepto resulta inconstitucional por ser discriminatorio, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal.

La reforma constitucional impugnada es incongruente con la propia Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, habida cuenta que se indica la necesidad de desempeñar diversos cargos antes de arribar al de Magistrado, llegado al cual podrá ejercerse hasta por el término de diecisiete años, sin observar que las personas que hubieren cumplido con la preparación y el desempeño de los cargos necesarios, seguramente se encontrarán realizando sus actividades al amparo de los nombramientos de Magistrado que por siete o diez años les hayan sido conferidos, al momento de cumplir la edad de setenta años.

En términos de lo expuesto, deberá declararse procedente y fundada la presente controversia a efecto de que se determine la inconstitucionalidad de los decretos impugnados y se imponga al Congreso Local la obligación de crear la normatividad necesaria para establecer y regular la carrera judicial en la entidad, con base en lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal. En tal sentido, sirven de apoyo las tesis de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA." y "PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. LA NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE RIGE EN ESA ENTIDAD NO GARANTIZA SU PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA."

• Tercer concepto de invalidez

Si se toma en consideración la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, se advertirá que se ha configurado como elemento indispensable para lograr la preservación de la autonomía e independencia del Poder Judicial Local un conjunto de requisitos mínimos a cumplir por las legislaturas. Al efecto, deben tenerse en consideración las tesis de rubros: "PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS." y "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."

No obstante lo anterior, mediante Decreto Número 21946/LVIII/07 fue modificada la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco con el propósito de conferir al Consejo de la Judicatura de Jalisco -Consejo General del Poder Judicial- potestad para designar como Magistrados del mismo cuerpo colegiado a los funcionarios judiciales de su dependencia y subordinación -Jueces de Primera Instancia- a efecto de que éstos suplan a los Magistrados propietarios en sus ausencias temporales o definitivas, tal y como lo han establecido los artículos 17, 53 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reformados por el decreto citado.

Al efecto, si por disposición de la Constitución Federal debe procurarse la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales, resulta inaceptable pretender encomendar al Consejo de la Judicatura de Jalisco la designación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sin importar que tal designación se lleve a cabo a efecto de suplir únicamente ausencias temporales, habida cuenta que, como lo establece el artículo 64 de la Constitución Política Local, al Consejo de la Judicatura únicamente corresponde ejercer respecto de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral del Estado. Así pues, resulta indebido pretender que el Consejo de la Judicatura del Estado, de carácter meramente administrativo, pueda tener injerencia en la composición o integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

No obsta a lo anterior lo asentado por el Congreso de Jalisco, en la reforma hecha a la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, contenida en el Decreto Número 21946/LVIII/07, publicado el veintidós de enero de dos mil ocho en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", específicamente en el primer párrafo del artículo 53, toda vez que la designación de los Magistrados corresponde llevarla a cabo únicamente al Congreso del Estado, con base en los lineamientos que se precisan en la Constitución Federal y en la interpretación que del artículo 116, fracción III, de tal ordenamiento ha realizado el Máximo Tribunal, mediante las tesis de rubros: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS PARA OCUPAR DICHOS CARGOS." y "ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN."

Si, en el caso, el Congreso de Jalisco, sin dar razones fundadas, ha dispuesto encomendar al Consejo de la Judicatura del Estado la designación de Jueces que deban ocupar temporal y transitoriamente los cargos de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, resulta indiscutible que han sido violadas tanto normas locales como constitucionales, en agravio de la sociedad y del Poder Judicial de la entidad.

Se advierte, entonces, que el Poder Legislativo del Estado invade la esfera competencial del Poder Judicial, en tanto transgrede su independencia y autonomía, al desconocer la potestad exclusiva de sus Magistrados para determinar el funcionamiento interno de las Salas, su integración y administración, y que, en cambio, se otorga al Consejo de la Judicatura local, órgano carente de competencia para intervenir en la organización y funcionamiento del Supremo Tribunal de la entidad, facultad para nombrar a los Magistrados temporales que deban sustituir en su función a los propietarios o cubrir las vacantes que, en su caso, existieren, limitando el número de sus integrantes, discriminando a sus miembros por razón de edad y segregando los beneficios del haber por retiro para quienes no hubieren cumplido con una carrera judicial, cuyos elementos no se precisan de forma alguna en la normatividad jalisciense.

Por lo anterior, se afirma que mediante las reformas contenidas en los decretos impugnados se restringe, condiciona e impide el ejercicio de la autonomía que al Supremo Tribunal de Justicia del Estado le compete a efecto de organizar sus dependencias, integrarlas, disponer de su presupuesto y garantizar la estabilidad y permanencia de sus integrantes.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son los artículos 14, 16, 17 y 116, párrafo segundo y fracción III.

QUINTO. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 25/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, al contestar la demanda, señaló en síntesis lo siguiente:

1. Con relación a los antecedentes indicados por el Poder Judicial del Estado de Jalisco indicó:

El Congreso de Jalisco aprobó el proyecto de minuta del Decreto Número 21928/LVIII/07, mediante el cual se reforman los artículos 58 y 61 de la Constitución Política Local y, posteriormente, declaró su aprobación en términos del artículo número 117 del ordenamiento citado.

Al efecto, cabe destacar que este tipo de reformas deriva de un procedimiento especial, que requiere de la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos que conforman al Estado de Jalisco, por lo que, en principio, resulta necesario observar la tesis jurisprudencial 14/2008, de rubro: "MUNICIPIOS. SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN LOCAL ES ÚNICAMENTE PARA VALIDARLAS CON SU VOTO, PERO NO PARA MODIFICARLAS O REVOCARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."

Por cuanto hace al Decreto Número 21946/LVIII/07, son ciertas las afirmaciones del promovente únicamente por lo que hace a la aprobación del mismo, siendo menester indicar que los ordenamientos, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, son producto de la función pública y que, al tenor de la competencia de las entidades federativas y de la división de poderes, corresponde al Congreso Local legislar en los aspectos internos del Estado.

En primer lugar, debe advertirse que si bien el Poder Judicial de Jalisco reclama la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Número 21928/LVIII/07, por el que se reforman los artículos 58 y 61 de la Constitución Política Local, mediante Decreto Número 22112/LVIII/07 fue reformado de nueva cuenta el artículo 58 indicado.

Asimismo, el Congreso Local, por conducto de su secretario general, notificó al Supremo Tribunal de Justicia respecto del Decreto Número 22112/LVIII/07, en términos de lo estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado, sin que al efecto dicho tribunal hiciera saber su deseo de enviar un orador.

En ese mismo sentido, es preciso indicar que mediante Decreto Número 22113/LVIII/07, fueron reformados los artículos 11, 17 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, siendo éste publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinticuatro de enero de dos mil ocho.

Resulta conveniente indicar, además, que la publicación del Decreto 21928/LVIII/07 no es atribuible al Poder Legislativo, en virtud de que éste compete al Ejecutivo de la entidad, de conformidad con el artículo 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado.

Una vez señalado lo anterior, se consideran infundados los argumentos hechos valer por el promovente en sus antecedentes, en el sentido de que el Congreso Local aprobó, por mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados, la minuta número 21928/LVIII/07, sin satisfacer los extremos previstos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, ya que este último se apegó no sólo a lo indicado por el ordenamiento citado, sino también a lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, es falso que, previo a la aprobación de los decretos cuya invalidez se demanda, el secretario general del Congreso sin tener competencia o facultades hubiere girado los oficios OF-DPL-341-LVIII y OF-DPL-300-LVIII, ya que el primero no corresponde a comunicación alguna respecto del Decreto Número 21928/LVIII/07, pues éste no reformó los artículos 56 y 58 de la Constitución Local, sino los artículos 58 y 61 de la misma; mientras que el segundo versa sobre la notificación de la reforma hecha a los referidos artículos 58 y 61, y no sobre la modificación de los artículos 56 y 58 de la Constitución Local, llevada a cabo a través del Decreto Número 22112/LVIII/07, además, resulta falso que dicha misiva fuere respondida al Congreso mediante oficio 01-1530/2007.

Al efecto, mediante oficio 01-1530/2007 se dio respuesta, pero al diverso OF-DPL-341-LVIII, por el que se informó de la modificación a los artículos 56 y 58 de la Constitución Política Local (correspondiente al Decreto Número 22112/LVIII/07), razón por la cual es falso que no se hubiere notificado al Poder Judicial de la entidad respecto de las reformas contenidas en los Decretos Números 21928/LVIII/07 y 21946/LVIII/07.

Por último, debe manifestarse que no existe incompetencia alguna por parte del secretario general del Congreso para suscribir los oficios a que se hizo referencia, pues ello fue realizado conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco en su artículo 49, facción IX.

Como se observa, no le asiste la razón al promovente, pues los procedimientos ahora controvertidos se apegaron en todo momento a las atribuciones conferidas al Congreso y a la normatividad aplicable para tal efecto.

2. En cuanto al primer concepto de invalidez hecho valer por el promovente, no le asiste la razón, por las razones que a continuación se indican:

• Por lo que hace al trabajo conjunto que, según el promovente, debieron haber llevado a cabo determinadas comisiones del Congreso del Estado, debe tomarse en consideración lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la tesis P./J. 118/2004, de rubro: "PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. SI EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE LAS FIRMAS DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES, ADOLECE DE UN VICIO FORMAL QUE CARECE DE TRASCENDENCIA, YA QUE PUEDE SER PURGADO EN LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DONDE APAREZCA LA APROBACIÓN DE LOS DIPUTADOS QUE NO HABÍAN SUSCRITO EL DICTAMEN."; ya que, como se observa, en el caso los vicios de que se queja el promovente no trascienden de modo fundamental a las normas con que culminaron.

• Respecto del señalamiento referente a que no se dio oportunidad al Poder Judicial de Jalisco para participar en los debates, debe tomarse en consideración que mediante oficio OF-DPL-300-LVIII el Congreso Local notificó al presidente del Supremo Tribunal del Estado que en primera lectura habían sido aprobados los dictámenes presentados por la Comisión de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos, por los que se reformaban los artículos 58 y 61 de la Constitución Local, y 17, 21, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y que la segunda lectura, discusión y aprobación tendría lugar en la sesión de diecisiete de octubre de dos mil siete.

No pasa desapercibido que el promovente refiera que el Congreso omitió hacer saber al Supremo Tribunal de Justicia la hora en que se llevaría a cabo la sesión plenaria en la que debía acreditarse al orador, así como proporcionarle los proyectos y antecedentes de las reformas ahora impugnadas, no obstante, debe estarse al contenido del artículo 29 de la Constitución Política de la entidad, precepto que si bien consagra el deber del Congreso de anunciar con anticipación no menor de veinticuatro horas al Supremo Tribunal cuando haya que discutirse un proyecto de ley que se refiera a asuntos del ramo de justicia, dicha prerrogativa no debe interpretarse al extremo de pensar que el orador del Poder Judicial invariablemente deba encontrarse presente en la sesión correspondiente a efecto de que la norma emitida sea válida, ya que no debe perderse de vista que la intervención de que se habla tiene como único efecto escuchar la opinión que respecto del asunto posee el citado Poder Judicial.

Lo anterior es así, pues de conceder la razón al promovente se determinaría que para la validez de las normas jurídicas que se reclaman es requisito indispensable la participación de aquél. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 94/2001, de rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."; así como lo resuelto en la diversa acción de inconstitucionalidad 11/2002, en que los accionantes cuestionaron un procedimiento legislativo en que no se citó al representante del Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia resolvió que existen casos en que la falta de apego a alguna de las disposiciones que rigen el procedimiento legislativo no trasciende al contenido de la norma y, por ende, no afecta su validez.

• Respecto al argumento referente a que durante el procedimiento legislativo que originó el Decreto Número 21928/LVIII/07, de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22367-622ae415/magistrados-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.