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DESARROLLO SOCIAL. EL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE PREVÉ UN MODELO SOCIAL ÚNICO DE FOCALIZACIÓN RADICAL PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS EN DESVENTAJA, NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DESARROLLO SOCIAL. SURGE COMO PARTE INTEGRAL DE LA INSTAURACIÓN CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ECONÓMICA, DEMOCRÁTICA Y SOCIAL, RECONOCIENDO LA NATURALEZA MIXTA DEL ESTADO, POR LO QUE ES PIEZA CENTRAL DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO NACIONAL EN GENERAL. DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DEL DESARROLLO NACIONAL Y SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SE FUNDAMENTAN EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. POBREZA Y MARGINACIÓN. SUS DIFERENCIAS Y RELACIONES EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SU REGLAMENTO. SISTEMA DE COORDINACIÓN EN LA PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SISTEMAS COORDINADOS Y SISTEMAS AUTÓNOMOS DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. CONSULTAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL. LA COMISIÓN NACIONAL RESPECTIVA CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR LAS QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DEL RAMO. DESARROLLO SOCIAL. EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 18, 20 Y 23 DE ESA LEY. DESARROLLO SOCIAL. EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 52 Y 53 DE ESA LEY. DESARROLLO SOCIAL. ES PARTE INTEGRANTE DE LA PLANEACIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO, POR LO QUE ES UNA MATERIA COORDINADA ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO, EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DESARROLLO SOCIAL. LOS ARTÍCULOS 16, 41, FRACCIÓN VII Y 51, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VULNERAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 27 DE ESA LEY. DESARROLLO SOCIAL. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA RELATIVA. FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES. POBREZA LA DETERMINACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA SU DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN NO SON FACULTADES ABSOLUTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. POBREZA, MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL NO CONSTITUYEN SINÓNIMOS. POBREZA Y VULNERABILIDAD. SUS DIFERENCIAS Y RELACIONES EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2006. · Registro digital (IUS): 20974
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 529.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2006. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de marzo de dos mil ocho.

VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 41/2006; y,

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poder y órganos demandados, actos y normas impugnadas. Por oficio recibido el dos de marzo de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcela González Salas y Petricioli, quien se ostentó como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en representación de ésta, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y normas que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Poder y órganos demandados:

a) Poder Ejecutivo Federal.

b) Secretaría de Gobernación.

c) Secretaría de Desarrollo Social.

d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

e) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

f) Secretaría de Energía.

g) Secretaría de Educación Pública.

h) Secretaría de Economía.

i) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

j) Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

k) Secretaría de la Función Pública.

l) Secretaría de Salud.

m) Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

n) Secretaría de la Reforma Agraria.

o) Secretaría de Turismo.

Normas y actos cuya invalidez se demanda:

A) La invalidez de los artículos 15, 16, 24, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 77, 78, 80 y 81 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil seis.

B) La invalidez de los actos siguientes:

a) Los actos que realiza o que inminentemente realizará la Secretaría de Desarrollo Social para integrar un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, en contravención a los artículos 5 y 27 de la Ley General de Desarrollo Social.

b) Los actos que realiza o que inminentemente realizará la Secretaría de Desarrollo Social para identificar a las personas o grupos sociales en situación de pobreza en contravención a los artículos 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social.

c) Los actos que realiza o que inminentemente realizará la Secretaría de Desarrollo Social para determinar los criterios y lineamientos para la medición de los índices de marginación y la identificación de grupos vulnerables, en contravención a los artículos 5, fracción VI, 8, 9, 19, 29, 36 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social.

d) Las evaluaciones que estén realizando las entidades o dependencias de la administración pública federal, sobre los programas, acciones y recursos específicos destinados al desarrollo social, en contravención a los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social.

e) Los convenios de coordinación que se celebren entre las dependencias y entidades del Gobierno Federal en términos del artículo 41, fracción VI, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, en contravención a los artículos 5, fracción X y 27 de la Ley General de Desarrollo Social.

f) Los actos que esté realizando el Consejo Nacional de Evaluación para elaborar el informe al titular de la Secretaría de Desarrollo Social señalado en el artículo 72 del reglamento impugnado, contraviniendo el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social.

g) Los actos que realizan o que inminentemente realizarán las Secretarías de Desarrollo Social; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria y Turismo; encaminados a la formulación de sus anteproyectos de presupuesto, y en el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación del proyecto de decreto de egresos de la Federación, en contravención a los artículos 18, 20, 23, 52 y 54 de la Ley General de Desarrollo Social.

h) Los actos que realiza o que inminentemente realizará la Secretaría de Desarrollo Social en materia de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social en contravención al artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social.

i) Las consultas públicas sobre los programas y acciones de desarrollo social que se encuentre realizando la Secretaría de Desarrollo Social, en contravención al artículo 56 de la Ley General de Desarrollo Social.

j) Las evaluaciones que se encuentran realizando organismos independientes, derivadas de las convocatorias emitidas por las dependencias y entidades de la administración pública federal responsables de la operación de los programas, acciones y recursos federales destinados al desarrollo social, sujetos a evaluación, en contravención a los artículos 72, 73, 74, 80 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social.

k) Los actos del Ejecutivo Federal consistentes en las reglas de operación de los programas de desarrollo social, el requisito de atender sólo a grupos y personas identificados en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad dentro de las vertientes de la política nacional de desarrollo social definidas en el artículo 14, fracciones II a la V, de la Ley General de Desarrollo Social y en los programas prioritarios y de interés público definidos en el artículo 19, fracciones I, II y V a la IX, de la misma ley.

SEGUNDO. Antecedentes. Las circunstancias del caso, narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:

A) El veinte de enero de dos mil cuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social expedida por el Congreso de la Unión.

B) En el artículo segundo transitorio de la mencionada ley, se estableció un término no mayor de noventa días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para que el titular del Ejecutivo Federal expidiera el reglamento de dicha ley, el cual corrió del veintiuno de enero al diecinueve de abril de dos mil cuatro, con lo que se acredita que el Ejecutivo Federal incumplió con dicho término, ya que a la fecha de su expedición, enero de dos mil seis, transcurrieron casi dos años.

C) El Ejecutivo Federal expidió el decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil cinco, el cual en sus artículos 5, fracciones I, VIII, X, XI y XXIV, 6, 8, 10, 11, fracciones I, VIII y IX y 12, fracción I, es inconstitucional, y por ello la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el veintiséis de septiembre de dos mil cinco, aprobó un punto de acuerdo para interponer controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal por la expedición del referido decreto, sin embargo, se abrió un espacio de negociación con la Secretaría de Desarrollo Social, el cual tuvo verificativo los días veintisiete y veintiocho de septiembre de dos mil cinco.

D) El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social celebró acuerdo consensual con el órgano legislativo actor, en el que se comprometió a realizar las reformas a los artículos señalados en el numeral que antecede con el objeto de que la Cámara de Diputados no promoviera la controversia constitucional, lo anterior fue refrendado por la Secretaría de Desarrollo Social de manera verbal y pública en su comparecencia ante la Cámara de Diputados el cinco de octubre de dos mil cinco, sin embargo, hasta el día de hoy no han cumplido con lo acordado.

E) Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados emitieron punto de acuerdo con la finalidad de excitar al Ejecutivo Federal, para que publicara las reformas a los artículos del decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

F) El dieciocho de enero de dos mil seis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, el cual fue refrendado por diversos secretarios del Gobierno Federal.

G) Con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social el Ejecutivo Federal no provee en la esfera administrativa a la exacta observancia de la Ley General de Desarrollo Social, en virtud de que en sus artículos 15, 16, 24, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 77, 78, 80 y 81, contradice lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, por lo que son inconstitucionales resultando procedente interponer la controversia constitucional.

H) En sesión de veintiuno de febrero de dos mil seis, fue sometida a consideración del Pleno del órgano legislativo una proposición con punto de acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política en el que solicitan que la Cámara de Diputados interponga controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Poder Ejecutivo Federal por los actos consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil seis. Punto de acuerdo que fue aprobado con doscientos treinta y tres votos a favor, ciento dieciséis votos en contra y cuatro abstenciones.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, en síntesis, son los siguientes:

Primer concepto. Violación al artículo 49 de la Constitución Federal.

A) El artículo 49 de la Constitución Federal, establece el principio de división de poderes como un mecanismo para lograr el peso y contrapeso en el funcionamiento del Estado mexicano, determinando la competencia de cada uno de los Poderes de la Federación. Así, es facultad del Congreso de la Unión expedir leyes y dicha función legislativa sólo puede ser realizada por el Ejecutivo Federal, en los supuestos previstos por los artículos 29 y 131, segundo párrafo, de la Constitución Federal.

De tal forma, el Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-D, constitucional, está facultado para expedir normas jurídicas de carácter general sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, excluyéndose así la posibilidad de que el Ejecutivo Federal lo pueda suplantar en dicha facultad a través de la emisión de reglamentos que rebasen el alcance de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo.

B) La facultad reglamentaria que le corresponde al titular del Ejecutivo Federal consiste exclusivamente, en la expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que pueda excederse el alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación, es decir, no puede ser utilizada para llenar lagunas de la ley, ni para remediar el olvido o la omisión del Poder Legislativo, menos para reformar la ley.

C) En el caso, el Ejecutivo Federal al expedir el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social invadió la facultad de legislar en materia de desarrollo social del Poder Legislativo Federal, ya que el reglamento se excede en el alcance de sus mandatos y altera las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

Segundo concepto. Violación a los artículos 72, inciso f) y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Federal.

El artículo 72, inciso f), constitucional, establece que para la interpretación, reforma o derogación de leyes, se seguirán los mismos trámites que para su formación, por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-D, constitucional, prevé que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para expedir leyes sobre planeación nacional de desarrollo económico y social.

Al relacionar ambos preceptos constitucionales con el caso concreto se desprende que para reformar o derogar cualquier precepto de la Ley General de Desarrollo Social, es necesario que se siga el procedimiento legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, es decir, que el Congreso de la Unión realice los actos legislativos necesarios para que se reforme o derogue dicho precepto legal, esto es: 1. Iniciativa; 2. Discusión y aprobación de las iniciativas; 3. Sanción; y, 4. Publicación e iniciación de su vigencia.

En este sentido, el Ejecutivo Federal no puede a través del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, modificar lo establecido y aprobado por el legislador en la propia ley, pues está obligado a cumplir con ella en los términos que fue aprobada por el Congreso de la Unión y a proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. Lo que en el caso no acontece porque el Ejecutivo Federal al expedir el reglamento impugnado, asume atribuciones legislativas de las que no es constitucionalmente depositario, pues dicho reglamento excede el alcance de los mandatos legales.

El Ejecutivo Federal al emitir el reglamento impugnado creó disposiciones generales abstractas e impersonales distintas a las establecidas en la Ley General de Desarrollo Social, con lo que se violan el inciso f) del artículo 72 constitucional y la fracción XXIX-D del artículo 73 constitucionales, pues la única vía para que se modifique la ley es que el Congreso de la Unión -órgano facultado para legislar en la materia de desarrollo social- realice un nuevo acto legislativo que la reforme o la derogue. Así, el Ejecutivo Federal al crear disposiciones generales, abstractas e impersonales en materia de desarrollo social, invade la esfera constitucional de competencia del Congreso de la Unión, pues en dado caso, si consideraba que dicha materia debía ser regulada de forma distinta, lo conveniente era que presentara una iniciativa de reforma para que por medio del procedimiento legislativo establecido en el artículo 72 constitucional se reformara o se derogara la Ley General de Desarrollo Social.

Tercer concepto. Violación al artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal.

El artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, establece obligaciones y facultades para el presidente de la República: a) promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) ejecutar dichas leyes; y, c) proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.

La facultad de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, es la que autoriza al Ejecutivo Federal para expedir disposiciones generales y abstractas, que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando en dichos ordenamientos los detalles que permitan la eficacia de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.

El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo que participa de los atributos de la ley, sólo en cuanto a que ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Sin embargo, las dos características que distinguen a la ley del reglamento, son: a) Que este último emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, por tal razón es una norma subalterna que tiene su justificación en la ley que le da origen; b) Lo que parece común en los dos ordenamientos (que es su carácter general y abstracto) se ve distinto cuando se analiza la finalidad que persigue cada uno, ya que el reglamento sólo determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos. Es decir, el reglamento sólo va a definir el cómo se debe cumplimentar la ley.

Así, la actividad legislativa se concreta en la elaboración de normas jurídicas al ser la función propia del Poder Legislativo, mientras que la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo tiene por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el legislador.

La facultad reglamentaria del presidente de la República constituye una excepción al principio de separación de poderes pues, siendo los reglamentos normas abstractas, generales e impersonales, son actos materialmente legislativos y formalmente administrativos.

La facultad reglamentaria se rige por dos principios fundamentales: 1. El principio de reserva de ley, que prohíbe al reglamento abordar materias reservadas a las leyes que expide el Congreso de la Unión; y, 2. El principio de subordinación jerárquica, que exige que el reglamento esté precedido por una ley y que sus disposiciones únicamente desarrollen, complementen o pormenoricen la ley expedida por el Poder Legislativo.

Así, el Ejecutivo Federal al expedir y refrendar el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, transgrede el artículo 89, fracción I, pues con ello no está completando o pormenorizando a la ley que le dio origen sino, por el contrario, éste se opone a ella e incluso se extiende a supuestos distintos a los previstos en la misma.

En este sentido, el reglamento impugnado vulnera el principio de reserva de ley, ya que contradice y aborda materias que son reservadas a la Ley General de Desarrollo Social, lo cual origina una violación en la esfera constitucional de competencia del Congreso de la Unión. También vulnera el principio de subordinación jerárquica a la ley, pues los artículos impugnados se ponen por encima de la ley que le debe dar origen, no la reglamentan, completan o pormenorizan, sino que crean y modifican disposiciones generales en materia de desarrollo social.

Como ejemplo, puede mencionarse que el artículo 24 del reglamento transgrede lo dispuesto por los artículos 18, 20, 23, 52, 53 y 54 de la Ley General de Desarrollo Social, por lo siguiente:

En primer lugar, los artículos 18, 20 y 23 de la ley establecen que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Asimismo, disponen que el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior y, finalmente, que la distribución del gasto social deberá sujetarse a los criterios establecidos en la ley.

El artículo 24 del reglamento establece que corresponde a la Secretaría de Hacienda, en la formulación del proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación, integrar, en términos de las disposiciones aplicables, los recursos para los programas de desarrollo social; añade que las dependencias y entidades de la administración pública federal que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social, deberán integrar y prever recursos para tal fin en sus respectivos anteproyectos de presupuesto.

Por lo anterior, este artículo del reglamento ignora totalmente las disposiciones financieras establecidas en los artículos 18, 20 y 23 de la ley, que acotan los montos presupuestales mínimos que deben ser destinados al gasto para desarrollo social, tanto total como per cápita. Ignora también que los montos asignados al desarrollo social no pueden sufrir disminuciones en sus asignaciones, ni transferirse a otros usos.

Además, el artículo 24 del reglamento, también transgrede lo dispuesto por los artículos 52, fracción II, 53 y 54 de la ley, al menoscabar la atribución de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social prevista en el artículo 52, fracción II, de la ley, relativa a que corresponde a ésta proponer las partidas y montos del gasto social que se deben integrar en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Federación, haciendo consecuentemente nugatorias las disposiciones previstas en los artículos 53 y 54 de la ley que indican que los acuerdos de la comisión serán obligatorios para las dependencias del Ejecutivo Federal, siendo las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública las encargadas de vigilar su cumplimiento.

Cuarto concepto. Violación a los artículos 87 y 128 de la Constitución Federal.

Los artículos 87 y 128 de la Constitución Federal, disponen que el titular del Poder Ejecutivo Federal y los demandados desde el momento en que toman posesión de su cargo están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución Federal, así como todas y cada una de las leyes que de ella emanen. Sin embargo, en el caso, al expedir y refrendar el reglamento impugnado, transgreden dichos preceptos constitucionales, pues los artículos 15, 16, 37, 41, 51, 72, 77, 78, 79, 80 y 81 del reglamento impugnado, no complementan o pormenorizan a la ley que le dio origen sino, por el contrario, se oponen a ella, de manera que los demandados no respetan su obligación de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Quinto concepto. Violación al artículo 16 de la Constitución Federal.

El artículo 16 de la Constitución Federal consagra el principio de legalidad conforme al cual todos los actos de las autoridades deben ser emitidos conforme a la ley, consecuentemente, todo aquel acto de los poderes que no sea emitido conforme a la misma, resulta ser inválido.

En este sentido, el reglamento impugnado es ilegal porque no fue emitido conforme a la ley que le da origen.

Se citan las controversias constitucionales 31/97 y 34/97 falladas por este Alto Tribunal, de las que se destaca lo siguiente:

a) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido el criterio de estudiar cualquier planteamiento que se haga en los conceptos de invalidez en controversias constitucionales, aun cuando se trate de cuestiones de legalidad, en virtud de que su misión es vigilar, a través de los diferentes medios de control de rango constitucional, que el orden jurídico constitucional no sea vulnerado.

b) Que las autoridades están obligadas a respetar la garantía de legalidad frente a los particulares y frente a otras autoridades.

Por lo que respecta a los actos que no trascienden a la esfera jurídica de los particulares y que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, únicamente entre autoridades, la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el propio orden jurídico y, sobre todo, que no se afecte la esfera de competencia que corresponde a una autoridad, por parte de otra u otras autoridades.

En este orden, con la emisión del reglamento impugnado se conculca el artículo 16 constitucional, porque aquél concede atribuciones más allá de lo que señala la Ley General de Desarrollo Social, a la Secretaría de Desarrollo Social, entidades o dependencias de la administración pública federal y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como a continuación se indica:

A) Los artículos 16, 41, fracción VII y 51, fracción III, del reglamento impugnado, contravienen lo dispuesto en los artículos 5 y 27 de la Ley General de Desarrollo Social, toda vez que convierte en una atribución de la Secretaría de Desarrollo Social la integración del padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, siendo que, conforme a la ley, esto es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno: a) del Gobierno Federal por conducto de la secretaría; b) de los gobiernos de las entidades federativas; y, c) de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

El artículo 16 del reglamento impugnado, al otorgar a la Secretaría de Desarrollo Social la atribución de "integrar el padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social que tenga en forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios", viola de dos maneras lo previsto en el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, que establece que la integración del padrón es una responsabilidad conjunta de los tres órdenes de gobierno.

Las dos formas de violación son:

a) La exclusión de los otros dos órdenes de gobierno en la integración del padrón.

b) La redacción del reglamento en tanto omite la especificación, porque el padrón se refiere sólo a los programas federales, y por ello, atribuye a la secretaría la integración del padrón de todos los programas de desarrollo social, pero incluyendo los estatales, los del Distrito Federal y los municipales.

Ejemplifica con ciertos programas federales, tales como:

• "Programa 3x1, Hábitat y tu casa", que es un programa financiado conjuntamente por la Federación y por los gobiernos de los otros dos órdenes de gobierno, a través del procedimiento de financiamiento federal condicionado al financiamiento proveniente de Gobiernos Locales o de otras fuentes.

• "Programa 3x1 para Migrantes" cuyos proyectos son financiados: el (veinticinco por ciento) 25% por la Federación, el (veinticinco por ciento) 25% por los clubes u organizaciones de migrantes, y el (cincuenta por ciento) 50% restante por Gobiernos Estatales y Municipales.

• "Programa Hábitat", con el que se busca potenciar los subsidios federales con la aportación de recursos estatales, municipales y, en su caso, de los propios beneficiarios y/o de las organizaciones de la sociedad civil, para propiciar el desarrollo de las ciudades y la integración de las zonas urbano-marginadas a las mismas.

• "Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa", en el que las entidades federativas y/o Municipios participantes en esta modalidad, deberán aportar al beneficiario, por lo menos, un apoyo monetario o en especie de igual valor al federal.

• "Programa Vivienda Rural", en el que los recursos federales podrán ser complementados con la aportación de los Gobiernos Estatales o Municipales, o por empresarios agropecuarios y organismos privados de carácter nacional o internacional con interés de participar en el programa, pero sin sujetarlo a reglas estrictas de montos aportados por cada parte.

• "Programa Oportunidades", cuya operación se realiza a través de una estrecha coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Desarrollo Social, la de Educación Pública, la de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y los gobiernos de las entidades federativas.

B) El reglamento impugnado también viola los artículos 40, 41 y 42 de la Ley General de Desarrollo Social, que establecen facultades de las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los Municipios para emitir normas de desarrollo social, y para formular, aprobar y aplicar programas de desarrollo social.

Los artículos 41 y 51 del reglamento impugnado, referentes a los Convenios de Coordinación y Cooperación Técnica para la Formulación y Ejecución de los Programas de Desarrollo Social de las Entidades Federativas y Municipios, respectivamente, introducen una figura no contemplada en la Ley General de Desarrollo Social que es la de los padrones de beneficiarios de las entidades federativas, lo que va más allá de lo establecido en los artículos 5 y 27 de la ley, pues estos últimos se refieren a un padrón solamente, el de los beneficiarios de los programas federales.

Con esto además se viola la soberanía de las entidades federativas establecida en la Constitución Federal y las facultades que para emitir normas sobre desarrollo social les otorga la ley en su artículo 40.

Al invadirse competencias de las entidades federativas y/o de los Municipios, también se violan diversos artículos del título quinto de la Constitución Federal.

C) El artículo 37 del reglamento impugnado, contraviene el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, toda vez que convierte en una atribución de la Secretaría de Desarrollo Social definir los criterios para la medición de la marginación y vulnerabilidad de los grupos de población, así como identificar las personas o los grupos sociales en situación de pobreza, cuando el artículo 36 de la ley prevé que es una atribución del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Existen dos tipos de identificación de la población en situación de pobreza y las dos son necesarias como parte de la política de desarrollo social y de su evaluación:

a) Aquellas que buscan conocer los niveles generales de pobreza prevalecientes en el país (y su desagregación a diversos niveles geográficos o político administrativos), así como sus tendencias; en este caso interesan los números agregados y su distribución geográfica, pero no interesan los nombres y domicilios de los pobres.

b) La identificación a través de programas focalizados (dirigidos) de lucha contra la pobreza, que deben identificar a los hogares y personas pobres que constituyen su población beneficiaria, con nombre, apellido, domicilio y otros datos básicos, ya que conformarán su padrón de beneficiarios.

Derivado de estos dos distintos tipos de medición, el primero, (identificación y agregación) corresponde al Consejo Nacional de Evaluación en los términos del artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, que ordena que éste lleve a cabo estudios (de medición de la pobreza) con una periodicidad y un nivel de desagregación geográfica apoyándose en fuentes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Por su parte, el segundo tipo de medición corresponde a las dependencias y entidades que ejecuten los programas focalizados, aunque la Ley General de Desarrollo Social no es muy explícita al respecto. Sin embargo, el texto del artículo 37 del reglamento impugnado, se refiere a la primera categoría porque en la segunda frase señala: "para tales efectos, el Consejo Nacional de Evaluación deberá mantener actualizados los indicadores referidos en el artículo 36

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20974-512f44da/desarrollo-social-el-articulo-15-del-reglamento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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