ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, AL ESTABLECER QUE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE PRESTE CAUSARÁ DERECHOS SOBRE EL IMPORTE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MENSUAL O BIMESTRAL, QUE REALICEN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER SIDO FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES RELATIVOS AL MISMO ACTO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de mayo de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades (emisora y promulgadora), y norma impugnada. Por oficio presentado el veintitrés de enero de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna:
a) Poder Legislativo del Estado de Michoacán.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.
Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:
"Artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veintitrés de diciembre de dos mil cinco."
SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El procurador general de la República en sus conceptos de invalidez, manifestó en síntesis que:
1. El artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006 es violatorio de los artículos 16, 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Federal.
2. De conformidad con los artículos 40, 41, 42 y 124 de la Constitución Federal el Estado mexicano se constituye en una República Federal, compuesta de Estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley Fundamental, por lo que si bien los Estados pueden crear su propio sistema jurídico no deben contravenir las disposiciones del Pacto Federal en el que se establecen competencias residuales de acuerdo con lo cual todas aquellas facultades que no están expresamente otorgadas a la Federación, corresponden a los Estados.
3. En relación con lo anterior de la interpretación literal del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica.
4. En términos de lo previsto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones deben tener ciertos elementos, tales como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago.
De acuerdo con el artículo 2o. del citado código, los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos siendo estos últimos las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público.
5. Si bien el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, dicha facultad no puede extenderse para que el Municipio pueda, a través de su Ley de Ingresos, cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica.
En este entendido, el artículo 14 de la Ley de Ingresos impugnado, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los artículos constitucionales mencionados, toda vez que no se está pagando por la prestación del servicio otorgado por el Municipio en sus funciones de servicio público, sino en relación con lo que el contribuyente consume de luz, es decir, que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y a la inversa.
6. Lo anterior se reafirma ya que una vez determinada la base se le debe aplicar el pago de la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, debiendo concluirse que no se está cobrando un derecho, sino una contribución al consumo de fluido eléctrico, por lo que la Legislatura del Estado de Michoacán excedió el marco de sus atribuciones y, en consecuencia, invadió la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal por lo que debe declararse la inconstitucionalidad del artículo impugnado.
Apoya su razonamiento en el criterio sustentado por este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2005, así como en las tesis de jurisprudencia de rubro: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." y "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN."
7. La garantía de legalidad, prevista por el artículo 16 de la Constitución Federal, obliga a toda autoridad a que sus actos se encuentren fundamentados y motivados, requisitos que tratándose de leyes se cumplen, el primero de ellos, cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de las atribuciones de ese órgano.
En consecuencia, al no estar facultado el Congreso del Estado de Michoacán para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica, actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo los artículos 16 y 124 de ese ordenamiento.
De igual forma, apoya sus argumentos en la tesis de jurisprudencia de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."
8. El artículo 133 constitucional establece un orden jurídico a partir de la Norma Fundamental al cual deben sujetarse todos los órganos y autoridades del Estado y, la contravención al mismo conlleva la vulneración del principio de supremacía constitucional.
Por todo lo anterior, concluye que debe declararse la invalidez del artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006.
TERCERO. Artículos constitucionales que el promovente señala como violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 16, 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), 124 y 133.
CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 10/2006 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
En proveído de veinticinco de enero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al órgano ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor concedió al Municipio de Chavinda, Estado de Michoacán, un plazo de diez días hábiles para que realizara las manifestaciones que estimara pertinentes en relación con la tramitación de la presente acción.
QUINTO. Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada al rendir sus informes manifestaron, en síntesis:
Poder Legislativo del Estado de Michoacán:
1. Que es cierto que aprobó el Decreto Legislativo 30 que contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006 pero ello lo hizo en uso de la facultad que le confiere el artículo 44 de la Constitución Local.
2. El artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006 de ninguna manera contraviene los preceptos constitucionales a que se refiere el promovente en su demanda, sino por el contrario, se adecua perfectamente a los mismos.
3. En mil novecientos ochenta y tres se reformó el artículo 115 constitucional estableciéndose en su fracción III el mínimo de servicios públicos que los Municipios están obligados a prestar, entre ellos, en el inciso b) el servicio de alumbrado público y en la fracción IV se establecieron las fuentes exclusivas de ingresos municipales, entre ellos, el impuesto predial.
4. No obstante la previsión constitucional de los servicios públicos y de fuentes exclusivas de ingresos a favor de los Municipios, gran parte de los Municipios del país, tienen ingresos propios exiguos respecto de las participaciones federales que reciben, y aun ante esa pobreza financiera, los Ayuntamientos tienen que prestar servicios públicos.
En este sentido, así como los Municipios tienen la obligación de prestar servicios públicos, resulta lógico que tengan expresa facultad para cobrar los derechos correspondientes.
5. La doctrina define a los derechos como una contraprestación en dinero que se paga por los servicios que proporciona la administración activa. Así, en el caso, los Municipios deben prestar el servicio de alumbrado público y derivado de esta obligación es que tienen la facultad de cobrar el derecho correspondiente previsto por la legislatura de cada entidad federativa en las correspondientes leyes de ingresos municipales.
6. Que al expedir el artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006, el Congreso Local no desbordó el marco de sus atribuciones y en consecuencia, no invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal, por lo siguiente:
a) El Constituyente de mil novecientos diecisiete estableció en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal la obligación de todos los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa según lo dispongan las leyes. Es decir, el Constituyente plasmó las bases generales de la facultad impositiva del Estado para el logro de sus funciones, pero dejó al legislador ordinario la facultad de determinar en cada época de la historia, la forma y medida en que los individuos deben contribuir.
b) De los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Federal se advierte: a) el poder tributario del Estado en tanto cuenta con la facultad de imponer a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas y, b) la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de contribuciones, lo que implica la responsabilidad de establecer elementos esenciales de conformidad con el principio de legalidad tributaria.
7. Los derechos de alumbrado público que se impugnan constituyen el pago del tributo por el aprovechamiento del alumbrado público y, resulta innegable que las contraprestaciones que exige el poder público por el servicio citado, son una contribución que beneficia directamente tanto al Municipio como a los gobernados.
8. El hecho de que la Ley de Ingresos y el artículo impugnado establezcan el cobro del alumbrado público, únicamente a aquellas personas que consumen energía eléctrica, no la convierte en una ley privativa, por el contrario, se trata de una ley general y abstracta, que no señala individuos en lo particular, sino que los causantes serán todos los consumidores de energía eléctrica.
9. Que sí tiene facultades para establecer derechos sobre la prestación del servicio de alumbrado público y ello lo apoya en los artículos 1o., 184 y 217 de la Ley de Hacienda del Estado y 1o., 171 y 173 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.
10. La doctrina ha denominado "tributo especial", "contribución de mejoras", "contributo" ó "contribución especial", a aquellos que se establecen a cargo de las personas que se beneficien de manera especial con alguna obra o servicio público y que sean destinadas a cubrir los gastos que requieran la propia obra o servicio.
11. Los derechos de cooperación por concepto de alumbrado público, impropiamente la ley los identifica como "derechos", pero no existe duda alguna de que se trata de una "contribución especial", pues la causa de su exacción no es la prestación del servicio público de alumbrado, sino la circunstancia de que el Municipio lleve a cabo ciertas actividades encaminadas a satisfacer con mayor eficacia el servicio en cuestión, por ejemplo, mediante la instalación de unidades de luz mercurial o fluorescente, con lo que inequívocamente los consumidores obtienen un beneficio.
12. Al establecer los referidos derechos el Congreso del Estado no legisló sobre materia de energía eléctrica, la cual indudablemente se encuentra reservada a la Federación, sino que lo hizo con base en la facultad impositiva que el Estado tiene para el logro de las funciones que le son encomendadas para establecer las contraprestaciones que estime convenientes sobre los servicios públicos que presta, en el caso, sobre la prestación del servicio de alumbrado público.
En este sentido señala que una cuestión es legislar sobre materia de energía eléctrica, y otra muy distinta es legislar sobre derechos por la prestación de un servicio público.
13. Que sí tiene facultad para establecer los derechos o contribuciones de mérito, pues tiene competencia derivada para ello y, por ende, no es posible admitir que exista una invasión de las esferas de la Federación.
14. La acción de inconstitucionalidad es improcedente por infundada, porque en la especie no se acredita que la norma reclamada sea contraria a la Constitución Federal, sino que por el contrario, reúne los requisitos que al efecto establece el artículo 31 de la propia Constitución y, además, respeta los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad que constitucionalmente deben contener todos los derechos e impuestos.
Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán:
Que es cierto el acto que se le atribuye por lo que respecta a la promulgación y a la orden de publicación de la norma impugnada, cuya actuación tiene fundamento en los artículos 60, fracción I y 65 de la Constitución del Estado de Michoacán que facultan al gobernador del Estado a promulgar y a ordenar la publicación de los decretos expedidos por el Poder Legislativo del Estado.
SEXTO. Manifestaciones del Municipio de Chavinda, Estado de Michoacán. El Municipio de Chavinda, Estado de Michoacán manifestó, en síntesis, que:
1. No obstante el señalamiento de servicios públicos y de fuentes exclusivas de ingresos a favor de los Municipios previstas en la Constitución Federal, gran parte de los Municipios que hay en el país no viven en la autonomía financiera que establece la referida Constitución, ya que los ingresos propios son exiguos respecto de las participaciones federales que reciben y no obstante esa pobreza financiera, los Ayuntamientos tienen que prestar servicios públicos.
2. Los Municipios deben prestar el servicio de alumbrado público y consecuentemente a esta obligación se otorga la facultad de cobrar el derecho correspondiente previsto por la legislatura de cada entidad federativa en la correspondiente Ley de Ingresos Municipal que establece las fuentes de ingreso que el Municipio puede cobrar en un ejercicio fiscal.
3. Con el artículo impugnado la Legislatura del Estado de Michoacán no desbordó el marco de sus atribuciones y, en consecuencia, no invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, por las siguientes razones:
a) Los derechos de alumbrado público constituyen el pago del tributo por el aprovechamiento del mismo, y resulta innegable que las contraprestaciones que exige el poder público por el servicio citado, son una contribución que beneficia directamente tanto al Municipio como a los gobernados.
b) El hecho de que la Ley de Ingresos y el artículo impugnados establezcan el cobro de alumbrado público únicamente a aquellas personas que consumen energía eléctrica, no la convierte en una ley privativa, por el contrario, es una ley general y abstracta que no señala individuos en lo particular, sino que los causantes serán los consumidores de energía eléctrica, por cuya razón, la ley y precepto impugnados no son inconstitucionales y privativos.
c) Impropiamente la ley los identifica como "derechos", pero no existe duda de que se trata de una "contribución especial", pues se desprende que la causa de la exacción no es la prestación del servicio público de alumbrado, sino la circunstancia de que el Municipio lleve a cabo ciertas actividades encaminadas a satisfacer con mayor eficacia el servicio en cuestión. Ejemplifica que mediante la instalación de unidades de luz mercurial o fluorescente los consumidores obtienen un beneficio.
d) Que una cuestión es legislar sobre materia de energía eléctrica y otra diversa lo es legislar sobre derechos por la prestación de un servicio público.
e) El espíritu del Constituyente fue que los Municipios sean libres y para lograrlo les otorgó autosuficiencia financiera para que puedan satisfacer plenamente su función de gobierno.
f) Agrega que al no estar expresamente restringido por la Constitución Federal debe concluirse que la Legislatura del Estado sí tiene facultad para establecer los derechos o contribuciones sobre el servicio de alumbrado público, al tener competencia derivada para ello, y no es posible admitir que exista invasión de las esferas de la Federación por parte de las autoridades responsables, cuando legisla en el renglón impositivo ya referido.
4. Finalmente, aduce que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente, por cuanto que no se acreditó que la norma reclamada fuese contraria a la Constitución Federal, sino que por el contrario reúne los requisitos que establece el artículo 31 de la mencionada Constitución y, además, respeta los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad que deben contener los derechos e impuestos.
SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Oportunidad. Por razón de método, en primer término se analizará la oportunidad de la presentación de la demanda.
El párrafo primero del artículo 60(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
Ahora bien, la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006 la cual contiene el artículo 14 impugnado en el presente medio de control constitucional, se publicó el viernes veintitrés de diciembre de dos mil cinco en el Periódico Oficial de la entidad, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas diecisiete y siguientes del expediente, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del sábado veinticuatro de diciembre de dos mil cinco al domingo veintidós de enero de dos mil seis; sin embargo, al ser inhábil el último día del plazo, podía haberse presentado el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes veintitrés de enero de dos mil seis.
En el caso concreto, según consta del sello que obra al reverso de la foja quince del presente expediente, la demanda se presentó el lunes veintitrés de enero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que es oportuna.
TERCERO. Legitimación del promotor de la acción. Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo, por parte del presidente de la República.(2)
De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el procurador general de la República podrá ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras, y si en el caso dicho funcionario ejercita la acción en contra del artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006, esto es, de una ley estatal, es inconcuso que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia número P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(3)
CUARTO. Causas de improcedencia. El Poder Legislativo del Estado de Michoacán señala al final de su informe, que la acción de inconstitucionalidad planteada, resulta del todo improcedente por infundada, en atención a que en el caso no se acredita que la norma impugnada contravenga la Constitución Federal, sino por el contrario, reúne los requisitos contemplados en el artículo 31 de la propia Constitución, ya que respeta los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad que constitucionalmente deben contener todos los derechos e impuestos.
Al respecto, cabe mencionar que esta cuestión planteada por el Poder Legislativo del Estado de Michoacán no obstante que la denomina como improcedencia, en realidad se refiere a cuestiones de fondo, motivo por el cual debe desestimarse, resultando aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2004,(4) que dispone:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."
Al no existir una causa diversa de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, se procederá al análisis de los conceptos de invalidez.
QUINTO. Estudio de fondo. En primer término se estudiará el concepto de invalidez planteado por la parte promovente, tendente a evidenciar que el artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Chavinda, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2006, es violatorio del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), constitucional, toda vez que según aduce en aquél se establece una contribución al consumo de energía eléctrica, lo cual excede la competencia de la Legislatura del Estado para fijar las contribuciones que deben recaudar los Municipios por el servicio de alumbrado público prevista por el artículo 115, fracción III, inciso b), en relación con la fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal.
A efecto de analizar las cuestiones planteadas, en primer término resulta necesario señalar que el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal dispone que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica y, por su parte, el artículo 115, fracción III, inciso b) prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público y, la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir -entre otros- los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno.(5)
De acuerdo con lo anterior, en principio se aprecia que por una parte, el Congreso Federal tiene atribución para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica y, por la otra, que al corresponder a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio.
En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la hacienda pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, y como ya se dijo el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, los Municipios al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto.
Por tanto, a efecto de determinar si el artículo impugnado resulta constitucional o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución contenida por el citado precepto, es decir, si el mismo se trata de una contribución de las previstas por el precitado artículo 73 de la Constitución Federal, tal como sostiene el procurador o si por el contrario se trata del establecimiento de un derecho como aduce el Congreso de la entidad.
En primer término, de manera general podemos señalar que desde tiempos pretéritos, las Constituciones del mundo han puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos.
En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal,(6) regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación:
a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.
b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.(7)
c) Sólo se pueden crear mediante ley.
d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.
e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.
De acuerdo con estas características previstas por la Norma Fundamental, podemos esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios-, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.
Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de parti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19595-ae47158a/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-14-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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