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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS, PARA 2006, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE EL NUMERAL 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TIPICIDAD DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS, PARA 2006, QUE REMITE ERRÓNEAMENTE A DIVERSO PRECEPTO PARA CONOCER LA INFRACCIÓN, TRANSGREDE AQUEL PRINCIPIO. TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2006. · Registro digital (IUS): 19648
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 1198.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de mayo de dos mil seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintitrés de enero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Arriaga, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, emitido por las autoridades que a continuación se precisan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

"a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Chiapas, con domicilio en Calle Central y 1a. Sur, Palacio Legislativo, 2o. piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29000.

"b) Autoridad promulgadora: Gobernador de Chiapas, con domicilio en Palacio de Gobierno, 1er. piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29000.

"II. Norma general cuya invalidez se reclama:

"Se demanda la declaración de invalidez del artículo 12 (ubicado dentro del capítulo VI, relativo al ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Arriaga Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, contenida en el Decreto 228 publicado en el Periódico Oficial de la entidad de 22 de diciembre de 2005, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."

SEGUNDO. El concepto de invalidez que se hace valer, es el siguiente:

"Único. Violación del artículo 12 (ubicado dentro del capítulo VI, relativo al ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’) de la Ley de Ingresos del Municipio de Arriaga, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, a los preceptos 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan:

"‘Artículo 16.’ (se transcribe).

"‘Artículo 22.’ (se transcribe).

"‘Artículo 31.’ (se transcribe).

"‘Artículo 133.’ (se transcribe).

"Asimismo, la norma general cuya invalidez se demanda (ubicada dentro del capítulo VI, relativo al ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’) prevé:

"‘Artículo 12. En relación a lo dispuesto en el artículo 9o., de la Ley de Hacienda Municipal, la autoridad municipal aplicará al contribuyente en caso de las infracciones señaladas una multa equivalente al importe de 100 días de salario mínimo general vigente en el Estado además de cobrar a éste los impuestos y recargos omitidos.’

"Toda vez que el numeral que se tilda de inconstitucional hace referencia al precepto 9o. de la Ley de Hacienda Municipal de Chiapas, se considera conveniente conocer su contenido.

"‘Artículo 9o. Por lo que se refiere a los predios o construcciones no registrados, se aplicará el procedimiento siguiente:

"‘I. Cuando haya manifestación espontánea ante las autoridades fiscales municipales, practicado el avalúo técnico, el contribuyente hará el pago del impuesto por el ejercicio fiscal vigente, así como también enterará el correspondiente a los tres últimos ejercicios, sin recargos y multas;

"‘II. Cuando las autoridades fiscales comprueben directamente o a través de denuncia algún predio no registrado en el catastro, el contribuyente hará el pago del impuesto por el ejercicio fiscal vigente, así como también enterará el correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, pagándose los accesorios legales.’

"El citado artículo se encuentra ubicado en el título segundo ‘Impuestos’, en el capítulo I denominado del ‘Impuesto predial’ de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, y regula lo conducente al citado impuesto predial.

"El numeral impugnado de la Ley de Ingresos para el Municipio de Arriaga, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006 (ubicado dentro del capítulo VI, relativo al ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’), remite al artículo 9o. de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, que como se advierte, el primero no guarda ninguna relación con el impuesto predial.

"Ahora bien, la citada Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, en su título segundo ‘Impuestos’, en el capítulo VI denominado ‘Del impuesto sustitutivo de estacionamiento’, en su artículo 70-H refiere que el objeto de dicha contribución es ‘... todo edificio o construcción cualquiera que sea su uso, el número de niveles, plantas o pisos cuya construcción, adaptación, cambio de giro o de situación jurídica se realice a partir de 1996, y no cuente con los cajones suficientes para el estacionamiento de vehículos’ a que hace referencia.

"El citado numeral 70-H de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, textualmente señala:

"‘Artículo 70-H. Es obligación de los propietarios o poseedores destinar superficies o construir cajones para estacionamiento de vehículos de acuerdo al uso, características y ubicación de los inmuebles, no obstante de la obligación anterior, de la secretaria (sic) de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, el Ayuntamiento podrá autorizar a las personas físicas y morales la sustitución del cumplimiento de la obligación señalada por la de pagar el impuesto a que se refiere este capítulo (sic), en tanto no se construyan dichos cajones para estacionamiento.

"‘Se harán acreedores a las sanciones y multas cuyos montos se establecen en la Ley de Ingresos Municipal, las personas físicas o morales que cometan las infracciones que se mencionan a continuación:

"‘I. Por destinar total o parcialmente para otros fines las superficies para estacionamiento de vehículos;

"‘II. Organizar construcciones en los cajones destinados al estacionamiento de vehículos.’

"De lo anterior, se puede concluir válidamente que no obstante que existe una remisión equívoca al numeral 9o. de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, por parte de la Ley de Ingresos del Municipio de Arriaga, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, dicho precepto no contiene elementos que permitan individualizar la multa tachada de inconstitucional, máxime si se toma en cuenta lo previsto en el ya citado artículo 70-H, el cual regula el ‘impuesto sustitutivo de estacionamiento’, mismo que remite a la citada Ley de Ingresos del Municipio de Arriaga, Chiapas, que establece un equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado como el monto de la multa.

"En tales condiciones, se observa que el numeral 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Arriaga, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, establece una multa fija, la cual es contraria al primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, pues instituye, entre otros supuestos, la prohibición del cobro de multas excesivas o fijas.

"El autor Rafael I. Martínez Morales, en su obra Diccionarios Jurídicos Temáticos, tomo 3, derecho administrativo, Editorial Oxford, México, 2a. edición, página 163, señala: ‘Las multas procederán en el caso de que el particular haya incurrido en alguna ilicitud. En este caso, la ley también las considera accesorios de las contribuciones y partícipes de su naturaleza, pero existen muchas multas fijadas no a propósito de contribuciones, sino por ilícitos de otra índole y que siempre tendrán carácter fiscal, según lo ha establecido el Tribunal Fiscal de la Federación. ...’

"Al tener las sanciones el carácter fiscal, sin importar su origen, deben ser aplicadas en forma individual, atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, lo que garantiza el derecho fundamental a la seguridad jurídica.

"Por su parte, Ignacio Burgoa, en su obra Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, Editorial Porrúa, México, 7a., edición, año 2003, página 300, señala: ‘La multa es una sanción que se impone por violación de la ley, de algún reglamento gubernativo, por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o como pena pecuniaria por la comisión de algún delito. La multa tiene naturaleza económica y su monto debe fijarse en proporción a la gravedad del hecho que le da origen y a las posibilidades pecuniarias del infractor. Por ello, la ley o el reglamento que prevea dicha sanción debe señalar un mínimo y un máximo en lo que atañe a su importe para que la autoridad administrativa o judicial regule dentro de dichos límites su arbitrio acatando tales factores de proporcionalidad. Por ende, se tratará de una multa excesiva cuando se determine su monto sin observar los mencionados factores, dándose en este caso la prohibición contenida en el artículo 22 constitucional.’

"De lo expuesto, se debe colegir que la ley o reglamento que establezcan una multa deben señalar un mínimo y un máximo, rango en el cual la autoridad fiscal deberá fijar el monto de la sanción que se deba aplicar, basándose en la gravedad del hecho, en la capacidad económica del activo y en las circunstancias peculiares que dieron origen a la infracción.

"El artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Arriaga, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, que se impugna, establece indebidamente una multa fija que contraviene el precepto constitucional antes citado, ya que la autoridad municipal al no tener la capacidad de valorar las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que dieron origen al acto del particular que se pretende sancionar, estaría imposibilitada para calificar la gravedad de la conducta que genera la infracción, imponiendo tal multa de manera irrazonable y desproporcionada, por tanto, esa falta de oportunidad para individualizar la sanción por parte de la autoridad administrativa, es lo que conduce a considerar que la citada multa puede ser excesiva.

"Al establecer el precepto impugnado una sanción de carácter pecuniario en la que no se indica el parámetro de la misma para efecto de individualizarla, es decir, al fijar una sola cantidad, contraviene lo dispuesto en el numeral 22 de la Ley Fundamental, puesto que, se insiste, omite proporcionar la base que permita a la autoridad hacendaria determinar el monto individualizado de la multa que se debe aplicar al infractor e impide que la autoridad administrativa tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho a sancionar.

"Así, tenemos que tanto el Pleno como la Primera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han manifestado respecto de la multa excesiva o fija, en las tesis P./J. 9/95 y 1a./J. 51/2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995 y XVII, septiembre de 2003, páginas 5 y 186, respectivamente, cuyos rubros y textos señalan:

"‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.’ (se transcribe).

"‘MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO FIJAR LOS MÁRGENES MÍNIMO Y MÁXIMO EN SU DETERMINACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000).’ (se transcribe).

"La sanción contemplada en el ordinal que se diserta, por el solo hecho de prever una cantidad específica equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado, resulta desproporcionada para unos, esto es, su erogación implicaría por sí sola un detrimento desmedido, lo cual, aunado al hecho de que la autoridad no cuenta con un parámetro entre un mínimo y un máximo que le permita, con base en la gravedad de la infracción y la situación económica del infractor, determinar el monto o la cuantía de la multa que se aplicará, es excesiva, lo que a todas luces contraviene lo estatuido en el artículo 22 de la Constitución Federal.

"Por otra parte, el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

"El numeral de mérito dispone la obligación de todo ciudadano a realizar aportaciones para contribuir con el gasto público de manera proporcional y equitativa, siendo ejemplo de ello la prestación de servicios administrativos.

"En este sentido, al prever el numeral tildado de inconstitucional la multa fija, vulnera el precepto constitucional antes citado, toda vez que para que una sanción o multa sea considerada proporcional, es necesario que al momento de imponerla, se valore la gravedad de la lesión, en razón del perjuicio que el particular le ocasionó al Estado, el grado de responsabilidad o la intención del contribuyente al producir la conducta que dio origen a la sanción, así como la situación económica en que se encuentre el infractor al cometer el acto a castigar.

"Para que la multa sea considerada equitativa y, por tanto, justa, el legislador tendría que haber emitido una norma general aplicable a cada infractor en particular, pues sólo así sería factible que el órgano sancionador resolviera la controversia sin necesidad de enjuiciar, o bien, implementar un rango a seguir sobre la cuantía de la multa, que indudablemente en el caso concreto no se actualiza.

"En relación a lo anterior, el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 10/95, publicada en el Tomo II, julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 19, ya se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de las multas fijas en el siguiente sentido:

"‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’ (se transcribe).

"Cabe señalar que de la lectura integral tanto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Arriaga, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, como de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas vigente, a donde remite el numeral impugnado, no se desprende que exista un precepto en donde se prevea la individualización de la multa, por lo que se actualiza su inconstitucionalidad.

"El numeral 16 de la Constitución Federal, consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, entendido el primero como la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto, y el segundo, como la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.

"La garantía genérica de legalidad consagrada en el citado precepto constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto Federal como Local.

"Lo anterior significa que los actos legislativos también están sujetos al mandamiento constitucional de referencia, pues de lo contrario vulnerarían el citado principio, situación que se corrobora con la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de ese Máximo Tribunal, Séptima Época, sin número, visible en la página 27, Volumen 38, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto señalan:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe).

"Dada la naturaleza del acto legislativo, su fundamentación y motivación se realizan de una manera sui géneris, respecto de la generalidad de los demás actos de autoridad, así lo ha establecido el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia sin número, Séptima Época, visible en la página 150 de los Volúmenes 157-162 del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto disponen:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe).

"Por tanto, la fundamentación se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución Federal le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trate, de acuerdo con la Ley Fundamental.

"De los razonamientos esgrimidos, resulta evidente que el Congreso de Chiapas al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el artículo 22 de la Carta Magna, toda vez que dicho precepto prohíbe expresamente las multas excesivas o fijas; en esta tesitura, al no poder, se extralimitó en sus atribuciones y contravino con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal.

"Finalmente, el precepto tildado de inconstitucional transgrede el artículo 133 de la Carta Magna que consagra el principio de supremacía constitucional, el cual impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.

"En este sentido, y toda vez que el numeral que se combate contradice lo dispuesto por los numerales 16, 22, primer párrafo y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es incuestionable que rompe con la supremacía constitucional establecida, puesto que pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna.

"En mérito de lo expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar inconstitucional el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Villaflores, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, toda vez que como ha quedado debidamente demostrado, es contrario a lo dispuesto por los numerales 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV y 133.

CUARTO. Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 7/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que actuara como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de veinticinco de enero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindieran sus informes.

Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor ordenó dar vista al Municipio de Arriaga, Estado de Chiapas, para que formulara las manifestaciones que estimara pertinentes.

QUINTO. El Congreso del Estado de Chiapas, al rendir el informe respectivo, manifestó, en síntesis:

1. Que el artículo impugnado establece en la primera parte el cobro de multas administrativas cuando se incurra en infracciones que prevé el segundo párrafo del artículo 70-H, fracciones I y II, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Chiapas; y la segunda parte, se refiere al cobro de impuestos, el cual se autoriza en el caso de sustituir el cumplimiento de la obligación de destinar superficies o construir cajones para estacionamiento de vehículos.

2. Que la primera parte del artículo impugnado se adecua a la definición de aprovechamientos, los cuales se pueden considerar como los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto de las contribuciones, según el Código Fiscal de la Federación.

Que toda vez que la multa tiene una naturaleza diferente a las contribuciones, no se puede hablar de violación al artículo 31, fracción IV, que establece los principios de proporcionalidad y equidad, pues las contribuciones tienen como punto de partida el ámbito patrimonial del gobernado, mientras que las multas aplican sanciones por conductas contrarias al orden social que no alcanzan el grado de delito, pero que administrativamente son reprochables porque alteran el orden social.

Que apoya lo anterior con la tesis de la Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

3. Que la segunda parte del artículo impugnado, referente al cobro de impuestos sustitutivos de estacionamiento, no violenta los artículos 31, fracción IV y 22 de la Constitución Federal, en virtud de que respecto a este impuesto, existe una variable y parámetros para determinar su monto, por lo que no puede considerarse fijo y excesivo.

4. Que la multa establecida en el artículo impugnado deriva del incumplimiento a una norma administrativa y no se puede considerar fija, toda vez que regula una sola conducta que por lógica le corresponde una misma sanción, siendo consecuentemente una multa fija, si existiera multiplicidad de eventos que se sancionaran con una misma multa.

Que la tesis de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.", no resulta aplicable al caso, toda vez que la multa establecida en el precepto impugnado, sanciona exclusivamente una conducta del gobernado sin referir a otras conductas.

5. Que el artículo impugnado cumple con el principio constitucional de racionalidad en la previsión del monto de la multa administrativa, ya que dispone un límite a la cuantía de la multa administrativa, además la fórmula para el cálculo de la sanción considera como base el salario mínimo general vigente en el Estado, que es un parámetro que toma en cuenta la capacidad económica de los gobernados.

Que, además, la multa administrativa prevista en el artículo impugnado no es excesiva, porque guarda una proporción razonable con la capacidad económica del infractor, en virtud de que si es propietario de un inmueble que necesite estacionamiento, se hace evidente la capacidad económica del infractor.

6. Que el artículo impugnado no vulnera los artículos 16 y 133 de la Constitución Política, toda vez que la Constitución Política Local faculta al Congreso del Estado a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, consecuentemente está facultado para emitir la Ley de Ingresos del Municipio de Arriaga, de ahí que este acto legislativo se encuentre fundado y motivado, así como que es respetuoso del principio de supremacía constitucional.

SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas al rendir su informe manifestó, en síntesis:

1. Que reconoce como cierta la promulgación de la norma impugnada en el Periódico Oficial del Estado.

2. Que la norma impugnada no infringe el artículo 16 constitucional, toda vez que la multa que prevé no causa ningún perjuicio directo a los sujetos obligados, pues para su imposición se requiere la existencia de una obligación fiscal anterior.

3. Que el artículo 31 constitucional faculta al poder público para determinar las contribuciones, de ahí que la norma impugnada al establecer una obligación fiscal no es inconstitucional.

4. Que la norma impugnada no transgrede el artículo 22 de la Constitución Política, puesto que la voluntad del legislador fue establecer un tope máximo en relación con la sanción y no una multa fija.

SÉPTIMO. El Municipio de Arriaga, Estado de Chiapas, manifestó, en síntesis, que el artículo impugnado no viola los artículos 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Federal.

OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades y al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Arriaga, Estado de Chiapas; para el ejercicio fiscal de dos mil seis y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Ante todo se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El primer párrafo del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.

Asimismo, conforme al criterio sostenido por el Pleno en la sesión de cuatro de mayo de dos mil seis, derivado de la acción de inconstitucionalidad 25/2004, promovida por el procurador general de la República, las acciones podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, acorde con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, por lo que se abandonó el criterio sostenido por el Pleno en la sesión de veintisiete de octubre de dos mil cinco, derivado de la acción de inconstitucionalidad 21/2005, formulada igualmente por el procurador general de la República.

Ahora bien, el decreto por el que se dio a conocer el artículo impugnado, fue publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el jueves veintidós de diciembre de dos mil cinco y, por tanto, el plazo para ejercer esta vía inició el veintitrés de diciembre de dos mil cinco y concluyó el sábado veintiuno de enero de dos mil seis, pero por ser inhábil, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 60 antes referido.

Ver anexos

En este tenor, toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes veintitrés de enero de dos mil seis, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja dieciséis de autos, es decir, el primer día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, es evidente que su presentación fue oportuna.

TERCERO. A continuación se procede a analizar la legitimación del promovente.

El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."

Del precepto transcrito, se advierte que el procurador general de la República tiene la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, por lo que al haberse impugnado el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Arriaga, Chiapas; para el ejercicio fiscal de dos mil seis, y tener ésta el carácter de ley estatal, dicho funcionario se encuentra debidamente legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues además acreditó tener el carácter con el que se ostenta mediante la copia certificada de su nombramiento, que obra a fojas diecisiete del expediente.

Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 98/2001 de este Tribunal Pleno, cuyos datos de localización, rubro y contenido son los siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Mag

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19648-6ba79378/accion-de-inconstitucionalidad-la-suplencia-de-los-conceptos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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