ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, PARA 2006, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE EL NUMERAL 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TIPICIDAD DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, PARA 2006, QUE REMITE ERRÓNEAMENTE A DIVERSO PRECEPTO PARA CONOCER LA INFRACCIÓN, TRANSGREDE AQUEL PRINCIPIO. TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de mayo de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, ostentándose como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:
"I. Autoridad emisora y promulgadora de la norma impugnada:
"a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Chiapas, con domicilio en calle Central y 1a. Sur, Palacio Legislativo, 2o. piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29000.
"b) Autoridad promulgadora: Gobernador de Chiapas, con domicilio en Palacio de Gobierno, 1er. piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29000."
"II. Norma general cuya invalidez se reclama.
"Se demanda la declaración de invalidez del artículo 12 (ubicado dentro del capítulo VI, relativo al ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, contenida en el Decreto 255, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de 22 de diciembre de 2005, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. En su único concepto de invalidez, el promovente adujo lo siguiente:
"Único. Violación del artículo 12 (ubicado dentro del capítulo VI, relativo al ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’) de la Ley de Ingresos del Municipio de Huixtla, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, a los preceptos 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: (se transcriben).
"Asimismo, la norma general cuya invalidez se demanda (ubicada dentro del capítulo VI, relativo al ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’) prevé:
"‘Artículo 12. En relación a lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Hacienda Municipal, la autoridad municipal aplicará al contribuyente en caso de las infracciones señaladas una multa equivalente al importe de 100 días de salario mínimo general vigente en el Estado; además de cobrar a éste los impuestos y recargos omitidos.’
"Toda vez que el numeral que se tilda de inconstitucional hace referencia al precepto 9o. de la Ley de Hacienda Municipal de Chiapas, se considera conveniente conocer su contenido.
"‘Artículo 9o. Por lo que se refiere a los predios o construcciones no registrados, se aplicará el procedimiento siguiente:
"‘I. Cuando haya manifestación espontánea ante las autoridades fiscales municipales, practicado el avalúo técnico, el contribuyente hará el pago del impuesto por el ejercicio fiscal vigente, así como también enterará el correspondiente a los tres últimos ejercicios, sin recargos y multas;
"‘II. Cuando las autoridades fiscales comprueben directamente o a través de denuncia algún predio no registrado en el catastro, el contribuyente hará el pago del impuesto por el ejercicio fiscal vigente, así como también enterará el correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, pagándose los accesorios legales.’
"El citado artículo se encuentra ubicado en el título segundo ‘Impuestos’, en el capítulo I denominado ‘Del impuesto predial’ de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, y regula lo conducente al citado impuesto predial.
"El numeral impugnado de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006 (ubicado dentro del capítulo VI, relativo al ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’), remite al artículo 9o. de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, que como se advierte, el primero no guarda ninguna relación con el impuesto predial.
"Ahora bien, la citada Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, en su título segundo ‘Impuestos’, en el capítulo VI denominado ‘Del impuesto sustitutivo de estacionamiento’, en su artículo 70-H refiere que el objeto de dicha contribución es ‘... todo edificio o construcción, cualquiera que sea su uso, el número de niveles, plantas o pisos cuya construcción, adaptación, cambio de giro o de situación jurídica se realice a partir de 1996, y no cuente con los cajones suficientes para el estacionamiento de vehículos a que hace referencia.’
"El citado numeral 70-H de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas, textualmente señala:
"‘Artículo 70-H. Es obligación de los propietarios o poseedores destinar superficies o construir cajones para estacionamiento de vehículos de acuerdo al uso, características y ubicación de los inmuebles, no obstante de la obligación anterior, de la Secretaría (sic) de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, el Ayuntamiento podrá autorizar a las personas físicas y morales la sustitución del cumplimiento de la obligación señalada por la de pagar el impuesto a que se refiere este capítulo (sic), en tanto no se construyan dichos cajones para estacionamiento.
"‘Se harán acreedores a las sanciones y multas cuyos montos se establecen en la Ley de Ingresos Municipal, las personas físicas o morales que cometan las infracciones que se mencionan a continuación:
"‘I. Por destinar total o parcialmente para otros fines las superficies para estacionamiento de vehículos;
"‘II. Organizar construcciones en los cajones destinados al estacionamiento de vehículos.’
"De lo anterior se puede concluir válidamente que no obstante que existe una remisión equívoca al numeral 9o. de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas por parte de la Ley de Ingresos del Municipio de Huixtla, para el ejercicio fiscal de 2006, dicho precepto no contiene elementos que permitan individualizar la multa tachada de inconstitucional, máxime si se toma en cuenta lo previsto en el ya citado artículo 70-H, el cual regula el ‘Impuesto sustitutivo de estacionamiento’, mismo que remite a la citada Ley de Ingresos del Municipio de Huixtla, Chiapas, que establece una multa equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado como el monto de la multa.
"En tales condiciones, se observa que el numeral 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huixtla, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, establece una multa fija, la cual es contraria al primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, pues instituye, entre otros supuestos, la prohibición del cobro de multas excesivas o fijas.
"El autor Rafael I. Martínez Morales, en su obra Diccionarios Jurídicos Temáticos, tomo 3, derecho administrativo, Editorial Oxford, México, 2a. edición, página 163, señala: ‘Las multas procederán en el caso de que el particular haya incurrido en alguna ilicitud. En este caso, la ley también las considera accesorios de las contribuciones y partícipes de su naturaleza, pero existen muchas multas fijadas no a propósito de contribuciones, sino por ilícitos de otra índole y que siempre tendrán carácter fiscal, según lo ha establecido el Tribunal Fiscal de la Federación ...’
"Al tener las sanciones el carácter fiscal sin importar su origen, deben ser aplicadas en forma individual, atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, lo que garantiza el derecho fundamental a la seguridad jurídica.
"Por su parte, Ignacio Burgoa, en su obra Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, Editorial Porrúa, México, 7a. edición, año 2003, página 300, señala: ‘La multa es una sanción que se impone por violación de la ley, de algún reglamento gubernativo, por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o como pena pecuniaria por la comisión de algún delito. La multa tiene naturaleza económica y su monto debe fijarse en proporción a la gravedad del hecho que le da origen y a las posibilidades pecuniarias del infractor. Por ello, la ley o el reglamento que prevea dicha sanción debe señalar un mínimo y un máximo en lo que atañe a su importe para que la autoridad administrativa o judicial regule dentro de dichos límites su arbitrio acatando tales factores de proporcionalidad. Por ende, se tratará de una multa excesiva cuando se determine su monto sin observar los mencionados factores, dándose en este caso la prohibición contenida en el artículo 22 constitucional.’
"De lo expuesto se debe colegir que la ley o reglamento que establezcan una multa deben señalar un mínimo y un máximo, rango en el cual la autoridad fiscal deberá fijar el monto de la sanción que se deba aplicar, basándose en la gravedad del hecho, en la capacidad económica del activo y en las circunstancias peculiares que dieron origen a la infracción.
"El artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, que se impugna, establece indebidamente una multa fija que contraviene el precepto constitucional antes citado, ya que la autoridad municipal al no tener la capacidad de valorar las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que dieron origen al acto del particular que se pretende sancionar, estaría imposibilitada para calificar la gravedad de la conducta que genera la infracción, imponiendo tal multa de manera irrazonable y desproporcionada, por tanto, esa falta de oportunidad para individualizar la sanción por parte de la autoridad administrativa, es lo que conduce a considerar que la citada multa puede ser excesiva.
"Al establecer el precepto impugnado una sanción de carácter pecuniario en la que no se indica el parámetro de la misma para efecto de individualizarla, es decir, al fijar una sola cantidad contraviene lo dispuesto en el numeral 22 de la Ley Fundamental, puesto que, se insiste, omite proporcionar la base que permita a la autoridad hacendaria determinar el monto individualizado de la multa que se debe aplicar al infractor e impide que la autoridad administrativa tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho a sancionar.
"Así, tenemos que tanto el Pleno como la Primera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación se han manifestado respecto de la multa excesiva o fija en las tesis P./J. 9/95 y 1a./J. 51/2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995 y XVII, septiembre de 2003, páginas 5 y 186, respectivamente, cuyos rubro y texto señalan:
"‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.’ (se transcribe).
"‘MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO FIJAR LOS MÁRGENES MÍNIMO Y MÁXIMO EN SU DETERMINACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000).’ (se transcribe).
"La sanción contemplada en el ordinal que se diserta, por el solo hecho de prever una cantidad específica equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado, resulta desproporcionada para unos, esto es, su erogación implicaría por sí sola un detrimento desmedido, lo cual, aunado al hecho de que la autoridad no cuenta con un parámetro entre un mínimo y un máximo que le permita, con base en la gravedad de la infracción y la situación económica del infractor, determinar el monto o la cuantía de la multa que se aplicará, es excesiva, lo que a todas luces contraviene lo estatuido en el artículo 22 de la Constitución Federal.
"Por otra parte, el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El numeral de mérito dispone la obligación de todo ciudadano a realizar aportaciones para contribuir con el gasto público de manera proporcional y equitativa, siendo ejemplo de ello la prestación de servicios administrativos.
"En este sentido, al prever el numeral tildado de inconstitucional la multa fija, vulnera el precepto constitucional antes citado, toda vez que para que una sanción o multa sea considerada proporcional, es necesario que al momento de imponerla, se valore la gravedad de la lesión en razón del perjuicio que el particular le ocasionó al Estado, el grado de responsabilidad o la intención del contribuyente al producir la conducta que dio origen a la sanción, así como la situación económica en que se encuentre el infractor al cometer el acto a castigar.
"Para que la multa sea considerada equitativa y, por tanto, justa, el legislador tendría que haber emitido una norma general aplicable a cada infractor en particular, pues sólo así sería factible que el órgano sancionador resolviera la controversia sin necesidad de enjuiciar, o bien, implementar un rango a seguir sobre la cuantía de la multa, que indudablemente en el caso concreto no se actualiza.
"En relación a lo anterior, el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 10/95, publicada en el Tomo II, julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 19, ya se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de las multas fijas en el siguiente sentido:
"‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’ (se transcribe).
"Cabe señalar que de la lectura integral tanto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, como de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Chiapas vigente, a donde remite el numeral impugnado, no se desprende que exista un precepto en donde se prevea la individualización de la multa, por lo que se actualiza su inconstitucionalidad.
"El numeral 16 de la Constitución Federal consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, entendido el primero como la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, el segundo, como la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.
"La garantía genérica de legalidad consagrada en el citado precepto constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto Federal como Local.
"Lo anterior significa que los actos legislativos también están sujetos al mandamiento constitucional de referencia, pues de lo contrario vulnerarían el citado principio, situación que se corrobora con la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de ese Máximo Tribunal, Séptima Época, sin número, visible en la página 27, Volumen 38, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto señalan:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe).
"Dada la naturaleza del acto legislativo, su fundamentación y motivación se realizan de una manera sui géneris respecto de la generalidad de los demás actos de autoridad, así lo ha establecido el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia sin número, Séptima Época, visible en la página 150 de los Volúmenes 157-162 del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto disponen:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe).
"Por tanto, la fundamentación se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución Federal le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emitan corresponda a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trate, de acuerdo con la Ley Fundamental.
"De los razonamientos esgrimidos, resulta evidente que el Congreso de Chiapas, al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el artículo 22 de la Carta Magna, toda vez que dicho precepto prohíbe expresamente las multas excesivas o fijas; en esta tesitura, al no poder existir dentro de nuestro marco jurídico este tipo de multas, el Congreso Local se extralimitó en sus atribuciones y contravino con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal.
"Finalmente, el precepto tildado de inconstitucional transgrede el artículo 133 de la Carta Magna que consagra el principio de supremacía constitucional, el cual impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.
"En este sentido, y toda vez que el numeral que se combate contradice lo dispuesto por los numerales 16, 22, primer párrafo y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es incuestionable que rompe con la supremacía constitucional establecida, puesto que pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna.
"En mérito de lo expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar inconstitucional el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas; para el ejercicio fiscal de 2006, toda vez que como ha quedado debidamente demostrado, es contrario a lo dispuesto por los numerales 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
TERCERO. El promovente estimó vulnerados los artículos 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 5/2006 y por razón de turno designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor del procedimiento.
Por acuerdo de veinticinco de enero siguiente, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al Poder Legislativo que emitió la norma y al Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.
Mediante proveído de catorce de febrero siguiente, el Ministro instructor, con fundamento en el artículo 64 de la ley reglamentaria, concedió al síndico del Municipio de Huixtla, Chiapas, un plazo de diez días hábiles para que realizara las manifestaciones que estimase pertinentes en relación con la tramitación de este asunto, pues consideró que si el Alto Tribunal llega a declarar la invalidez de la norma general impugnada por el procurador general de la República, podría afectarse su hacienda municipal.
QUINTO. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas al rendir su informe respectivo, en síntesis, manifestó, exclusivamente en cuanto a la norma cuya invalidez se reclama, lo siguiente:
Que el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas; para el ejercicio fiscal dos mil seis, no vulnera los artículos 16, 22, 31, fracción IV, ni el 133 de la Constitución General de la República, puesto que no contiene una multa excesiva.
Que son erróneos los argumentos del actor, pues de una correcta interpretación del artículo de mérito, se advierte que dicho precepto prevé multas administrativas e impuestos y no únicamente un impuesto o contribución como lo considera el demandante.
Que lo anterior es así, pues "en el mencionado precepto legal municipal, en su primera parte, no se impone obligación relativa a una contribución federal, sino el pago de una multa por incumplimiento a una disposición de carácter administrativo (multa administrativa), consecuentemente es fundadamente procedente establecer que dicha multa se trata de un aprovechamiento. ..."
Que por ser un aprovechamiento y no una contribución, "no se puede hablar de una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, puesto que en la especie no rigen los principios tributarios consagrados en este precepto constitucional. ..."
Que lo anterior es así, pues el artículo 31, fracción IV, de la Constitución ordena "la proporcionalidad y equidad en cuanto a las contribuciones; mas no es cuanto a las multas. ..."
Esto es, que "las multas administrativas previstas en la primera parte del artículo 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huixtla ... no pueden considerarse contribuciones y, por ende, no se trata de multas fiscales, por tanto, debe concluirse que las mismas no se rigen por los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en dichas multas no es necesario tomar en cuenta la capacidad contributiva, la proporcionalidad ni la equidad tributaria, ya que dichos preceptos son aplicables a las contribuciones; y la multa en comento ... deriva del incumplimiento de disposiciones administrativas y no a disposiciones fiscales."
Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal 2a. CXCVI/2002, de rubro: "MULTAS POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Asimismo, manifiesta que el precepto cuya invalidez se reclama no contiene una multa fija, dado que "dicho precepto no prevé una multiplicidad de eventos, que finalmente marcan la pauta para determinar la mayor o menor magnitud de la conducta desplegada por el infractor y en función de ello determinar su sanción; siendo consecuentemente una multa fija si dicha multiplicidad de eventos fueran sancionados con una misma multa, circunstancia que no sucede en la especie. ..."
Además, que el numeral cuya invalidez se reclama "cumple con el principio constitucional de racionalidad en la previsión del monto de la multa administrativa impuesta, ya que dispone un límite a la cuantía de la multa administrativa, y porque, además, la fórmula para el cálculo del monto de la sanción considera el salario mínimo general vigente en el Estado, que es un parámetro que toma en cuenta la capacidad económica general de los gobernados, por encontrarse relacionado con la situación salarial en el Estado. ..."
Que aunado a lo anterior, "la cuantía de la multa administrativa ... guarda una proporción razonable con la capacidad económica del infractor, en virtud de que si es propietario de un inmueble de tal magnitud que necesita un estacionamiento, es evidente la capacidad económica del infractor que redunda en su capacidad adquisitiva, por lo que es evidente que dicha multa administrativa no es excesiva. ..."
Asimismo, manifiesta que la capacidad económica del sujeto pasivo es un requerimiento que, en este caso, no resulta imprescindible para la constitucionalidad del precepto, sino que dicho concepto es un parámetro de validez de los actos y leyes en materia fiscal, mientras que el precepto combatido tiene una naturaleza administrativa y, por ello, no precisa tal concepto.
Por último, expresa que los bienes que pretende tutelar la ley impugnada (seguridad y orden público) no pueden afectarse en grado máximo o mínimo, sino que su afectación es única y completa y, por extensión, al ser única la conducta reprochable, lo es así la multa que el numeral impugnado dispone.
SEXTO. El consejero jurídico del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, al rendir su informe, sustancialmente, manifestó:
Que la norma impugnada no contraviene el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, pues "dicho precepto constitucional faculta al poder público, para determinar las contribuciones para los gastos públicos que como obligación deben hacer todos los mexicanos y, bajo esa premisa, la imposición de dicha obligación fiscal, en los términos planteados por el promovente, no puede ser tildada de inconstitucional, por ser facultad del Estado el establecimiento de la misma".
Que la norma impugnada no contraviene el contenido de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, pues "se advierte la voluntad del legislador de fijar un tope máximo en relación con la sanción que como multa se establece en dicho artículo, esto es, y así se puede establecer con claridad que el espíritu del legislador local fue el de determinar un máximo para que la autoridad fiscal pudiera establecer la sanción bajo su arbitrio y en relación con un supuesto determinado y no el hecho de que dicho monto fuese el determinado para todos los casos ... atendiendo desde luego a las particularidades del supuesto en el que se halle el contribuyente fiscal."
SÉPTIMO. El síndico municipal propietario del Municipio de Huixtla, Chiapas, realizó diversas manifestaciones dentro del plazo que le fue concedido por el Ministro instructor mediante proveído de catorce de febrero de dos mil seis, las cuales son esencialmente iguales a las expresadas por el Congreso Local.
OCTAVO. Al encontrarse debidamente instruido el procedimiento en sus términos, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil seis y la Constitución Federal.
SEGUNDO. Por razón de método, en primer término, se analizará la oportunidad en la presentación de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente, dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sea publicado en el correspondiente medio oficial y que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
Ahora bien, la disposición general cuya invalidez se plantea en la presente acción de inconstitucionalidad -artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas-, se publicó el jueves veintidós de diciembre de dos mil cinco en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas (fojas 18 a 55 del expediente).
Tomando en cuenta esa fecha, el plazo de treinta días naturales transcurrió del veinticuatro de diciembre de dos mil cinco al veintitrés de enero de dos mil seis, por corresponder este último al primer día hábil siguiente.
En el caso, el escrito inicial de la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el día lunes veintitrés de enero de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según consta en el sello de recepción respectivo, por lo que la presente acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.
TERCERO. Acto continuo se procede a analizar la legitimación del promovente.
Suscribe la demanda Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, según se desprende de la documental que obra a foja diecisiete del expediente.
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone que la Suprema Corte de Justicia conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, pudiendo ejercitarse por el procurador general de la República en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
En el caso, dicho funcionario promueve la acción en contra del artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Huixtla, Chiapas, por lo que se trata de una norma de carácter estatal y, por tanto, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19636-7fbd1e37/accion-de-inconstitucionalidad-la-suplencia-de-los-conceptos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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