ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 1o., FRACCIÓN II, INCISO L, Y TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS, TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, AL ESTABLECER QUE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE PRESTE CAUSARÁ DERECHOS SOBRE EL PORCENTAJE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE REALICEN LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER SIDO FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES RELATIVOS AL MISMO ACTO. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA EL COBRO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES, PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de junio de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil seis ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, ostentándose como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
"a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad, Palacio Legislativo, Plaza de la Patria No. 109 Oriente, código postal 20000, Aguascalientes, Aguascalientes.
"b) Autoridad promulgadora: gobernador del Estado, Palacio de Gobierno, Plaza Principal s/n, Centro Histórico, código postal 20000, Aguascalientes, Aguascalientes.
"II. Norma general cuya invalidez se reclama.
"El artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, publicado el 29 de diciembre de 2005, en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. El concepto de invalidez que adujo la parte actora es el siguiente:
"Primero. El artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan:
"‘Artículo 16.’ (se transcribe).
"‘Artículo 73’. (se transcribe).
"‘Artículo 124.’ (se transcribe).
"‘Artículo 133.’ (se transcribe).
"El numeral 16 de la Constitución Federal establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados.
"La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, ya que fija los alcances de sus facultades. Es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio, al cual ese Máximo Tribunal de la nación ha denominado como competencia constitucional.
"Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40, en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la misma Ley Fundamental.
"Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo, in fine, del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -Constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal determinadas en la misma Carta Magna.
"En este orden de ideas, el numeral 124 del propio Ordenamiento Supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales -facultades residuales-.
"Siguiendo con el razonamiento que nos ocupa, es de observarse que de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica, por lo cual es inequívoco que las legislaturas estén impedidas para ejercer tal atribución.
"Así, en el caso de las contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, elementos que indiscutiblemente no son aplicables en el caso del derecho de alumbrado público, el cual goza de una naturaleza distinta a la del impuesto de consumo de energía eléctrica, como adelante se precisará.
"Señalando lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho establecido en el numeral tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, tiene la naturaleza de una contribución, la cual, por ser materia de energía eléctrica, únicamente compete establecerla al Congreso de la Unión.
"Así, los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, fueron publicados en el Periódico Oficial de la entidad el 29 de diciembre de 2005, los cuales en la parte que interesa, señalan:
"‘Transitorios
"‘Artículo tercero. En tanto se reforma la Ley de Hacienda del Municipio y consecuentemente la presente Ley de Ingresos, se reconsiderarán derechos por servicios de alumbrado público, los ingresos que obtenga el Municipio por el cobro a los usuarios, domésticos, comerciales e industriales del servicio doméstico, descritos en el artículo siguiente, propietarios o poseedores de créditos en la jurisdicción del territorio municipal, en la cantidad equivalente al 10% de los consumos que éstos generen y serán cobrados en los recibos de consumo de la Comisión Federal de Electricidad.’
"‘Artículo cuarto. Son causantes del derecho por concepto de alumbrado público en calles, plazas, jardines y demás lugares de uso común, los consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-5, 1-30, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RFH, HM-RM, publicadas en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1986, 10 de noviembre de 1991, 3 de abril de 1992, 13 de mayo de 1993, 4 de octubre de 1993 y 30 de septiembre de 1994.’
"De la anterior transcripción se desprende que los elementos del supuesto derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son:
"a) Sujeto: Los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio.
"b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio.
"c) Tasa: 10% en razón del consumo que se genere de energía eléctrica.
"d) Tarifa: 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1, 5, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RFH y HM-RM.
"e) Base: El importe de consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica.
"f) Época de pago: La empresa suministradora del servicio hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario.
"Ahora bien, para una mejor comprensión del problema planteado, cabe precisar que en nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la Ley por el Uso o Aprovechamiento de los Bienes del Dominio Público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso a estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, lo anterior de conformidad con el artículo 2o. del código federal tributario, que señala:
"‘Artículo 2o.’ (se transcribe).
"En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este estudio interesa, señala:
"‘Artículo 115. ...
"‘III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
"‘...
"‘b) Alumbrado público.’
"Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda a través de su Ley de Ingresos cobrar contribuciones al consumo de energía eléctrica; así las cosas, el artículo que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de luz.
"De lo anterior, resulta que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, es decir, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen.
"Lo anterior tiene mayor relevancia si se considera que una vez determinada la base, se le debe aplicar la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, además del pago del 10% por concepto de la tasa, por el consumo de energía eléctrica que se genere, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos de un tributo, en relación con los demás artículos de la Ley de Ingresos Municipal antes citada, es que se arriba a la conclusión que a través de éstos no se está cobrando un derecho, sino una contribución.
"Lo manifestado se robustece con el criterio sustentado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2005, en el que señaló:
"‘De los artículos transcritos se advierte que la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, establece una contribución a la que otorga la naturaleza jurídica de derecho cuyo objeto o hecho imponible, de acuerdo con el contenido del artículo 31, lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Es importante destacar que en este precepto, inclusive se especifica que el alumbrado público es el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y lugares para el uso común.
"‘No obstante lo anterior, tenemos que la armonía que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, se rompe con el contenido del artículo 33, al regular que la base para el cálculo de este derecho es el importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. A dicha base se aplicará la tasa del 8% para las tarifas 01, 1a., 1B, 1C, 02, 03, 078 y 4% para las tarifas OM, HM, HS y HT.
"‘De ello se advierte que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva, el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso, la base imponible se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público y, que en el caso, consiste en dicho consumo de energía ...
"‘El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en análisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relación con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine.
"‘Por tanto, no obstante que el artículo 33 impugnado, denomina a la contribución de mérito «derecho», materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que como quedó previamente estudiado, es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal.’
"De tal modo que si la Legislatura de Aguascalientes con la emisión del numeral tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, establece una contribución al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006.
"Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal, en las tesis P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava y Novena Épocas, Tomos I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988 y XIX, marzo de 2004, páginas 134 y 317, que a continuación se transcriben:
"‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe).
"‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe).
"Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal obliga a toda autoridad -incluyendo a los Congresos Locales- que emite un acto, a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; el primero se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto; el segundo consiste en la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación entre las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto en el caso concreto.
"Respecto de la fundamentación y motivación de los actos formal y materialmente legislativos, ese Alto Tribunal ha sostenido la tesis de jurisprudencia cuyos rubro y texto señalan:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe).
"De la anterior transcripción se desprende que en tratándose de leyes, la fundamentación se satisface cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental.
"En este contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Aguascalientes, al no estar facultado para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica, actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna.
"Finalmente, el numeral 133 de la Constitución General de la República, impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno en el ejercicio de sus atribuciones; consecuentemente, la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente a la vulneración del principio de supremacía constitucional.
"Por los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente ocurso, se reitera que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006."
TERCERO. El promovente estimó vulnerados los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 15/2006, y por razón de turno, designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor del procedimiento.
Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, quienes respectivamente emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindieran sus respectivos informes; requiriendo a aquél, además, para que, al rendir el informe solicitado, remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.
QUINTO. Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor, con fundamento en el artículo 68, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, concedió al síndico del Municipio de El Llano, Estado de Aguascalientes, un plazo de diez días hábiles para que realizara las manifestaciones que estimara pertinentes en relación con la tramitación de este asunto, pues consideró que si este Alto Tribunal llegara a declarar la invalidez de la norma general impugnada por el procurador general de la República, podría afectarse su hacienda municipal.
SEXTO. El Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes al rendir su informe, sustancialmente, manifestó:
Que la publicación de la norma cuya invalidez se reclama obedece a que es una obligación a cargo del Poder Ejecutivo Local, según lo disponen diversos preceptos de la Constitución Política del Estado; por lo que su sola publicación no es "causal de inconstitucionalidad"; asimismo, que de los conceptos de invalidez que manifiesta el promovente de la acción, no se desprende alguno que en forma directa sea imputable al titular del Poder Ejecutivo Estatal.
SÉPTIMO. El presidente y el secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes al rendir su informe respectivo, en síntesis, manifestaron lo siguiente:
Que no le asiste la razón a la parte actora de la presente acción, dado que, por mandato del artículo 115, fracción III, de la propia Constitución Federal, del artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como del artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Municipios tienen a su cargo, entre diversas funciones y servicios públicos, el de alumbrado público.
Que para el efecto de que dicho servicio se preste eficientemente, el Municipio requiere los recursos económicos indispensables, por lo que el Poder Legislativo del Estado aprobó el establecimiento de ingresos derivados por el servicio de alumbrado público que presta el Municipio; lo cual es acorde con el contenido del artículo 70, fracción III, de la Constitución del Estado, el cual permite a la Legislatura Local aprobarles a los Municipios ingresos que les permitan dar respuesta a la satisfacción de los servicios públicos, de allí la validez del precepto impugnado.
Que si algún particular considera lesivo el cobro por el servicio de alumbrado público, se encuentra en posibilidades de acudir a las instancias procedentes para plantear el asunto.
OCTAVO. Mediante proveído de tres de marzo de dos mil seis, el Ministro instructor, con apoyo en los artículos 68, primer párrafo, de la ley reglamentaria y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requirió de nueva cuenta al presidente del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes para que, dentro de un plazo de tres días, remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes del proceso legislativo de donde emanó la norma impugnada, toda vez que al rendir su informe no lo hizo.
NOVENO. El primer síndico del Ayuntamiento de El Llano, Estado de Aguascalientes, al desahogar la vista que le fue concedida por el Ministro instructor en proveído de catorce de febrero de dos mil seis, manifestó lo siguiente:
Que la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa ha "prescrito" debido a que el cobro del derecho al alumbrado público se ha ejercido de forma periódica y reiterada, siendo del conocimiento público.
Que no existe invasión al ámbito de competencia federal en materia de energía eléctrica, pues el cobro del servicio de alumbrado público se cubre con el patrimonio del Municipio, el cual le es devuelto por los ciudadanos que se encuentran en su territorio, lo que es conforme con el contenido del artículo 115 constitucional.
Que el objeto del derecho por el servicio eléctrico lo constituye el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, y no así, el fluido eléctrico.
Que el cobro del servicio no le genera ningún perjuicio al procurador general de la República, por lo que carece de interés jurídico para comparecer a la presente acción de inconstitucionalidad.
DÉCIMO. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil seis, el Ministro instructor tuvo por presentado al Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes remitiendo a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada.
DÉCIMO PRIMERO. Al encontrarse debidamente instruido el procedimiento en sus términos, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, y la Constitución Federal.
SEGUNDO. Por razón de método, en primer término, se analizará la oportunidad en la presentación de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente, dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sea publicado en el correspondiente medio oficial, y que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
Ahora bien, la disposición general cuya invalidez se plantea en la presente acción de inconstitucionalidad -artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes-, se publicó el veintinueve de diciembre de dos mil cinco en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes (fojas 17 a 23 del expediente).
Tomando en cuenta esa fecha, el plazo de treinta días naturales transcurrió del treinta de diciembre de dos mil cinco al lunes treinta de enero de dos mil seis, por corresponder este último al primer día hábil siguiente.
En el caso, el escrito inicial de la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el día viernes veintisiete de enero de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según consta en el sello de recepción respectivo, por lo que la presente acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.
No es óbice a lo anterior el que el primer síndico del Ayuntamiento de El Llano, Aguascalientes, manifieste que la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa ha prescrito debido a que el cobro del derecho al alumbrado público se ha ejercido de forma periódica y reiterada, siendo del conocimiento público.
En efecto, no le asiste la razón al síndico del Ayuntamiento, en virtud de que tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, la ley reglamentaria de la materia no contempla la figura de prescripción procesal; dicho ordenamiento sólo contempla la preclusión de los plazos que se tienen para interponer la demanda que, como se ha visto, fue presentada de manera oportuna.
Asimismo, el hecho de que se haya venido pagando el tributo, no prejuzga sobre la constitucionalidad de la norma, ni convalida los probables vicios de inconstitucionalidad de que adolezca.
TERCERO. Acto continuo, se procede a analizar la legitimación del promovente.
Suscribe la demanda Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, según se desprende de la documental que obra a foja dieciséis del expediente.
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone que la Suprema Corte de Justicia conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, pudiendo ejercitarse por el procurador general de la República en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
En el caso, dicho funcionario promueve la acción en contra del artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, por lo que se trata de una norma de carácter estatal y, por tanto, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
No es óbice a lo anterior, el que el Congreso del Estado de Aguascalientes manifieste que si algún particular considera lesivo el cobro por el servicio de alumbrado público, se encuentra en posibilidades de acudir a las instancias procedentes para plantear el asunto, o que el primer síndico del Ayuntamiento de El Llano, Estado de Aguascalientes, indique que el cobro del servicio no le genera ningún perjuicio al procurador general de la República, por lo que carece de interés jurídico para comparecer a la presente acción de inconstitucionalidad.
Deben desestimarse las causales de improcedencia en cita, dado que las acciones de inconstitucionalidad son medios de control abstracto de constitucionalidad, en los que se plantea la posible contravención de una norma de carácter general o un tratado internacional con la Constitución Federal y que se promueven con el único interés de preservar la supremacía de este último ordenamiento; esto es, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación someta a revisión la disposición general combatida y establezca si se adecua o no a los lineamientos fundamentales establecidos por la Constitución, analizando la regularidad de las normas generales subordinadas al Pacto Federal, todo ello con independencia del perjuicio que pudiesen resentir los particulares y sin necesidad de que el promovente tenga que demostrar que dicha norma le genera algún perjuicio o afectación.
En tal virtud, si en los conceptos de invalidez se plantea la contradicción entre el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Aguascalientes, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cinco, con diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que el contenido de dicho numeral es atentatorio de principios estatuidos en ésta, debe determinarse que se surte cabalmente la procedencia de este medio de control constitucional en contra de tal disposición.
En consecuencia de lo expuesto, no se actualizan los argumentos de improcedencia aducidos por el Congreso Local y por el primer síndico del Ayuntamiento de El Llano, Estado de Aguascalientes.
CUARTO. En primer término se estudiará el concepto de inv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19659-e44c6ecb/accion-de-inconstitucionalidad-los-articulos-1o-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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