ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER SIDO FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES RELATIVOS AL MISMO ACTO. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA EL COBRO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES, PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. CONTRIBUCIONES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. LOS ARTÍCULOS 30, 31 Y 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, AL ESTABLECER MATERIALMENTE UN IMPUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de junio de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil seis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, ostentándose como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
"a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad, calzada Francisco I. Madero, esquina con Av. Tecnológico s/n, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.
"b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado, carretera Oaxaca-Puerto Ángel, km. 9.05, Oaxaca, Oaxaca.
"II. Norma general cuya invalidez se reclama.
"El artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2006, publicada el 11 de marzo de 2006 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. El concepto de invalidez que adujo la parte actora es el siguiente:
"Único. El artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2006, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan:
"‘Artículo 16.’ (se transcribe).
"‘Artículo 73.’ (se transcribe).
"‘Artículo 124.’ (se transcribe).
"‘Artículo 133.’ (se transcribe).
"El numeral 16 de la Constitución Federal establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados.
"La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, ya que fija los alcances de sus facultades. Es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio, al cual ese Máximo Tribunal de la Nación ha denominado como competencia constitucional.
"Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40, en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la misma Ley Fundamental.
"Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo in fine del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -Constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal determinadas en la misma Carta Magna.
"En este orden de ideas, el numeral 124 del propio Ordenamiento Supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales -facultades residuales-.
"Siguiendo con el razonamiento que nos ocupa, es de observarse que de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica, por lo cual es inequívoco que las legislaturas estén impedidas para ejercer tal atribución.
"Así, en el caso de las contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago; en el caso del derecho de alumbrado público (sic).
"Precisado lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho establecido en el numeral 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2006, tiene la naturaleza de una contribución, la cual, por ser materia de energía eléctrica, únicamente compete establecerla al Congreso de la Unión.
"Así, de la lectura integral del Periódico Oficial de la entidad de 11 de marzo de 2006, se advierte la publicación de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2006, cuyo contenido en la parte que interesa para el presente análisis, señalan:
"‘Título tercero
"‘De los derechos
"‘Capítulo primero
"‘Alumbrado público
"‘Capítulo XI
"‘Por servicios de alumbrado público
"‘Artículo 30. Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio, se entenderá por servicio de alumbrado público, el que el Municipio proporciona a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común.’
"‘Artículo 31. Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre o no ubicada precisamente frente a su predio.’
"‘Artículo 32. Servirá de base para el cálculo de este derecho el importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica conforme a la siguiente tabla:
"‘Servicio Tasa
"‘01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, 07 8.00%
"‘OM, HM, HS, HSL Y HTL 4.00%
"‘Se entenderá como 01 servicio doméstico, 1A servicio doméstico para localidades con temperatura media en verano de 25 grados centígrados, 1B servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados, 1C servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima de 31 grados centígrados, 02 servicio general hasta 25 kw de demanda, 03 servicio general para más de 25 kw de demanda y 07 servicio para bombeo de agua de riego agrícola, OM tarifa ordinaria para servicio general en media tensión con demanda menor a 300 kw, HM tarifa ordinaria para servicio en media tensión con demanda de 300 kw o más, HS tarifa horaria para el servicio general en alta tensión, nivel transmisión, HSL tarifa horaria para el servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión para larga duración y HTL tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización. El pago de este derecho se cubrirá de manera bimestral en las cajas recaudadoras de la empresa que suministre energía eléctrica.’
"Derivado del precepto impugnado -artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca-, se advierte que los elementos del derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son:
"a) Sujeto: Los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio, sin importar que la fuente de alumbrado público se encuentre o no ubicada frente a su predio.
"b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio.
"c) Tasa: 4% y 8%.
"d) Tarifa: 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03 y 07, y OM, HM, HS, HSL y HTL.
"e) Base: El importe de consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica.
"f) Época de pago: La empresa suministradora del servicio hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario.
"Para una mejor comprensión del problema planteado, cabe precisar que en nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso a estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, lo anterior de conformidad con el artículo 2o. del código federal tributario, que señala:
"‘Artículo 2o.’ (se transcribe).
"En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este estudio interesa, señala:
"‘Artículo 115. ...
"‘III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
"‘...
"‘b) Alumbrado público.’
"Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda a través de su Ley de Ingresos cobrar contribuciones al consumo de energía eléctrica; así las cosas, el artículo que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de luz, resultando que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, es decir, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen.
"Lo anterior tiene mayor relevancia si se toma en consideración que una vez determinada la base, se le debe aplicar la tarifa -OM, HM, HS, HSL y HTL o 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03 y 07- dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, además del pago del 4% y 8% por concepto de la tasa por el consumo generado, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos de un tributo, en relación con los demás artículos de la Ley de Ingresos municipal antes citada, es que se arriba a la conclusión que a través de éstos no se está cobrando un derecho, sino una contribución.
"Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2005, denunciada por el suscrito, en la que se impugnó el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, en el que señaló:
"‘De los artículos transcritos se advierte que la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, establece una contribución a la que otorga la naturaleza jurídica de derecho cuyo objeto o hecho imponible, de acuerdo con el contenido del artículo 31, lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Es importante destacar que en este precepto, inclusive se específica que el alumbrado público es el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y lugares para el uso común.
"‘No obstante lo anterior, tenemos que la armonía que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, se rompe con el contenido del artículo 33, al regular que la base para el cálculo de este derecho es el importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. A dicha base se aplicará la tasa del 8% para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, 078 y 4% para las tarifas OM, HM, HS y HT.
"‘De ello se advierte que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva, el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso, la base imponible se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público y, que en el caso, consiste en dicho consumo de energía.
"‘...
"‘El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en análisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relación con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine.
"‘Por tanto, no obstante que el artículo 33 impugnado, denomina a la contribución de mérito «derecho», materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que como quedó previamente estudiado, es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal.’
"De tal modo que si la Legislatura de Oaxaca con la emisión del numeral 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2006, establece una contribución al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2006.
"Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal en las tesis P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava y Novena Épocas, Tomos I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988 y XIX, marzo de 2004, páginas 134 y 317, que a continuación se transcriben:
"‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe).
"‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe).
"Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal obliga a toda autoridad -incluyendo a los Congresos Locales- que emite un acto, a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; el primero se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto, el segundo consiste en la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación entre las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto con el caso concreto.
"Cabe precisar que ese Alto Tribunal ha considerado que tratándose de actos legislativos la garantía de legalidad en cuanto a la fundamentación y motivación de dichos actos se cumple cuando el órgano legislativo que expide el ordenamiento, constitucionalmente está facultado para ello, ya que tal requisito se satisface cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere; y respecto a la motivación, ésta se colma cuando las leyes que emite se refieren a las relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.
"Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 157-162, Primera Parte, página 150, que a continuación se transcribe:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe).
"De la anterior transcripción se desprende que en tratándose de leyes, la fundamentación se satisface cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental.
"En este contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Oaxaca, al no estar facultado para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica, actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna.
"Finalmente, el numeral 133 de la Constitución General de la República, impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno en el ejercicio de sus atribuciones, y la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente a la vulneración del principio de supremacía constitucional."
TERCERO. El promovente estimó vulnerados los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Por acuerdo de once de abril de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 25/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor del procedimiento.
Por acuerdo de diecisiete de abril siguiente, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, quienes respectivamente emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindieran sus respectivos informes; requiriendo a aquél, además, para que, al rendir el informe solicitado, remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.
QUINTO. El Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca al rendir su informe, sustancialmente manifestó que es cierto el acto de promulgación que se le atribuye, toda vez que actuó en términos de los artículos 58 y 80, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, los cuales le confieren facultades para ello, razón por la cual se procedió en tales términos.
SEXTO. El presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, quien actúa como representante del órgano legislativo en cita, rindió su respectivo informe, anexando las copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma cuya validez se cuestiona y, en síntesis, manifestó lo siguiente:
Que el artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, no contraviene el contenido de los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en la aprobación de dicho precepto se observaron las formalidades del procedimiento legislativo que establecen diversos numerales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Oaxaca y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca; de tal forma que la acción de inconstitucionalidad de mérito es improcedente.
Que el precepto impugnado no invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión dado que no establece alguna contribución sobre el consumo de energía eléctrica, sino que la norma en cita se refiere al alumbrado público, atribución establecida para los Municipios en el inciso b) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en función de ello, los Municipios tienen a su cargo el servicio de alumbrado público que el Municipio otorga a la comunidad en lugares de uso común, por lo que la disposición que se reclama no resulta inconstitucional.
Que debe declararse infundada la acción planteada por el actor, toda vez que el artículo impugnado se refiere a la forma de calcular la contribución, que en la especie, resulta un derecho, el cual consiste en la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio, servicio cuya prestación encarga la Constitución Federal a los Municipios.
Que el artículo 32 impugnado establece el mecanismo y los factores que se utilizan para el cálculo del referido ingreso municipal y así, visto de manera aislada, como lo plantea el actor, no causa ningún agravio ni vulnera el Texto Constitucional en perjuicio de facultades de la Federación o alguno de sus poderes.
Que el contenido del precepto impugnado no invade la esfera de atribuciones de autoridad federal alguna, porque no establece el cobro de derechos por el servicio de energía eléctrica sino que sólo se concreta a señalar los porcentajes que de hecho ya la Comisión Federal de Electricidad cobra a los usuarios, en función de la tarifa establecida por la propia paraestatal.
SÉPTIMO. Mediante proveído de primero de junio de dos mil seis, se tuvo por presentado a Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien se ostenta como procurador general de la República, formulando sus alegatos.
OCTAVO. Al encontrarse debidamente instruido el procedimiento en sus términos, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre el artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, y la Constitución Federal.
SEGUNDO. Por razón de método, en primer término, se analizará la oportunidad en la presentación de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente, dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sea publicado en el correspondiente medio oficial y que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
Ahora bien, la disposición general cuya invalidez se plantea en la presente acción de inconstitucionalidad -artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca-, se publicó el once de marzo de dos mil seis en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca (fojas dieciocho a cuarenta y uno del expediente).
Tomando en cuenta esa fecha, el plazo de treinta días naturales transcurrió del doce de marzo al lunes diez de abril de dos mil seis.
En el caso, el escrito inicial de la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el día diez de abril de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según consta en el sello de recepción respectivo; por lo que la presente acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.
TERCERO. Acto continuo, se procede a analizar la legitimación del promovente.
Suscribe la demanda Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, según se desprende de la documental que obra a foja dieciséis del expediente.
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone que la Suprema Corte de Justicia conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución; pudiendo ejercitarse por el procurador general de la República en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
En el caso, dicho funcionario promueve la acción en contra del artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, por lo que se trata de una norma de carácter estatal y, por tanto, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
CUARTO. No habiendo causales de improcedencia hechas valer por las partes o que este Alto Tribunal encuentre de oficio, se procede a estudiar el fondo del asunto.
Por lo que hace a la contravención constitucional planteada, en primer término, se estudiará el concepto de invalidez que hace valer el procurador general de la República, tendiente a evidenciar que:
• El artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, vulnera el inciso a), sección 5a., fracción XXIX, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que según aduce, en aquél se establece una contribución al consumo de energía eléctrica, lo cual excede la competencia de la Legislatura del Estado, puesto que el precepto constitucional en cita establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica, por lo cual es inequívoco que las Legislaturas Locales están impedidas para ejercer esta atribución, tal como sucede en la especie.
A efecto de analizar la cuestión planteada, en primer término resulta necesario citar el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal que se aduce violentado, así como el 115, fracción III, inciso b), y fracción IV, inciso c), de la propia Carta Magna que establece que la prestación del servicio de alumbrado público es exclusiva de los Municipios, así como la facultad de las legislaturas de aprobar las Leyes de Ingresos de este nivel de gobierno:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX. Para establecer contribuciones:
"...
"5o. Especiales sobre:
"a) Energía eléctrica."
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
"b) Alumbrado público.
"c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
"d) Mercados y centrales de abasto.
"e) Panteones.
"f) Rastro.
"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
"h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
"i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
"Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19725-97af3998/accion-de-inconstitucionalidad-si-se-declara-la-invalidez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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