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Modo: Corpus Pro

CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN SI BIEN PUEDE PREVERSE EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL COMO UNA POTESTAD FISCALIZADORA DEL ESTADO, LA MISMA DEBE DERIVAR DE ACTUACIONES FUNDADAS Y MOTIVADAS DEBIÉNDOSE INVALIDAR LAS QUE REVELEN UN ACTO ARBITRARIO, COMO INTERFERIR EN LOS ASUNTOS MUNICIPALES O SOMETER AL MUNICIPIO EN MÁS DE UNA OCASIÓN AL PROCESO FISCALIZADOR DE UN MISMO EJERCICIO, SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2005. · Registro digital (IUS): 20834
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TECOMÁN, ESTADO DE COLIMA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 1816.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2005. MUNICIPIO DE TECOMÁN, ESTADO DE COLIMA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de enero de dos mil ocho.

VISTOS; para resolver los autos correspondientes a la controversia constitucional 44/2005 y,

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Padilla Velasco, síndico del Ayuntamiento de Tecomán, Estado de Colima, promovió controversia constitucional en representación de ese Municipio contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima.

Los actos y normas impugnados son los siguientes:

1) Del Congreso del Estado de Colima, la votación y aprobación del Decreto 219, el dieciséis de mayo de dos mil cinco, así como su remisión al Poder Ejecutivo del Estado, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda, estos dos últimos pertenecientes al Congreso Local.

2) Del Poder Ejecutivo del Estado, la impresión y promulgación del Decreto 219, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el veintiuno de mayo de dos mil cinco, así como la iniciación de la vigencia del mismo.

3) De la Comisión de Hacienda y de la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo Local, la instauración del procedimiento de investigación y revisión especial al Municipio de Tecomán como consecuencia de la aplicación y en observancia del Decreto 219, procedimiento cuyo inicio fue notificado al presidente municipal del Ayuntamiento de Tecomán el cuatro de julio de dos mil cinco.

Las entidades o poderes demandados son, por tanto, el Poder Legislativo del Estado de Colima, la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Contaduría Mayor de Hacienda del mismo, y el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través del gobernador del Estado.

SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:

a) El cuatro de julio de dos mil cinco recibió de Elías Martínez Delgadillo un legajo de notificaciones en el que se le comunicaba el inicio de la investigación y revisión especial a su Municipio. Se recibieron, específicamente, los siguientes documentos: el oficio de comunicación número 106/2005 del expediente (XI) 2003-2006/7.11, signado por el contador mayor de Hacienda; una copia del Periódico Oficial "El Estado de Colima" de veintiuno de mayo de dos mil cinco, y el oficio de veintinueve de junio del mismo año, por el que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, inició contra el mismo el procedimiento de investigación y revisión especial correspondiente al expediente (XI) 2003-2006/7.11.

b) En este último oficio -de veintinueve de junio de dos mil cinco- se aprecia que junto con la investigación iniciada, también se inició respecto del Municipio la figura de la intervención, la cual no quedó suficientemente delimitada. Así, no se precisó qué tipo de intervención sería, ni se precisaron las funciones de quienes intervendrían en la citada investigación, por lo que al carecer de un parámetro, existe la posibilidad de que quienes intervengan en dicha investigación pasen a ejercer facultades que sólo corresponden al administrador, esto es, al Municipio de Tecomán.

c) El oficio 106/2005, por el que se inició la investigación y revisión especial a su Municipio, impugnado como primer acto de aplicación, no establece hasta qué grado se intervendrá la Tesorería Municipal, cuando el artículo 115 constitucional faculta a las Legislaturas Locales exclusivamente para revisar la cuenta pública, sin que dicha facultad incluya la figura de la intervención que pretende desplegar la Contaduría Mayor de Hacienda. El Municipio actor observa que dicha figura podría tornarse en un momento dado violatoria de la libertad de administración de la hacienda municipal.

d) El Municipio actor afirma que el oficio impugnado al no establecer el grado de intervención a que se refiere, sus límites, el objeto o la duración de la misma, deja a la discrecionalidad de la autoridad la posibilidad de que la referida intervención sea absoluta, esto es, que se equipare a la administración, lo cual excedería lo determinado por el artículo 115 constitucional, que solamente permite a la legislaturas revisar y fiscalizar la cuenta pública municipal.

e) Finalmente, el Municipio actor subraya que la Contaduría Mayor de Hacienda ya había efectuado una revisión a las cuentas públicas correspondientes al segundo semestre del ejercicio de dos mil cuatro (del primero de julio al treinta y uno de diciembre), razón por la que cuestiona la posibilidad de volver a revisar la cuenta pública municipal por este mismo órgano, pues de la Constitución Federal no se desprende esta posibilidad, ni la posibilidad de realizar revisiones especiales. Por ello, concluye que los actos impugnados son contrarios a la libre administración municipal.

TERCERO. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez, se vierten los argumentos que a continuación se sintetizan.

1. En su primer concepto de invalidez, la parte actora sostiene en primer lugar que el acto imputado al Congreso Local es contrario a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues fue ejecutado sin motivo ni fundamento expreso, y sin que la autoridad tuviera competencia para ello.

El Congreso Local, destaca, trató de fundamentar y motivar el Decreto 219 en el considerando decimosexto del mismo, invocando los artículos 4o., fracciones I, III, II, V, VI, XII; 6o., fracción VI; 11, fracciones I, VII y VIII; 13; 14; 15; 16; 17, fracción I; 21; 23, fracción V; 25; 26 y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. En la recomendación contenida en el decreto, el Congreso instaba al Cabildo del Municipio de Tecomán a instruir a la tesorera municipal para que previera las reservas financieras necesarias para cubrir las obligaciones que en su caso pudiera determinar la autoridad jurisdiccional competente respecto de los trabajadores que se encontraban en huelga, y para que en lo sucesivo no omitiera realizar tales previsiones.

Hasta el momento, subraya la parte actora, el Municipio de Tecomán no ha sido condenado al pago de sueldos caídos con motivo de la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán. El objeto de la litis, en cualquier caso, es la facultad de intervención que la Contaduría Mayor de Hacienda pretende ejercer respecto a la tesorería, pues la misma vulnera la libre administración municipal y excede los límites de la facultad de revisión y fiscalización de la hacienda municipal a la que debe circunscribirse -y la cual, apunta, ya fue desplegada en su momento-.

El Municipio actor afirma que de la lectura de los artículos citados por la Contaduría Mayor de Hacienda como fundamento de su actuar se desprende que dicho órgano no goza de la facultad de intervención con el grado, límites, objeto o duración con que pretende ejercerla. En su opinión, dicha facultad no puede quedar sujeta a la discrecionalidad, que puede incluso ser absoluta, de la autoridad; no puede ejercerse a un grado que permita que la entidad fiscalizadora llegue a administrar la hacienda municipal, y su temporalidad no puede quedar en la absoluta indefinición. En tales circunstancias, excede los límites que establece el artículo 115 constitucional, que sólo faculta a la revisión y a la fiscalización de la cuenta pública municipal. El ejercicio de la actividad fiscalizadora en los términos en que la ha desplegado el Congreso Local vulnera la libre administración de la hacienda municipal.

2. En su segundo concepto de invalidez, el Municipio actor denuncia la violación al artículo 16 constitucional, por considerar que los actos combatidos carecen de la debida fundamentación. Ello es así, afirma, porque el Decreto 219 ordenó que se aprovisionaran reservas, pero no que se practicara una revisión especial, que tampoco es contemplada por la Constitución Federal ni por la ley de la materia. En todo caso, el actuar de la autoridad demandada excede sus competencias al no ceñirse a los límites que establece el artículo 115 de la Constitución Federal al prever la revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, y vulnera el principio de la libre administración de la hacienda municipal, integrada por los rendimientos de los bienes que pertenezcan al Municipio, así como las contribuciones y los recursos establecidos en el propio artículo 115 constitucional, fracciones de la I a la X.

3. En su tercer concepto de invalidez, el Municipio de Tecomán denuncia la violación del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues en su opinión la intervención con que la Contaduría Mayor de Hacienda dio inicio a la investigación y revisión especial a su entidad, mediante el oficio 106/2005, invade las competencias de su Ayuntamiento, y en particular la de administrar libremente su hacienda, en términos de lo establecido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y el 87, fracción IV, de la Constitución de Colima. En apoyo de sus argumentos, cita la tesis de jurisprudencia plenaria de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERVENCIÓN A LA TESORERÍA MUNICIPAL. ES INCONSTITUCIONAL LA QUE REALIZA LA LEGISLATURA DE UN ESTADO CUANDO LA LEY NO SEÑALA CUÁLES SERÁN SUS ALCANCES Y LÍMITES."

4. Finalmente, en su cuarto concepto de invalidez, el Municipio actor alega que el Congreso Local viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues, desde su óptica, sin contar con una disposición exactamente aplicable al caso y careciendo de toda fundamentación y motivación, la Legislatura Local decidió unilateralmente aprobar la propuesta de recomendación formulada por la Contaduría Mayor de Hacienda, en el sentido de que su Municipio proveyera las reservas financieras para cubrir las obligaciones que en su caso llegara a determinar la autoridad jurisdiccional competente, respecto de los trabajadores que se encuentran en estado de huelga y ordenó el inicio de la investigación y revisión especial.

El Municipio actor señala que el artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Colima establece que el Congreso Local, al revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los Ayuntamientos, deberá expedir un decreto en el que se plasme la conclusión del proceso realizado, se determine si hubo o no irregularidades o faltas de carácter administrativo y proponga las sanciones a las que puedan estar sujetos quienes hayan incurrido en alguna responsabilidad, pero en ninguna parte de la Constitución Local se establece la facultad de efectuar revisiones municipales. Por ello, considera que no existe fundamento alguno para que la Contaduría Mayor de Hacienda, por órdenes del Congreso Local, realice este tipo de investigaciones, menos aún cuando ya se ha revisado el segundo semestre que comprende de julio a diciembre de 2004. En todo caso, señala el Municipio actor, este tipo de facultades no pueden llegar a vulnerar la esfera de atribuciones del Municipio, sobre todo la de administrar libremente su hacienda. El Municipio de Tecomán se queja de la incertidumbre que ocasiona esta figura, pues desconoce si su fin es precautorio o punitivo, así como su objetivo, alcances, límites, o si se trata de una mera vigilancia o de una administración. Esta inseguridad jurídica vulnera la libre administración de la hacienda municipal.

CUARTO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 14, 16, 17, 108, 113 y la fracción IV del 115.

QUINTO. Trámite de admisión. Por acuerdo de quince de julio de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional con el número 44/2005 y designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz como instructor.

Por auto de ese mismo día, el Ministro instructor reconoció la personalidad del promovente y admitió a trámite la demanda. También reconoció el carácter de demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Colima, así como a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda, ambos del Congreso de la entidad. En el mismo acuerdo se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que presentaran su contestación en el término de treinta días hábiles, y se ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes hasta antes de la celebración de la audiencia de ley. Finalmente, se ordenó formar un cuaderno incidental a los fines de decidir acerca de la solicitud de suspensión expresada por el actor.

SEXTO. Contestación de la demanda. A continuación se sintetiza el contenido de los escritos de contestación de demanda.

1. Contestación del Congreso del Estado de Colima. Mediante oficio presentado el doce de septiembre de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Corte, José Antonio Orozco Sandoval, diputado presidente de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, contestó la demanda de controversia constitucional manifestando, en síntesis, lo siguiente:

1) No es cierto, contrario a lo que alega el Municipio actor, que exista un conflicto de poderes entre el Congreso Local, su Comisión de Hacienda y Presupuesto y su Contaduría Mayor de Hacienda, y el Municipio de Tecomán. A juicio de la legislatura, los actos reclamados tienen un fundamento legal y constitucional que impide que tal conflicto se suscite, como se desprende del oficio 106/2005 signado por la Contaduría Mayor de Hacienda el veintinueve de junio del dos mil cinco, remitido al presidente municipal del Municipio actor. En dicho oficio se precisan los alcances de los trabajos de investigación a ejecutar, sin que se prevea la práctica de una intervención a la Tesorería Municipal. La investigación ordenada se centra íntegramente en documentales contables, no implica la disposición real y actual de recursos financieros y se refiere a un ejercicio anterior; el análisis, revisión y fiscalización del primer semestre del dos mil cinco será materia de acciones ordinarias aún no iniciadas, pues el término para que los Municipios presentaran sus dictámenes de cuenta pública aprobados por sus respectivos Cabildos concluyó el pasado treinta y uno de julio.

2) Del análisis del citado oficio 106/2005, antes referido, la Legislatura Local desprende las siguientes conclusiones:

a) Con fundamento en el artículo 6, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto solicitó a la Contaduría Mayor que diera seguimiento a la recomendación que el Congreso del Estado hizo al Municipio actor en el Decreto 219, en el que se instaba al presidente municipal a instruir a la tesorera municipal para que previera las reservas financieras "a los efectos de cubrir las obligaciones que en su caso determine la autoridad jurisdiccional competente respecto a los trabajadores que se encuentran en estado de huelga" y que "no omita realizar las provisiones financieras hasta en tanto se resuelva dicho conflicto". La Legislatura Local asevera que lo anterior fue lo que motivó la revisión y fiscalización del resultado de la cuenta pública del Municipio actor correspondiente al segundo semestre del ejercicio de dos mil cuatro.

b) En respuesta a la solicitud formulada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y con base en los artículos 1o.; 4o., fracciones I, II, IV y V; 5o., fracción V; 6o., fracción IV; 7o.; 11, fracciones I, V, VI y IX, entre otros (presumiblemente de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda), el auditor mayor de Hacienda comunicó al presidente municipal de Tecomán, mediante el oficio 106/2005, que procedería a efectuar una investigación y revisión especial. En dicho documento se le facilitan al Municipio actor los nombres de los auditores comisionados; se le solicita el apoyo necesario para tal fin, principalmente la disposición de un lugar para realizar la investigación, la autorización para acceder a los archivos y documentos relacionados con la recomendación del Congreso, y la documentación referente al segundo semestre del ejercicio de dos mil cuatro. Esta última información era necesaria para complementar el análisis de las partidas afectadas por la omisión en la que había incurrido el Municipio actor, al no prever las reservas financieras necesarias para cubrir una posible condena judicial relativa a los sueldos caídos de los trabajadores que estuvieron en huelga. A su juicio, dicha omisión quedó demostrada con motivo de la fiscalización efectuada a la cuenta pública del Municipio actor correspondiente al segundo semestre de dos mil cuatro, la cual motivó la recomendación emitida por el Congreso Local.

c) La tesorera municipal solicitó al auditor mayor de Hacienda, a través del oficio sin número de doce de julio de dos mil cinco, que especificara cuál era la documentación requerida y a qué dependencias se refería, solicitud que fue contestada mediante el oficio 111/2005, donde se especificaron los documentos necesarios para la investigación y se reiteró la obligación de poner a disposición de la contaduría los libros, registros y archivos contables, en los términos previstos por el artículo 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. En consecuencia, niega que exista la pretensión de intervenir la Tesorería Municipal, tal como se desprende de los documentos antes referidos, y solicita que se sobresea el presente juicio.

3) A continuación, el Congreso del Estado señala que en el caso se actualizan algunas causales de improcedencia.

a) En primer lugar, afirma que de acuerdo con el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, las controversias constitucionales sólo son procedentes contra normas de carácter general; dado que el Decreto 219 impugnado por el actor no comparte esta característica, el juicio resulta improcedente y debe ser sobreseído.

b) La demanda se presentó de forma extemporánea. El Decreto 219 fue publicado el veintiuno de mayo de dos mil cinco y entró en vigor al día siguiente, mientras que el escrito de demanda se presentó el quince de julio del mismo año, evidentemente fuera del plazo legal. Por otra parte, el decreto constituye una mera recomendación, por lo que su ejecución queda exclusivamente a cargo del destinatario -el Municipio actor-. Por todo ello, ningún acto de aplicación del decreto puede ser materia de controversia. La investigación realizada lo único que busca es constatar si se está cumpliendo con la recomendación; sin embargo, ésta tampoco tiene una forma señalada de aplicación.

c) Finalmente, señala que el decreto impugnado fue remitido al Ejecutivo Local para su promulgación y publicación, pero no a la Comisión de Hacienda y Presupuesto o la Contaduría Mayor de Hacienda, contra lo afirmado por el Municipio actor. Por tanto, el acto que se imputa a la comisión referida es inexistente. La legislatura señala que nunca se inició un procedimiento de investigación y revisión especial respecto del Municipio de Tecomán: lo que solicitó la Comisión de Hacienda y Presupuesto a la Contaduría Mayor de Hacienda fue la verificación del cumplimiento dado a la recomendación emitida por el Congreso Local.

4) Por lo que respecta a los hechos o abstenciones señalados como antecedentes por el Municipio actor, la legislatura sostiene que no es cierto que el documento que se cita en el hecho 2 sea de veintinueve de junio de dos mil cinco, sino que es del trece de ese mes y año; además, reitera, dicho documento no ordena la instauración de una revisión o investigación especial: lo único que solicita es la verificación del cumplimiento dado a la recomendación del Congreso Local. En opinión de la legislatura, el Municipio actor interpreta incorrectamente dicho documento y desconoce la normativa que regula la Contaduría Mayor de Hacienda, según la cual este órgano cuenta con facultades para llevar a cabo, después de la revisión y fiscalización ordinaria de las cuentas públicas del Estado y/o de sus Municipios, investigaciones o revisiones especiales sobre un asunto en particular, como la que se produjo en el caso que nos ocupa.

Por otra parte, niega que en las normas legales y constitucionales aplicables se prevea la figura de la intervención a la Tesorería Municipal; sostiene que tampoco se desprende esta figura del oficio impugnado: lo que existe es una investigación documental orientada a cerciorarse del cumplimiento a la recomendación formulada por el Congreso Local. La Legislatura Local argumenta que el único propósito de la recomendación contenida en el Decreto 219 es corregir la omisión en que incurrió el Municipio actor al no haber reservado un renglón presupuestario para afrontar una posible condena judicial al pago de salarios caídos de trabajadores que se encuentran en huelga desde junio de dos mil cuatro.

El Congreso Local reitera que la Contaduría Mayor de Hacienda no realizará trabajos que incluyan la intervención de la Tesorería Municipal. Tal extremo constituye una conjetura sin fundamento del Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Este órgano técnico del Congreso sólo se encarga de revisar documentación contable y financiera limitada a los aspectos de gasto ya ejercido, nunca de ejercicio directo y actual de recursos municipales.

Según la legislatura, ella, en su condición de Congreso Local, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, está facultada para efectuar independientemente de la revisión ordinaria de la cuenta pública, cualquier investigación que le sea ordenada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto; los alegatos del Municipio actor sólo intentan atrasar las funciones que tiene asignadas la referida contaduría.

Finalmente, señala que los conceptos de invalidez formulados por el Municipio actor se basan en interpretaciones parciales de la Constitución Federal y de la legalidad aplicable. Desde su óptica, la investigación que se está realizando se basa en facultades concedidas y cumple con lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal. La jurisprudencia invocada por el Ayuntamiento actor es inaplicable en el caso concreto porque se refiere a supuestos distintos. Finalmente, cita en apoyo de sus consideraciones una tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. SU REVISIÓN POR PARTE DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ANTES DE CONCLUIR EL AÑO FISCAL DE QUE SE TRATE, ES CONSTITUCIONAL."

2. Contestación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Colima. Mediante oficio presentado el doce de septiembre de dos mil cinco ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval y Sandra Anguiano Balbuena, diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado, contestaron la demanda, exponiendo esencialmente lo siguiente:

1) El acto que le imputa el Municipio actor no es cierto, pues en ningún momento instauró un procedimiento de investigación y revisión especial al Municipio de Tecomán como consecuencia de la aplicación del Decreto 219 emitido por el Congreso Local.

2) Lo que realizó, con fundamento en el artículo 6o., fracción IV de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, fue solicitar al órgano técnico de fiscalización del Congreso Local que diera seguimiento a la recomendación formulada por la Legislatura del Estado en el Decreto 219, relativo al proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del segundo semestre del ejercicio de dos mil cuatro del Municipio de Tecomán. En términos del artículo segundo del citado decreto, dicha recomendación se formuló para que el Municipio actor reservara los renglones presupuestales necesarios para cubrir una eventual condena judicial al pago de salarios caídos de trabajadores sindicalizados en huelga desde junio de dos mil cuatro, pues tales recursos fueron desviados a otros rubros de gasto y existe un riesgo de la insolvencia, lo cual resulta violatorio de diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

Como acredita la copia certificada del oficio sin número de trece de junio del dos mil cinco, señala, signado por su presidente, la solicitud que le formulara al contador mayor de Hacienda no fue en los términos denunciados por el Municipio actor y en el mismo no se dispone intervención alguna a la Tesorería Municipal, razón por la cual el juicio resulta improcedente y la demanda debe ser desechada. Por lo demás, se adhiere a la contestación formulada por la Legislatura del Estado.

3. Contestación del contador mayor de Hacienda. El doce de septiembre de dos mil cinco, Arturo Flores García, titular de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Colima, dio contestación a la demanda alegando esencialmente lo siguiente:

1) La Contaduría Mayor de Hacienda describe en primer término su función, que es, señala, la de fungir como un órgano técnico de fiscalización y control gubernamental del Poder Legislativo del Estado de Colima, cuya actividad se encuentra regulada por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. Dicha ley es de orden público y tiene por objeto regular la fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, así como de las entidades que dentro del mismo realicen gasto público estatal o municipal. Con tal objeto, la ley le otorga las facultades necesarias para revisar las cuentas públicas, ordenar la práctica de visitas, inspecciones, auditorías y trabajos de investigación adicionales en los programas a cargo de la propia contaduría. Adicionalmente, tiene la facultad de formular recomendaciones a las entidades fiscalizadas sobre los sistemas, métodos, procedimientos o medidas cuya adopción estime conveniente, para lo cual también tiene la facultad de vigilar la atención que se haya prestado a las mismas y, en su caso, concertar con las entidades implicadas acciones tendientes a la implantación de las mencionadas recomendaciones.

También tiene a su cargo, afirma, el deber de informar trimestralmente al Congreso, por conducto de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de los resultados de las auditorías, inspecciones, visitas, investigaciones, así como de los casos en que procede a formular recomendaciones, incluyendo en el informe el seguimiento de todas las acciones derivadas de las actuaciones antes mencionadas hasta su total conclusión. Puede presentar además informes especiales respecto de asuntos trascendentes, los cuales pueden ser realizados a petición de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como ocurre, desde su óptica, en el supuesto que ahora combate el Municipio actor.

La Contaduría Mayor de Hacienda considera que el Municipio actor pretende impedir la revisión y el seguimiento de la aplicación del gasto público, contrario a lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución, que establece la facultad de las Legislaturas de los Estados de revisar y fiscalizar las cuentas públicas. Esta Suprema Corte, subraya, ha considerado que entorpecer la facultad fiscalizadora de los Congresos Locales es atentar contra el orden público y el interés social, dado que la colectividad se encuentra interesada en que se observe y se cumpla la ley y se conozca el destino del gasto público.

2) El Municipio actor expresa ante esta Suprema Corte declaraciones falsas, pues no es cierto que el personal de la Contaduría Mayor haya intervenido la Tesorería Municipal o pretenda hacerlo. Como se desprende del oficio 106/2005, lo que se pretende hacer es dar seguimiento a una recomendación, para lo cual es necesario analizar archivos, no intervenir la Tesorería Municipal.

3) El escrito de demanda fue presentado extemporáneamente. Para demostrar lo anterior, controvierte en primer lugar la forma en que el Municipio actor precisa los actos reclamados. Contra lo afirmado por el Ayuntamiento de Tecomán, el Decreto 219 constituye un acto distinto al reflejado en el oficio 106/2005 emitido por la Contaduría Mayor, por lo cual este último no puede considerarse un acto de aplicación del primero. El Decreto 219 se refiere a la calificación de las cuentas públicas del segundo semestre del ejercicio del dos mil cuatro, mientras que el oficio 106/2005 se refiere al seguimiento de la recomendación realizada por el Congreso Local y a la revisión de cuentas específicas del segundo semestre del ejercicio del dos mil cuatro; el decreto fue un acto emitido por la Legislatura Local y el oficio refleja un acto emitido por la Contaduría Mayor de Hacienda. Por tanto, concluye que el oficio impugnado no es el primer acto de aplicación de un procedimiento de revisión especial.

Si el Decreto 219 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de mayo de dos mil cinco, entrando en vigor al día siguiente, y el escrito de demanda fue presentado ante esta Corte el quince de julio del mismo año, se desprende que su presentación se hizo treinta y nueve días después de su publicación, por lo que solicita sea sobreseído el presente juicio. La Contaduría Mayor destaca que el decreto le fue notificado personalmente al Municipio actor el veinticinco de mayo de dos mil cinco, venciendo el plazo, en consecuencia, el seis de junio del mismo año -esto es, siete días antes de la presentación de la demanda-.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20834-39ae0bc4/cuentas-publicas-municipales-la-practica-de-procedimientos-especiales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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