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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 150 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, QUE DECLARÓ CONCLUIDO EL PROCESO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2004, DEL AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, EN EL QUE SE APRUEBA UNA SANCIÓN PARA SU TESORERA MUNICIPAL, NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL AYUNTAMIENTO. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA NO INVADE LA ESFERA DE FACULTADES NI LA AUTONOMÍA GUBERNATIVA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL INCOAR UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A UN FUNCIONARIO MUNICIPAL, CUANDO DICHA RESPONSABILIDAD DERIVE DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2004. · Registro digital (IUS): 20044
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 1025.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2004. MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de noviembre de dos mil seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ingeniero Elías Martínez Delgadillo, la contadora pública Norma Padilla Velasco y el profesor Pedro Moisés Béjar Velázquez, en su carácter de presidente, síndico y secretario municipal, respectivamente, del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, en representación del mismo, promovieron demanda en la vía de controversia constitucional en contra de la Legislatura del Estado de Colima, por el acto que a continuación se indica:

"a) Del H. Congreso del Estado de Colima se demanda la votación, aprobación y envío que en fecha 14 de noviembre de 2004 realizó el H. Congreso del Estado de Colima del Decreto No. 150, y remisión al órgano Poder Ejecutivo y a la Comisión de Responsabilidades del propio Congreso del Estado. b) Del H. Poder Ejecutivo del Estado de Colima, representado por el C. Gobernador del Estado de Colima y secretario general de Gobierno se reclama la impresión, promulgación del Decreto No. 150 e iniciación de la vigencia que a partir del 15 de noviembre de 2004 realizaron respecto del decreto mencionado. c) De los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades del Poder Legislativo representado por el H. Congreso del Estado de Colima se les reclama la instauración del procedimiento administrativo sancionador, como consecuencia y en observancia del reclamado Decreto No. 150. El medio oficial en que se publicó el acto fue el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado ‘El Estado de Colima’, Tomo LXXXIX, Suplemento No. 3 correspondiente al No. 53 del lunes 15 de noviembre de 2004 y además con fecha 10 de diciembre de 2004, la suscrita síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima fue notificada del inicio del procedimiento administrativo sancionador por parte de la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Colima."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. Con fecha 16 de octubre de 2003 el presidente municipal del Ayuntamiento de Tecomán, en pleno uso de sus facultades marcadas en el artículo 17, fracción I, inciso e), propuso a Martha Angélica Valenzuela Verduzco para el cargo de tesorera municipal ante los integrantes del H. Cabildo, quienes con fundamento en el artículo 45, fracción (sic) inciso j), fue aceptada y se realizó su nombramiento para desempeñar dicho cargo, tal como lo acreditamos con la copia fotostática certificada que se exhibe (anexo tres). 2. La Contaduría Mayor de Hacienda, como órgano técnico del H. Congreso del Estado, realizó revisión del resultado semestral de la cuenta pública del Ayuntamiento de Tecomán, correspondiente al periodo enero-junio del ejercicio fiscal 2004, entregando con fecha 10 de septiembre de 2004, el informe primero del resultado semestral de la citada cuenta pública en el que contenía diversas observaciones. 3. El día 22 de noviembre de 2004, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, desconociendo de manera oficial la existencia de alguna sanción hacia la funcionaria municipal Martha Angélica Valenzuela Verduzco, puesto que la publicación del Periódico Oficial entró en circulación con posterioridad a esta fecha, tal como se acredita con los medios documentales, sesionó de manera extraordinaria por parte de la mencionada Martha Angélica Valenzuela Verduzco, tesorera municipal del Ayuntamiento de Tecomán, por motivo de las observaciones identificadas con los números 11/09/03 y 12/09/03, del pliego de observaciones del primer semestre de la auditoría practicada por la Contaduría Mayor de Hacienda en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2004, determinando en dicha sesión que no existía responsabilidad, toda vez que las observaciones no eran motivo para imponer sanción alguna a la tesorera municipal (anexo cuatro). 4. Toda vez que la suscrita síndico municipal no había sido notificada legalmente, el día 25 de noviembre del año en curso, nos enteramos que en la página electrónica del Gobierno del Estado apareció el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima ‘El Estado de Colima’, correspondiente al día lunes 15 de noviembre, suplemento No. 3 del No. 53 del lunes 15 de noviembre de 2004, en el que contiene el Decreto No. 150 (anexos cinco y seis), el cual declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al periodo enero-junio del ejercicio fiscal 2004 del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col., y se aprueba la sanción administrativa a la tesorera municipal Martha Angélica Valenzuela Verduzco, consistente en destitución del cargo público y la inhabilitación por un periodo de dos años, asimismo, en el artículo tercero, se establece que se turne dicho decreto a la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso, para que se instaure el procedimiento correspondiente en los términos del artículo 60, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero con fecha 29 de noviembre de 2004 dicho periódico pudo estar a disposición del público en el Archivo General del Estado. 5. Con fecha 10 de diciembre de 2004 la suscrita síndico municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, fui notificada del inicio del procedimiento administrativo sancionador (anexo siete) instruido en contra de la ciudadana Martha Angélica Valenzuela Verduzco, por motivo del considerando décimo quinto del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado y del Decreto Número 150 expedido por el Congreso del Estado de fecha 14 de noviembre del año en curso, en el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2003, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’ de fecha 15 de noviembre del mismo mes y año, en el que se acuerda citar a la ciudadana Martha Angélica Valenzuela Verduzco, tesorera municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para el día 20 de diciembre de 2004 a las 11:00 horas a fin de que en audiencia ofrezca pruebas y alegue lo que a sus intereses convenga, por medio de su defensor. 6. En razón de que el nombramiento de tesorera municipal fue otorgado por el Cabildo del Ayuntamiento de Tecomán, con apoyo al contenido de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima y además de que dicho cargo es dependiente de la administración pública municipal, según se lee en los artículos 62, 63 y 65 de la ley antes citada que dice: ‘La administración pública será centralizada y paramunicipal.’. ‘Artículo 63. El Ayuntamiento podrá crear dependencias que le estén subordinadas directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, atendiendo a sus necesidades y capacidad financiera. Asimismo, podrá crear órganos desconcentrados, subordinados jerárquicamente a las dependencias, con las facultades y obligaciones específicas que fije el reglamento y acuerdo respectivo.’. ‘Artículo 65. Para el estudio y despacho de los diversos ramos de la administración pública municipal, el Ayuntamiento establecerá las siguientes dependencias: I. Secretaría del Ayuntamiento; II. Tesorería Municipal; III. Oficialía Mayor; IV. Contraloría Municipal; y V. Las demás que el Ayuntamiento determine, considerando las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del Municipio, así como el ramo o servicio que se pretenda atender, en los términos de la presente ley y otras disposiciones legales aplicables.’. El Ayuntamiento del Municipio de Tecomán considera que la propuesta y aprobación de la sanción carece de toda validez legal, ya que la Constitución Política del Estado de Colima otorga al H. Congreso del Estado dicha facultad de aprobación, por lo que violenta el marco del derecho establecido en nuestra Carta Magna, invadiendo con ello esferas de competencias propias del Municipio. 7. En el segundo párrafo del artículo 33, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Colima textualmente se dice: ‘El Congreso deberá expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente, en el que se determine si hubo o no irregularidades o faltas de carácter administrativo, así como de las propuestas de sanción a las que pueden estar sujetos quienes hayan incurrido en responsabilidad alguna.’. De lo que se advierte que al Congreso del Estado no le asiste la razón para aprobar o desaprobar cualquier propuesta de sanción sugerida por la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico del H. Congreso del Estado, menos aún para turnar los resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente a la Comisión de Responsabilidades del mismo H. Congreso del Estado para la instauración del procedimiento sancionador sobre alguna presunta responsabilidad por parte de un funcionario público municipal como lo es la ciudadana Martha Angélica Valenzuela Verduzco, tesorera municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima."

TERCERO. El Ayuntamiento actor señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 108, 113 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los siguientes conceptos de invalidez:

"1. Violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acto ejecutado e imputado al H. Congreso del Estado de Colima, viola el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sin motivo ni fundamento expreso ha ejecutado actos que no son de su competencia. De acuerdo al considerando décimo quinto del Decreto No. 150, el Congreso del Estado a través de su órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, fundamentaron y motivaron su actuar en los artículos 4o., fracciones V y VI, 6o., fracciones VI y 11, fracciones I, VII y VIII, 16, 17, fracción I, 21, 23, fracción V, 25 y 26 y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuya constitucionalidad es dudosa, expresando que como resultado de la revisión a la cuenta pública al primer semestre del ejercicio fiscal 2004 del H. Ayuntamiento del Tecomán, Col., se determinaron observaciones, en la cual se encontraron elementos para formular propuestas de sanciones a los servidores públicos de esa administración municipal que fungieron en el periodo auditado. El contenido de los artículos antes citados establecen: (se transcriben). Como es de observarse, en los artículos antes citados en ninguno de ellos se establece de manera expresa que le compete a la Contaduría Mayor de Hacienda proponer sanción alguna al funcionario público cuyo nombramiento, remoción y disciplina está a cargo de los Ayuntamientos del Estado. Por otro lado, de acuerdo a las leyes de la materia, la tesorera municipal no puede ser considerada servidor público, ya que según el artículo 2o. de la Ley Orgánica de Contaduría Mayor de Hacienda señala que se entiende por servidores públicos los que se mencionan como tales en la Constitución Política y en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mientras que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 2o. indica: ‘Son sujetos de esta ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos estatales y federales.’. Ahora, el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Colima precisa: ‘Siempre que se trate de un delito de orden común cometido por los diputados, el gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral y el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los secretarios de la administración pública estatal, el procurador general de Justicia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los Municipios, así como los consejeros Electorales del Instituto Electoral, el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará a mayoría absoluta de votos si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.’. Por consiguiente, serán considerados servidores públicos los diputados, el gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral y el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los secretarios de la administración pública estatal, el procurador general de Justicia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los munícipes, así como los consejeros Electorales del Instituto Electoral. Con lo anterior se pone en evidencia que los tesoreros municipales, para los efectos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, no pueden ser considerados servidores públicos y ante dicho resultado el argumento de la Contaduría Mayor de Hacienda como órgano técnico del Congreso del Estado, en el referido considerando décimo quinto de que se formula propuesta de sanción a los servidores públicos de esta administración municipal carece de motivo y fundamentación legal suficiente para emitir su propuesta de sanción. Aún más, es de destacar que en el supuesto sin conceder de que los tesoreros municipales de los Ayuntamientos en el Estado de Colima entren a la hipótesis de considerarse servidores públicos para los efectos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, dicho órgano técnico y el mismo Congreso del Estado de Colima fundamentan la propuesta y aprobación de la sanción en el artículo 26, fracción (sic) de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, tal como se lee en el artículo segundo del decreto el cual se reclama su invalidez. ‘Segundo. Se aprueba la sanción administrativa a la C.P. Martha Angélica Valenzuela Verduzco, en su carácter de tesorera del H. Ayuntamiento, por las irregularidades detectadas durante la revisión del ejercicio fiscal correspondiente al periodo enero-junio de 2004, consistente en: a) la destitución del cargo público que desempeña actualmente y b) la inhabilitación por un periodo de dos años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.’. ‘Artículo tercero. Por su responsabilidad en las irregularidades determinadas en el considerando décimo quinto de este decreto, túrnese el presente por conducto de la Oficialía Mayor a la Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso para que instaure el procedimiento correspondiente en los términos del artículo 60, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.’. Por tanto, dicho artículo 26 expresa que su propuesta de sanción es exclusivamente para aplicarse a las personas físicas y morales, por lo que resulta contrastante que la consideren servidor público y después persona física o moral, sin lograr una exacta precisión al caso, lo cual es motivo de invalidez. 2. Violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se expresó en el punto anterior, el Congreso del Estado considera a la tesorera municipal como servidor público y con base en dicha estimación es el motivo por el que realiza su propuesta de sanción. Pero del análisis del artículo 26, fracción III, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda encontramos que la propuesta de sanción administrativa consistente en: a) La destitución del cargo público que desempeña actualmente y b) La inhabilitación por un periodo de dos años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; no puede ser aplicable a la tesorera municipal del Ayuntamiento de Tecomán, esto por motivo de que el citado numeral establece: ‘La Contaduría Mayor de Hacienda propondrá al Congreso, a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, las sanciones que pueden aplicarse a las personas físicas y morales a que se refiere el artículo 24 de esta ley, tomando en consideración la gravedad del daño patrimonial que sufra la cuenta pública del Estado, del Municipio o el patrimonio de las entidades paraestatales o paramunicipales, sanciones que son: ... III. Suspensión temporal por un periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses o destitución con inhabilitación, hasta por seis años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, aplicándose esta última, conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’. En efecto, el numeral en cita dice que la propuesta es para las sanciones que se aplicarán a las personas físicas y morales a que se refiere el artículo 24 de esta ley, por consiguiente, no es posible que el Congreso del Estado primero considere a la tesorera municipal como servidora pública y después una persona física o moral. El numeral 24 de la ley que nos ocupa precisa en lo que refiere a las personas físicas y morales, lo siguiente: (se transcribe). El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, y en el presente caso se advierte que no ocurrió así, ya que el poder representado por el Congreso del Estado pretende ejecutar actos que no son de su competencia, toda vez que los fundamentos invocados no son aplicables al caso, menos aún en cuanto a la facultad disciplinaria, pues en cuanto a la materia de responsabilidades los únicos que se le atribuyen corresponde a los artículos 101 y 102 de su ley orgánica y respecto de la aplicación de sanción administrativa sólo está facultado para disciplinar a sus trabajadores, tal como lo disponen los artículos del 181 al 184 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que a la letra dicen: (se transcriben). 3. Violación al artículo 115, fracciones I, tercer párrafo y VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo constitucional señala que: (se transcribe). De esta manera, de acuerdo a los artículos 45, fracción I, inciso j) y 47, fracción I, incisos e), h) y k) de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima, el nombramiento de la tesorera municipal fue aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Tecomán, cargo para desempeñar en una dependencia de la administración pública municipal, el cual atendiendo al contenido del artículo 63 y 65 de la citada ley, dicha instancia administrativa es dependiente del H. Ayuntamiento constitucional, por lo que se considera que el acto ejecutado por el Congreso del Estado a través de la aprobación del Decreto No. 150, en particular los artículos primero y segundo, en los que aprueba la propuesta de sanción para destituir e inhabilitar a la tesorera municipal no es facultad del Congreso del Estado, ya que su superior jerárquico es el mismo Ayuntamiento de Tecomán y no el H. Congreso del Estado, en los términos concluidos en el concepto de invalidez precedente, artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y artículos del 181 al 184 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima. Se estima que resulta aplicable al caso la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL REVOCAR UN ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE SE DESTITUYÓ A UN CONTRALOR MUNICIPAL, Y ORDENAR SU REINSTALACIÓN CON LA RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS LABORALES DESDE LA FECHA DE SU DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERSE, SE APLICARÁN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA.’ (se transcribe). 4. Violación a los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios en materia de responsabilidades de los servidores públicos y marcan tanto el procedimiento como la sanción -ambos administrativos- y se indica que corresponden, por regla general, al superior jerárquico del servidor público a quien se atribuye la infracción o a un órgano específico del propio nivel de gobierno. De modo que si el Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se atribuye la facultad para recomendar la imposición de una sanción y la aprobación de la misma, sobre la tesorera municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, vulnera el equilibrio de poderes que la Constitución Local debe guardar conforme a lo establecido por los artículos 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que persiguen limitar y equilibrar el poder público para que un poder no se coloque por encima de otro, principio fundamental que debe prevalecer y prevalece en nuestra Constitución Local. Al respecto, es aplicable la siguiente tesis: ‘RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, DESCENTRALIZADA Y DE LOS MUNICIPIOS. LAS FACULTADES PARA SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS Y APLICAR LAS SANCIONES COMPETEN AL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y A LOS MUNICIPIOS, RESPECTIVAMENTE, Y NO AL LEGISLATIVO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL).’ (se transcribe). 5. Violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la responsable (Congreso del Estado), sin contar con una disposición exactamente aplicable al caso, y careciendo de toda fundamentación y motivación decidió de manera unilateral aprobar la propuesta de sanción emitida por su órgano técnico, Contaduría Mayor de Hacienda, consistente en la destitución del cargo público que desempeña la C. Martha Angélica Valenzuela Verduzco tesorera municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, y su inhabilitación por un periodo de dos años y ordenar la remisión del caso a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado. Una de las facultades del Congreso del Estado se encuentra prevista en la fracción XI del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Colima, que dice: (se transcribe). Por consiguiente, el segundo párrafo del artículo y fracción que nos ocupa dispone solamente la expedición de un decreto en que se consignará: 1. La conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente. 2. La determinación si hubo o no irregularidades o faltas de carácter administrativo, así como: 3. Las propuestas de sanción a las que pueden estar sujetos quienes hayan incurrido en responsabilidad alguna. Por otro lado, el Decreto No. 150 cuya invalidez se demanda, contiene lo siguiente: (se transcribe). De esta manera, observando el contenido de la facultad del Congreso del Estado expresada en la fracción XI del artículo 33 de la Constitución Política el Estado de Colima y lo consignado en el decreto cuya invalidez se reclama, encontramos que el Congreso del Estado se excedió de sus facultades, esto es, de manera infundada e inmotivada consignó lo siguiente: A. aprobación de una sanción, lo cual no es de su facultad ni competencia, pues el Texto Constitucional no señala que el Congreso del Estado dentro de sus facultades está la de aprobar sanciones, sino solamente consignar las propuestas de sanción que existieren en su caso y el hecho de rebasar tal facultad es motivo de invalidez del acto. B. Sin existir previamente un juicio, ni ser oída ni vencida, el Congreso del Estado considera a la tesorera municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, como responsable, ya que al respecto afirmó que por su responsabilidad ... lo cual evidentemente aún no se ha llegado a tal conclusión, motivo por el que el Congreso del Estado viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica impuesta a favor de la tesorera municipal y además expresamente la Constitución Local no le confiere la facultad para juzgar anticipadamente a un funcionario, pues el solo hecho de considerarla desde este momento responsable, es obvio cómo se espera sus actos posteriores. C. Turnar el caso a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado. Al respecto, el citado precepto constitucional local ni algún otro señala que el Congreso del Estado tendrá la facultad de que una vez que se reciban las conclusiones de la revisión y fiscalización turnará el caso a la Comisión de Responsabilidades, sino que tal actuar se lo está arrogando sin motivo ni fundamento alguno. Por consiguiente, ¿el Congreso del Estado, sin estar facultado por algún Texto Constitucional puede aprobar las sanciones de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad, según los resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente?, ¿el Congreso del Estado, sin existir un juicio previo puede considerar 'responsable' a un servidor público?, ¿el Congreso del Estado, una vez concluido los resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente puede mandar el caso a la comisión de responsabilidades, máxime si se trata de un servidor público municipal cuya responsabilidad, remoción y disciplina está a cargo del H. Ayuntamiento Constitucional correspondiente?, ¿el Congreso del Estado, a través de la comisión de responsabilidades, puede iniciar el procedimiento para aplicar sanciones administrativas a un servidor público municipal cuya responsabilidad, remoción y disciplina está a cargo del H. Ayuntamiento Constitucional correspondiente?. Las interrogantes anteriores evidentemente orillan a dar una respuesta negativa a cada una de ellas, ya que el Texto Constitucional del Estado de Colima expresamente no señala que el Congreso aprobará o desaprobará la propuesta de sanción, ni tampoco menciona que el resultado se turnará a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, menos aún que el Congreso del Estado a través de la Comisión de Responsabilidades iniciará juicio de responsabilidad administrativa en contra de un servidor público municipal cuyo nombramiento, remoción y disciplina está a cargo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, y además se considera a éste como su superior jerárquico. Ante dichas circunstancias, lo procedente es declarar la invalidez del acto que se demanda. 6. Violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Violan en perjuicio de nuestra representada las garantías de legalidad y certeza jurídica, al invocar normas que no resultan exactamente aplicables al caso. La responsable Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, indebidamente inició un procedimiento administrativo sancionador fundamentando su actuar en los artículos 3o., 23, fracciones II y IV, 24, 25 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, 1o., 2o., 3o., fracción I y 60 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos y 60, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Primeramente, el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor contempla tres fracciones y dos incisos, los cuales no fueron citados a qué caso concreto se trata. Segundo, el artículo 60, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo no contiene una fracción IV, ya que solamente señala: ‘Artículo 60.’ (se transcribe). Tercero, el artículo 60 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Colima señala: (se transcribe). Por consiguiente, no obra constancia alguna del acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo, siendo esto evidente, ya que tal proceso ocurrirá cuando se trate de personal dependiente de dicho poder. Por ser su superior jerárquico, así se desprende de los artículos que le anteceden como son del artículo 43 al 74 de la citada Ley Estatal de Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado de Colima. Ante todo lo expuesto, es motivo suficiente para declarar la invalidez del acto que se reclama."

CUARTO. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, los integrantes de la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y turnarlo al Ministro Juan Díaz Romero para que actuara como instructor del procedimiento.

Considerando que el Ministro instructor se encontraba disfrutando de su periodo vacacional; con apoyo en lo dispuesto por el punto único del Acuerdo del Tribunal Pleno 12/2004, de veintinueve de noviembre de ese año, se remitió el expediente al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para efecto de que provea lo conducente para la tramitación de esta controversia constitucional, hasta en tanto el Ministro Juan Díaz Romero se reincorporara a sus actividades.

Mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano tuvo por presentado únicamente a la síndico del Municipio de Tecomán, Estado de Colima, con la personalidad que ostenta, haciendo valer la presente controversia constitucional, no así al presidente y al secretario del propio Municipio, ya que la representación legal del ente actor corresponde a la citada funcionaria municipal; admitió la demanda, ordenó emplazar sólo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima; además, a la Contadur

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20044-2b517a67/controversia-constitucional-el-decreto-150-del-congreso-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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