CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL CARGO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL DECRETADA POR UNA LEGISLATURA ESTATAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SI ANTES DE DICTAR SENTENCIA SE EMITE LA RESOLUCIÓN QUE LO DESTITUYE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2004. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, ESTADO DE PUEBLA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día dieciocho de agosto de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de enero de dos mil cuatro, Eugenio Moreno Segura, en su carácter de síndico procurador del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"A) Del H. Congreso del Estado de Puebla, se demanda la invalidez del decreto de fecha once de diciembre de dos mil tres, relacionado con la suspensión provisional en contra del C. Miguel Ronquillo Huerta, presidente municipal del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla, administración dos mil dos, dos mil cinco, mismo que no ha sido notificado de manera personal al H. Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, por conducto del suscrito en calidad de síndico municipal, por lo que deja en estado de indefensión absoluta al H. Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla; además de que este decreto se basa en pliegos de observaciones, los pliegos de cargos identificados con los números 00109-IC/2002-2005 y 00393-IC/2002-2005, pliegos en que se basa para emitir el decreto, mismos que nunca fueron notificados de manera personal al H. Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, por conducto del suscrito en calidad de síndico municipal, sobre todo porque se trata de asuntos que tienen relación directa con la función pública del H. Ayuntamiento actor, en razón de que los mismos se refieren a la comprobación del manejo de fondos públicos municipales. Lo anterior resulta de importante (sic) en razón de que el sujeto de revisión, como la ley lo señala, es el Ayuntamiento, no así el presidente municipal, por lo que para el buen gobierno municipal, a cargo del Ayuntamiento, debe notificarse todo acto en relación con la función pública desde el momento en que se efectúe la revisión, se finque algún pliego de observaciones y hasta el inicio de un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. Así como el decreto también del H. Congreso del Estado de Puebla, de fecha dieciséis de octubre de dos mil tres, por medio del cual ordena iniciar y sustanciar procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del C. Miguel Ronquillo Huerta, presidente municipal del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla, administración dos mil dos, dos mil cinco, mismo que no ha sido notificado de manera personal al H. Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, por conducto del suscrito en calidad de síndico municipal, por lo que deja en estado de indefensión absoluta al H. Ayuntamiento actor, decreto que es de interés al actor en razón de que se trata de asuntos que tienen relación directa con la función pública. B) Del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dependiente del Congreso del Estado de Puebla, se demanda la invalidez de la formulación, emisión y notificación de los pliegos de observaciones 00109-I/2002-2005 y 00393-I/2002-2005, así como los correspondientes de cargos 00109-IC/2002-2005 y 00393-IC/2002-2005, en razón de que se desconocen estas acciones de formulación, emisión y notificación de los pliegos antes señalados por parte de la autoridad competente, en razón de que éstos no han sido notificados de manera personal al H. Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, por conducto del suscrito en calidad de síndico municipal, por lo que deja en estado de indefensión absoluta al H. Ayuntamiento actor, pliegos de observaciones y de cargos que son de interés al actor, en razón de que se trata de asuntos que tienen relación directa con la función pública y hasta el momento se desconocen. C) Del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se demanda la invalidez de los actos realizados que son o lleguen a ser consecuencia de la ejecución de los decretos del H. Congreso del Estado de fechas dieciséis de octubre y once de diciembre, ambos de dos mil tres, tal como se desprende del decreto del once de diciembre de dos mil tres, en donde se ordena notificar a la Secretaría de Gobernación para los efectos que deriven del mismo. D) De la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, se demanda la invalidez del acto consistente en la ejecución de lo decretado por el H. Congreso del Estado de Puebla, por lo que hace a la retención de los recursos de participaciones correspondientes a los meses de diciembre de dos mil tres y enero de dos mil cuatro, al H. Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, medida que trae una clara afectación de desarrollo social y económico al Municipio, poniendo en peligro la seguridad y economía municipales, las instituciones fundamentales del orden jurídico, afectando gravemente a la población del Municipio, en violación a los derechos consagrados en la Constitución. E) De la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, se demanda la invalidez del acto consistente en la ejecución de lo decretado por el H. Congreso del Estado de Puebla, de fecha once de diciembre de dos mil tres, por lo que hace a la retención de los recursos de aportaciones federales, correspondientes a los meses de diciembre de dos mil tres y enero de dos mil cuatro, al H. Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, medida que trae una clara afectación de desarrollo social y económico al Municipio, poniendo en peligro la seguridad y economía municipales, las instituciones fundamentales del orden jurídico, afectando gravemente a la población del Municipio, en violación a los derechos consagrados en la Constitución y a la Ley de Coordinación Fiscal."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron los antecedentes del caso y se expusieron los conceptos de invalidez que se estimaron oportunos, los que, dado el sentido que orienta el presente fallo, se estima innecesario referir.
TERCERO. En la demanda se señalaron como preceptos constitucionales violados, los artículos 115, fracciones I, II y IV, inciso b), 116, 120 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Por auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintiocho de enero de dos mil cuatro, se ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 7/2004 y turnarlo al Ministro Juan Díaz Romero, a quien le correspondió actuar como instructor.
QUINTO. Previo requerimiento del Ministro ponente y su respectivo cumplimiento por la parte actora, mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil cuatro, el Ministro instructor admitió la demanda, mandó emplazar a las autoridades demandadas y dar la vista correspondiente al procurador general de la República.
SEXTO. El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, el Poder Legislativo, por conducto de Víctor Manuel Giórgana Jiménez, en su carácter de presidente de la Gran Comisión, y Jorge Mora Acevedo, en su calidad de secretario general de la Quincuagésimo Quinta Legislatura del Congreso, el director de asuntos jurídicos y representante legal de la Secretaría de Desarrollo Social, el titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de Puebla, dieron la contestación a la demanda instaurada en su contra.
SÉPTIMO. El procurador general de la República desahogó la vista que le fue concedida mediante el oficio número PGR/398/2004.
OCTAVO. Sustanciado el procedimiento, el diecinueve de mayo de dos mil cuatro tuvo verificativo la audiencia final de alegatos a que se refieren los artículos 341 a 343 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la que se tuvieron por formulados los alegatos presentados por las partes y se les citó para oír la resolución correspondiente.
En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Segunda Sala para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una controversia constitucional entre el Estado de Puebla y uno de sus Municipios, en la que, debido al sentido del fallo, se estima innecesaria la intervención del Pleno.
SEGUNDO. A continuación, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
El Ayuntamiento del Municipio promovente impugna, por una parte, el decreto emitido por el Congreso del Estado de Puebla de fechas dieciséis de octubre del año dos mil tres, en virtud del cual se ordena iniciar y sustanciar procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de Miguel Ronquillo Huerta, presidente municipal del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla, sobre la base de que no fueron solventados los pliegos de observaciones números 00109-I/2002-2005 y 00393-I/2002-2005 de los que derivaron los pliegos de cargo números 00109-IC/2002-2005 y 00393-IC/2002-2005, emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, dependiente del órgano legislativo local de referencia.
El decreto de dieciséis de octubre de dos mil tres que impugna la parte actora es el que enseguida se transcribe:
"Decreto del H. Congreso del Estado, que autoriza a la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que inicie y sustancie procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, en contra del C. Miguel Ronquillo Huerta, presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla, administración 2002-2005, durante el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2002. Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso del Estado. Puebla. Licenciado Melquíades Morales Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a sus habitantes sabed: Que por la Secretaría del H. Congreso, se me ha remitido el siguiente: la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Considerando. Que en la sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tiene a bien aprobar el dictamen con minuta de decreto emitido por la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en virtud del cual se ordena se inicie formalmente y se sustancie procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades por la revisión documental en el periodo revisado del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, en contra del C. Miguel Ronquillo Huerta, presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla, en la administración 2002-2005. Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 1o., 2o., fracciones II y V, 8o., fracciones II y III, 14, fracciones I, V, XI y XXIII, 22, fracciones I, VII y XV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; presentó a la comisión que suscribe informe relativo al estado que guarda la administración del H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla; presidido por el C. Miguel Ronquillo Huerta, correspondiente a la administración 2002-2005; y en específico por la revisión documental y visita de obra, por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos. Que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en uso de sus atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, inciso c), penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigentes en el tiempo de los hechos, artículos 1o. y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicable en el momento de la fiscalización practicada al H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla: determinó a través de la revisión documental y la revisión integral, por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, diversas irregularidades, citación que motivó la emisión de dos pliegos de observaciones identificándose con los números 00109-I 2002-2005 y 00393-I 2002-2005. Ante la falta de solventación de los pliegos de observaciones, se emitieron por el mismo órgano técnico en comento de este Congreso del Estado, dos pliegos de cargos, siendo: Pliego No. 00109-IC/2002-2005. Derivado de la revisión a estados de origen y aplicación de recursos, informes de avance de gestión financiera, así como documentación comprobatoria e informes parciales de auditoría, periodo del quince de febrero al 30 de septiembre de dos mil dos.
Ver tabla 1
"Pliego No. 00393-IC/2002-2005, derivado de la revisión a obra, estados de origen y aplicación de recursos, informe de avance de gestión financiera, así como documentación comprobatoria, informe parcial y dictamen de auditoría, periodo del quince de febrero al 31 de diciembre de dos mil dos.
Ver tabla 2
"Que en total da un importe de $10'152,085.82 (diez millones ciento cincuenta y dos mil ochenta y cinco pesos 82/100 M.N.), que es el total a comprobar por el involucrado. Cabe hacer mención que de conformidad con los artículos 8o., fracción III y 45 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, el órgano fiscalizador, observó los plazos de audiencia a fin de que el responsable del manejo de la hacienda pública municipal afectada, comprobará y justificará en términos de ley los recursos observados, sin que lo hubiere hecho en forma adecuada. Que como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Miguel Ronquillo Huerta, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en administración por las cantidades de $5’966,493.54 (cinco millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 54/100 M.N.) y $4’185,592.28 (cuatro millones ciento ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos pesos 28/100 M.N.), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder del Órgano de Fiscalización Superior de este honorable Congreso del Estado, conducta que se puede traducir en un perjuicio en contra de la hacienda pública municipal de Tetela de Ocampo, Puebla; lo anterior con independencia de las observaciones y cargos que se encuentran en término. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, inciso c), penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 63, fracción II, 64, fracciones I, II, III, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 2o., fracciones II y V, 8o., fracciones II y III, 14, fracciones I, V, XI y XXIII, 22, fracciones I, VII y XV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, artículos 1o., fracciones I y II, 2o., 3o., fracción I, 49, 50, 56, 68 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, artículos 43, fracción XII, 56 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 1o., 19, 20, 21, 23, fracción XII, inciso b), 88, 96 y demás relativos del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se: Decreta. Primero. Se autoriza a la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que por conducto de este último, inicie formalmente y sustancie procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del C. Miguel Ronquillo Huerta, presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla; administración 2002-2005, por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente decreto. Segundo. En su oportunidad infórmese a este honorable Congreso el resultado de las acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. Tercero. Notifíquese y cúmplase. El gobernador, hará publicar y cumplir la presente disposición, dada en el palacio del Poder Legislativo, en la heroica Puebla de Zaragoza, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil tres. Diputado presidente. Humberto Vázquez Arroyo. Rúbrica. Diputada vicepresidenta. María Leonor Apolonia Popócatl Gutiérrez. Rúbrica. Diputado secretario. Daniel Anteliz Magaña. Rúbrica. Diputado secretario. Martín Márquez Silva. Rúbrica. Por tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Dado en el palacio del Poder Ejecutivo, en la heróica Puebla de Zaragoza, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil tres. El Gobernador Constitucional del Estado. Licenciado Melquiades Morales Flores. Rúbrica. El secretario de Gobernación. Maestro en derecho Carlos Arredondo Contreras. Rúbrica."
Del contenido del decreto transcrito se observa que con motivo de la fiscalización realizada al Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla, por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, el Órgano de Fiscalización del Gobierno de la propia entidad federativa expidió los pliegos de observaciones números 00109-I/2002-2005 y 00393-I/2002-2005, lo cuales al no haber sido solventados originaron que el mismo órgano emitiera los pliegos de cargos números 00109-IC/2002-2005 y 00393-IC/2002-2005, mismos que tampoco fueron solventados por Miguel Ronquillo Huerta, en su calidad de presidente municipal del citado Ayuntamiento, lo que motivó que el mismo órgano de fiscalización solicitara al Congreso del Estado la autorización de iniciar y sustanciar procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del funcionario mencionado y en cuyo artículo tercero se ordena la notificación y cumplimiento del mismo.
Ahora bien, en las fojas 15 a 19 del cuaderno de pruebas ofrecidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Puebla, obra una copia certificada del oficio número OFS-DJ-10168/2003, dirigido a Miguel Ronquillo Huerta, en su carácter de presidente municipal de Tetela de Ocampo, administración 2002-2005, signado por José M. Doger y Corte, auditor general del órgano de fiscalización aludido.
A través del oficio referido se hace saber al presidente municipal del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla que el Congreso de dicha entidad federativa autorizó a la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado para que iniciara y sustanciara procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en su contra con motivo de no haber solventado los pliegos de cargos número 00109-IC/2002-2005 y 00393-IC/2002-2005, los cuales se insertan en el propio oficio y se le cita para que comparezca a la audiencia respectiva a celebrarse el veinticuatro de noviembre de dos mil tres.
En la primera foja aparece una leyenda manuscrita que dice "María Aguilar Fuentes 13/NOV/03", así como una firma ilegible y un sello con el Escudo Nacional que dice "H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Pue. Tesorero municipal 2002-2005". En la misma primera foja aparece otra frase en manuscrito que dice: "Recibí citatorio en original C. Miguel Ronquillo Huerta" luego una firma ilegible y debajo de ésta "13-NOV-2003" y en la última parte del oficio señalado se inserta la frase "Ccp. CC. H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, administración 2002-2005 para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Presente."
Es importante destacar que, como lo expresa la parte actora, Miguel Ronquillo Huerta fue electo como presidente municipal de Tetela de Ocampo para el periodo dos mil dos, dos mil cinco, lo que incluso reconocen los entes demandados. Asimismo, debe subrayarse que de diversas actuaciones que obran en el expediente principal, específicamente de las que se encuentran agregadas a fojas de la 283 a la 290, se advierte que María Aguilar Fuentes se ostenta con el cargo de tesorera municipal del Municipio de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla, como incluso se desprende de la identificación que le acredita como tal y que en copia certificada se encuentra en la foja 289 del cuaderno principal.
Sobre la base de lo anterior, debe ahora resaltarse que los artículos 91, fracciones III, XXXVII, LIV y LV, y 166, fracciones X, XIV y XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla establecen:
"Artículo 91. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales:
"...
"III. Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se designe una comisión especial, o se trate de procedimientos judiciales, en los que la representación corresponde al síndico municipal.
"...
"XXXVII. Formar mensualmente una noticia administrativa y estadística con la que dará cuenta al Ayuntamiento;
"...
"LIV. Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, los estados de origen y aplicación de recursos, los informes de avance de gestión financiera, y demás información relativa al control legislativo del gasto, en los plazos que señale la legislación aplicable;
"LV. Permitir al personal debidamente comisionado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado la realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a dicho órgano para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, disponiendo el otorgamiento de las facilidades que sean necesarias para su correcto desempeño."
"Artículo 166. El tesorero tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
"...
"X. Solicitar al síndico el ejercicio de las acciones legales procedentes con fundamento en las disposiciones respectivas, así como participar en los términos que establezcan los ordenamientos aplicables, en la sustanciación de los medios de defensa que sean promovidos en contra de los actos de las autoridades fiscales del Municipio;
"...
"XIV. Permitir a los integrantes del Ayuntamiento la consulta de la información que legalmente le corresponda, dentro del ámbito de su competencia, así como proporcionarla al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a requerimiento de este último, en términos de esta ley y demás aplicables;
"...
"XXII. Solventar oportunamente los pliegos que formule el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, informando de lo anterior al Ayuntamiento."
El contenido de los preceptos legales reproducidos y las constancias de autos relacionadas en los párrafos que anteceden ponen de manifiesto que el decreto impugnado por el que se ordenó iniciar y sustanciar procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de Miguel Ronquillo Huerta, presidente municipal del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla, por no haberse solventado los pliegos de observaciones números 00109-I/2002-2005 y 00393-I/2002-2005 y los pliegos de cargo números 00109-IC/2002-2005 y 00393-IC/2002-2005, fueron debidamente notificados a la parte actora a través del oficio número OFS-DJ-10168/2003, dirigido a Miguel Ronquillo Huerta, en su carácter de presidente municipal de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla.
Ello es así, porque, en primer lugar, el decreto de referencia autorizaba la iniciación formal y sustanciación de un procedimiento administrativo, pues así expresamente se señaló en su artículo primero, de modo que al no tratarse de un procedimiento judicial, la representación del Ayuntamiento correspondía al presidente municipal, en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, a pesar de que el procedimiento administrativo cuya iniciación se autorizaba estuviera dirigido precisamente en su contra, toda vez que nada le impedía asumir la representación aludida, pues hasta entonces continuaba en ejercicio de sus funciones, de modo que, en todo caso, debió dar cuenta al Ayuntamiento con el decreto de referencia, al tratarse de una cuestión administrativa, para que éste resolviera las acciones que estimara conducentes, como se lo impone la fracción XXXVI del mismo precepto legal.
Por otro lado, el decreto de referencia también fue entregado a la Tesorería Municipal, a la que, como se ha visto, la Ley Orgánica Municipal le obliga a solventar los pliegos que formule el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, es decir, es el funcionario encargado de proporcionar la información necesaria de la cuenta pública que requiera dicho órgano, de modo que es el conducto para dar cuenta al Ayuntamiento sobre tales cuestiones, pudiendo incluso solicitar al síndico el ejercicio de las acciones legales que se estimen procedentes.
En esa tesitura, debe considerarse que el decreto aludido fue conocido por el Ayuntamiento del Municipio actor el trece de noviembre de dos mil tres, en que tanto el presidente municipal como el tesorero de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla, recibieron el oficio a que se ha hecho mérito en los apartados anteriores.
No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme al artículo 100, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal citada disponga que corresponde al síndico "representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendrá las facultades de un mandatario judicial", y que en el caso la notificación del decreto referido no se hubiere hecho por su conducto al Ayuntamiento del Municipio actor, toda vez que dicha disposición debe interpretarse en correlación con lo dispuesto en el diverso numeral 91, fracción III, del mismo cuerpo legal, que establece una regla especial de representación del Ayuntamiento por parte del presidente municipal, y en el mismo claramente se excluye a los procedimientos judiciales cuya representación corresponde al síndico, de manera que si en la especie no se trata de un procedimiento judicial, sino administrativo, es el presidente municipal el que asumía la representación del Ayuntamiento y, en todo caso, a quien debió hacerse la notificación respectiva; además, la tesorera municipal que recibió el oficio de referencia tenía la obligación de enterarlo al Ayuntamiento y, en todo caso, solicitar al síndico que ejerciera las acciones legales que estimara conducentes para la debida defensa del Ayuntamiento, como ordenan las disposiciones legales referidas
En mérito de lo narrado, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para promover la demanda, debe computarse, por lo que se refiere al decreto aludido que se basó en los pliegos de observaciones y de cargo que se han detallado, a partir del día hábil siguiente al en que se efectuó su notificación, esto es, desde el catorce de noviembre de dos mil tres, por lo que debe estimarse que el último día para promover la presente controversia constitucional fue el catorce de enero de dos mil cuatro, descontando del periodo respectivo los días quince, dieciséis, veinte, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de noviembre, seis, siete, trece y catorce de diciembre, todos de dos mil tres, y primero, tres, cuatro, diez y once de enero, todos de dos mil cuatro, por haber sido inhábiles conforme a los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria citada, en relación con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en términos de lo ordenado en los artículos 2o. y 3o., fracción III, de la citada ley reglamentaria, en relación con los diversos numerales 3o. y 159 de la ley orgánica señalada, por lo que si la demanda se promovió hasta el veintisiete de enero de dos mil cuatro, como se advierte del sello impreso por la Oficina de Certificación y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en el reverso de la foja 30 del expediente principal, es inconcuso que fue promovida extemporáneamente, lo que vuelve improcedente el presente asunto en términos del artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, y obliga a esta Segunda Sala a sobreseer en el juicio como lo ordena el diverso artículo 20, fracción II, de la misma legislación.
Dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo a los pliegos de observaciones 00109-I/2002-2005 y 00393-I/2002-2005, así como los correspondientes de cargos 00109-IC/2002-2005 y 00393-IC/2002-2005, expedidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dependiente del Congreso de la misma entidad federativa, y de los actos de ejecución derivados del aludido decreto que se imputaron al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla pues, como se ha evidenciado en los párrafos anteriores, dichos actos sirvieron de sustento a la Legislatura Local demandada para emitir el decreto aludido.
No obsta para arribar a la anterior conclusión el hecho de que la parte promovente impugne en su demanda la falta de notificación del decreto y pliegos aludidos y que tal circunstancia implique en todo caso el estudio del fondo del asunto, pues en la especie no es posible disociar la improcedencia del juicio de las cuestiones que miran al fondo del negocio, dado que ello se observa de manera clara e inobjetable sin necesidad de relacionarla con el fondo del asunto.
Por las razones que la informan, tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 50/2004, sustentada por el Tribunal Pleno
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18359-10754508/controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-se-impugna-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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