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Modo: Corpus Pro

RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2004. · Registro digital (IUS): 18278
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÉPERO, ESTADO DE MICHOACÁN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 1189.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2004. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÉPERO, ESTADO DE MICHOACÁN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: JUAN CARLOS ROA JACOBO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de junio de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Ordaz Rodríguez, síndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, promovió controversia constitucional en representación de ese Ayuntamiento contra el Estado de Michoacán a través de su Poder Ejecutivo.

Los actos impugnados fueron identificados con las órdenes de retención de diversas partidas que por concepto de participaciones en ingresos federales y estatales le correspondían al Municipio de Purépero en el ejercicio fiscal del año dos mil tres. Dichas retenciones fueron realizadas a través de los oficios 1975/2003 y 2125/2003, fechados los días tres de octubre y cuatro de noviembre de dos mil tres, respectivamente, y fueron fundamentadas, según señala el actor, en el argumento vertido en el oficio 0002227 de diecisiete de noviembre de dos mil tres, suscrito por el tesorero general del Estado de Michoacán. Junto con los actos de retención, el actor solicita también que se obligue a las autoridades demandadas a restituir los intereses legales de los recursos económicos retenidos y los que sigan reteniendo.

El actor reclama también la pretensión del Poder Ejecutivo de Michoacán de retener de forma inminente diversas partidas que por concepto de participaciones en ingresos federales y estatales le corresponden al Municipio en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro.

SEGUNDO. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:

a) El seis de febrero del dos mil tres el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo publicó el acuerdo por el que se daba a conocer a los Municipios de la entidad federativa el calendario de pagos, los porcentajes y los montos estimados del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Dicho acuerdo fue emitido con base en lo dispuesto por el artículo 6o., último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y a lo dispuesto por el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero del dos mil tres. El monto que del citado Fondo de Aportaciones Federales le correspondía al Municipio de Purépero en el mes de septiembre de dos mil tres era de trescientos ocho mil trescientos ochenta y siete pesos ($308,387.00).

b) La cantidad anterior no fue íntegramente recibida por el Municipio actor, porque el tres de octubre de dos mil tres, como quedó reflejado en el oficio 1975/2003, suscrito por el tesorero general del Estado de Michoacán, se llevaron a cabo ciertas retenciones y descuentos del fondo de aportaciones arriba mencionado. En concreto, de las percepciones que al Municipio de Purépero le correspondían en el mes de septiembre, la tesorería del Estado le descontó la cantidad de ciento siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($107,889.00) por el concepto de "sistema de agua potable"; la cantidad de cien mil cuatrocientos noventa y ocho pesos ($100,498.00) por el concepto de "caminos"; y cien mil pesos ($100,000.00) por el concepto de "espacios educativos". Según el Ayuntamiento, los dos últimos descuentos eran indebidos, mientras que el correspondiente al rubro "sistema de agua potable" sí era procedente en esa sola ocasión.

c) Por considerar que tales retenciones se debían a un error involuntario, sin mala fe, se instruyó al encargado de la Tesorería Municipal para que solicitara al gobernador de Michoacán y al tesorero general de esa entidad que informaran de la razón de tales retenciones y reintegraran al Municipio las cantidades correspondientes en el plazo más breve posible. El actor precisa que tal requerimiento se acredita mediante un oficio suscrito el veintitrés de octubre por el funcionario municipal indicado, y puntualiza que en ese momento no se podía combatir aquel acto a través de la vía de la controversia constitucional por desconocer el fundamento y la motivación legal en la que se basaban las demandadas, y porque se creyó que las mismas habían incurrido en un error involuntario.

d) El cuatro de noviembre de dos mil tres, sin que el Ayuntamiento actor hubiera recibido respuesta al requerimiento señalado en el párrafo anterior y tal como queda reflejado en el oficio 2125/2003, el tesorero general del Estado hizo un nuevo descuento a las cantidades que para el mes de octubre correspondían al Ayuntamiento de Purépero del Fondo de Aportaciones Federales y Estatales. Se descontaron ciento siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($107,889.00) por el rubro "sistema de agua potable", cuando la cantidad correspondiente al mismo, señala el Municipio actor, ya le había sido descontada de la cantidad que le correspondía recibir del fondo de aportaciones en el mes de septiembre.

Ante tal proceder, señala el actor, el Ayuntamiento insistió en que las autoridades demandadas le proveyeran alguna explicación sobre las retenciones.

e) El diecisiete de noviembre de dos mil tres, sin que el Ayuntamiento de Purépero hubiera recibido respuesta a los requerimientos por él hechos, las autoridades demandadas informaron por medio del oficio 0002227 a un funcionario estatal encargado de la Coordinación Estatal de Espacios Educativos, que se le habían realizado al Municipio de Purépero descuentos del Fondo de Aportaciones Federales por la cantidad de trescientos ocho mil trescientos ochenta siete pesos ($308,387.00) debido a que dicho Municipio tenía un adeudo con el Estado de Michoacán de seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos dos pesos ($649,502.00) por la realización de la obra "pavimentación de asfalto camino a la unidad deportiva". El actor alega que conoció esta situación el día diecinueve de noviembre del año dos mil tres.

f) Con ánimo conciliatorio, el Municipio solicitó al Gobierno de Michoacán la aclaración de tales retenciones que las autoridades estatales habían vinculado con un adeudo no autorizado por el Pleno del Ayuntamiento ni por ninguno de sus funcionarios. El autor alega que, lejos de recibir tales explicaciones, se amenazó a la administración municipal con llevar a cabo los descuentos que restan para cubrir el adeudo señalado con anterioridad. A fin de acreditar el error de las demandadas, el actor exhibe un anexo técnico de ejecución en el que consta que la obra "pavimentación de asfalto camino a la unidad deportiva" sería ejecutada y financiada íntegramente por el Gobierno del Estado.

TERCERO. A continuación se sintetizan los conceptos de invalidez expresados por la parte actora. En el primero de ellos la parte actora arguye fundamentalmente que:

a) El proceder de las autoridades demandadas vulnera en perjuicio del Municipio de Purépero el artículo 105 (sic) de la Constitución Federal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, el decreto que establece la participación de los Municipios del Estado de Michoacán en los ingresos federales y estatales, y la distribución de los mismos, así como los artículos 2o., 2o. A, 3o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

b) El tesorero general y el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica y Municipio Libre contemplados en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, porque están realizando descuentos a las aportaciones que le corresponden al Municipio de Purépero del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, sin que exista fundamento de derecho ni documental alguna que los autorice.

El actor precisa que la Ley de Coordinación Fiscal establece que los Estados de la República recibirán de la Federación ciertas cantidades para que las entreguen a los Municipios conforme a las determinaciones que las Legislaturas Estatales establezcan al respecto. La entidad federativa es, argumenta, un mero retenedor de unas participaciones que deben ser cubiertas a los Ayuntamientos en efectivo, sin condicionamiento alguno, que son inembargables y que no pueden ser afectadas a fines específicos ni estar sujetas a retención salvo para el pago de obligaciones contraídas por éstos o por sus organismos descentralizados, con garantía de las mismas, previo acuerdo del Cabildo y autorización del Congreso del Estado, y en los términos que establezca la Ley de Deuda Pública en cada una de las entidades.

En el caso concreto, sostiene el actor, no existe autorización ni documento legal alguno del Ayuntamiento que autorice la retención practicada por el tesorero general del Estado de Michoacán. Dicha autoridad no cuenta con el acta de Cabildo en la que se acuerden dichas retenciones ni con la ratificación del Congreso del Estado. Por tanto, no existe ninguna obligación del Municipio para con el Estado, contrariamente a lo que pretende este último.

c) En el ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil dos, el Municipio actor suscribió convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán para la realización de obra pública, en los cuales no se pactó que la obra "pavimentación de asfalto camino a la unidad deportiva" se ejecutaría por ambas entidades de gobierno sino que, por el contrario, se acordó que la aportación financiera y la ejecución de la obra correría en su totalidad a cargo de la parte demandada. No existe, por tanto, uno de los presupuestos necesarios para que opere la retención ilegítimamente ordenada por el gobernador de Michoacán y parcialmente ejecutada por el tesorero general de ese Estado, autoridades que de manera inminente pretenden repetir actos de retención en el ejercicio del año 2004 hasta cubrir la totalidad de la supuesta deuda.

Consecuentemente, las órdenes de retención cuestionadas desconocen la letra de la normativa antes señalada y transgreden el espíritu del artículo 115 de la Constitución Federal y, en particular, su fracción IV, al impedir al Municipio ejercer la facultad de administrar libremente los recursos económicos que conforman su hacienda. En opinión del actor, permitir el menoscabo de estas facultades constitucionales municipales pondría en grave riesgo el cumplimiento de las obligaciones que la fracción III del artículo 115 de la Constitución le impone, como son el suministro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, etcétera, e impediría alcanzar el fin de lograr el desarrollo íntegro de los habitantes, en contravención con los que dispone la ley.

d) Las autoridades demandadas vulneran, además, lo ya determinado por la Legislatura Estatal mediante el acuerdo y los decretos por los que se fijan las participaciones que corresponden, entre otros, al Municipio de Purépero de los ingresos federales y estatales, como lo dispone el artículo 115, fracción IV, inciso b de la Constitución Federal.

e) Por último, a la violación de los principios de Municipio Libre y de libre administración de la hacienda municipal, añade el actor la violación del último apartado del inciso c) de la fracción IV del 115 constitucional, de cuya exégesis se concluye que el Ayuntamiento es el único facultado para ejercer los recursos que integran su hacienda municipal, de acuerdo con sus Leyes de Ingresos, egresos y demás disposiciones que emitan, y que sólo excepcionalmente se autorizará a terceros para que indirectamente eroguen y administren los recursos de esa hacienda, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones legales previamente establecidas que se concretan, en síntesis, en la autorización hecha por el Cabildo en Pleno, apoyada por la mayoría y con la ratificación del Congreso del Estado.

En el segundo concepto de invalidez el Ayuntamiento actor sostiene, en esencia, que:

a) Los actos reclamados son también inconstitucionales por violar en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en el artículo 14 de la Constitución Federal.

En su opinión, el Ayuntamiento tiene derecho a ejercer su libre autonomía y a administrar libremente su hacienda, integrada por todos y cada uno de los recursos económicos y materiales que posea y a que tenga derecho con arreglo a la ley. La Constitución permite que tal derecho sea afectado solamente si se sigue un juicio en contra de la parte actora y se le condena mediante sentencia definitiva, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos por el artículo 14 de la Constitución. En el caso concreto, las retenciones en litigio fueron realizadas de manera unilateral, sin que existiera previo juicio desarrollado conforme a las formalidades esenciales del proceso, ante tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por todo ello, el Ayuntamiento actor considera que se ha violado el artículo 14 de la Constitución Federal.

b) Por último, el actor solicita a esta Suprema Corte que declare la invalidez del oficio de diecisiete de noviembre del dos mil tres, emitido por el tesorero general del Estado, así como de todos y cada uno de los actos de retención de los recursos económicos que corresponden al Municipio, y la invalidez de todos aquellos actos que tengan su fundamento en dicho oficio y en el argumento expresado en el mismo. También solicita que se obligue a las autoridades demandadas a restituir con sus intereses legales los recursos económicos retenidos y los que sigan reteniendo.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 14, 16 y 115.

QUINTO. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional planteada bajo el número 5/2004, y designó por turno como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Por auto de veinte de enero de dos mil cuatro, el Ministro instructor reconoció la personalidad con la que compareció el promovente y previno al Municipio actor para que aclarara su oficio de demanda, para los efectos de precisar si el mismo impugnaba las participaciones a las entidades federativas y Municipios contempladas en el Ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación, o bien, a las aportaciones federales para las entidades federativas y Municipios comprendidas en el Ramo 33 del citado presupuesto.

Previo cumplimiento de este requerimiento, el veintisiete de enero de dos mil cuatro admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada y ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.

SEXTO. Mediante oficio presentado el doce de marzo de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, L. Enrique Bautista Villegas, secretario de Gobierno encargado del despacho del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, contestó la demanda de controversia constitucional manifestando, en síntesis, lo siguiente:

En relación con los hechos señalados por el Municipio actor, la parte demandada señala que:

1. Son ciertos los actos que de ella se demandan en relación con la retención de recursos que correspondían al Ayuntamiento de Purépero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el año dos mil tres. Se descontaron cien mil cuatrocientos noventa y ocho pesos ($100,498.00) de las participaciones del mes de septiembre para aplicar tal cantidad al rubro de "caminos" y cien mil pesos ($100,000.00) para aplicarlos al rubro "espacios educativos". De las participaciones del mes de octubre se retuvieron ciento siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($107,889.00) por el rubro "agua potable". Todas estas retenciones se realizaron, sin embargo, de forma involuntaria debido a un error de carácter administrativo.

2. El descuento aplicado al Municipio en el mes de septiembre por un monto de ciento siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($107,889.00) fue, por el contrario, legalmente realizado de acuerdo con el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Integral Municipal 2002-2004, emitido por el Poder Ejecutivo del Estado y suscrito por el presidente municipal de Purépero.

3. Es falso el acto atribuido al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán consistente en la pretensión inminente de realizar más retenciones de recursos que le corresponden legalmente al Municipio actor del multicitado fondo de aportaciones, pues no existe tal intención.

4. Las retenciones realizadas involuntariamente por un error de carácter administrativo han sido reintegradas al Municipio de Purépero a través de la Tesorería General del Estado, mediante transferencia de fondos interbancaria llevada a cabo el seis de febrero del dos mil cuatro.

5. No ha recibido de forma directa o indirecta oficio alguno en el que se requiriera aclaración de la causa de las retenciones de las que se duele el Ayuntamiento actor.

6. La emisión del oficio 0002227, de diecisiete de noviembre del dos mil tres, suscrito por el tesorero general del Estado, en el que se indica que el Municipio tiene un adeudo con el Estado de seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos dos pesos correspondiente a la obra "pavimentación de asfalto, camino a la unidad deportiva", obedeció a una inexacta interpretación por parte de la Tesorería General del Estado.

7. Es falso que no se haya otorgado respuesta satisfactoria al Municipio, pues se entabló diálogo con sus representantes. Asimismo, es falsa la afirmación del actor, según la cual el Gobierno del Estado amenazó al Ayuntamiento con llevar a cabo los supuestos descuentos señalados.

En relación con los conceptos de invalidez, la parte demandada señala que:

a) Los conceptos de invalidez aducidos por la parte actora son infundados porque no se viola el principio de Municipio Libre contenido en el artículo 115 de la Constitución Federal, pues no se invade la soberanía, ni la jurisdicción, ni las competencias exclusivas del Municipio. Tampoco se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal ya que, aunque se realizaron retenciones que efectivamente correspondían al Municipio, las mismas han sido subsanadas en su totalidad, con lo que han cesado los efectos del acto reclamado.

b) Se solicita a este Alto Tribunal que sobresea la presente controversia constitucional al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VI, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haberse agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto. El demandado señala que el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Integral Municipal, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y el Municipio de Purépero, de esa misma entidad federativa, estipuló que en el caso de existir discrepancias acerca de la interpretación o aplicación del mismo, las partes deben intentar en una primera etapa la vía de la concertación; de no resultar, en una ulterior etapa, las partes deben someterse a la jurisdicción de los tribunales del orden común en la ciudad de Morelia.

Por tanto, sostiene, si la litis en cuestión no versa sobre violaciones al orden constitucional, sino que es relativa a la interpretación y cumplimiento del convenio, la vía procesal idónea era acudir a los tribunales ordinarios, según el pacto realizado por las partes. Este argumento viene apoyado en jurisprudencia emitida por este Máximo Tribunal referente a la improcedencia de la controversia constitucional cuando no se ha agotado la vía previa.

c) Finalmente, el Gobierno del Estado de Michoacán señala que también se actualiza la causal de improcedencia contenida en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber cesado los efectos del acto reclamado por el Ayuntamiento.

SÉPTIMO. Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil cuatro, el Ministro instructor requirió al Municipio actor para que en el plazo establecido por la ley remitiera a esta Suprema Corte de Justicia copia certificada del oficio de veintitrés de octubre de dos mil tres, en el que, según indica en la demanda, el encargado de la Tesorería Municipal solicita al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán la devolución inmediata de los importes retenidos. En dicho proveído también se le instó a informar si, derivado del mencionado oficio, la autoridad demandada aclaró el motivo por el cual realizó tales descuentos.

El día seis de mayo de dos mil cuatro el representante del Municipio actor hizo llegar a la Unidad de Controversias Constitucionales de esta Suprema Corte el original del oficio mencionado, y expresó que a tal promoción no recayó ningún acuerdo o contestación de manera oficial que expresara los motivos de tales descuentos.

OCTAVO. Por auto de diez de mayo de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte, debido a que el Ministro instructor José Ramón Cossío Díaz se encontraba desempeñando una comisión de carácter oficial, con apoyo en lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo 3/2000 del Pleno de esta Corte, ordenó remitir el expediente a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas para que proveyera lo conducente para la tramitación del asunto hasta en tanto el Ministro instructor se reincorporara.

NOVENO. El procurador general de la República en su escrito presentado en la Unidad de Controversias Constitucionales de esta Corte el dieciocho de mayo de dos mil cuatro, ratificado mediante escrito presentado en dicha unidad al día siguiente, manifestó, en síntesis, que:

a) La Suprema Corte es competente para resolver la controversia constitucional que entabla el Municipio de Purépero contra el Poder Ejecutivo de Michoacán, y que el síndico compareciente goza de legitimación activa para promover la misma.

b) La demanda es inoportuna, porque se depositó el viernes quince de enero de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia Común de este Máximo Tribunal, cuando el plazo para hacerlo vencía en las siguientes fechas: para la impugnación del oficio 1975/2003, el término finalizaba el día 26 de noviembre del dos mil tres; para la impugnación del oficio 2125/2003, el plazo finalizaba el día 14 de enero de dos mil cuatro. Al haber sido depositada la demanda extemporáneamente, se señala la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105, por lo que procede sobreseer el juicio, atento lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la citada ley reglamentaria. Ad cautelam, sin embargo, continúa con el estudio de los conceptos de invalidez.

c) Es infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, en relación con el 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, hecha valer por el gobernador de Michoacán. El gobernador había señalado que el Municipio actor no había agotado, antes de la interposición de la controversia, el medio de defensa previsto en la cláusula cuadragésima segunda, segundo párrafo, del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Integral Municipal 2002-2004 (CODEIM), que prevé la vía de la concertación, y en caso de que ésta no prospere, la sumisión del diferendo a los tribunales del orden común de Morelia.

Sin embargo, la fracción VI del artículo 19, se refiere al no agotamiento de la vía legalmente prevista para la resolución del conflicto, y esta Corte ha confirmado jurisprudencialmente que dicha causal de improcedencia se refiere a recursos o medios de impugnación previstos en una norma con rango de ley. En contraste, la cláusula citada del CODEIM no contiene recurso o medio de impugnación alguno, sino solamente un procedimiento de conciliación que no reviste las características de los mismos. Por otro lado, el sometimiento de las partes a una determinada jurisdicción y la renuncia a cualquier otro fuero tampoco equivale a la existencia de tal recurso, sino simplemente la posibilidad de acudir a los tribunales para dirimir sus discrepancias. El actor, por tanto, no estaba obligado a acudir a la vía de concertación ni a agotar la acción ordinaria ante los tribunales de Morelia.

d) En cuanto a la causal de improcedencia de la fracción V del artículo 19, en relación con el 20, fracción II, de la ley reglamentaria, hecha valer también por el Gobierno de Michoacán, el representante del procurador la considera fundada. Dicho representante considera que, efectivamente, han cesado los efectos de los actos reclamados, dado que los descuentos de los que se duele el Municipio actor correspondían al ejercicio fiscal de dos mil tres. Resultaría oficioso entrar en el fondo del asunto, porque la declaración de invalidez de los mismos no podría tener efectos retroactivos en el caso particular y las aportaciones en disputa corresponden a un ejercicio fiscal que ya dejó de tener vigencia. Debido al principio de anualidad que rige en materia de ingresos y egresos, los actos impugnados ya no tienen vigencia. Ad cautelam, para el caso de que esta Corte no aprecie la actualización de tal causal de improcedencia, se entra al estudio del fondo del asunto.

e) El procurador señala que del artículo 115, fracción IV, se derivan los principios de "Municipio Libre" y de "libre administración de la hacienda municipal". El primero se considera equivalente a la noción de autonomía municipal, la cual se desglosa a su vez en la triple noción de autonomía política, autonomía administrativa y autonomía financiera. En cuanto al principio de libre administración hacendaria, el procurador señala que esta Corte lo ha relacionado con la capacidad de los Municipios de disponer y aplicar libremente sus recursos, priorizando éstos de conformidad con sus necesidades y sin tener que sufrir la afectación de intereses ajenos o de cuestiones que los obliguen a ejercerlos en rubros alejados de sus necesidades reales.

Ninguno de los dos, señala el procurador, se viola en el caso, porque los recursos que el actor reclama provienen del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y los mismos no entran dentro de la denominada "libre administración hacendaria". La fracción IV del artículo 115 enumera una serie de recursos como integrantes de la hacienda municipal. Dicha fracción no incluye otros elementos que, por su naturaleza, constituyen también parte de la hacienda municipal, como por ejemplo las donaciones o las aportaciones federales. Estas últimas, por tanto, no quedan incluidas en el principio de libre administración de la hacienda municipal y no pueden ser ejercidos libremente. Se trata de una partida independiente de los recursos que se reciben vía participaciones federales que se creó para fortalecer a los Municipios en apoyo de actividades específicas. Su distribución se regula en el Ramo 33 del presupuesto de la Federación, y en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Como estableció esta Suprema Corte en la tesis jurisprudencial 2/2000, tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras quedan comprendidas en el régimen de libre administración hacendaria.

f) Los argumentos que señalan la violación al artículo 14 constitucional resultan inatendibles porque el gobernador reconoce haber hecho los descuentos del mes de septiembre por concepto de "caminos" y "espacios educativos", así como el del mes de octubre por concepto de "sistema de agua potable" por un error de carácter administrativo. Al haber sido los mismos reintegrados a la hacienda del Municipio, resulta ocioso determinar su legalidad o ilegalidad. Respecto al descuento del mes de septiembre por concepto de "sistema de agua potable", el argumento es infundado, pues de los documentos que constan en autos se desprende que el Ayuntamiento actor lo autorizó y los recursos correspondientes se aplicaron de la manera prevista en la normativa correspondiente.

g) Por todo lo anterior, el procurador general de la República solicita que se sobresea por extemporánea la presente controversia constitucional o que, en su defecto, se sobresea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o que, en su defecto, se declare la constitucionalidad de los oficios impugnados.

DÉCIMO. El día diecinueve de mayo de dos mil cuatro, agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese cuerpo legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y por presentados sus alegatos.

En tales alegatos, la parte demandada se reafirma en lo dicho en la contestación de la demanda y concluye subrayando que al haber cesado los efectos de los actos reclamados, tal como se acredita con las documentales que obran en autos, procede sobreseer en el juicio. El actor, por su parte, repite en esencia lo alegado en su escrito de demanda, destaca que el demandado reconoció en su contestación la existencia de los actos reclamados y qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18278-aed856d2/recursos-federales-a-los-municipios-conforme-al-principio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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