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Modo: Corpus Pro

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU TOTAL HOMOLOGACIÓN A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDE AL ÓRGANO REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN ESTA VÍA CUANDO LA FEDERACIÓN HAYA IMPUGNADO UNA NORMA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2005. · Registro digital (IUS): 19449
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, , Pág. 755.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2005. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de marzo de dos mil seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos o normas impugnadas. Por oficio presentado el once de abril de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en representación de dicha Cámara en contra de los siguientes actos y normas generales, emitidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Tercera Legislatura:

"1. El ‘Acuerdo por el que se establecen las reglas para el ejercicio de las atribuciones que confiere a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el párrafo quinto del artículo 111 constitucional.’. 2. El ‘Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura se da por enterada de la aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del dictamen de la sección instructora en el juicio de procedencia planteado por el Ministerio Público Federal en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal.’. Dicho acuerdo fue notificado a la Cámara de Diputados, mediante oficio MTSPSA/CSP/0172/2005, a las veintitrés horas con cincuenta y tres minutos del 7 de abril del año en curso. 3. El acuerdo de 7 de abril de 2005, en lo sucesivo el acuerdo, notificado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante oficio MTSPSA/CSP/0173/2005, de fecha 7 de abril de 2005, recibido a las veintitrés horas con cincuenta y tres minutos de esa misma fecha y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 del mismo mes y año, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura ..."

SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora manifestó como antecedentes del caso los que a continuación se sintetizan:

1. La Procuraduría General de la República presentó, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicitud de declaración de procedencia en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

2. La Sección Instructora de la Cámara emitió, por mayoría de votos, el dictamen correspondiente, determinando que existen elementos suficientes para emitir en sentido favorable la declaración de procedencia respectiva.

3. Posteriormente, el siete de abril de dos mil cinco, la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia aprobó por mayoría de votos el dictamen aludido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes ocho de abril de dos mil cinco, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

"La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 74, fracción V, y 111 de la Constitución Federal, Declara: Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia en que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado con el 215 del Código Penal Federal y su probable responsabilidad por las razones expuestas en los considerandos sexto y séptimo del dictamen emitido por la sección instructora. Segundo. En términos del párrafo séptimo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Andrés Manuel López Obrador queda separado del encargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal en tanto esté sujeto a proceso penal y en consecuencia a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Tercero. Las determinaciones contenidas en la presente declaratoria, de ninguna manera prejuzgan respecto a la existencia del delito y la probable responsabilidad penal del C. Andrés Manuel López Obrador, por lo que quedan intocadas las facultades legales del Ministerio Público de la Federación y las autoridades jurisdiccionales, para que en ejercicio de sus funciones, realicen las actuaciones que consideren pertinentes. Transitorios. Primero. Notifíquese personalmente al servidor público imputado, Andrés Manuel López Obrador, y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección de Delitos Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República. Segundo. Comuníquese esta decisión a la Asamblea Legislativa para su conocimiento. Tercero. Comuníquese al Ejecutivo Federal para su conocimiento, publicación en el Diario Oficial de la Federación y efectos legales a que haya lugar ..."

4. No obstante, el mismo siete de abril de dos mil cinco, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, emitió el "Acuerdo por el que se establecen las reglas para el ejercicio de las atribuciones que confiere a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el párrafo quinto del artículo 111 constitucional". Dichas reglas tienen por objeto, en esencia, establecer y regular las bases para el ejercicio de las atribuciones que, según la demandada, confiere a la asamblea citada el párrafo quinto del artículo 111 constitucional, en relación con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por lo que hace a la responsabilidad penal del jefe de Gobierno del Distrito Federal. A través de estas reglas, la Asamblea Legislativa se reconoce facultades para conocer de la declaratoria de procedencia; pronunciarse sobre la misma; decidir sobre la separación o permanencia en el cargo y sobre la presentación ante las autoridades competentes del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

5. El mismo siete de abril, la mayoría de la Asamblea Legislativa mencionada, en pretendida aplicación de las reglas citadas, aprobó el acuerdo cuya invalidez se demanda, mediante el cual se declara que no ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal y que no ha lugar a ejecutar acto alguno con motivo de la declaratoria de la Cámara de Diputados, notificado a dicha Cámara mediante oficio MTSPSA/CSP/0173/2005 del mismo día.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora expresó como único concepto de invalidez que el acuerdo de siete de abril de dos mil cinco, así como las reglas y demás acuerdos y determinaciones emitidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal violan de manera flagrante los artículos 74, fracción V, y 111 constitucionales de conformidad con diversas razones, separadas en cuatro apartados, que se sintetizan a continuación:

A. Facultades de la Cámara de Diputados.

Los artículos 74, fracción V, y 111, párrafos primero, tercero y séptimo, señalan de manera expresa y clara que la Cámara de Diputados es el órgano legislativo facultado para emitir la declaratoria de procedencia en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, con los efectos y consecuencias señalados para dicha declaratoria, es decir, la separación del servidor público de su encargo y su sujeción a la jurisdicción de las autoridades competentes.

No obstante lo anterior, la Asamblea Legislativa de manera totalmente contraria a la correcta interpretación del Texto Constitucional, a través de los actos impugnados, concluye:

1. Que en la especie es aplicable el párrafo quinto del artículo 111 y, por tanto, la declaratoria de la Cámara de Diputados debe ser para el único efecto de que se comunique a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

2. Que corresponde a la citada asamblea resolver conforme a sus atribuciones, sobre si ha o no lugar a retirar la inmunidad del jefe de Gobierno; sobre si ha o no lugar a separarlo de su encargo; y, sobre si ha o no lugar a ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Considera que esto es contrario a la correcta interpretación del texto constitucional, porque de la simple lectura del quinto párrafo del artículo 111 constitucional es posible concluir que la declaratoria de procedencia en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal no encuentra sustento constitucional en éste. Dicho párrafo sólo es aplicable para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los Estados, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales. Sólo en esos casos, enumerados de manera limitativa y no enunciativa, debe actuarse en términos del párrafo quinto mencionado.

Por el contrario, las reglas para la declaración de procedencia en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal encuentran sustento constitucional en el primer párrafo del mismo artículo 111.

En consecuencia, no existe obligación constitucional alguna para el efecto que se intenta, esto es, que la Cámara comunique la declaración de procedencia a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (en tanto Legislatura Local), para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda.

Además, suponiendo sin conceder que fuere aplicable el párrafo quinto, invocado por la Asamblea Legislativa, el acuerdo, las reglas y demás acuerdos emitidos por ésta no dejan de ser notoriamente inconstitucionales, por indebida aplicación del citado precepto.

Cabe hacer notar que, en el artículo primero de su acuerdo, la asamblea decretó expresamente que "... no ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por lo que continuará en el ejercicio de su cargo con la inmunidad constitucional que le corresponde".

De esta manera, con el acuerdo impugnado, la asamblea no pretende aplicar el párrafo quinto del artículo 111, sino que nulifica, contraviene o deja sin efectos la declaratoria de procedencia, ya decretada por la Cámara de Diputados, lo que constituye una invasión a la competencia del órgano federal. Esto en razón de que el párrafo quinto, en el que pretende fundar su actuación, mantiene como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el declarar si ha lugar a proceder penalmente contra un servidor público; dicha declaratoria no puede ser sujeta a discusión o revisión por los órganos locales; lo único que, en su caso, correspondería realizar a éstos, una vez emitida la declaratoria, es instrumentar los procesos legales correspondientes.

B. Incorrecta homologación del jefe de Gobierno a un gobernador, en términos del párrafo quinto del artículo 111 constitucional.

La Asamblea Legislativa funda y motiva el acuerdo y reglas impugnadas en una incorrecta interpretación del artículo 111, párrafo quinto, al considerar que, para efectos del denominado desafuero, el jefe de Gobierno del Distrito Federal debe homologarse a los gobernadores de los Estados.

Esto pretende sostenerse en la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, de rubro: "DISTRITO FEDERAL. EL JEFE DE GOBIERNO TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EJERZA LA FACULTAD PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Sin embargo, la pretendida homologación del jefe de Gobierno a un gobernador, para efectos del artículo 111 constitucional, es incorrecta, y la tesis jurisprudencial invocada no es aplicable, por las siguientes razones:

1. De la lectura del texto integral del artículo 111 constitucional puede observarse que, en el caso específico de la declaratoria de procedencia, la Constitución distinguió entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, por un lado, y los gobernadores de los Estados, por el otro. Al primero se refiere en el primer párrafo, conjuntamente con los funcionarios federales y otras autoridades locales del Distrito Federal (diputados de la Asamblea y procurador general de Justicia), es decir, determinó dar a los servidores públicos del Distrito Federal el mismo tratamiento que a los servidores públicos federales. De manera distinta, en el párrafo quinto se establece un régimen especial para los gobernadores de los Estados por la comisión de delitos federales; conforme a éste, si bien se sigue el mismo procedimiento, la consecuencia es distinta, ya que la resolución de la Cámara de Diputados se notifica a la Legislatura Local para que ésta actúe conforme a las leyes locales.

2. El criterio de esta Suprema Corte de Justicia mencionado, fue sostenido para el efecto exclusivo de reconocerle al jefe de Gobierno que, en el caso del párrafo segundo del artículo 97 constitucional, sí puede ejercer la facultad que en el mismo se prevé para los gobernadores.

Sin embargo, dicha tesis no homologó al jefe de Gobierno con los gobernadores para todos los supuestos previstos en la Constitución.

De esta manera, dicho criterio puede tener utilidad para determinar, caso por caso, los supuestos en que un precepto constitucional que se refiera a los gobernadores de los Estados debe también ser aplicable al jefe de Gobierno, pero esto, siempre y cuando el propio Texto Constitucional sea omiso en relación con el jefe de Gobierno.

En el caso de la declaración de procedencia -y en el del juicio político, previsto en el párrafo primero del artículo 110 constitucional- la Constitución no fue omisa sino que previó con claridad que los órganos de gobierno del Distrito Federal se ajustan al régimen establecido en el párrafo primero del artículo 111 constitucional.

3. A lo largo de toda la evolución constitucional del Distrito Federal, ha sido la intención expresa y manifiesta del Constituyente mantener en aplicación para el jefe de Gobierno -así como para los diputados de la asamblea y el procurador del Distrito Federal- el régimen establecido en el primer párrafo del artículo 111 y, por tanto, con idéntico tratamiento al de los funcionarios federales.

En el año de mil novecientos ochenta y dos se reformó íntegramente el título cuarto constitucional. En el primer párrafo del artículo 111 se incluyó al jefe del Departamento del Distrito Federal -entonces dependencia del Ejecutivo Federal-. En el párrafo quinto del mismo artículo se estableció el caso de los gobernadores de los Estados.

Posteriormente, mediante reforma del diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, se sustituyó, en el primer párrafo, la denominación de jefe del Departamento del Distrito Federal por la de "titular del órgano de gobierno del Distrito Federal"; también se adicionó a los entonces representantes de la asamblea y al procurador de Justicia del Distrito Federal.

El treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, una nueva reforma modificó el párrafo quinto para adicionar a los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales.

Finalmente, la reforma del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis modificó sustancialmente la estructura jurídico-política del Distrito Federal, reconociéndolo como entidad federativa, es decir, como una parte o fracción del todo denominado Federación. Como parte de esta reforma se modificó el párrafo primero del artículo 111 constitucional para precisar el nombre del nuevo órgano ejecutivo local: jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Puede concluirse que si el Constituyente hubiese querido homologar, para efectos de la declaratoria de procedencia, al jefe de Gobierno con los gobernadores de los Estados, así lo hubiera hecho en alguna de las reformas al artículo 111 mencionado, principalmente en la reforma de mil novecientos noventa y seis.

Por tanto, el argumento consistente en que el Constituyente de 1917 no estuvo en aptitud de prever la conformación futura de los órganos de gobierno del Distrito Federal no es adecuado al caso ya que el artículo 111 ha sido sucesivamente adecuado, por el Constituyente Permanente, a la par de las reformas al artículo 122, manteniendo expresamente al jefe de Gobierno en el régimen del párrafo primero, distinto al régimen de los gobernadores de los Estados previsto en el párrafo quinto.

4. Los criterios sostenidos por la asamblea en casos similares son inconsistentes: de acuerdo con el criterio sostenido en el acuerdo y las reglas impugnadas, le correspondería resolver a ésta, en definitiva, las resoluciones emitidas por la Cámara de Diputados tratándose de servidores públicos locales, incluidos los Diputados locales; sin embargo, en el caso de la declaración de procedencia en contra del diputado René Bejarano se sostuvo un criterio diferente.

5. De la misma manera, los acuerdos impugnados, en que se sostiene la tesis de la indebida aplicación del párrafo quinto del artículo 111 constitucional respecto del jefe de Gobierno resultan incongruentes con la posición de la misma asamblea al presentar, el trece de noviembre de dos mil uno, una iniciativa de reformas a diversos preceptos constitucionales, incluyendo el mencionado artículo 111, mediante la cual expresamente se propuso que el jefe de Gobierno y los Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fueran retirados del párrafo primero de dicho artículo y que formaran parte de un régimen especial para lo cual se propuso un párrafo sexto de nueva redacción -dicha iniciativa, presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en uso de las facultades que le otorga el artículo 122 constitucional fue aprobada por la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, sin embargo, el Senado no la aprobó y devolvió la minuta correspondiente, el primero de octubre de dos mil dos, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal sin que a la fecha se haya vuelto a dictaminar-.

C. Naturaleza jurídica del Distrito Federal.

El régimen jurídico sobre la declaración de procedencia aplicable a los órganos locales del Distrito Federal es congruente con su estructura jurídico-política.

Si bien es cierto que la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis establece algunas similitudes del Distrito Federal con los Estados de la República, también lo es que mantiene y establece una serie de características y diferencias inherentes al carácter de capital federal de la Ciudad de México.

Así, puede afirmarse que dicha reforma tuvo como objetivo fundamental armonizar, por un lado, la necesidad de otorgar a los habitantes del Distrito Federal derechos políticos similares a los establecidos para los demás ciudadanos del país, señaladamente, el derecho de elegir a los gobernantes locales y, por otro lado, mantener el régimen jurídico especial de la sede de los poderes federales.

Lo anterior se reconoce expresamente en la iniciativa de esa importante reforma presentada, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis, de manera conjunta por los legisladores de los cuatro principales partidos políticos representados entonces en el Congreso de la Unión y por el presidente de la República.

D. Restricción de las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los acuerdos impugnados tienen el alcance y pretensión de legislar sobre temas que son de la exclusiva competencia de la Cámara de Diputados de acuerdo con la fracción I del apartado A del artículo 122 constitucional.

De conformidad con la fracción V, Base Primera, apartado C, del artículo 122 constitucional la Asamblea Legislativa carece de facultades para legislar y emitir norma alguna relacionada con el juicio de procedencia en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

La instrucción, determinación y consecuencias de dicho juicio son competencia expresa y exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por tanto, las determinaciones de la Asamblea Legislativa combatidas invaden la esfera específica de atribuciones de la Cámara de Diputados.

Considera, además, que la Asamblea Legislativa pretende, con dichos acuerdos, y de manera impropia, interponer en los hechos un recurso a la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto es así porque, primeramente, se hace sabedora de dicha declaración e, inmediatamente, emite un acuerdo por el que pretende revisarla, desconocerla y modificarla o anularla. Dicho recurso se encuentra expresamente prohibido por el párrafo sexto del artículo 111 constitucional, el cual dispone que en materia de juicios de procedencia "las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores son inatacables".

CUARTO. Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son los artículos 74, fracción V, 111 y 122, Base Primera.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de doce de abril de dos mil cinco, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional bajo el número 24/2005, y designó, por turno, como instructor, al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Mediante auto de trece de abril del mismo año, el Ministro instructor reconoció la personalidad con la que compareció el promovente; admitió la demanda de controversia constitucional; reconoció el carácter de la autoridad demandada; y ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.

SEXTO. Contestación de demanda. Mediante oficio presentado el veintisiete de mayo de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia Roberto Carlos Reyes Gamiz, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contestó la demanda de controversia constitucional manifestando, en síntesis, lo siguiente:

A. Oposición a las prestaciones.

a) Que los acuerdos impugnados son plenamente válidos y fueron adoptados con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las diversas leyes secundarias aplicables.

b) Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión carece de acción, facultad o derecho alguno para pretender la declaración de invalidez de los acuerdos de la Asamblea Legislativa que menciona en los apartados IV y VI de su demanda.

B. Contestación a los hechos.

En relación con los hechos planteados por la actora, afirma que:

1. Es cierto que la Procuraduría General de la República presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de declaración de procedencia que se menciona.

2. Es cierto que la Sección Instructora de la Cámara, por mayoría de votos dictaminó en el sentido indicado.

3. Es inexacto o, por lo menos, no se entiende lo que quiere decir la actora cuando afirma que la Cámara "votó por mayoría de votos el dictamen aludido" publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes ocho de abril de dos mil cinco. Esto en razón de que de la redacción del párrafo del hecho que se contesta, no puede saberse si lo que se votó fue la emisión o la aprobación de un dictamen -que no es lo mismo-, cuando lo único que la Cámara pudo hacer fue una declaración en el sentido de haber o no lugar a proceder penalmente contra el indiciado. Además, una declaración de esta naturaleza no es una resolución en sentido jurisdiccional, por lo que no puede hablarse de puntos resolutivos y, por lo demás, los puntos resolutivos no determinan nada ya que, en todo caso, en ellos se determina u ordena aquello a que se refieren, lo que no es una mera diferencia semántica. Tampoco se sabe qué fue lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, si el dictamen mismo o únicamente su aprobación.

Los puntos resolutivos que se mencionan son varias declaraciones divididas en tres apartados, de conformidad con lo siguiente:

a) En el primero de ellos se establece la declaración de procedencia respecto de la cual sí tiene facultades y competencia la Cámara de Diputados. Enseguida se declara, de manera por demás oficiosa, gratuita e imprudente que en dicho procedimiento "ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado con el 215 del Código Penal Federal"; en cuanto a esto, la Cámara no tiene facultad o derecho alguno para hacer semejante declaración; además, es falso que se hubiera acreditado la existencia de delito alguno en el procedimiento referido, que en los artículos citados se encuentre previsto delito alguno por las razones que se harán valer en su oportunidad, y que pueda hablarse de probable responsabilidad de un delito que no existe.

b) En el segundo apartado se dice que Andrés Manuel López Obrador "queda separado de su encargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal", que tal separación tendrá lugar "en tanto esté a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley". Estas declaraciones no pueden producir efecto jurídico alguno, es decir, son declaraciones jurídicamente inválidas y la Cámara de Diputados no tiene facultad ni competencia respecto de ellas.

c) En el tercer apartado se dice que las determinaciones contenidas en la presente declaratoria de ninguna manera prejuzgan respecto a la existencia del delito y la probable responsabilidad del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, entonces, no puede entenderse si hay o no delito, y si hay o no probable responsabilidad.

d) Finalmente se declara que quedan intocadas -como, en su opinión, no podía ser de otra manera-, las "facultades legales del Ministerio Público de la Federación y las autoridades jurisdiccionales", y se agrega lo evidente: "para que en ejercicio de sus funciones realicen las actuaciones que consideren pertinentes".

e) Respecto de los puntos transitorios la demandada "no tiene nada que decir".

Sin que implique aceptación alguna de lo que hubiese querido decirse con aquello de "no obstante" con que se inicia la narración del hecho correlativo que se contesta, es cierto que el mismo siete de abril la Comisión de Gobierno y la Asamblea Legislativa adoptaron -que no emitieron- el acuerdo a que se alude. Se aclara, además, que las atribuciones que confiere a dicha asamblea el artículo 111 constitucional no son una suposición de ésta sino "una realidad jurídico-política incontestable".

Es cierto que el siete de abril, por mayoría absoluta de votos, la Asamblea Legislativa adoptó -que no emitió- el acuerdo que se consigna y en el que se dispone lo que se indica.

C. Oposición al fundamento jurídico.

Considera que son inaplicables los preceptos legales que se invocan e inatendibles los argumentos de derecho que se esgrimen, como pretendido fundamento jurídico de la acción de invalidez planteada, toda vez que son falsos los supuestos que condicionan su aplicación y dada la procedencia de las siguientes tres defensas y excepciones:

La primera es la defensa general de falta de acción y consiste en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión carece de acción o derecho alguno para demandar la declaración de invalidez jurídica de los acuerdos que, con estricto apego a la Constitución y a la ley, fueron adoptados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La segunda es la excepción de falta de legitimación activa y pasiva en la causa en razón de que la Cámara de Diputados no tiene acción o derecho alguno para pretender lo que demanda y, en consecuencia, la asamblea no está legitimada pasivamente.

La tercera es la excepción de invalidez jurídica o nulidad absoluta de las declaraciones hechas por la Cámara de Diputados que se mencionan en el apartado tres del capítulo de hechos de la demanda (número 3 de los antecedentes narrados por la parte actora), que se refieren a que:

1. Ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado con el artículo 215 del Código Penal Federal.

2. Ha quedado acreditada la probable responsabilidad del indiciado.

3. Andrés Manuel López Obrador queda separado del encargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal.

4. Tal separación tendrá efectos en tanto el indiciado esté sujeto a proceso penal.

5. En consecuencia, el indiciado queda a la disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

6. Las declaraciones anteriores no prejuzgan respecto a la existencia del delito y la probable responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador.

7. Quedan intocadas las facultades legales del Ministerio Público de la Federación y las autoridades jurisdiccionales para que, en ejercicio de sus funciones, realicen las actuaciones que consideren pertinentes.

En cuanto a esta última excepción señala, la demandada, que la invalidez o nulidad de los actos jurídicos, tanto de derecho privado como de derecho público, puede hacerse valer por vía de acción o de excepción.

De esta manera, la parte demandada interpone, por vía de excepción, la nulidad absoluta de las declaraciones hechas por la Cámara de Diputados, pretendidamente en ejercicio de una facultad que reclama le corresponde ejercer, de manera exclusiva y excluyente, respecto al juicio de procedencia. La asamblea desconoce expresamente esta facultad y ejerce respecto de las declaraciones mencionadas la acción de invalidez.

Considera que no son objeto de impugnación la solicitud de declaración de procedencia; el juicio respectivo seguido ante la sección instructora, tramitado bajo el expediente SI/03/04; ni la declaratoria de la Cámara de Diputados en el sentido de que ha lugar ha proceder.

Sin embargo, solicita, por vía de excepción, la invalidez e ineficacia jurídica de los actos de dicha Cámara mediante los cuales declaró que procedía separar de su encargo al inculpado en tanto esté sujeto a proceso y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Lo anterior toda vez que lo único que, en su opinión, pudo y debió hacer la Cámara era limitarse a comunicar la emisión de la declaración de proced

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19449-7c752a5c/hechos-notorios-conceptos-general-y-juridico-jefe-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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