JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. ES PROCEDENTE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Y NO EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL CONGRESO DE DECLARAR LA CADUCIDAD Y CONTINUAR CON AQUÉL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2005. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el seis de abril de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación Ángel Francisco Prieto Méndez, quien se ostentó como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del Estado de Yucatán y la Comisión Instructora del Congreso del Estado de Yucatán.
Los actos impugnados son los siguientes:
1. "La omisión del Congreso del Estado de declarar la preclusión del juicio político, que se sigue contra cinco Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y la consecuente prescripción de las sanciones, en virtud de haber fenecido el plazo en que dicho Poder Legislativo contaba con la facultad de aplicar las sanciones relativas a dicho juicio político."
2. "El acuerdo por el cual la Comisión Instructora del H. Congreso del Estado, determinó la acumulación de la solicitud para que ese órgano colegiado declare la preclusión en el juicio político contra cinco Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, lo que constituyó una resolución negativa ficta a dicho planteamiento."
3. "La continuación, por parte del Congreso del Estado, del juicio político seguido en contra de cinco Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, a pesar de haber operado la preclusión de la facultad de ese órgano colegiado para aplicar las sanciones correspondiente y, en consecuencia, haber prescrito dichas sanciones."
4. "Todas las consecuencias y actos posteriores que se deriven de la omisión del H. Congreso del Estado."
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"1. El 29 de septiembre de 2003, los ciudadanos Rubén J. Bolio Pastrana, Marco Antonio Cerón Ruiz y Sara Millet Cámara, esta última a nombre de Armando Medina Millet, presentaron una denuncia de juicio político contra los Magistrados Ligia Aurora Cortés Ojeda, Mercedes Eugenia Pérez Fernández, Ángel Francisco Prieto Méndez, Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Mygdalia Rodríguez Arcovedo.
"En virtud de dicha denuncia, en sesión vespertina celebrada el 23 de marzo de 2004, el Congreso del Estado, determinó procedente incoar el procedimiento de juicio político contra los Magistrados.
"2. Con motivo del acuerdo por el cual el Congreso del Estado determinó la procedencia de la incoación del juicio político en contra de los cinco Magistrados señalados en el antecedente número 1 de esta demanda, el Poder Judicial del Estado promovió una controversia constitucional la cual fue admitida por esa Suprema Corte con el número 49/2004.
"En el incidente correspondiente de la citada controversia, el Ministro instructor determinó que no era procedente que el Congreso del Estado suspendiera la sustanciación del juicio político y determinó que ese Congreso no podía emitir resolución alguna que pudiera afectar la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
"3. Derivado de la resolución del incidente de suspensión decretado por el Ministro instructor, el Congreso del Estado continuó sustanciando el juicio político en contra de los cinco Magistrados, como lo acreditan los oficios CEY/213 al 217 de 2004, de fecha 2 de abril de 2004, mediante los cuales la comisión instructora integrada para sustanciar el juicio político notificó a los Magistrados antes mencionados la incoación del juicio político referido.
"4. Con fecha 21 de septiembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el sobreseimiento en la controversia constitucional 49/2004. En consecuencia, el Congreso del Estado, desde esa fecha hasta el 22 de marzo de 2005, estuvo en aptitud de resolver el juicio político instaurado en nuestra contra. En este sentido es evidente que la mencionada controversia no ha sido impedimento para que el Poder Legislativo del Estado hubiera podido resolver con antelación al año de haber iniciado el proceso de juicio político contra los Magistrados.
"5. Con fecha 23 de marzo de 2005, los Magistrados sujetos a juicio político solicitaron al Congreso del Estado que declarara la preclusión de la facultad de dicho órgano colegiado para aplicar cualquier sanción relativa al juicio político referido, y prescripción de las sanciones correspondientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
"Igualmente, se solicitó a la comisión instructora que certificara, entre otras cosas, que no se había elaborado sentencia alguna en el juicio político seguido contra los Magistrados y que elaborara la resolución relativa al planteamiento de preclusión para que el Pleno del Congreso resolviera lo conducente.
"6. Con fecha 31 de marzo de 2005, según nos hemos enterado por diversos medios de comunicación, la comisión instructora del Congreso del Estado determinó acumular la solicitud realizada por los Magistrados para que el Congreso declarara la preclusión del juicio político y la prescripción de las sanciones, lo que tiene como consecuencia lógica la continuación del procedimiento e implica una negativa a resolver la preclusión del proceso y la prescripción de las sanciones. Con ello, se ha actualizado una negativa ficta a nuestra solicitud.
"Destaco a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicha resolución de la comisión instructora aún no nos ha sido notificada."
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
"Primero. El Congreso del Estado de Yucatán viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al continuar conociendo del juicio político contra cinco Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de dicha entidad federativa, la facultad que dicho órgano poseía para aplicar las sanciones derivadas de dicho juicio político feneció el 23 de marzo de 2005, por lo que ya no está en aptitud de seguir actuando en dicho procedimiento sino para declarar la preclusión, infringiéndose en consecuencia el principio de independencia judicial establecido en el artículo 116 constitucional, párrafo tercero.
"El artículo 10, segundo párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, establece: ‘... Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.’
"Al haber operado la preclusión, el Congreso del Estado, aun de oficio, y sin ulterior trámite debió abstenerse de realizar cualquier actuación dentro del juicio político y declarar la preclusión del juicio político, con la consecuente extinción de la sanción.
"De acuerdo con el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, las autoridades sólo pueden realizar lo que la ley les faculta a hacer y además, su actuación necesariamente debe ajustarse a las disposiciones legales. De no hacerlo así, sus actos son nulos de pleno derecho y no pueden producir consecuencias jurídicas para los destinatarios de dichos actos.
"La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estableció la obligación al Congreso del Estado, un plazo máximo de un año para imponer las sanciones en materia de juicio político. Transcurrido ese plazo, le está vedado a ese órgano legislativo, imponer o aplicar cualquier sanción. Es decir, fenecido el término para la aplicación de las sanciones, ha precluido la facultad sancionadora del Congreso del Estado y, por ende, la sanción se ha extinguido.
"Esta disposición normativa recoge el mismo espíritu del artículo 114 constitucional, que ordena al Congreso de la Unión imponer las sanciones en materia de juicio político en un plazo máximo de un año. Dicho precepto a la letra dice: ‘... El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.’
"El Constituyente partió del supuesto de que un funcionario que está sujeto a un proceso vive en la inseguridad. Ésta, a riesgo de ser atentatoria de la dignidad humana, no puede ser permanente ni prolongada.
"La ley y la autoridad que la aplica no puede partir de otro supuesto; permitirlo sería atentar contra el principio de seguridad jurídica.
"El artículo 114, que es de naturaleza fundamental, por consignar un derecho a favor de los individuos, debe ser interpretado en el sentido y forma que más favorezca al inculpado o procesado.
"Por otra parte, debe tenerse en cuenta que por mandato de la ley, en el caso de los funcionarios judiciales se hace recaer una grave responsabilidad: la de impartir justicia en forma imparcial, pronta y expedita. Las funciones jurisdiccionales pueden sufrir demérito en el momento en que, como es el caso, se distrae infundadamente a dichos funcionarios en la tarea de impartir justicia y más allá del plazo que marca la ley.
"La ley, en los procesos que se siguen a los servidores públicos, tomando en cuenta los principios y fines consignados en el artículo 114 constitucional, exige que se ventilen con la mayor celeridad, a fin de no prolongar en el tiempo el estado de incertidumbre e inseguridad que afecta a los sometidos a juicio político.
"En el caso concreto, el Pleno del Congreso del Estado, mediante acuerdo emitido el 23 de marzo de 2004, determinó la procedencia del juicio político, en contra de cinco Magistrados denunciados. Con ello se dio inicio formal al procedimiento de juicio político, por lo que dicho órgano legislativo contó con un año, a partir de esa fecha para imponer y aplicar las sanciones que en su caso, se nos hubiere pretendido imponer.
"El Congreso del Estado gozó de una facultad temporal, de un año, para someter a juicio y aplicar las sanciones que en su caso se hubiere pretendido imponer a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En la actualidad ya no puede hacerlo, a riesgo de que los legisladores que lo integran excedan su competencia e incurran en responsabilidad. Ya no son una autoridad jurisdiccional cuando el plazo transcurre, pues la facultad que tenían para imponer sanciones y aplicarlas, en el caso concreto, se extinguió al transcurrir el tiempo sin haberse aplicado las sanciones.
"Por haber transcurrido el plazo dentro del cual se nos podía sancionar ha fenecido, ha operado la preclusión de la facultad correspondiente que tenía la comisión instructora para elaborar un proyecto de acusación o exculpación y la del Congreso del Estado para juzgarnos y sancionarnos.
"Luego entonces, la facultad del Congreso del Estado para aplicarnos cualquier sanción correspondiente al presente juicio político precluyó el día 22 de marzo de 2005. Al precluir la facultad de ese cuerpo colegiado para imponer alguna eventual sanción en el proceso de juicio político seguido en nuestra contra, como consecuencia lógica, se extinguió cualquier sanción que hubiere pretendido imponernos.
"El plazo de un año es fatal; en respeto al principio de seguridad jurídica que se desprende de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como del espíritu del artículo 114 de dicha Ley Fundamental, no puede ser prorrogado. El Congreso del Estado y la comisión instructora integrada para sustanciar el juicio político en nuestra contra, carecen de facultades para hacerlo.
"En el caso concreto, a pesar de que los Magistrados sometidos a juicio solicitaron el 23 de marzo de 2005 al Congreso del Estado, que declare formalmente que ha operado la preclusión de la facultad para juzgarnos y sancionarnos que tenía ese cuerpo colegiado, y que se disponga el archivo del expediente relativo al presente proceso, dicho Poder Legislativo, a través de la comisión instructora, determinó la acumulación de nuestra solicitud para que se resolviera con el fondo del juicio político.
"La determinación de la comisión instructora de acumular nuestro planteamiento de preclusión, es una resolución negativa ficta e implica la continuación del mismo, que viola los artículos 14 y 16 constitucionales lo cual redunda en un menoscabo en la independencia judicial consagrada en el artículo 116, párrafo tercero, de la Constitución Federal, pues continúa de manera ilícita el estado de inseguridad jurídica derivado de dicho proceso.
"En tal virtud, tanto la omisión del Congreso de declarar la preclusión del procedimiento como la resolución negativa de la comisión instructora, son inconstitucionales, por lo que es procedente que esa Suprema Corte declare la invalidez de los actos reclamados en esta controversia y que ha quedado sin materia el juicio político referido.
"Segundo. La resolución de la comisión instructora respecto de la solicitud de preclusión promovida por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en relación con el juicio político instaurado en su contra, vulnera los principios de legalidad y de seguridad jurídica contenidos en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, en virtud de que dicha resolución carece de fundamentación y motivación, con lo que se afecta la independencia judicial pues sus miembros están sujetos a factores extraños que impiden la emisión de sus resoluciones con entera libertad.
"De acuerdo con lo que ha trascendido, al emitirse el acto reclamado, no fueron invocados los preceptos legales que sirvieron de apoyo a la autoridad responsable ni se consignan los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto de que se trata encuadra en la hipótesis prevista en dicho precepto, violándose en consecuencia, en perjuicio de los Magistrados y del Poder Judicial, los principios de seguridad jurídica y de independencia judicial. Al respeto es aplicable el siguiente criterio:
"No. Registro: 802.004. Tesis aislada. Materia (s): Constitucional. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XLVIII, Tercera Parte, página 36. ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El artículo 16 de la Carta Magna, es terminante al exigir, para la validez de todo acto autoritario de molestia, que el mismo esté fundado y motivado, debiendo entenderse por fundamentación la cita del precepto que le sirva de apoyo, y por motivación la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto de que se trate, encuadra en la hipótesis prevista en dicho precepto. No basta, por consiguiente, con que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que sólo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente. Por otra parte, la circunstancia de que el acto reclamado satisfaga las garantías del mandamiento escrito y de autoridad competente, no le libera del vicio de inconstitucionalidad consistente en la ya apuntada falta de fundamentación, pues todas estas garantías son concurrentes y deben, por lo mismo, ser respetadas por la autoridad en el mismo acto que de ella emane.’
"...
"La resolución que se combate, no expresa los preceptos jurídicos que otorguen competencia a la autoridad responsable para emitir el acto, además de que no se citan las disposiciones que establecen la hipótesis normativa aplicable al caso concreto.
"Además, no consta la exposición de los razonamientos que justifiquen jurídica y fehacientemente que las normas en que se funda la resolución impugnada son las aplicables al caso concreto y que la decisión es la jurídica y razonablemente procedente.
"En virtud de lo anterior, se solicita a esa Suprema Corte que declare que el Congreso del Estado, a través de la comisión instructora ha violado el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, en perjuicio de los Magistrados y del Poder Judicial, en virtud de que no se cumplieron las condiciones necesarias para la emisión del acto que se combate, por lo que se afecta la independencia judicial, pues continúa la situación de incertidumbre e inseguridad que ha venido afectando a este Poder Judicial, por lo que no se cuenta con las condiciones para emitir sus resoluciones con entera libertad, alejadas de presiones externas, por todo lo anterior procede se declare la nulidad de los actos impugnados.
"Tercero. La resolución emitida por la comisión instructora en relación con la solicitud de preclusión, viola los principios de seguridad jurídica y de legalidad contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 y el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que deja de aplicarse, en perjuicio de los Magistrados del Poder Judicial y de este poder, la normatividad establecida para solucionar el caso concreto que fue planteado, por lo que se mantiene el estado de incertidumbre jurídica en contra del Poder Judicial lo que afecta la independencia de sus resoluciones.
"En el caso concreto, la comisión instructora debió turnar al Pleno del Congreso la solicitud planteada por los Magistrados, a fin de que éste sin ulterior trámite y de manera previa a cualquier otra actuación en el juicio político, determine lo procedente. Sin embargo, la comisión instructora resolvió su acumulación al negocio principal, con lo que se configuró una negativa ficta a la solicitud planteada, asumiendo una competencia que no le corresponde.
"El artículo 34 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, dispone:
"‘Artículo 34. En lo no previsto por esta ley, en relación con las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para discusión y votación de las leyes. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales para formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de las comisiones y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento.’
"De la interpretación funcional de dicho precepto se advierte que existe la intención del legislador de que sea el Pleno del Congreso del Estado el que resuelva los aspectos de fondo en el juicio político, aun cuando éstos no estén señalados expresamente, pues de lo contrario no se hubiere agregado la cláusula ‘para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento’. De ahí se sigue, de acuerdo con la intención del legislador los trámites no previstos en la Ley de Responsabilidades deben ser resueltos por el Pleno del Congreso del Estado y su tramitación deberá ser acorde con el proceso legislativo regulado en dichos ordenamientos.
"La autoridad competente para resolver lo no previsto en la ley es precisamente el Pleno del Congreso del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, siguiendo el proceso legislativo.
"‘Artículo 169. Todo lo no previsto en esta ley, será resuelto por el honorable Congreso del Estado.’
"Toda vez que el acto que impugnó en este concepto de invalidez es contrario a ley, no puede estar fundado y motivado, por lo que deviene inconstitucional. En consecuencia, resulta procedente que la resolución de la comisión instructora sea declarada inválida y, por tanto, nula de pleno derecho.
"Cuarto. La comisión instructora no es competente para resolver las cuestiones fundamentales del juicio político. Al haberlo hecho, y determinar la acumulación de la solicitud de preclusión al negocio principal, la resolvió en sentido negativo, por lo que viola el principio de legalidad establecido en el primer párrafo del artículo 16 constitucional.
"En efecto, el artículo 16 constitucional establece: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.’
"Del análisis sistemático de la legislación estatal, se desprende que ningún precepto del ordenamiento jurídico local le confiere a la comisión instructora la facultad de decidir las cuestiones fundamentales del juicio político.
"Esa violación es aún más evidente, ya que, como se ha precisado en el concepto de violación anterior, las cuestiones sobre el fondo que no estén previstas en dicho proceso se tramitan conforme a lo que dispone la Constitución Estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual faculta únicamente al Pleno del Congreso del Estado para tomar las decisiones no previstas en ley, conforme al artículo 169 del mencionado ordenamiento orgánico.
"La comisión instructora, invade, en perjuicio de este Poder Judicial, la esfera de competencia del Pleno del Congreso del Estado para resolver ningún aspecto relacionado con la extinción de la facultad del propio Congreso para resolver el juicio político.
"De conformidad con lo establecido en el artículo 16 constitucional, las autoridades sólo pueden actuar dentro del marco que la ley les permite; por tanto, deben ajustar su actuación a lo que la ley les autoriza expresamente.
"Debe recordarse que, de acuerdo con el principio de legalidad, tratándose de autoridades, lo no conferido por la ley, lo tienen prohibido.
"De lo anterior, se desprende con nitidez que la comisión instructora, al decretar la acumulación del planteamiento de preclusión, está resolviendo en sentido negativo el mismo, cuando lo que debió haber hecho es turnarlo de inmediato al Pleno del Congreso del Estado, para que determine la preclusión del proceso y la extinción de la sanción en el juicio político que se sigue a los Magistrados. Al no hacerlo así, violó el principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional.
"La comisión instructora no fundó en ley su supuesta competencia para resolver sobre la preclusión del juicio político, que es una cuestión relativa al fondo del asunto, que es una facultad exclusiva del Pleno del Congreso el Estado. Esto implica que la citada comisión ha usurpado la competencia del Pleno del Congreso del Estado.
"Por tanto, al haber emitido una resolución sin tener competencia para ello, viola en perjuicio del Poder Judicial el principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, por lo que es procedente, y así lo solicito, que se declare la nulidad de la resolución impugnada.
"Quinto. Violación de los artículos 14 y 16 constitucionales por cuanto a que el Congreso del Estado y la comisión instructora, a pesar de que carecen de competencia para enjuiciarnos y para instruir un proceso en nuestra contra, respectivamente, lo están haciendo.
"El Congreso del Estado de Yucatán y la comisión instructora del mismo, cuando conocen de un proceso de responsabilidad con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, actúan como un auténtico tribunal y órgano de instrucción.
"Por lo anterior, tanto el Congreso del Estado, como la comisión instructora, están sujetos a los principios que en respeto de los derechos de defensa y audiencia del procesado, prevén los artículos 14 y 16 constitucionales.
"Uno de los principios que derivan de los artículos 14 y 16 constitucionales, es el de que, para que los miembros de este Tribunal Superior de Justicia del Estado, podamos ser molestados en nuestra seguridad jurídica y, por lo mismo, ser objeto de un juicio político, se requiere que, quien asuma la función jurisdiccional, sea competente.
"En efecto, el artículo 14 constitucional dispone lo siguiente: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’
"Por su parte el artículo 16 constitucional, dispone: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por virtud de mandamiento de autoridad competente, que funde y motive la causa del procedimiento.’. De conformidad con los principios que regulan los procesos, la competencia de los tribunales y Jueces se determina, entre otras, por materia, territorio, cuantía; eventualmente, por el tiempo y por las personas que son sujetos de ellos.
"La competencia del Congreso del Estado de Yucatán cuando actúa como Jurado de Sentencia, está limitada por: Razón de materia, sólo puede conocer de la aplicación de los títulos primero y segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Razón de persona, están sujetos a su jurisdicción únicamente los servidores públicos mencionados en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado; carece de competencia para conocer de la responsabilidad en que incurran otro tipo de servidores públicos. Razón de tiempo, el Congreso del Estado es competente para conocer de responsabilidades en que incurran ciertos servidores públicos durante el tiempo de su encargo y dentro del año que sigue. Una limitante adicional a la competencia del Congreso del Estado, deriva del hecho de existir un plazo dentro del cual se debe instruir y juzgar un proceso de responsabilidad. En respeto del principio de seguridad jurídica, con vista a impedir que los procesos de responsabilidad se prolonguen indefinidamente, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 10, fija un plazo para que la instrucción o el proceso concluya y se dicte resolución. El Congreso del Estado, en virtud de la norma anterior, tiene limitada su competencia. Una vez concluido el plazo de un año carece de competencia para conocer de la responsabilidad de los servidores públicos, entre ellos los cinco Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se podrá afirmar que en acatamiento de la suspensión concedida por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado estaba imposibilitado para emitir su resolución.
"Lo anterior es cierto en parte; en efecto el Congreso del Estado, en virtud de la controversia constitucional a la que he hecho mención más arriba, mientras tanto no se resuelve la controversia de referencia no puede dictar resolución, pero ello no impedía ni impide que la comisión instructora continuara la instrucción, la concluyera y elaborara el proyecto de resolución respectivo.
"Nada de lo anterior se hizo, en esa virtud y, por tanto, de haber transcurrido el plazo de un año dentro del cual se debió haber hecho, tanto el Congreso del Estado, como la comisión instructora, han perdido la oportunidad para realizar los actos que legalmente estaban autorizados, por lo que en la actualidad carecen de competencia para seguir actuando.
"En virtud de lo anterior, procede y así lo solicito, que se declare que ha fenecido el plazo dentro del cual debió haber concluido la instrucción, por lo mismo tanto el Congreso del Estado y la comisión instructora carecen de competencia para seguir conociendo del proceso abierto en contra de los cinco Magistrados.
"De igual manera procede se declare nulo todo lo actuado fuera del plazo de un año que marca la ley."
CUARTO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 14, 16 y 116, primer párrafo y fracción III, párrafos primero y segundo.
QUINTO. Trámite de admisión. Por acuerdo de siete de abril de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 22/2005 y, por razón de turno, se designó al Ministro Juan N. Silva Meza, como instructor del procedimiento.
Por auto de doce de abril de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación de la demanda. La presidenta de la Diputación Permanente y los diputados integrantes de la comisión instructora, ambos del Congreso del Estado de Yucatán, al contestar la demanda, coincidentemente señalan lo siguiente:
a) Que la controversia constitucional es improcedente, toda vez que los actos cuya invalidez se demanda no transgreden los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Federal, ni tampoco la competencia del Poder Judicial, porque la omisión a que se alude en la demanda no puede considerarse como materia de una controversia constitucional, sino tal vez materia de juicio de amparo indirecto; además de que no existe la preclusión del juicio político, razón por la que no se acordó de conformidad el planteamiento de los Magistrados y, por tanto, no puede estimarse que exista alguna invasión a la esfera de competencia del Poder Judicial, lo que hace improcedente la controversia constitucional.
b) Que no le asiste razón al promovente al señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, la facultad para que el Congreso del Estado aplicara las sanciones derivadas del juicio político seguido a los Magistrados del Tribunal Supe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20329-3ebb86bc/juicio-politico-seguido-a-magistrados-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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