Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DE TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES QUE REVISEN LA LEGALIDAD DE LAS DETERMINACIONES DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES RELATIVAS A RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTOS ÚLTIMOS, SIEMPRE QUE DICHAS RESOLUCIONES CONLLEVEN UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES. TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES. CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A DICHOS PODERES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2007. · Registro digital (IUS): 21195
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 1911.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2007. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de septiembre de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ángel Francisco Prieto Méndez, quien se ostentó con el carácter de Magistrado cuarto y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en la que solicitó la invalidez del acto que más adelante se señala y emitido por el órgano que a continuación se menciona:

"Órgano demandado. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, quien tiene su domicilio en el predio sin número de la calle 35 por 66 de la colonia Centro de la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos ...".

"Acto cuya invalidez se demanda: La sentencia invasora de esferas de acción dictada con fecha catorce de septiembre y que se terminó de transcribir el treinta y uno de octubre del año dos mil siete, en que lo permitieron sus labores, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en el expediente número 75/2007, relativo al juicio contencioso administrativo promovido por el licenciado en derecho Román Kú Jiménez en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, misma que nos fue (sic) notificada el cinco de noviembre en curso, mediante oficio número 1509/2007 de la propia fecha, por el actuario de dicho tribunal, pasante de derecho José Domingo Segura Briceño ...".

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

a) El Poder Judicial del Estado de Yucatán no cuenta dentro de su estructura jurídica con un Consejo de la Judicatura, ni con una Contraloría Interna. Consecuentemente, es a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, como tramita y resuelve los asuntos de carácter administrativo que se le plantean tanto por los particulares como por sus propios integrantes en contra de sus servidores y funcionarios judiciales, con excepción de los que se interpongan en contra de los Magistrados que integran el propio Tribunal Superior de Justicia para cuyo caso, conoce el honorable Congreso del Estado de Yucatán.

b) En los procesos de carácter administrativo de que conoce el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se aplica la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y según el caso, la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos en Materia Penal, todos del Estado de Yucatán.

c) Por acuerdo de fecha tres de abril del año dos mil seis el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, determinó la apertura del Procedimiento Administrativo en contra del licenciado en derecho Román Kú Jiménez, en virtud de un acta levantada en su contra el veintiocho de marzo del propio año por la Juez Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, por presuntas irregularidades cometidas por él en el ejercicio de sus funciones como secretario de Acuerdos de dicho juzgado, antes Juzgado Mixto y de lo Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Correspondiendo a dicho procedimiento el expediente número 10/2006.

d) Seguido por toda su legal secuela, con fecha veinticinco de enero del año dos mil siete se dictó resolución en el citado expediente administrativo número 10/2006, en el que se determinó que el licenciado en derecho Román Kú Jiménez, incurrió en responsabilidad administrativa en el ejercicio de sus funciones como secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto y de lo Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, actualmente denominado Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, imponiéndosele las sanciones que de acuerdo a las leyes aplicables al caso en particular, se hizo merecedor.

e) Inconforme con dicha resolución, el licenciado en derecho Román Kú Jiménez, acudió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán a promover en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, un juicio contencioso administrativo mismo que fue notificado y emplazado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán el cuatro de mayo del año dos mil siete mediante oficio número 0600/2007 de fecha tres del propio mes de mayo, junto con el cual se nos corrió traslado mediante la entrega de una copia simple de su promoción. Precisando que dicho juicio fue registrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán como expediente número 75/2007.

f) Dentro del término que se fijó, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán compareció, con su nombrada personalidad, ante el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, expresándole las razones y fundamentos constitucionales por las que consideraba que dicho órgano jurisdiccional no era competente para revisar los actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, sin embargo, ad cautelam, el presidente de este último contestó la demanda insistiéndole para que se declarara incompetente para conocer del asunto. Lo que se le reiteró en la audiencia del juicio.

g) Con fecha cinco de noviembre de dos mil siete, mediante oficio número 1509/2007 de esa misma fecha, se notificó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la sentencia definitiva dictada por el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el expediente número 75/2007, relativo al juicio contencioso administrativo interpuesto por el licenciado en derecho Román Kú Jiménez en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que el citado tribunal contencioso, se declaró competente y, en flagrante invasión de esferas de acción, entró al fondo del asunto y revisando la resolución emitida por el Poder Judicial del Estado, a través del Tribunal Superior de Justicia, declaró la validez y legitimidad de dicha resolución, intervención con la que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán no estuvo de acuerdo en virtud de que la consideró atentatoria de la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Yucatán y de los principios de distribución de competencias y división de poderes que se desprenden del artículo 116, párrafo primero, y fracciones III y V, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, por cuya razón acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demandando a través de la presente controversia constitucional, la invalidez de dicha intervención y, por ende, de la sentencia que sin competencia jurisdiccional emitió el citado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

1. Que de lo establecido en los artículos 41, 116, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 16, primer y segundo párrafos, 30, fracción VII Bis y 63 de la Constitución Política del Estado de Yucatán se deduce que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán se instituyó como parte del Poder Ejecutivo del mismo Estado y aunque fue dotado de plena independencia y autonomía para dictar y hacer cumplir sus fallos, dicho tribunal sólo está facultado para dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública centralizada y descentralizada del Estado y los Municipios, y los particulares. Lo que quiere decir -sostiene-, que no tiene facultades legales para dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten en el seno del Poder Judicial del Estado y sus empleados y al emitir la resolución recurrida violentó la independencia y autonomía de dicho poder, y aun cuando se le facultó para conocer de las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos, dicha facultad quedó entendida que sólo la podrá ejercer en contra de aquellos servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, de la administración pública centralizada y descentralizada del Estado y los Municipios, y los particulares.

2. Aduce que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, al declararse competente para revisar los actos del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa, en base a una disposición secundaria como lo es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, ignorando la supremacía constitucional, ha violentado la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado, por lo que procede la declaración de inconstitucionalidad correspondiente.

3. Sostiene que la resolución impugnada, invade la esfera de acción del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que viola lo dispuesto por los artículos 1o., 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que prevén los derechos que les corresponden a los gobernados, mismos que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que establece la propia Constitución; y que los Estados, en su régimen interior tienen una forma de gobierno republicana, democrática, representativa, ejerciendo el pueblo su soberanía, por conducto de los órganos de poder establecidos en la Constitución Federal y en la respectiva Constitución Política del Estado de Yucatán.

Que de acuerdo con la denominación del órgano, los actos son formalmente ejecutivos, si los realizan los que dependan del Poder Ejecutivo; formalmente legislativos si son realizados por el Congreso, una u otra de las Cámaras o la Comisión Permanente, o formalmente judiciales, si los realizan los órganos del Poder Judicial.

De lo anterior, la actora deduce que, siendo el Tribunal Superior de Justicia un órgano del Poder Judicial, sus actos desde el punto de vista formal, son formalmente judiciales y, desde el punto de vista material, son administrativos. También se deben considerar los efectos jurídicos que producen los actos que se realizan; si el acto es generador de situaciones jurídicas generales, tendrá el carácter de materialmente legislativo; si crea situaciones jurídicas particulares sin que exista un conflicto previo entre partes, se está ante un acto materialmente administrativo y, cuando el órgano crea una situación jurídica particular existiendo previamente un conflicto entre partes, y la intervención de un tercero imparcial, se está frente al acto materialmente jurisdiccional.

Que del artículo 30, fracción VII Bis, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, se desprende que dicho órgano pertenece al Poder Ejecutivo del Estado y que, si bien las funciones materialmente jurisdiccionales son las principales, también desarrolla funciones formal y materialmente administrativas, así como formalmente administrativas y materialmente legislativas.

Que el Tribunal Superior de Justicia, como órgano de administración, disciplina y vigilancia del Poder Judicial, todos los actos que realice, son formalmente judiciales y al sancionar las faltas del personal del Poder Judicial, su labor es formalmente judicial y materialmente administrativa.

Aduce que es indebida e ilegal la consideración que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la resolución invasora, en el sentido de deducir que los artículos 3o., 61, 62 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, le concede competencia para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretendan ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales, o entidades de la administración pública paraestatal o de los Municipios del Estado de Yucatán, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad, en virtud de que tales preceptos no hacen distinción alguna entre autoridades formalmente administrativas y las materialmente administrativas.

Ello, toda vez que no hay autoridades materialmente administrativas, las autoridades u órganos de poder llevan la denominación del poder al que pertenecen; Ejecutivo, Legislativo o Judicial, uno u otros realizan desde el punto de vista material, atendiendo a las situaciones jurídicas que den origen, actos materialmente legislativos, materialmente administrativos y materialmente jurisdiccionales.

Que además de la lectura de las nueve fracciones del artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, puede válidamente concluirse que la competencia del tribunal es para conocer de actos formal y materialmente administrativos.

Así, dicho tribunal no tiene competencia para conocer de actos formalmente legislativos, ni formalmente judiciales, aun cuando tengan el carácter de materialmente administrativos.

Que invade la esfera de acción del Tribunal Superior de Justicia representante del Poder Judicial del Estado de Yucatán, al sostener que el servidor público judicial tiene interés jurídico para acudir en demanda ante ese tribunal, no obstante que de la propia tesis jurisprudencial que transcribe a foja seis de la resolución combatida, se desprende que el interés jurídico que tiene la persona que interviene como parte en un procedimiento para impugnar las resoluciones que le sean adversas, que no es el caso a estimar.

Que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para sancionar al licenciado en derecho Román Kú Jiménez, tiene el carácter de acto formalmente judicial, por haber sido realizado por un órgano del Poder Judicial, empero desde el punto de vista material, tiene la naturaleza de un acto materialmente administrativo contra el cual no procede el juicio de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

4. Que si bien es cierto que el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene vida jurídica dentro del Poder Judicial Estatal, también lo es que su función no es únicamente jurisdiccional, sino que su función también lo es el hacerse cargo de la administración, vigilancia y disciplina de los funcionarios integrantes del Poder Judicial, ello según se establece en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Que dicho reconocimiento conlleva a determinar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado es un órgano formalmente judicial y que al resolver el expediente administrativo formado con motivo de una queja en contra de un servidor público judicial o de oficio, realiza un acto materialmente administrativo, el cual, no obstante ser materialmente administrativo, no le compete al Tribunal de lo Contencioso Administrativo revisar.

Que en la especie la contienda surgida en este asunto, no era para determinar si el acto o resolución impugnada en el juicio principal era materialmente jurisdiccional o no, ya que lo que se controvierte es la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de una resolución del Tribunal Superior de Justicia como órgano del Poder Judicial.

Que es procedente la controversia constitucional para que, a través de ella, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirima el conflicto entre el Poder Ejecutivo, a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Poder Judicial, ambos del Estado de Yucatán, cuya esfera competencial constitucionalmente reconocida es invadida al arrogarse el citado Tribunal de lo Contencioso Administrativo una atribución que ni la Constitución Federal, la Constitución Local, ni la Ley de lo Contencioso Administrativo le conceden, atentando contra la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado y los principios de distribución de competencias y división de poderes que se desprenden de los artículos 40, 41, 105, fracción I, 116, párrafo primero y fracciones III y V, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 16, primero y segundo párrafos, 30, fracción VII Bis y 63 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 1o., 40, 41, primer párrafo, 105, fracción I, 116, párrafos primero y segundo y fracciones III y V, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 93/2007 y, por razón de turno, designó al Ministro Juan N. Silva Meza, como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo por presentado haciendo valer la presente controversia constitucional al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

En el mismo acuerdo reconoció el carácter de demandado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, y con el mismo carácter al Poder Ejecutivo de la entidad -no obstante que la actora no lo señaló como demandado-, lo anterior en virtud de que el citado tribunal formalmente es parte de dicho poder y ordenó emplazarlas para que formularan su respectiva contestación; finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. A continuación se sintetizan las causas de improcedencia hechas valer por las partes.

- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, por conducto de su presidente, señaló las causales de improcedencia que enseguida se sintetizan:

1. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que al haberse presentado la demanda por el servidor público del Poder Judicial Local, Román Kú Jiménez, el veintisiete de abril de dos mil siete, admitida y registrada con el número 75/2007 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán mediante acuerdo de dos de mayo del mismo año en el que se ordenó formar el expediente y emplazar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, éste debió controvertir el expresado acuerdo admisorio a través del recurso de reclamación establecido por el artículo 66 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, lo cual además evidencia "la existencia de un consentimiento tácito" de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán para conocer del asunto. Apoya lo anterior en el criterio jurisprudencial VI.3o.C. J/60 sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO."

2. Que como consecuencia de lo anterior adicionalmente se actualizan las causales de improcedencia previstas en los artículos 19, fracciones VII y VIII, 20, fracción II, en relación con el 21, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en virtud de no haber interpuesto en tiempo el presente medio de control contra el referido auto admisorio de la demanda. Apoya lo anterior en la tesis jurisprudencial de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA."

- El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, al contestar la demanda, manifestó la causal de improcedencia que enseguida se sintetiza:

1. Que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la existencia de un juicio de amparo directo iniciado por el ciudadano Román Kú Jiménez en contra de la sentencia contenida en el expediente 75/2007 emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, y que se encuentra pendiente de resolución en autos del expediente número 782/2007 que se sigue en el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con sede en Mérida, Yucatán.

Que en este caso, a la fecha de la presentación de la demanda de controversia constitucional, los actos que se impugnan están pendientes de ser analizados en un diverso procedimiento que puede modificar o nulificar los actos que en esta instancia se reclaman, por lo que resultaba indispensable que el Poder Judicial del Estado de Yucatán, esperara la emisión de la resolución definitiva que se dictara en el aludido juicio de garantías promovido por el ciudadano Román Kú Jiménez, por tanto, si la parte actora no esperó la referida resolución, la acción de controversia constitucional es improcedente.

Apoya lo anterior en las tesis jurisprudenciales de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA". y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO."

- El procurador general de la República al emitir su opinión, manifestó la causal de improcedencia que a continuación se sintetiza:

1. Que en la presente controversia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, procede sobreseer el presente juicio en términos de la fracción II del artículo 20, lo anterior vinculado con el numeral 21 del ordenamiento legal citado, en virtud de lo siguiente:

a) En el presente caso, se actualiza la primera hipótesis contenida en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, la cual señala que cuando se impugnen actos el plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame y toda vez que de los autos que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán se hizo sabedor del acto impugnado a partir del cuatro de mayo de dos mil siete, fecha en la que fue notificado al actor el juicio contencioso administrativo promovido por Román Kú Jiménez y que ello es posible corroborarlo con lo narrado en el apartado de antecedentes del escrito de la demanda del presente medio de impugnación.

b) Que lo anterior es posible constatarlo en autos de los cuales se desprende el oficio 0600/2007 de fecha tres de mayo de dos mil siete suscrito por el actuario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Yucatán, a través del cual le notifica al Tribunal Superior de Justicia de la entidad que el dos de mayo de dos mil siete el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado admitió a trámite el juicio contencioso administrativo promovido por Román Kú Jiménez, señalando que a dicho oficio se le adjuntó copia simple del acuerdo en el cual se admitió la demanda y se le corrió traslado de la misma con la entrega de copias exhibidas, emplazándole para que la contestara en el término de quince días hábiles a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación.

c) Que dicho oficio se notificó al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán el cuatro de mayo de dos mil siete, surtiendo sus efectos el mismo día, de conformidad con lo establecido por el numeral 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, por lo que el término empezó a correr a partir del día hábil siguiente, es decir, el siete de mayo del mismo año.

d) Que en virtud de lo anterior es posible observar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se dio por enterado del acto que ahora impugna -invasión de su esfera competencial por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán- a partir de que fue debidamente notificado y emplazado a juicio contencioso administrativo promovido por Román Kú Jiménez, esto es, a partir del cuatro de mayo de dos mil siete y que, por tanto, el auto admisorio es el acto que le causaba perjuicio por asumir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competencia para conocer del acto que se reclama, de ahí que el plazo para su impugnación inició al día hábil siguiente, esto es, el siete del mismo mes y año, y feneció el quince de junio de dos mil siete; que en ese orden de ideas el Tribunal Superior de Justicia tuvo la oportunidad de solicitar la invalidez del acto combatido por esta vía en el plazo señalado y que, por tanto, es de concluirse que la presente demanda es extemporánea.

SÉPTIMO. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, por conducto de su presidente, en su contestación de demanda señaló lo que enseguida se sintetiza:

1. Que de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán existe la posibilidad de que las resoluciones que las autoridades emitan en materia de responsabilidad administrativa en los términos de esa ley, puedan impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Yucatán.

Que la sentencia impugnada en esta vía no invade la esfera de acción del Poder Judicial del Estado Yucatán y que no existen violaciones de carácter constitucional, en virtud de que la injerencia del tribunal contencioso, ahora demandado fue ejercida en los términos de lo ordenado por el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, única y exclusivamente en lo relativo a la materia planteada.

Que la materia planteada se trata de una cuestión de responsabilidad administrativa atribuida a un servidor público consistente en revisar la actuación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en virtud de que éste no cuenta con una contraloría interna y que el mismo artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán habilita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán para llevar a cabo tal revisión.

Que al haber acudido el servidor público como particular afectado a instar el juicio por la vía contencioso administrativa no implica una actuación por parte de esa jurisdicción que sea atentatoria de la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Yucatán ni contraviene tampoco los principios de división de poderes y distribución de competencias establecidos en el artículo 116, párrafo primero y fracciones III y V, de la Constitución Federal, ya que dicha injerencia ha sido única y exclusivamente en el aspecto de la responsabilidad administrativa atribuida a un servidor público.

Que como consecuencia de lo anterior el servidor público del Poder Judicial del Estado de Yucatán puede acudir ante el órgano de justicia administrativa local a solicitar la revisión de la resolución dictada en el procedimiento administrativo instaurado en su contra tal como en el caso acontece en virtud de que en ninguno de los demás numerales que conforman la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán se excluye a los servidores públicos sancionados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán para que dicho órgano de justicia administrativa local pueda conocer de las cuestiones de responsabilidad que les sean imputadas.

2. Que de conformidad con los artículos 3o., fracción III y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, existe la posibilidad de que las resoluciones que las autoridades emitan en materia de responsabilidad administrativa en los términos de esa ley, puedan impugnarse por la vía jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad, a pesar de ser resoluciones emanadas del Poder Judicial Local, dado que ningún numeral del citado ordenamiento legal excluye a los servidores públicos del Estado de Yucatán para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la misma entidad conozca de las cuestiones de responsabilidad que les sean imputadas por el Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado.

3. Que contrariamente a lo esgrimido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, no por el hecho de que en el presente caso el servidor público que instó el juicio por la vía contenciosa administrativa -servidor dependiente del Poder Judicial Local- implique que al afirmar que los actos que realiza son formalmente judiciales y desde el punto de vista material lo son administrativos, y que la revisión efectuada se realizó sobre actos judiciales, pues evidentemente no es así, ya que únicamente "se ha intervenido" (foja 252) al tratarse de una cuestión de responsabilidad administrativa que encuadra de entre los actos administrativos, en los que se le ha a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21195-cafcfb85/controversia-constitucional-procede-contra-resoluciones-de-tribunales-contenciosos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.