CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA LA APROBACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA O DE LA FEDERACIÓN, SI DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE EL PERIODO FISCAL EN EL QUE ESTUVO VIGENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2003. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cinco de marzo de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ángel Francisco Prieto Méndez, quien se ostentó como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, promovió, en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se detallan, emitidos por las autoridades que enseguida se precisan:
"Autoridades demandadas: ... Poderes demandados: a) Poder Legislativo del Estado de Yucatán, depositado en el H. Congreso del Estado de Yucatán, en términos del artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán; y, b) Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, depositado en el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Actos o normas cuya invalidez se demanda: Los artículos 14, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 44, 47, 50, párrafo tercero, 52, 54, 55, párrafo segundo, 61, 68, 71, 72, 73, 74 y 76 del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2003, que autorizan al Poder Ejecutivo del Estado, a través de diferentes dependencias, a intervenir en el manejo y supervisión de la partida presupuestal que se asignó al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en violación a los principios de división de poderes y de independencia del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por lo que resultan violatorios de los artículos 16, 17, tercer párrafo, 41, 49, 116, primer párrafo y fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 30, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Yucatán."
Por otra parte, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte actora también demandó la invalidez del oficio número SPP/01/049/03, de quince de enero de dos mil tres, suscrito por el secretario de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el cual se hace del conocimiento a la parte actora todas las facultades y deberes que se encuentran establecidos en los citados preceptos del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal dos mil tres, entre los que se encuentra el de remitir a la citada dependencia los informes relacionados con el ejercicio de los programas y presupuestos correspondientes al referido ejercicio fiscal.
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"Hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de la norma o acto cuya invalidez se demanda: 1. Con fecha 30 de octubre del año 2002, el Poder Judicial del Estado de Yucatán, por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75, fracción VII, de la Constitución Política del Estado, envió al C. Gobernador del Estado, titular del Poder Ejecutivo del Estado, su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2003. El proyecto fue enviado en tiempo y forma, dadas la necesidades de ese poder, la partida presupuestal aprobada por el Tribunal Superior de Justicia fue por el importe de $133'512,353.00 (ciento treinta y tres millones quinientos doce mil trescientos cincuenta y tres pesos). En el proyecto se proponía la creación de 10 juzgados regionales, un juzgado familiar en el primer departamento judicial y un juzgado civil en Valladolid, Yucatán, ubicados estratégicamente en localidades importantes de las diversas regiones del Estado. 2. Con fecha 29 de noviembre del año 2002, el gobernador del Estado, titular del Poder Ejecutivo, envió al H. Congreso del Estado la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal del año 2003, en el que se redujo el importe del proyecto de presupuesto del Poder Judicial enviado a dicho funcionario, el cual fue propuesto al H. Congreso del Estado por la cantidad de $95'439,343.00, que equivalía a un incremento de sólo el 5% respecto del asignado el año anterior, lo que resultó una disminución en términos reales, pues la inflación del año 2002 fue del 5.7%. 3. Con fecha 30 de diciembre del año 2002, el H. Congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal del año 2003, mismo que se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 31 de diciembre del año 2002, mediante un decreto que contiene el ‘presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el ejercicio fiscal 2003’, en el cual se establece, en su artículo 7o., que: ‘El presupuesto de egresos del Poder Judicial prevé erogaciones para el año dos mil tres por la cantidad de $95'439,343.00 (noventa y cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y tres pesos) y se identificará como el ramo presupuestal 02.’, es decir, se aprobó en los mismos términos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo, con lo que se concretó por la cantidad de $95'439,343.00, la aprobación de un incremento de sólo el 5% respecto del asignado el año anterior, lo que, reiteramos, significó una disminución en términos reales, pues la inflación del año 2002 fue del 5.7%. 4. El artículo 3o. del decreto de presupuesto del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal del año 2003, establece: ‘Artículo 3o. Para efectos de este decreto, se entenderá por: I. «Dependencias»: las que con tal carácter, determinan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán y las demás leyes relativas; II. «Entidades»: las que con tal carácter, determinan la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y las demás leyes relativas; III. «Presupuesto»: el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal del año 2003; IV. «Decreto»: el decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2003; V. «Secretaría»: la Secretaría de Planeación y Presupuesto; VI. «Contraloría»: la Secretaría de la Controlaría General; VII. «Oficialía»: la Oficialía Mayor.’. Como puede apreciarse en la fracción II del precepto anteriormente citado, para efectos del ordenamiento, que por esta vía se controvierte, la denominación en el cuerpo del mismo de ‘entidades’ se refiere a aquellas que con ese carácter se determinan en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán. A su vez, la citada ley establece, en su artículo 2o.: ‘Artículo 2o. El gasto público del Estado, comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública que realicen: I. El Poder Legislativo. II. El Poder Judicial. III. El Poder Ejecutivo. IV. Las dependencias determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. V. Los organismos descentralizados. VI. Las empresas en las que la participación del Gobierno del Estado sea mayoritaria. VII. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado. Sólo para los efectos de esta ley, a las instituciones, dependencias, organismos, empresas y fideicomisos antes citados, se les denominará genéricamente «entidades», salvo mención expresa.’. Del análisis armónico y sistemático de los preceptos antes mencionados se desprende que, de acuerdo con lo dispuesto, cuando se menciona el término ‘entidades’ en el articulado del presupuesto de egresos del Estado de Yucatán para del ejercicio fiscal del año 2003 se incluye, entre otros, al Poder Judicial del Estado. Es el caso que el término ‘entidades’ se menciona de manera expresa en el presupuesto ya citado, estableciendo facultades de control y fiscalización presupuestal e incluso de reducción, suspensión o cancelación de fondos a cargo de diversas dependencias del Poder Ejecutivo en detrimento de la esfera de competencia del Poder Judicial; ello genera, de manera correlativa, obligaciones por parte del Poder Judicial de recabar autorizaciones, enviar información e, incluso, permitir auditorías por parte de las dependencias del Poder Ejecutivo. De esa manera, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2003 se disponen sobre el Poder Judicial del Estado y a favor del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la secretaría, la contraloría y la oficialía, un número crecido de controles, nos impone supervisiones indebidas y nos obliga a rendir informes e intervenciones inconstitucionales, por cuanto que atenta contra nuestra independencia e infringe el principio de división de poderes; ellos son, entre otros, los siguientes: Artículo 14. Este artículo nos obliga a ajustar y entregar a la Secretaría de Planeación y Presupuesto las modificaciones presupuestales correspondientes a los fondos aprobados por la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Artículo 19. Limita la facultad del Poder Judicial de contraer obligaciones y establece como requisito para hacerlo el que se cuente con la autorización previa de la secretaría. Artículo 21. Establece a cargo del Poder Judicial la obligación de proporcionar información que sea solicitada por la contraloría. Artículo 22. Sujeta el ejercicio presupuestal de parte del Poder Judicial a los calendarios que establezca la secretaría. Artículo 25. Se sujetan los calendarios de gasto del Poder Judicial a las disposiciones generales que emita la secretaría. Artículo 26. Confiere a la secretaría la atribución de autorizar a las dependencias y entidades, entre ellas este Poder Judicial, las ministraciones de fondos, pudiendo reservarse dicha autorización. Artículo 28. Autoriza a la secretaría, que es una dependencia del Ejecutivo, a efectuar reducciones a los montos de los presupuestos aprobados al Poder Judicial del Estado. Artículo 29. Obliga al Tribunal Superior de Justicia a entregar a la Secretaría de Hacienda del Estado todas las cantidades que recauden. Artículo 30. Obliga al Poder Judicial del Estado a recabar autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo para efectuar erogaciones con cargo a inversión en obra pública y servicios básicos. Artículo 31. En los casos en que el Poder Judicial del Estado requiera de ampliaciones en su presupuesto, de conformidad con este precepto, la solicitud correspondiente no se presenta ante el Congreso del Estado, que es el facultado para aprobar el presupuesto y sus modificaciones, sino ante la secretaría, que es una dependencia del Poder Ejecutivo. Artículo 32. A pesar de existir un presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, este precepto dispone que los montos presupuestados no devengados, en el caso por el Poder Judicial, se puedan aplicar a programas prioritarios, sujetándose a los lineamientos administrativos emitidos por la secretaría. Artículo 38. A pesar de estar los saldos de los programas afectos a un destino fijado en el presupuesto del Poder Judicial del Estado, este precepto dispone que de ellos puede disponer el titular del Poder Ejecutivo. Artículo 44. Este precepto faculta al gobernador del Estado a modificar los programas presupuestales del Poder Judicial Local. Artículo 47. No obstante que el presupuesto del Poder Judicial fue aprobado por el Congreso del Estado, este precepto faculta al gobernador del Estado, por conducto de la secretaría, a determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de sus programas y conceptos de gastos. Artículo 50. A pesar de que el Poder Judicial del Estado cuenta con un sistema especializado de admisión, promoción y remoción de su personal, este precepto pretende obligarlo a que utilice las nuevas plazas sólo con autorización de la secretaría y de la oficialía. Ello, independientemente de autorizar otras intromisiones indebidas. Artículo 52. A pesar de que todo lo que tenga que ver con la organización del Tribunal Superior de Justicia debe estar contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial que expide y reforma el Congreso del Estado, a través de este artículo se pretende obligar al Poder Judicial a obtener autorización de la secretaría y de la oficialía para modificar su estructura orgánica y ocupacional. Esto no obstante de que existe un sistema normativo propio para la promoción de su personal, en virtud de este precepto se pretende que ello se haga apegándose a las normas y tabuladores que expida la secretaría. Artículo 54. No obstante la autonomía financiera de que goza el Poder Judicial por mandato de la Constitución Local, en este precepto se pretende que se observen las normas que emita la secretaría. Artículo 55. A pesar de las bases de contratación de arrendamientos financieros de bienes muebles e inmuebles, con que cuenta el Poder Judicial, en virtud de este precepto se pretende condicionarlo a que exista un dictamen y una autorización de parte de la secretaría. Artículo 61. A pesar de que el presupuesto de egresos debe tener por finalidad el garantizar el ejercicio financiero a cada uno de los Poderes y debe tomarse como una autorización legislativa para realizar erogaciones, en este artículo se faculta al Ejecutivo a autorizar las ministraciones y, en su caso, a reducir, suspender o terminar los subsidios y las transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades se prevén en él. El propio artículo prevé la existencia de una responsabilidad administrativa no autorizada por la Constitución del Estado. Artículo 68. Este precepto, en contravención del principio de división de poderes y de independencia del Poder Judicial, autoriza a la secretaría a suspender las ministraciones de los fondos cuando las instancias ejecutoras, en el caso el Poder Judicial, no remitan la información solicitada en las condiciones y términos establecidos en los artículos 71 y 74 del presupuesto. Artículo 71. La Constitución del Estado obliga al Poder Judicial a informar al Congreso del Estado sobre su manejo presupuestal, a pesar de ello, en este artículo del presupuesto se pretende que se informe a la secretaría. Artículo 72. La Constitución del Estado obliga al Poder Judicial a informar al Congreso Local de la ejecución del gasto público que hubiere realizado, no obstante ello, en este artículo se pretende obligarlo a informar a la secretaría. Artículo 73. La Constitución de la República prevé la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados, ello supone necesariamente la independencia financiera, no obstante ello, este artículo del presupuesto faculta a la secretaría a dictar las medidas que a su juicio sean pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, a señalar plazos y términos a que deben ajustarse las dependencias y entidades para el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. El artículo la faculta, además, a requerir al Poder Judicial la información que considere necesaria. En virtud de ese artículo, debemos remitir a la secretaría y no al Congreso del Estado la documentación correspondiente al mes inmediato anterior en los primeros días de cada mes, además de establecer otras obligaciones que nos son inadmisibles como Poder y que están viciadas de inconstitucionalidad. Artículo 74. No obstante el principio de independencia judicial, en virtud de este precepto se pretende obligar al Poder Judicial a enviar, para su aprobación y liberación, los programas para ejercer recursos provenientes de aportaciones y fondos federales. Artículo 76. A pesar de que el Poder Judicial haya informado a la Contaduría Mayor de Hacienda de su ejercicio presupuestal, en virtud de este precepto se pretende obligarlo a proporcionar a la secretaría y a la contraloría las informaciones que ellas le soliciten, y permitirle a su personal la práctica de visitas y auditorías para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presupuesto de egresos y demás disposiciones que la secretaría expida."
TERCERO. Se estima innecesario transcribir los conceptos de invalidez que hace valer la promovente, dado el sentido del presente fallo.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son: 14, 16, 17, 41, 49, 115 y 116.
QUINTO. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional correspondiéndole el número 7/2003 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil tres, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Resulta innecesario aludir los argumentos expuestos por las autoridades demandadas en su respectiva contestación de demanda, así como la opinión del procurador general de la República, en atención al sentido del presente fallo.
SÉPTIMO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y, agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. Mediante acuerdo de trece de enero de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación designó, por razón de turno, al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a efecto de que proveyera lo conducente en la tramitación y resolución de este asunto, en atención de que concluyó el nombramiento del Ministro instructor.
NOVENO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en la que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Yucatán y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la propia entidad, en los términos de los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que de acuerdo con el sentido del fallo se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Se estima innecesario analizar la oportunidad de la demanda, así como la legitimación de las partes, dado el resultado del presente fallo.
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que prevé:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
Por otra parte, los artículos 105, fracciones I y II (en lo conducente), y penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria establecen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"...
"La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
El alcance de las disposiciones legales acabadas de reproducir, en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2001, publicada en el Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, página ochocientos ochenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.-La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."
Ahora bien, conviene recordar que en la presente controversia constitucional la parte actora demandó la invalidez de "... los artículos 14, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 44, 47, 50, párrafo tercero, 52, 54, 55, párrafo segundo, 61, 68, 71, 72, 73, 74 y 76 del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2003 ...", así como del oficio número SPP/01/049/03, de quince de enero de dos mil tres, suscrito por el secretario de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el cual se hace del conocimiento a la parte actora de todas las facultades y deberes que se encuentran establecidos en los citados preceptos del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal dos mil tres, entre los que se encuentra el de remitir a la citada dependencia los informes relacionados con el ejercicio de los programas y presupuestos correspondientes al referido ejercicio fiscal.
De acuerdo con lo anterior, es claro que las disposiciones del citado presupuesto de egresos y su aplicación tuvieron vigencia únicamente en el ejercicio fiscal de dos mil tres, de acuerdo con el artículo 30, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que prevé:
"Artículo 30. Son atribuciones del Congreso:
"...
"VI. Examinar las cuentas de los caudales públicos durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, y durante el mismo periodo, aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos que debe presentarle el Ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo."
Del precepto constitucional reproducido se desprende, en lo que al caso interesa, que anualmente el Congreso Local aprueba el presupuesto de egresos, por lo que su vigencia es en el lapso comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, lo cual se corrobora con lo dispuesto en el artículo primero transitorio del Decreto Número 195 que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal dos mil tres, que dice:
"Transitorios.-Primero. El presente decreto entrará en vigor el día uno del mes de enero del año dos mil tres, previa su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año."
Asimismo, cabe señalar que en el Diario Oficial del Estado de Yucatán de treinta de diciembre de dos mil tres se publicó el Decreto Número 376, que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2004, en el cual, en su artículo primero transitorio prevé:
"Transitorios.-Primero. El presente decreto entrará en vigor el día uno del mes de enero del año dos mil cuatro, previa su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año."
De acuerdo con lo expuesto, si los preceptos del presupuesto de egresos cuya invalidez se demandan en esta vía, así como el acto de aplicación consistente en el oficio número SPP/01/049/03, de quince de enero de dos mil tres, tuvieron vigencia únicamente durante el ejercicio fiscal de dos mil tres, el cual ya concluyó, es claro que han cesado los efectos que produjeron.
Ahora bien, la anterior integración del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en relación con el principio de anualidad en comento, sustentó criterio jurisprudencial en el sentido de que el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un año. Esto es, el ejercicio fiscal concluye el último día del año, es decir, el treinta y uno de diciembre del año en cuestión.
Este criterio, el cual es aplicable por analogía, se encuentra consultable en la tesis visible en la página veinte del Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice:
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE ANUALIDAD DE LOS MISMOS.-Ni del texto del artículo 74, fracción IV, constitucional, ni de ningún otro, se puede desprender que las Leyes de Ingresos no puedan ser modificadas sino de año en año. Luego entonces, esto no es posible obtenerse de una interpretación literal del precepto. Ahora bien, en un afán teleológico de interpretación, debe decirse que la finalidad que tuvo el legislador al establecer una disposición de esta naturaleza, consiste en la necesidad de controlar, evaluar y vigilar el ejercicio del gasto público por parte de la soberanía popular, de los representantes populares, de la Cámara de Diputados, derivada de la circunstancia de que es al pueblo, a través de sus representantes, a quien corresponde decidir, a propuesta del Ejecutivo, a qué renglones deben aplicarse los recursos aportados por el propio pueblo para sufragar el gasto público, lo cual hace al aprobar el presupuesto de egresos, así como vigilar el que dichos recursos se apliquen precisamente a los fines autorizados por la representación popular al aprobar ese presupuesto de egresos, lo cual realiza cuando en el año siguiente revisa la cuenta pública del ejercicio anterior, a raíz de la cual conocerá los resultados de la gestión financiera, comprobará si el Ejecutivo se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto y si se dio cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas. Hasta aquí se ha hablado de gasto público, de autorización de presupuesto de egresos, de control, de evaluación, de vigilancia de ese gasto público, actividades y facultades que corresponden a la representación popular de manera exclusiva, sin intervención de la otra Cámara y que constituyen actos que sólo son formalmente legislativos, a diferencia de las Leyes de Ingresos, actos que son formal y materialmente legislativos, y que no son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, sino del Congreso de la Unión, del que ésta sólo es una parte, por más que en tratándose de leyes tributarias tenga forzosamente que funcionar como Cámara de Origen y su colegisladora, la de Senadores, como Cámara Revisora. Luego entonces, puede decirse que no se advierte razón jurídica alguna para regular, entre facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, una que no lo es (la de discutir primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto), y mucho menos que se pretenda hacerle partícipe de principios que por tratarse de un acto diferente no le corresponden. El presupuesto de egresos tiene vigencia anual, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año. La disposición contenida en el artículo 74, fracción IV, constitucional, representa un esfuerzo en materia de planeación del gasto público, implica la programación de actividades y cumplimiento de programas, al menos durante ese corto plazo de un año. Sin embargo, la propia Constitución acepta que ese presupuesto de egresos no debe ser estricto, no debe ser inflexible, ni imposible de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18207-64e8761d/controversia-constitucional-se-actualiza-la-causa-de-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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