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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO SIN NÚMERO EMITIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN POR EL QUE SOLICITA A LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD QUE ACLAREN Y FUNDAMENTEN LAS IMPUTACIONES HECHAS AL EJECUTIVO LOCAL EN LA SOLICITUD QUE PRESENTARON ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, TRANSGREDE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2003. · Registro digital (IUS): 17758
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 1015.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2003. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de agosto de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el trece de enero de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ángel Francisco Prieto Méndez, Ligia Aurora Cortés Ortega, Mercedes Eugenia Pérez Fernández, Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Mygdalia Astrid Rodríguez Arcovedo, quienes se ostentaron, el primero como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y los restantes como Magistrados de ese órgano colegiado, en representación del Poder Judicial del Estado de Yucatán, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se menciona, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"Poder demandado: Poder Legislativo del Estado de Yucatán, depositado en el H. Congreso del Estado de Yucatán, en los términos del artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Actos cuya invalidez se demanda: El acuerdo sin número emitido por el H. Congreso del Estado, con fecha 17 de diciembre de 2002, notificado a este Tribunal Superior de Justicia el día 3 de enero del año en curso, por el que se requirió a cinco Magistrados integrantes de dicho tribunal para que aclaren, sustenten y fundamenten lo que los legisladores califican como una serie de supuestas afirmaciones relacionadas con la cuestión política planteada por el Poder Judicial del Estado de Yucatán, ante el H. Senado de la República, en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, el día diez de diciembre del año dos mil dos."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"I. Desde hace más de un año el Poder Judicial del Estado de Yucatán ha sido objeto de graves, infundados e injustificados ataques de parte del C. Gobernador del Estado; los Magistrados hemos sido difamados, los Jueces intimidados, nuestras sentencias puestas en entredicho y las constancias procesales cuestionadas. II. Ante lo reiterado de los ataques, con fecha 10 de diciembre del año 2002, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 76, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó al H. Senado de la República su intervención a fin de que dirimiera la cuestión política surgida entre el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán y este Poder Judicial de la misma entidad federativa. III. En la solicitud se requirió la intervención del H. Senado de la República, entre otros puntos, para que (sic). Se requiera al C. Gobernador del Estado de Yucatán para que informe a ese H. Senado de la República respecto de sus relaciones con el Poder Judicial del Estado de Yucatán con referencia específica a las materias contenidas en la demanda y aporte los elementos de prueba. En la resolución que en su oportunidad emita el H. Senado de la República determine lo siguiente: Que son violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Yucatán los actos y hechos que el C. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán ha realizado hasta la fecha y que han sido mencionados y acreditados en el apartado de hechos. Se conmine al C. Gobernador del Estado de Yucatán para que se abstenga de seguir agrediendo al Poder Judicial del Estado de Yucatán. Se le aperciba que de continuar agrediendo al Poder Judicial del Estado de Yucatán, estará ante una violación grave de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo mismo, puede ser objeto de un juicio político en el que pudiera resolverse su destitución e inhabilitación. En forma precautoria, mientras el H. Senado de la República no emita la resolución correspondiente, se conmine al C. Gobernador del Estado a que cese sus agresiones al Poder Judicial del Estado de Yucatán. Nos permitimos acompañar a la presente, como anexo número 4, copia de la solicitud de referencia. IV. Con fecha 17 de diciembre de 2002, a iniciativa de diputados miembros del partido político al que pertenece el C. Gobernador del Estado, el H. Congreso del Estado adoptó un acuerdo a fin de solicitar a los cinco Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que suscribieron la citada solicitud, aclaren, sustenten y fundamenten, ante dicho cuerpo colegiado, lo que denominan ‘graves imputaciones que se hacen al titular del Poder Ejecutivo del Estado’, en la solicitud formulada al H. Senado de la República. Dicho acuerdo a la letra dice: ‘El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán acuerda: Solicitar a los cinco Magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que suscriben la promoción presentada ante el Senado de la República que aclaren, sustenten y fundamenten ante esta soberanía, por respeto al pueblo de Yucatán al cual representamos, las graves imputaciones que hacen al titular del Ejecutivo del Estado y, de manera especial, aquellas que le atribuyen la intención personal de desvirtuar pruebas del expediente en el que fue sentenciado Armando Medina Millet, de propiciar la anulación de la misma sentencia por razón de amistad con el sentenciado y de promover la destitución de los actuales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado para el mismo fin, así como el intervencionismo del Ejecutivo en el Poder Judicial. Remítase copia de este acuerdo al Senado de la República, para su conocimiento. Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil dos. Presidente: Dip. Lic. José Gerardo Bolio de Ocampo (rúbrica ilegible). Secretario: Dip. M.V.Z. José María Fernández Medina (rúbrica ilegible). Dip. Ing. Aristeo de Jesus Catzin Cáceres (rúbrica ilegible).‘. V. El acuerdo nos fue notificado por conducto del presidente de la mesa directiva del mismo, diputado licenciado José Gerardo Bolio de Ocampo mediante oficio número CEY/999/2002, con fecha 3 de enero del año en curso. Nos permitimos acompañar, como anexo número 5, copia del oficio de referencia. El acuerdo tomado y la solicitud son contrarios a los principios que regulan la división de poderes, exceden el marco normativo que rige las relaciones que se dan entre ellos, alteran el equilibrio que debe existir entre los poderes de la entidad, atentan contra el principio de legalidad y coartan el derecho que el Poder Judicial del Estado tiene para ocurrir, en todo momento y libremente ante las instancias federales; por lo mismo, son contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, a través de esta controversia, venimos a combatirlos."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. El acto cuya invalidez se demanda atenta contra el principio de legalidad. El acto del H. Congreso del Estado de Yucatán atenta contra el principio de legalidad. En efecto, de conformidad con la Constitución de la propia entidad federativa que desarrolla el principio de división de poderes previsto en el primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Congreso del Estado, como autoridad constituida, sólo tiene como facultades aquellas que derivan a su favor de la Constitución de la entidad, es incuestionable que lo no concedido lo tiene vedado; esto es cierto a pesar de que no exista norma que así lo disponga expresamente. La prohibición se deriva, necesariamente, de la naturaleza del sistema constitucional mexicano. El nuestro es un país que goza de un Estado de derecho, ello implica, entre otras cosas, que para que se entienda que un poder goza de una facultad, es preciso que exista texto expreso que así lo disponga. Tratándose de autoridades constituidas, lo que no le ha sido conferido lo tienen prohibido. El Poder Legislativo del Estado de Yucatán es un poder constituido y de facultades expresas. El Poder Legislativo del Estado, por sí, carece de facultades constituyentes, éstas se han depositado en una combinación de poderes y órganos. Al Poder Legislativo del Estado de Yucatán, como autoridad constituida, no le es lícito por sí, a través de una ley secundaria o de la práctica parlamentaria, incrementar el número de sus facultades y atribuciones. Incrementar por sí el cúmulo de sus facultades implica asumir una función que no tiene: la constituyente. Tratándose de autoridades, cuando el Constituyente enumera facultades limita, prohíbe e inhibe. No tendría objeto una enumeración si ella no tuviera alcances limitativos. No tiene razón de ser una Constitución, considerada de naturaleza suprema, si a las autoridades constituidas les fuera permitido actuar en materias que no tienen conferidas o hacer aquello que no les ha sido otorgado. En el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que es el que prevé las facultades y atribuciones del H. Congreso del Estado, no aparece consignada a su favor la de autorizarlo para requerir a este Tribunal Superior a aclarar, fundar y sustentar la solicitud que formulamos ante el H. Senado de República. Aunque el derecho no es objeto de prueba, para facilitar a los miembros de esa H. Suprema Corte la consulta del texto del artículo 30 de la Constitución de nuestro Estado, nos permitimos acompañar a esta demanda, como anexo número 6, copia del texto del referido artículo. Si la Constitución de nuestro Estado no ha otorgado al H. Congreso del Estado la facultad de hacer un requerimiento como el que ha formulado al Tribunal Superior de Justicia que representamos, por tratarse de una autoridad constituida, en aplicación del principio de legalidad, debemos entender que tiene prohibido hacerlo; no actúa como autoridad la que excede su competencia. En virtud de lo anterior, el H. Congreso del Estado al no contar con facultades para formular el requerimiento que nos ha hecho, ha excedido sus facultades, por lo que ha violado el principio de legalidad y atentado contra el principio de seguridad jurídica que establece la Constitución General de la República en sus artículos 14, 16, 39 y 40. En un Estado de derecho, el titular de una autoridad sólo puede actuar dentro del ámbito de su competencia, cuando actúa dentro de ella puede ser calificada de autoridad y sus mandatos deben ser obedecidos. No lo será cuando la excede. Por razón de lo anterior procede, y así lo solicitamos, se declare la invalidez del requerimiento del H. Congreso del Estado de fecha 17 de diciembre de 2002. Segundo concepto de invalidez. El acuerdo y la actuación del Congreso del Estado son contrarios a los principios constitucionales que regulan la división de poderes. El acuerdo y la solicitud del H. Congreso del Estado son contrarios a los principios fundamentales que regulan la división de poderes, entre ellos, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La división de poderes prevista en nuestra Constitución, acorde con la naturaleza de un Estado democrático, implica el fraccionamiento del poder, que cada uno de los titulares en que él se ha dividido, en el ejercicio de sus facultades, con base en la ley, puede actuar válidamente, hacer por sí todo lo que le ha sido autorizado sin necesidad del concurso o anuencia de los otros poderes. La teoría de la división de poderes se explica en función de que se considera que cada poder actúa válidamente, que es autónomo del otro, salvo que, en forma expresa, se establezca una relación de colaboración o complementación entre dos o más poderes. La regla general es que cada poder, por sí, es suficiente para ejercer la competencia o facultades que tiene conferidas. Excepcionalmente, cuando la Constitución, en forma expresa, disponga otra cosa, es factible que para el perfeccionamiento de un acto se requiera de la colaboración o participación de otro poder. El Constituyente, conocedor de los principios que regula la teoría de la división de poderes, ha dispuesto normas para hacerlos operantes, permitir la actuación eficaz y oportuna de las autoridades y neutralizar, mediante la colaboración de un tercero, el ejercicio de facultades que pudieran implicar un riesgo para la sociedad o para la función gubernativa. Como se ha dicho, para que ésta se dé es necesario que exista un texto expreso. De conformidad con la fracción VI del artículo 76 de la Constitución General de la República, cualquiera de los poderes de un Estado puede por sí, sin el concurso de los otros, plantear una cuestión política al Senado de la República. El precepto no dispone que cuando alguno de ellos ocurra a esa Cámara, necesariamente deba contar con la anuencia de otro poder. Tampoco dispone que una vez que lo haga debe justificarse ante los restantes. De ser necesaria la anuencia previa o indispensable la justificación posterior, se requiere que en el artículo 76 exista una prevención que así lo disponga; de ser ello así no hay duda de que se desvirtuarían los principios que regulan la división de poderes, se haría nugatoria la instancia ante el Senado, se dilataría la acción con perjuicio del orden público de una entidad, se haría imposible su procedencia y no existiría nunca consenso para solicitar su intervención. Vistos los términos del artículo 76, fracción VI, mas (sic) es de concluirse que se trata de una instancia a disposición de cualquiera de los poderes de un Estado, a la que cada uno puede recurrir por sí. No se está frente a un acto de colaboración entre ellos. De esa manera, es contrario al principio de división de poderes consagrado en el artículo 116 constitucional el requerimiento formulado por el H. Congreso del Estado, motivo por el cual demandamos se declare su invalidez. Tercer concepto de invalidez. La solicitud formulada por el H. Congreso del Estado excede el marco normativo que rige las relaciones entre los poderes. En respeto de la independencia y buen funcionamiento de los poderes de un Estado, tanto la Constitución General como la Particular del Estado establecen, en forma expresa, los vínculos que se pueden dar entre ellos. La enumeración de esas interrelaciones es limitativa, no es susceptible de ser aumentada a través de una ley ordinaria o de la práctica gubernativa o parlamentaria. La Constitución del Estado, con vista a hacer operante en el nivel local los principios fundamentales establecidos por la Carta Magna de la República, regula la organización política de la entidad; ella dispone, en forma limitativa, las relaciones que pueden existir entre los poderes de un Estado; de los preceptos constitucionales se desprende que entre ellos puede haber relaciones de coordinación, de auxilio, supervisión y de complementación. Para evitar el sometimiento de un poder por parte de otro o que se desvirtúe, en perjuicio de la población, el funcionamiento de los poderes, las únicas relaciones válidas entre ellos son las previstas expresamente. Las no comprendidas en forma expresa en la Constitución General y en la Particular del Estado exceden el marco normativo que rige las relaciones que se deben dar entre los Poderes del Estado, están prohibidas, no obligan a las partes o son nulas. Al H. Congreso del Estado, por los conductos y vías previstos en forma expresa, con las reservas de ley, le ha sido otorgada por la Constitución del Estado una función de vigilancia respecto de ciertos órganos del Poder Judicial del Estado; esto está permitido únicamente por lo que se refiere a la función de contraloría del ejercicio del presupuesto a través de las vías previstas expresamente. Para que esto se pueda dar, se consideró indispensable la existencia de textos fundamentales que así lo previeran. El H. Congreso del Estado tiene prohibido otro tipo de supervisión o vigilancia. En el momento en que el H. Congreso del Estado pretende establecer un vínculo no previsto o autorizado cuando requiere a este Tribunal Superior para que funde y motive una actuación determinada, realiza una relación de supervisión que no tiene existencia legal y, por tanto, viola la Constitución. El Poder Judicial del Estado legalmente no está obligado a aclarar, sustentar y fundar sus actos ante el Poder Legislativo del Estado. Pretender que esto ocurra es atentar contra la independencia del Poder Judicial del Estado prevista en el segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución General de la República. Por todo lo anterior, el acuerdo de 17 de diciembre de 2002, adoptado por el H. Congreso del Estado, es contrario al artículo 116, fracción III, de la Constitución General, que establece la independencia del Poder Judicial y de la Constitución de la entidad, que establece, con carácter de autorización y en forma taxativa, las únicas relaciones que son admisibles entre los Poderes del Estado. En virtud de lo anterior, a través de la presente controversia venimos a solicitar se declare la invalidez del acuerdo de 17 de diciembre pasado. Cuarto concepto de invalidez. El acuerdo del H. Congreso del Estado atenta contra el principio que dispone que las relaciones que se dan entre los poderes de un Estado son en condiciones de igualdad. La teoría de la división de poderes se explica en función de que en la Constitución Política se establecen los principios normativos para que los poderes actúen en condiciones de igualdad; en la práctica sólo opera cuando esos principios se respetan, exista una relación de igualdad y no se atente contra la dignidad de alguno de ellos. En el funcionamiento de los Poderes Locales previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones que se dan entre ellos deben ser siempre en condiciones de igualdad; ninguno de ellos puede pretender someter a otro recurriendo a la ley o apelando a la fuerza; disminuir el número de las facultades de los restantes poderes o hacerlas nugatorias a través de no prestar la colaboración o el auxilio previstos por la ley; asumir de hecho una competencia ajena; tener mayor injerencia en la integración y el funcionamiento del otro, que las establecidas en el marco normativo fundamental, general y local. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que el H. Congreso del Estado de Yucatán no está facultado o autorizado para juzgar la actuación del Poder Judicial de la propia entidad, ni para exigir que éste funde ante él su actuación. Tampoco sería admisible que el Poder Judicial, mediante un acuerdo del Pleno del Tribunal Superior, pretendiera que el Poder Legislativo del Estado o el C. Gobernador funde o explique el porqué de su actuación. Sería un atentado contra los principios normativos que establecen la igualdad entre los poderes el pretender hacerlo. Como se ha afirmado anteriormente, las relaciones que válidamente se pueden dar entre los poderes de un Estado, sólo son aquellas que en forma expresa prevé la Constitución. No son válidas ni admisibles otras diversas. El requerimiento formulado, parte del supuesto de que entre el H. Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia se da una relación desigual que excede y contraría el marco normativo que regula el principio de igualdad entre poderes; de aceptarse llevaría a tener que reconocer que en el Estado existe una relación de superior a inferior, que el Poder Judicial del Estado está sometido al Poder Legislativo. Esto, aparte de no tener fundamento jurídico, es contrario al principio constitucional de pesos y contrapesos; atenta contra las normas que establecen un equilibrio entre los Poderes Locales. De haberse partido del supuesto de que hay un equilibrio entre los poderes, el H. Congreso del Estado nunca hubiera pretendido exigir al Tribunal Superior funde una actuación. El requerimiento formulado al Tribunal Superior de Justicia por el H. Congreso del Estado altera el equilibrio que debe existir entre los Poderes del Estado, que establece el artículo 116; el acto es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, a través de esta controversia, venimos a demandar se haga tal declaración y se declare nula. Quinto concepto de invalidez. Violación de la fracción VI del artículo 76 constitucional por cuanto a que el Congreso del Estado pretende reglamentar un precepto fundamental y establecer requisitos no previstos en aquélla. Aceptar que alguno de los Poderes Locales tenga que fundar, ante el Congreso Local, una solicitud hecha ante el H. Senado, sería coartar el libre y amplio derecho que en virtud del artículo 76, fracción VI, constitucional, tienen para ocurrir ante las instancias federales. Para los efectos de determinar cuál es el alcance de esa norma fundamental, es preciso hacer su interpretación cabal con vista a su texto y el contexto en que ella se halla. De los términos en que está redactada, todo indica que la instancia prevista en la norma tiene, entre otras, las siguientes características: no está sujeta a término; las partes, es decir, los Poderes de los Estados, pueden recurrir a ella en todo tiempo; no existe el peligro de que sea declarada extemporánea. No existe una fórmula rigurosa para que presente la solicitud; es suficiente que se formule con toda claridad la petición y se determinen los hechos y circunstancias del diferendo para que el H. Senado deba asumir su conocimiento. La instancia es voluntaria y libre, las partes pueden o no recurrir a ella. No obstante lo anterior, una vez que una de ellas ha ocurrido ante el Senado, la contraparte no se puede negar a aceptar esa intervención, reconocer su autoridad y aceptar sus recomendaciones. La intervención del Senado es obligatoria, según lo dispone el precepto, cuando en el diferendo las partes o alguna de ellas recurre al uso de las armas. El derecho a recurrir a la instancia es amplio, puede comprender todo tipo de conflictos a condición de que sean de naturaleza política. No está sujeto al cumplimiento de alguna condición que pudiera imponer alguna de las partes o alguna instancia local. El imponer condiciones o requisitos no es admisible antes de que algún Poder Local recurra a la instancia, ni después de haberla agotado. Mientras el H. Congreso de la Unión no reglamente la fracción VI del artículo 76 de la Constitución General de la República y la ley respectiva establezca condiciones, salvedades y requisitos, debe partirse del supuesto de que los Poderes de los Estados pueden acceder ante la instancia del Senado, siempre y cuando estimen que existe un conflicto al que ellos, por sí, no puedan dar solución y consideren que es necesaria la intervención. En este caso, será la prudencia de las autoridades locales la que, en primera instancia, determine el momento, las circunstancias, la forma y establecerá los límites; llegado el caso, es el Senado de la República quien determinará si interviene o no. Todo indica que siempre debe partirse de que cuando se ocurre ante él, es por razón de la gravedad de una cuestión política. Lo anterior es lo que se desprende del texto y de las normas que regulan el sistema constitucional mexicano. Cuando, como en el caso, algún poder ajeno al conflicto pretende que alguna de las partes funde y motive ante él su solicitud y el hecho de haber ocurrido ante la instancia ante el Senado, lo que está haciendo es limitar el ejercicio de un derecho, para lo cual no tiene competencia; asumir una facultad que no le corresponde, intervenir en lo que tiene vedado y usurpar la función reglamentaria de la Constitución General que, por ley, sólo corresponde al Congreso de la Unión. Para el caso no importa que esa injerencia indebida se dé antes o después de que alguna de las partes ocurra ante el Senado. En ese contexto, es evidente que la solicitud del H. Congreso del Estado de Yucatán es contraria a la fracción VI del artículo 76 de la Constitución de la República, motivo por el cual procede, y así lo solicitamos, se declare inválida. Sexto concepto de invalidez. El acuerdo del Congreso del Estado, a través del cual se solicita que se ‘aclaren, sustenten y fundamenten’ las afirmaciones que el Poder Judicial del Estado de Yucatán, a través del Tribunal Superior de Justicia, realizó en la demanda de controversia política ante el H. Senado de la República, carece de fundamentación legal y no encuentra sustento en ningún precepto de la Constitución Política del Estado de Yucatán, ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad federativa, por lo que el mismo invade la esfera de competencias de este poder y viola los artículos 17 y 116, párrafo primero y fracción III, párrafos primero y segundo, de la Constitución General de la República, en virtud de que con este acto arbitrario se viola su autonomía. En efecto, los preceptos constitucionales citados establecen: ‘Artículo 17. ... Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’. ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. ... III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.’. Tanto el artículo 17, como el artículo 116, primer párrafo y fracción III, primero y segundo párrafos constitucionales, establecen con diáfana claridad la independencia de los Magistrados y Jueces. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia de los órganos de la justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las decisiones que tomen. La división de poderes es una primera garantía de la independencia del Poder Judicial, que debe ser capaz de cumplir sus funciones sin injerencias indebidas de los otros poderes. El Poder Ejecutivo y el Legislativo intervienen, por ejemplo, en la aprobación de las leyes orgánicas de los tribunales o en el nombramiento de los Magistrados de mayor jerarquía, pero no pueden inmiscuirse en la elaboración o revisión de sus decisiones. La independencia es sin duda la dimensión más importante de todo el Poder Judicial. La independencia se concibe como un principio dirigido a situar al órgano que imparte jurisdicción y a sus titulares, por supuesto, al margen de presiones de los otros poderes, de las partes o grupos sociales, individuos y también de los propios miembros del Poder Judicial. La independencia, en el plano institucional, implica lograr el equilibrio con el resto de las instituciones para que éstas no interfieran en su labor. No puede decirse que el Poder Judicial es independiente si otro poder, cualquiera que este fuera, interviene de manera ilegal en sus decisiones internas. La independencia del Poder Judicial veda cualquier intromisión de los otros Poderes del Estado o de personas o grupos en el ejercicio de la tarea jurisdiccional. De ahí que sea tan importante que se cuente con mecanismos institucionales idóneos para impedir que el peso que los otros poderes o instancias sociales puedan tener en el órgano jurisdiccional se desvanezcan, y eso sólo puede lograrse contando con garantías judiciales democráticas, capaces de desmontar todo interés del político en turno, de partidos en lo particular o de grupos. En síntesis, la salvaguarda de la independencia judicial es condición misma del principio de división de poderes y del Estado constitucional de derecho, y debe ser protegida con todos los medios jurídicos del Estado moderno, incluyendo la invalidez de los actos inconstitucionales que vulneren dicha independencia. Por su parte, la Constitución del Estado establece en su artículo 63 que: ‘Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en un Tribunal Superior de Justicia, en los juzgados de primera instancia y en los demás establecidos o que en adelante establezcan las leyes.’. Además dispone, en su artículo 75, que: ‘Artículo 75. Corresponderá al Tribunal Superior de Justicia funcionando en Pleno: ... VI. Vigilar y promover cuanto se relacione con la buena marcha de la administración de justicia.’. De las atribuciones otorgadas por la Constitución Política del Estado de Yucatán al Poder Judicial, y especialmente al Tribunal Superior de Justicia, se desprende que el derecho de emprender cualquier acción jurídica o promover cualquier acción legal en lo referente a la administración de justicia, es potestad exclusiva del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y no está condicionado a la supervisión o inquisición de algún otro Poder Estatal. De ahí que la promoción que el Tribunal Superior de Justicia realizó ante el H. Senado de la República, es un acto de ejercicio pleno de la autonomía y la independencia que a este Poder Judicial corresponde y que garantizan tanto la Constitución Federal como la Estatal, por lo que no tiene la obligación de informar de ello a los otros Poderes del Estado, ni éstos le pueden exigir ningún tipo de información al respecto. En este orden de ideas, queda claro que los otros poderes, ya sea el Legislativo o el Ejecutivo, deben abstenerse de efectuar cualquier acto que pudiera vulnerar la potestad del Poder Jud

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17758-da135a99/controversia-constitucional-el-acuerdo-sin-numero-emitido-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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