CONSEJEROS CIUDADANOS Y MAGISTRADOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN. LOS ARTÍCULOS 86 Y 280 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA HAYA ELIMINADO DE LA INTEGRACIÓN DE DICHO ORGANISMO A LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. LOS ARTÍCULOS 90, FRACCIONES VI Y X, 91, 111, FRACCIONES VI Y X, 120, FRACCIONES VI Y X, Y 281, FRACCIONES VII Y XI, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJEROS CIUDADANOS Y SECRETARIOS TÉCNICOS DEL CONSEJO ELECTORAL, DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO MAGISTRADOS NO CONTRAVIENEN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y AUTONOMÍA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2003. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de octubre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado en la oficina del Servicio Postal Mexicano en Mérida, Estado de Yucatán, el treinta de julio de dos mil tres, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Rafael Casellas Fitzmaurice, Pedro Oxte Conrado, Luis Antonio Hevia Jiménez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, María Teresa Rodríguez Gil, Félix Marcial Paat Alcocer, Joaquín Meléndez Herrera, José María Fernández Medina y José Dafne López Rodríguez, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se precisan:
"Órgano legislativo que emitió las normas generales impugnadas. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Órgano ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron. Los artículos 86, 85, fracción II (que se deroga), 90, fracciones VI y X, 280, séptimo y octavo transitorios, del Decreto Número 290 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral del Estado de Yucatán, aprobado por el H. Congreso del Estado de Yucatán el día 29 de junio del año 2003, y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, órgano de publicación del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán el 30 de junio del año 2003."
SEGUNDO. Los promoventes señalaron como antecedentes de la norma impugnada los siguientes:
"Primero. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso f), párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: ‘Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.’, con fecha quince de mayo del año dos mil tres, el H. Congreso del Estado de Yucatán aprobó un punto de acuerdo con el objeto de fijar las bases y términos para llevar a cabo la reforma electoral local. Dicho acuerdo, presentado por los CC. Diputados Ricardo Alberto Gutiérrez López, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Jorge Antonio Vallejo Buenfil, coordinadores de las fracciones parlamentarias de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente, que fue aprobado por unanimidad por el Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, señala textualmente lo siguiente: ‘H. Congreso del Estado. Los que suscribimos, diputados integrantes de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 109 y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: Acuerdo. Artículo primero. Las bases a las que se sujetarán los trabajos de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, orientados a la expedición de leyes o decretos en materia electoral, que puedan ser aplicables al proceso electoral local que inicia en el mes de octubre del año en curso, serán las siguientes: Base I. La fecha límite para la presentación de iniciativas de ley o de decreto en materia electoral presentadas en términos del artículo 95 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, será el 30 de mayo de 2003. Base II. Dentro del término establecido en la base I del presente acuerdo, él o los representantes legales de los partidos políticos, acreditando debidamente su personalidad, podrán presentar al H. Congreso del Estado de Yucatán, propuestas concretas de reformas en materia electoral. Para los efectos del párrafo anterior se reconocerán como partidos políticos aquellos que tengan registro nacional ante el Instituto Federal Electoral y los que tengan registro estatal ante el Instituto Electoral del Estado. Base III. Las iniciativas de ley o de decreto en materia electoral que se presenten ante el H. Congreso del Estado, así como las propuestas de reformas en materia electoral presentadas en términos de la base II del presente acuerdo, serán turnadas a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales. Base IV. La Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado analizará y estudiará todas las iniciativas de ley o de decreto en materia electoral que, en su caso, se hubieran presentado dentro del término establecido en la base (sic) del presente acuerdo. La Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado podrá acordar el análisis y estudio de las propuestas de reformas en materia electoral que, en su caso, hubieran presentado los representantes legales de los partidos políticos, en los términos señalados en la base II del presente acuerdo. Base V. Con el objeto de analizar y estudiar debidamente todas las iniciativas de ley o de decreto en materia electoral que, en su caso, se hubieran presentado ante el H. Congreso del Estado, así como las propuestas de reformas en materia electoral que hubieren presentado los representantes legales de los partidos políticos, la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales solicitará las prórrogas necesarias en términos de lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Base VI. En el caso de que se presenten una o varias iniciativas de decreto de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia electoral, éstas serán dictaminadas conjuntamente y, por tanto, la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado emitirá un solo dictamen. Base VII. En el caso de que se presenten una o varias iniciativas de ley en materia electoral o de reformas al Código Electoral del Estado, éstas serán dictaminadas conjuntamente y, por tanto, la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado emitirá un solo dictamen. Base VIII. La Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado deberá emitir los dictámenes a los que se refieren las bases VI y VII del presente acuerdo a más tardar el día 24 de junio de 2003. Base IX. A más tardar el día 25 de junio del año en curso, la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado remitirá los dictámenes que hubiera emitido a la Diputación Permanente, junto con la solicitud de celebración de una sesión extraordinaria que deberá iniciar a más tardar el día 28 de junio de 2003 y que no podrá durar más allá del día 30 de junio del año en curso, con el objeto de someter a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado los dictámenes que hubiera emitido. Artículo segundo. Remítase copia del presente acuerdo a los representantes legales de los partidos políticos en el Estado de Yucatán. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 110 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, solicitamos la dispensa de los trámites de rigor a efecto de que el presente proyecto de acuerdo sea discutido y sometido a votación en estos momentos. Mérida, Yucatán, a 14 de mayo de 2003.’. Segundo. Con fecha 24 de abril del año 2003, fue turnada por el Pleno del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, la iniciativa de reformas y adiciones al Código Electoral del Estado de Yucatán, así como reformas al artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, presentada por los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y el diputado licenciado Manuel Saturnino Ávila Noh. Con fecha 23 de mayo del presente año, fue turnada por la Diputación Permanente del H. Congreso a esa misma Comisión Permanente, la iniciativa del diputado Manuel Saturnino Ávila Noh en la que propone reformas y adiciones al Código Electoral del Estado de Yucatán, así como reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán. Con fecha 2 de junio del año 2003, fue turnada por la Diputación Permanente del H. Congreso a la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, la iniciativa de reformas y adiciones al Código Electoral del Estado de Yucatán y reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán presentada por el diputado licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil. En esa misma fecha, la Diputación Permanente del H. Congreso turnó a la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, las iniciativas presentadas por los diputados del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 26 de mayo, de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia electoral, de un nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, así como la de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Yucatán. No omitimos manifestar que también presentaron propuestas de reformas en materia electoral diversos ciudadanos, agrupaciones y partidos políticos, mismas que al igual que las iniciativas presentadas por los diputados de la LVI Legislatura fueron turnadas a la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales. Como podrá observarse, las iniciativas comprendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán; reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos del Código Electoral del Estado; un ciudadano presentó una propuesta de nuevo Código Electoral; y los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 de nuestra Carta Magna, propusimos la adecuación de nuestra Constitución yucateca, y en congruencia con nuestro marco jurídico federal en materia electoral presentamos dos iniciativas de leyes secundarias, a saber: un nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (en sustitución del actual Código Electoral del Estado) y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, ambos para el Estado de Yucatán. Todas las iniciativas propuestas en materia electoral, en cumplimiento al artículo 64, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se turnaron a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, para que previo estudio y análisis elaborase los dictámenes correspondientes. Tercero. La Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, se encuentra integrada de la siguiente manera: Presidente: Dip. Abog. Ricardo Alberto Gutiérrez López (PAN). Secretario: Dip. Lic. Jorge Antonio Vallejo Buenfil (PRD). Vocal: Dip. Abog. Renán Cleominio Zoreda Novelo (PRI). Vocal: Dip. Lic. en Educ. Luis Antonio Hevia Jiménez (PRI). Vocal: Dip. Antrop. María Beatríz Zavala Peniche (PAN). Cuarto. El presidente de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales convocó a los integrantes de dicha comisión para celebrar una sesión de trabajo el día 3 de junio del año en curso, en la que se distribuyeron a los integrantes de la misma, copia de las iniciativas y de las propuestas que en materia electoral fueron turnadas, ya sea por el Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán o por la diputación permanente durante el receso. Quinto. Después de la sesión de trabajo de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales celebrada el día 3 de junio pasado, el presidente de esta comisión, en flagrante violación al acuerdo aprobado por el Pleno del H. Congreso del Estado, convocó a una segunda sesión de trabajo hasta el día 24 de junio del año en curso. En la sesión de trabajo del 24 de junio del presente año, sorpresivamente el presidente de dicha Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales presentó a los integrantes de la misma dos proyectos de dictamen, el primero, relativo a reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán, y el segundo a diversas reformas, adiciones y derogaciones al Código Electoral del Estado de Yucatán, vigente desde enero de 1995, pretendiendo someterlos a votación sin que los integrantes de la citada Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales hubieran analizado y discutido cada una de las iniciativas y propuestas presentadas y, en su caso, elaborar en conjunto los dictámenes de la comisión, con las propuestas de reformas y adiciones respectivas que satisficieran lo establecido en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta sesión de trabajo, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que forman parte de la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, manifestaron que no era posible votar sobre unos proyectos de dictámenes sin que se hubieran analizado las demás iniciativas, y sin que en el seno de la comisión se hubiere acordado su elaboración, dejando precisado que tal actitud violaba el acuerdo aprobado por el Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, que reglamentaba, como ha quedado establecido, los trabajos a realizarse en materia electoral, y que tales dictámenes no correspondían a la comisión. El C. Dip. Abog. Ricardo Alberto Gutiérrez López, del Partido Acción Nacional, manifestó que en su carácter de presidente de la comisión presentaba los proyectos de dictámenes en comento y que fue él quien ordenó al departamento jurídico del H. Congreso la elaboración de los proyectos de dictámenes citados, responsabilizándose de los mismos y presentándolos en su carácter de diputado. En virtud de que los CC. Diputados Abog. Renán Cleominio Zoreda Novelo y Lic. en Educ. Luis Antonio Hevia Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que forman parte de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, manifestaron no estar de acuerdo con los proyectos de dictámenes del C. Dip. Abog. Ricardo Alberto Gutiérrez López, solicitaron un tiempo para que elaboren sus propuestas de dictámenes respectivos, para lo cual se declaró un receso, citándose nuevamente para continuar en un tiempo récord a las veintiún horas del mismo día. Siendo las veintiún horas del día 24 de junio del año en curso, se reanudó la sesión de trabajo de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, en la que los diputados del PRI que forman parte de dicha comisión presentaron tres proyectos de dictámenes: 1. Reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán, adecuándola a lo dispuesto por la Constitución Política Federal en materia electoral. 2. Un nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 3. La Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Yucatán. En estos tres proyectos de dictámenes se consideraron inclusive las propuestas presentadas por los diferentes diputados que formularon iniciativas en la materia, así como de los ciudadanos que entregaron proyectos sobre el particular al H. Congreso. Sexto. En la sesión de trabajo de fecha 27 de junio del año en curso, tres días después de haberse conocido los cinco proyectos de dictámenes, sin mediar un análisis y estudio colegiado de los mismos por parte de los integrantes de la comisión permanente antes señalada, por mayoría de tres votos a favor y dos en contra de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, se aprobaron los dictámenes de reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán y el dictamen de reformas, adiciones y derogaciones al Código Electoral del Estado de Yucatán, presentados por el Dip. Abog. Ricardo Alberto Gutiérrez López, con lo cual se eliminó de hecho el trabajo colegiado que debiera ser elemento sustancial del desempeño legislativo en comisiones, pasando a ser un mero trámite que se sustanció con la votación por mayoría del proyecto unilateral del citado Dip. Gutiérrez López. Séptimo. Con fecha 29 de junio de 2003, antes de iniciar la sesión extraordinaria del Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, convocada para conocer los dictámenes de la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, relativos a reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán, y de reformas, adiciones y derogaciones al Código Electoral del Estado de Yucatán, los CC. Diputados Abog. Renán Cleominio Zoreda Novelo y licenciado en educación Luis Antonio Hevia Jiménez, presentaron sendos votos particulares en contra de los dictámenes antes citados que contenían, el primero, un decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia electoral, y el segundo, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ambos para el Estado de Yucatán. Octavo. En la sesión extraordinaria del H. Congreso del Estado, celebrada el 29 de junio del año en curso, al ser sometido a votación el dictamen de reformas constitucionales locales propuesto por la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, fue desechado por no alcanzar el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados que conforman la legislatura, tal como lo dispone el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que a la letra dice: ‘La presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Para que las adiciones y reformas lleguen a formar parte de la Constitución, se requiere que el Congreso del Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados.’. Inmediatamente, el voto particular en contra del dictamen relacionado fue puesto a discusión y a votación, siendo desechado igualmente por no alcanzar el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados que conforman la legislatura. En ambas discusiones del dictamen y del voto particular, diputados del Partido Revolucionario Institucional establecieron sus puntos de vista y análisis relacionados con el asunto en cuestión. Noveno. El mismo día 29 de junio del año 2003, el H. Congreso del Estado de Yucatán aprobó por mayoría con el voto en contra de los promoventes, las reformas y adiciones al Código Electoral del Estado, emitiendo el decreto que fue promulgado por el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y publicado el día 30 de junio del presente año en el Diario Oficial del Gobierno del Estado."
TERCERO. En los conceptos de invalidez se aduce, en síntesis:
a) Que los artículos 90, fracciones VI y X, 91, 111, fracciones VI y X, 120, fracciones VI y X, y 281, fracciones VII y XI, del Código Electoral del Estado de Yucatán infringen los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, toda vez que vulneran los principios de independencia, imparcialidad y autonomía, al hacer posible que quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular o miembros de dirigencias nacionales, estatales o municipales de alguna agrupación o partido político durante los tres años previos al de la elección, puedan ser consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado, de los Consejos Distritales o Municipales, secretario técnico de alguno de esos órganos de dirección, o bien, Magistrados del Tribunal Electoral del Estado.
b) Que la derogación de la fracción II del artículo 85 del Código Electoral de la entidad, anula la representación del Poder Legislativo ante el Consejo Electoral Estatal, no obstante que el artículo 16, apartado A, de la Constitución Política del Estado prevé que los Poderes Locales concurrirán a la integración de ese organismo público autónomo y, por tanto, se vulnera la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal.
c) Que los artículos 86 y 280 del Código Electoral del Estado de Yucatán establecen un procedimiento para la designación de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral y Magistrados del Tribunal Electoral de esa entidad federativa, que atenta contra los principios de legalidad y certeza, previstos en los artículos 41, fracción III y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que permiten que el mismo día que vence el plazo para que los candidatos que hubieren incumplido con algún requisito lo subsanen, también vence el plazo para publicarse la lista definitiva de aquellos que cumplieron con todos los requisitos y que, en consecuencia, resultan elegibles.
d) Que los artículos séptimo y octavo transitorios del decreto combatido constituyen una norma privativa, dado que se encuentran dirigidos a un grupo de personas individualmente determinadas y, por tanto, infringen el artículo 13 de la Constitución Federal, al carecer de las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, sin que exista justificación alguna para que la legislatura incumpla su deber de nombrar, mediante el procedimiento establecido en el Código Electoral, a las personas que integrarán el Consejo y el Tribunal Electoral.
e) Que los artículos séptimo y octavo transitorios del Decreto 290 transgreden el principio de legalidad previsto en los artículos 16, 41 y 116 de la Constitución Federal, toda vez que prorrogan el nombramiento de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral Estatal y de Magistrados del Tribunal Electoral de la entidad, sin cumplir con el procedimiento que establece el Código Electoral.
f) Que el artículo séptimo transitorio del decreto impugnado contraviene los artículos 17, 41, primer párrafo y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que deja sin efectos jurídicos una resolución firme dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se designó a diversos ciudadanos como consejeros del Consejo Electoral de la entidad.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 13, 16, 17, 41, 99, 116 y 133.
QUINTO. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 18/2003, y por razón de turno designó al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
SEXTO. Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la acción, ordenó dar vista a los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma impugnada, respectivamente, para que rindieran sus informes, así como al procurador general de la República para que formulara su pedimento y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión.
SÉPTIMO. El Congreso del Estado de Yucatán, al rendir su informe, señaló en síntesis:
1. Que resulta improcedente la acción por haberse promovido fuera del término constitucional establecido en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que por la fecha en que se presentó, trae como consecuencia que la resolución se emita en contravención de lo previsto en ese numeral constitucional, en la parte referente a que durante los noventa días anteriores al proceso electoral no podrá haber modificaciones legales fundamentales, ya que las normas bajo las cuales se realicen los procesos electorales no pueden sufrir cambios sustanciales dentro de ese plazo.
2. Que es improcedente la acción en contra de los artículos séptimo y octavo transitorios del decreto combatido, toda vez que constituyen un acto administrativo electoral y no una norma de carácter general.
3. Que las fracciones VI y X del artículo 90 del Código Electoral de la entidad, no vulneran los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y, por ende, no infringen los numerales 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la circunstancia de que el Consejo Estatal Electoral no deba estar conformado por sujetos que tengan alguna filiación política, no encuentra sustento en ningún precepto de la Constitución Federal.
4. Que el espíritu del legislador al emitir la reforma electoral, fue el de propiciar que todos los ciudadanos pudieran tener acceso a los cargos electorales, considerando la experiencia en la materia con la que cuentan aquellos que han pertenecido o pertenecen a alguna agrupación o partido político.
5. Que la derogación de la fracción II del artículo 85 del Código Electoral del Estado, se realizó con la finalidad de adecuar la legislación a todos los cambios que se han venido dando desde mil novecientos setenta y siete, con el objeto de lograr la ciudadanización de los órganos electorales.
6. Que al emitir las reformas al Código Electoral, ese cuerpo colegiado consideró que resultaba inadecuado que el Poder Legislativo estuviese representado en un órgano cuyas características primordiales deben ser la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, como principios rectores de la función electoral.
7. Que de considerar adecuada la intervención del Poder Legislativo en un órgano electoral, además de contravenir los principios de objetividad e independencia establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provoca un desequilibrio entre los poderes de la entidad, pues no se justifica, en modo alguno, el porqué sólo estuviera representado en el consejo ese poder y no los otros dos.
8. Que los artículos 86 y 280 del Código Electoral de Yucatán, no contravienen los principios de legalidad y certeza inherentes a los actos de naturaleza electoral y, por ende, no atentan contra lo establecido en los artículos 41, fracción III y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal, ya que especifican con claridad el procedimiento para la designación de consejeros ciudadanos y Magistrados del Tribunal Electoral, detallan las formas y tiempos en que deberán actuar los que en el procedimiento participan, y no permiten la existencia de lagunas que pudieran provocar procesos de selección alejados de los principios normativos constitucionales.
9. Que los artículos séptimo y octavo transitorios del decreto impugnado no constituyen una norma privativa que carezca de los atributos de generalidad, abstracción e impersonalidad y, por tanto, no infringen el artículo 13 de la Constitución Federal, ya que son complemento de las normas generales contenidas en el cuerpo de reformas al Código Electoral de la entidad, y establecen disposiciones que únicamente clarificaron los plazos durante los que los consejeros ciudadanos y Magistrados electorales en funciones debían cumplir con su encargo.
10. Que los artículos séptimo y octavo transitorios del Decreto 290 no contravienen los artículos 41 y 116, en relación con el 16, todos de la Constitución Federal, en virtud de que el Consejo Electoral y el Tribunal Electoral ya estaban integrados al momento de las reformas al Código Electoral y no cabía que el Congreso del Estado iniciara procedimiento alguno de sustitución, ya que los integrantes de ambos órganos tenían vigentes los derechos y atribuciones que les fueron conferidos, por no haber concluido el plazo para el cual fueron electos.
11. Que el artículo séptimo transitorio que se impugna no pretende dejar sin efectos jurídicos una resolución firme dictada por un órgano del Poder Judicial de la Federación y, por ende, no violenta lo dispuesto en los artículos 41, primer párrafo, 17 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la actuación del Congreso estuvo apegada a la normatividad establecida por la Constitución Política de esa entidad federativa.
OCTAVO. El gobernador del Estado de Yucatán al rendir su informe manifestó, en esencia, que la acción de inconstitucionalidad es improcedente en lo que a él se refiere, porque al promulgar y publicar el Decreto 290, lo único que hizo fue cumplir con la obligación que le imponen los artículos 55, fracción II, de la Constitución Local, 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, y 3o. y 4o. de la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado; además de que dicho decreto fue expedido por el Congreso Local y de ninguna manera viola los artículos 13, 16, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
NOVENO. El procurador general de la República, al formular su pedimento, expuso en síntesis:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17801-40196ba8/consejeros-ciudadanos-y-magistrados-electorales-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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