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Modo: Corpus Pro

CONSEJO ESTATAL HACENDARIO PREVISTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2002. · Registro digital (IUS): 17713
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, , Pág. 1203.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de julio de dos mil tres.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito depositado en la oficina del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Mérida, Yucatán, el día veintiocho de enero de dos mil dos ... en su carácter de diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán e integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por la disposición legal que a continuación se señalan:

"Órgano legislativo que emitió las normas generales impugnadas. La Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

"Órgano ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas. El gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

"Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron. El Decreto Número 7 por el que se crea la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, aprobado el día veintiséis de diciembre del año 2001 y publicado en el Diario Oficial, órgano de publicación del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán el 28 de diciembre del año 2001.

"Terceros interesados. Los 106 Municipios que conforman el Estado de Yucatán en los términos del artículo 4o. de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, quienes pueden ser notificados en la sede del Ayuntamiento, ubicada en la cabecera municipal correspondiente."

SEGUNDO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 14, 16, 40, 41, primer párrafo, 105, fracción II, cuarto párrafo, 115, fracción I, párrafo I, 116 y 133.

TERCERO. En su escrito inicial los promoventes señalaron los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

1. Que en el proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada se pasó por alto el contenido de los artículos 101, 104, 109, fracción VIII, 115 y 116, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, quebrantándose el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución, ya que la Mesa Directiva del Congreso del Estado negó la discusión y, en su caso, aprobación de las diversas propuestas de modificación al dictamen de la norma impugnada formuladas por los hoy actores, pues la citada mesa directiva inmediatamente las sometió a votación en lo general para saber si se aceptaban o no, sin haberlas discutido previamente en lo particular, teniendo como resultado su desechamiento, privando a los diputados de su derecho a defender su criterio, el cual pudo haber causado convicción en los restantes integrantes del Congreso y, en consecuencia, variar el sentido de su voto.

2. Que las violaciones al proceso legislativo, consistentes en no haber permitido siquiera que se discutieran las modificaciones propuestas al dictamen que revisó la norma de carácter general impugnada, violan el artículo 116 constitucional, ya que éstas equivalen a negarle a una parte importante de la población tener una representación adecuada en el seno del Congreso Estatal.

3. Que la ley impugnada viola el principio de autonomía municipal dispuesto por el primer párrafo de la fracción I del artículo 115 constitucional, al crear una autoridad intermedia entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, denominada Consejo Estatal Hacendario, pues si bien es cierto que se le califica como de índole estatal, también lo es que su forma de integración está dada de manera que no puede considerarse como parte del Gobierno del Estado o del Municipio, pues dicho consejo se conforma tanto con autoridades municipales como estatales y no está considerado orgánicamente en ninguno de esos dos ámbitos.

Además, la ley impugnada le otorga al consejo la facultad de proponer al Gobierno del Estado los criterios que deberán adoptarse para la distribución de las participaciones federales y estatales de los Municipios, a pesar de que sea de explorado derecho que la facultad de determinar los plazos, montos y bases aplicables para la distribución de las participaciones federales que corresponden a los Municipios le compete exclusivamente al Congreso del Estado.

Por otro lado, se impone de forma unilateral a los Municipios su incorporación al Consejo Estatal Hacendario y, peor aún, se traslada a un grupo reducido de ellos, constituidos en comité directivo, la capacidad de decidir los términos en que propondrán asuntos de vital importancia para ellos, sin que se tenga que contar con el visto bueno del total de los Ayuntamientos del Estado, pero sí viéndose notoriamente influenciado por el Ejecutivo, quien ejecutará la repartición de las participaciones y demás medidas hacendarias, así como por el Congreso del Estado, quien en forma terminal decidirá sobre las mismas, toda vez que ambos poderes tienen voto en las decisiones del comité directivo, según se desprende de la propia ley impugnada, convirtiéndolos en juez y parte en cuestiones de índole municipal, como son la formulación de las propuestas de carácter financiero y presupuestal de cada Municipio.

Que con la creación del Consejo Estatal Hacendario se nulifica la capacidad de opinión de noventa y ocho Ayuntamientos en los asuntos que les son propios, pues dicha decisión les es impuesta por la ley, sin que se garantice que el representante que se encargue de velar por los intereses de su Ayuntamiento no se distraiga de dicha obligación; asimismo, se invade la esfera de competencia prevista en la fracción IV del artículo 35 de la Constitución Local, pues la facultad dada al órgano en cuestión, referente a realizar unilateralmente propuestas en materia hacendaria constituye técnicamente una iniciativa de ley que deberá, como todas, ser ponderada en sus pros y contras por el Congreso del Estado.

CUARTO. Mediante proveído de fecha siete de marzo de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo y turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

QUINTO. Por auto también de fecha ocho de marzo de dos mil dos, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades que intervinieron en la formulación de la ley impugnada para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde.

SEXTO. Mediante escrito presentado el día dos de abril de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador del Estado de Yucatán dio contestación a la demanda, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

1. Que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, debido a que ésta es notoriamente improcedente, toda vez que la norma general impugnada fue consentida expresamente por los promoventes, diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al no objetar en alguna forma la existencia del Consejo Estatal Hacendario o de señalar que constituía una autoridad intermedia y que su creación violaba alguna disposición de la Constitución Federal, al grado de que propusieron modificaciones al proyecto de ley, pero aceptando la existencia del citado consejo.

2. Que es infundado el tercer concepto de invalidez esgrimido por los promoventes de la presente acción de inconstitucionalidad, consistente en que el Consejo Estatal Hacendario, por su forma de integración, no forma parte de la administración estatal y que tampoco es un órgano municipal pues, como lo acepta la actora, la forma de integración de un órgano no es lo que determina si es de naturaleza estatal o municipal, sosteniéndose que éste es un órgano parte del Gobierno del Estado de Yucatán por su propia denominación, porque fue creado como un órgano de consulta y de análisis técnico, sin potestad para ordenar o decidir asunto alguno, y conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán.

Que es muy distinta la facultad de opinar sobre la distribución de las participaciones a que se refiere la propia ley y su liquidación, tanto en pagos provisionales como de diferencias correspondientes a los ajustes que formule la Secretaría de Hacienda, facultad que corresponde al Consejo Estatal Hacendario, a la de hacer propuestas relativas a la distribución de las participaciones federales y estatales, facultad que es y sigue siendo del Congreso del Estado, pues proponer significa manifestar con razones una cosa para que se adopte, mientras que opinar significa expresar un concepto que se tiene de una cosa cuestionable y, por tanto, se concluye que el Consejo Estatal Hacendario carece de las facultades de decisión.

Que el Consejo Estatal Hacendario no es una autoridad intermedia entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado porque no impide la comunicación y la capacidad de gestión con las autoridades correspondientes para resolver los asuntos competencia de aquéllos y no constituye una instancia a través de la cual los Ayuntamientos deban necesariamente tratar lo relativo a las participaciones municipales, sino que es un órgano que propicia la cooperación administrativa entre dichos niveles de gobierno.

SÉPTIMO. Mediante escrito presentado también el día dos de abril de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán ... dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicho Estado, manifestando en síntesis lo siguiente:

1. Que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 19, fracción VI, en relación con el artículo 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, debido a que ésta es notoriamente improcedente, puesto que los promoventes no respetaron el principio de definitividad, ya que omitieron agotar el recurso de reclamación contemplado en los artículos 108, 115, fracción II y 116, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, ante el Congreso del Estado de Yucatán.

2. Que el proceso legislativo y el Decreto Número 7 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el veintiocho de diciembre de dos mil uno, fueron realizados con estricto apego a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán y, en consecuencia, es infundada la presente acción de inconstitucionalidad. Sobre el particular, se sostiene lo siguiente:

a) Que el proceso legislativo no se limitó a las discusiones en la sesión plenaria, ya que previamente se llevó a cabo el trámite para la aprobación de la ley impugnada garantizando en todo momento el derecho a la información y a la participación de cada uno de los diputados en el proceso de formación del dictamen, poniendo a su disposición todo lo necesario para ello, como es la entrega de la ley a los mismos para que en lo particular la analizaran, así como el poder realizar preguntas al respecto a los representantes del Ejecutivo que promovieron la iniciativa de ley; asimismo, se discutió el dictamen tanto en lo general como en lo particular, en múltiples ocasiones.

b) Que no se viola lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, pues de la simple lectura del mismo se desprende que si se está discutiendo un dictamen en lo particular, no es posible abrir una nueva discusión respecto de una nueva propuesta, pues lo que se está discutiendo es el dictamen y, además, la misma no encuadra dentro de lo que es un dictamen o un voto particular, por lo que no se actualiza ninguno de los supuestos en los que una moción puede ser sometida a discusión ante el Pleno.

c) Asimismo, el artículo 116, fracción II, en ningún momento prevé la posibilidad de entrar a la discusión de alguna propuesta adicional de modificación a un dictamen o minuta hecha por un diputado dentro de la discusión en lo particular de un dictamen presentado por las comisiones unidas, pues ello conllevaría al riesgo de que no quede claramente estipulado cuál será el contenido de la norma que se está discutiendo, máxime, si la ley citada en el párrafo anterior prevé en su artículo 119 que si un dictamen debe ser modificado se promueva una proposición suspensiva o voto particular para el efecto de que se remita a las comisiones para su modificación.

d) Que del artículo 109, fracción VIII, se desprende que para que puedan someterse a discusión las adiciones y modificaciones de un proyecto de minuta de decreto es necesario que las mismas estén aprobadas, es decir, que hayan sido sometidas a votación y la mayoría haya sufragado favorablemente, supuesto que así fue realizado en el Congreso, aclarando que la propuesta del diputado se supuso que era una modificación a la minuta de decreto, pues el mismo nunca aclaró si era una modificación a la minuta o al dictamen discutido.

e) Adicionalmente, se menciona que el artículo 116, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán contempla mecanismos en los que se protege la participación de todos los diputados, como lo es cuando no se está de acuerdo con el trámite de los asuntos ventilados en el Congreso, mecanismos que en ningún momento se hicieron valer por diputado alguno y menos aún por los promoventes de la presente acción de inconstitucionalidad, por lo que se concluye que éstos estuvieron de acuerdo con el trámite respectivo y convalidaron el procedimiento aprobado por la mayoría.

f) Que respecto al argumento referente a que la ampliación de la discusión hubiera podido cambiar el sentido de la votación del dictamen que contiene el decreto de la ley impugnada, se trata de meras suposiciones que no encuentran respaldo en documento probatorio alguno y que, por ende, no afectan la validez del procedimiento.

3. Que es infundado el tercer concepto de invalidez esgrimido por los promoventes de la presente acción de inconstitucionalidad, debido a que el Consejo Estatal Hacendario no es una autoridad sino un órgano de carácter auxiliar que se limita a opinar y proponer respecto al sistema de coordinación fiscal del Estado a fin de mejorarlo respondiendo a las necesidades de los Municipios, por lo que carece de las facultades de decisión o ejecución propias de las autoridades, por lo que tampoco debe ser considerado como un órgano intermedio entre el Estado y los Municipios, pues en él confluyen los propios titulares de dichos niveles de gobierno.

Tampoco se vulnera la autonomía municipal, pues en la materia que primordialmente opina el consejo resulta, en última instancia, competencia del Congreso del Estado y no de las autoridades municipales.

OCTAVO. Posteriormente, mediante proveído de fecha dieciocho de abril de dos mil dos, se otorgó el plazo legal a las partes para la formulación de sus alegatos y para que el procurador general de la República formulara su pedimento.

NOVENO. Mediante escrito presentado el día veintinueve de abril de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República formuló su pedimento, en el cual manifestó lo siguiente:

a) Que la causal de improcedencia hecha valer por el gobernador de Yucatán consistente en que la actora consintió expresamente la existencia del Consejo Estatal Hacendario, no se surte en la especie en virtud de que de ninguno de los numerales de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional se desprende un supuesto jurídico en esos términos y en cambio permite que la minoría del órgano legislativo que emitió la ley impugnada pueda solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma, independientemente de que se haya consentido la existencia del Consejo Estatal Hacendario, al no haberlo objetado en su momento dentro del procedimiento legislativo.

b) Que la causal de improcedencia hecha valer por el Congreso de Yucatán, consistente en que la actora no hizo valer el recurso o medio de defensa que establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Yucatán, no se actualiza en el caso particular, en virtud de que el no someter a discusión la propuesta del diputado ... no puede ser impugnado o reclamado mediante el recurso de reclamación que refiere la parte demandada, pues el numeral que lo prevé solamente establece la procedencia de dicho recurso respecto de resoluciones del presidente de la mesa directiva y no así respecto a los acuerdos o resoluciones tomadas por el Pleno del Congreso.

c) Que es procedente que este Máximo Tribunal analice la violación indirecta a la Constitución Federal que plantea la actora, consistente en la transgresión de diversos preceptos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Yucatán que regulan el proceso legislativo por parte de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, al no haber sometido a discusión la propuesta del diputado ... en la cual planteó modificaciones y adiciones a la ley cuya invalidez se solicita, pues claramente dichas violaciones que alega la actora están vinculadas de modo fundamental con la norma general que impugna.

d) Que no existe violación alguna dentro del procedimiento legislativo mediante el cual se creó la norma general, por lo siguiente:

· La iniciativa de ley fue presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán ante el Congreso del Estado, mismo que conforme al artículo 35 de la Constitución Local, cuenta con plenas facultades para ello.

· El Congreso del Estado, por conducto de su mesa directiva, turnó la iniciativa a las comisiones respectivas.

· Dichas comisiones presentaron, para primera lectura, el dictamen correspondiente.

· En sesión de Pleno del Congreso Local se discutió en lo general y en lo particular y se aprobó por mayoría de votos.

· El proyecto aprobado por el Pleno del Congreso del Estado fue enviado al Ejecutivo Local para su publicación.

Por otra parte, se señala que no existió violación al procedimiento legislativo que concluyó con la emisión de la norma general cuya invalidez se impugna, pues el presidente de la mesa directiva, en cumplimiento al numeral 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, y previa lectura que hizo el diputado ... de su propuesta, la cual constituye un trámite dentro del proceso legislativo, que debe ser regulado conforme a lo previsto en la fracción VIII del artículo antes indicado, sometió a votación del Pleno para determinar si se sometía a discusión o no, determinando éste, por mayoría de votos, desechar la propuesta indicada.

Que la falta de discusión de una propuesta no puede producir el efecto de invalidar la norma, porque su trascendencia no incide en la existencia o validez de la norma impugnada, cuando esa propuesta fue conocida y expresamente rechazada por el órgano emisor de la norma.

e) Que al no existir violación al proceso legislativo, consecuentemente, tampoco existe la violación del sistema de representación que debe imperar en las entidades federativas, máxime si se considera que dicha violación no se relaciona en nada con el proceso legislativo multicitado.

f) Que la norma impugnada cumple con los requisitos de fundamentación y motivación establecidos por la Constitución Federal, pues la atribución para que el Congreso del Estado legisle en materia de coordinación fiscal a nivel local no se encuentra concedida a ningún funcionario federal, por lo que es evidente que dicha facultad es del Poder Legislativo Local, conforme a lo dispuesto por los artículos 30, fracción V, de la Constitución Local y 124 de la Constitución Federal, y la motivación del acto legislativo se cumple en la especie, en virtud de que dicha ley encuentra su razón de ser en los razonamientos contenidos en la exposición de motivos de la misma, así como en su dictamen.

Por otra parte, se determina que la ley impugnada no duplica lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal; lo anterior se desprende de la simple lectura del artículo 1o. de ambas legislaciones, de los que se observa que mientras la ley impugnada tiene como objeto esencial establecer las bases sobre las cuales se regirá el sistema de coordinación fiscal a nivel local, la segunda regula, en términos generales, la coherencia que debe haber entre las entidades federativas, sus Municipios y la Federación respecto de la concurrencia que existe en el cobro de impuestos en dichos niveles de gobierno, por lo que se concluye que la ley impugnada persigue un fin complementario a la legislación federal.

g) Que el Consejo Estatal Hacendario no constituye una autoridad intermedia entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, ni es ajeno a los mismos, en virtud de lo siguiente:

· Que dicho órgano se integra por el gobernador, el Poder Legislativo y la totalidad de los Municipios que integran al Estado de Yucatán;

· Que las facultades que le competen de ninguna manera lesionan, suplantan o mediatizan la autonomía de los Municipios de la entidad, pues no posee facultades o atribuciones de decisión o ejecución sobre ninguna materia específica cuya determinación le corresponda a los Ayuntamientos; y

· Que no se le reconocen facultades unilaterales de decisión o ejecutivas que le faculten para actuar sobre los Municipios y Gobierno del Estado, ya que solamente tiene facultades de consulta y análisis técnico respecto del estudio, modificación y actualización de la legislación fiscal estatal y municipal de la entidad.

h) Que son sólo propuestas lo que se envían al Poder Ejecutivo Local en la materia de coordinación fiscal, lo que no significa que se tenga derecho a iniciar leyes, debido a que de la ley impugnada en ningún caso se desprende que la misma faculte a ente distinto de los señalados en el artículo 35 de la Constitución Local para iniciar leyes.

DÉCIMO. Mediante auto de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dos se tuvo por integrado el expediente y con fundamento en el artículo 68, tercer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, se pusieron los autos para la formulación del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en ella se demanda la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El decreto que contiene la norma materia de estudio fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán el día veintiocho de diciembre de dos mil uno, por lo que es a partir del día siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.

Tomando en cuenta la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días naturales para la impugnación de la referida norma venció el día veintisiete de enero de dos mil dos; sin embargo, por ser este último un día inhábil (domingo), la demanda se podía presentar hasta el día veintiocho del mismo mes y año, con base en el artículo 60, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; por tanto, si el escrito inicial se depositó en la oficina de correos de la ciudad de Mérida, Yucatán, precisamente el día veintiocho de enero de dos mil dos, debe considerarse promovida dentro del plazo legal correspondiente.

TERCERO. Acto continuo, conviene analizar si a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente los promoventes están facultados para suscribir la presente acción de inconstitucionalidad.

Los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 62, primer párrafo, de su ley reglamentaria, disponen:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por:

"...

"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano."

"Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos."

Como se puede observar de los textos legales transcritos, la acción de inconstitucionalidad debe ejercitarse, cuando menos, por el 33% de los diputados integrantes de la legislatura; lo anterior, para que se considere que cuentan con legitimidad para promover el presente medio de defensa de la Constitución.

Ahora bien, conforme al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, dicho Poder Legislativo Estatal se integra por quince diputados electos por el principio de mayoría relativa y por diez diputados que serán electos según el principio de representación proporcional. Por tanto, el total de diputados que integran dicha asamblea es de veinticinco, de ahí que si la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por diez diputados, ello representa el cuarenta por ciento de los diputados de la LVI Legislatura del Estado de Yucatán, que constituye un porcentaje mayor al establecido como mínimo para el ejercicio de la presente acción. El precepto antes invocado establece:

"Artículo 21. El Congreso del Estado se integrará con quince diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y diez diputados electos por el sistema de representación proporcional, mediante listas votadas en una circunscripción plurinominal, que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado."

Además, obra en autos (fojas 617 y 618 del expediente principal) una copia certificada del Diario Oficial del Estado, de fecha trece de julio de dos mil uno, en donde a página 3 consta el número y nombres de los diputados integrantes de la LVI Legislatura del Estado de Yucatán; del cual se desprende que, efectivamente, el número de diputados que integran el Congreso del Estado es de veinticinco y que quienes suscriben la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad son diputados integrantes de la citada LVI Legislatura del Estado de Yucatán.

Finalmente, debe advertirse que los hoy promoventes son integrantes del órgano legislativo que expidió la norma de carácter general que se impugna por este medio.

Con base en lo anterior, debe concluirse que en el caso a estudio sí se cumple con el requisito establecido en el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución General, a fin de tener por legitimados a los hoy promoventes en la presente acción de inconstitucionalidad.

CUARTO. Antes de abordar el estudio de fondo, es conveniente analizar las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades demandadas, por tratarse de una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio preferente.

El gobernador del Estado de Yucatán señaló en su escrito de contestación que, con base en los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II, 59 y 65, todos ellos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, la presente acción es improcedente, toda vez que la norma general impugnada fue consentida expresamente por los promoventes, particularmente por lo que respecta a la existencia del Consejo Estatal Hacendario.

La afirmación anterior se basa en el hecho de que en la sesión del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, verificada el día veinticuatro de diciembre de dos mil uno, el diputado ... quien es uno de los promoventes en la presente acción de inconstitucionalidad, formuló diversas observaciones al proyecto de Ley de Coordinación Fiscal del Estado; sin embargo, no sólo se abstuvo de objetar en forma alguna la existencia del Consejo Estatal Hacendario o de señalar que constituía una autoridad intermedia y que su creación violaba alguna disposición de la Constitución Federal como ahora lo hace, sino que por el contrario, él y por su conducto, sus compañeros de partido admitieron en forma expresa la exis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17713-6dbe825c/consejo-estatal-hacendario-previsto-en-la-ley-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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