ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN QUE ESTABLECE QUE EL PRESIDENTE DE DICHA COMISIÓN ESTÁ FACULTADO PARA APROBAR LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS REFERENTES A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE QUE SE PROPONGAN A LAS DIVERSAS AUTORIDADES DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 18 Y 28 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS CONFORME A LOS CUALES EL CONGRESO ESTATAL DESIGNARÁ TANTO AL PRESIDENTE COMO A LOS CONSEJEROS DE AQUÉLLA, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 40, 41, 102, APARTADO B Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de noviembre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado el veinte de junio de dos mil dos en la Administración de Correos Número Uno del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Rafael Casellas Fitzmaurice, Pedro Oxte Conrado, Luis Antonio Hevia Jiménez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, María Teresa Rodríguez Gil, Freddy Monforte Braga, Félix Marcial Pat Alcocer, Joaquín Meléndez Herrera, José María Fernández Medina y José Dafne López Rodríguez, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:
"Órgano legislativo que emitió las normas generales impugnadas. La Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán."
"Órgano ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas. El gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán."
"Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron. El Decreto 124 en el que se contiene la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, aprobado el día 15 de mayo del año 2002, y publicado en el Diario Oficial, órgano de publicación del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán el 23 de mayo del año 2002, en particular sus artículos 18, 21, fracción cuarta, fracción 28 (sic) y 39, párrafo segundo."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:
"El Decreto 124 que contiene la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, aprobado por mayoría en el H. Congreso del Estado de Yucatán, deviene inconstitucional, toda vez que contraviene lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en éstos se dispone con toda claridad cuáles son los diversos órdenes normativos de cada uno de ellos, mismo que no puede ser violentado sin violarse (sic) dichos numerales de la Constitución. No obstante, los artículos 18 y 28 de la norma impugnada pretenden pasar por alto esta jerarquía normativa, lo cual contraviene el texto y espíritu de los referidos artículos de nuestra Carta Magna. En efecto, los artículos 40 y 41 de nuestra Carta Fundamental disponen literalmente: ‘Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ...’. De la sola lectura de los artículos transcritos encontramos en nuestro Estado federal al menos dos conjuntos o niveles de normas jurídicas, a saber: I. Las normas centrales o federales, cuya validez espacial abarca todo el territorio espacial (sic). II. Las normas locales, integradas por varios subconjuntos de normas cuya validez espacial se circunscribe al territorio particular de cada entidad federativa. La personificación del conjunto de normas federales es precisamente la Federación, como los Estados federados o entidades federativas lo son de los conjuntos de normas locales. Ahora bien, el propio artículo 41 establece la existencia de una norma superior que delimita y especifica los ámbitos de aplicación a esos órdenes normativos, de forma tal que les da cohesión y permite su viabilidad, haciendo que dichos órdenes normativos distintos puedan, en su conjunto, amalgamarse, o mejor dicho, complementarse y dar vida a un solo orden jurídico estatal. Esta norma general que delimita los ámbitos de validez de los órdenes normativos constitutivos de la Federación y de los diversos órdenes locales es la Constitución del Estado federal. Por tanto, y toda vez que nuestro país está constituido como una República federal, la cual se ajusta con toda claridad a lo antes expuesto en relación con los diferentes órdenes normativos que la conforman, podemos concluir que en México existen tres órdenes normativos distintos: I. El orden constitucional. II. El orden federal o Federación y III. Los órdenes locales o Estados federados. Lo anterior tiene su fundamento en el hecho de que en nuestro Estado federal tenemos dos órdenes de gobierno igualmente soberanos, pero con diferentes espacios de jurisdicción de dicha soberanía. Cabe destacar que en nuestro sistema federal la noción de soberanía aplicada a los Estados no es ociosa. Cada entidad aspiraba a materializar sus decisiones en su propio ámbito territorial. De ese modo, la capacidad decisoria de cada uno de los Estados de la República constituye una forma limitada de soberanía. Y ello no es un contrasentido; la unidad de la República se conserva prácticamente por esa característica. Cada Estado es soberano en las decisiones que le competen a su interior. En cuanto a la extensión del concepto de soberanía aplicada a los Estados de la Federación, éste se manifiesta a través de dos capacidades decisorias que correspondan al pueblo de cada uno de ellos: Una es la de darse sus propias leyes en las materias sobre las que no legisla la Federación y la otra, elegir a sus gobernantes. En cuanto a la capacidad de legislar, ésta aparece en primer término como una facultad para dictar la Constitución Local, esto es, la Norma Suprema de la entidad federativa. Ella no debe contravenir los términos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, pero puede, por ejemplo, extender un número o alcance (sic) las garantías individuales. De la Constitución Local derivarán las leyes que requieren los asuntos cuya competencia corresponda a las autoridades estatales, como es el caso de la materia de derechos humanos. El reparto de competencias en nuestro régimen federal está previsto en el artículo 124, en el que se señala que las materias que no corresponden expresamente a la Federación serán competencia de los Estados. Cada Constitución Estatal decide sobre la conformación del Estado correspondiente, pero siempre dentro de los lineamientos establecidos por la Constitución General. Por tanto, el pueblo ejerce su soberanía delegándola en los Poderes de la Unión de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a través de los poderes públicos de cada Estado federado, en los términos de su Constitución Política Local. En consecuencia, el Estado federal mexicano tiene una Constitución General que expresa el total del orden jurídico válido en todo el territorio nacional y que establece a la Federación y a los Estados como dos órdenes coordinados entre sí por el Pacto Federal y subordinados a dicha Constitución General. En cuanto a las entidades federativas, éstas se rigen por una Constitución Política Local que ejerce poder público a través de órganos que, respetando la distribución de poderes del Pacto Federal y del Estado mexicano, son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, los Estados gozan de una autonomía constitucional y poseen recursos propios y representación popular en sus Legislaturas Locales, diputados y representación constitucional en la Cámara de Senadores, así como capacidad de intervenir en el proceso de reforma constitucional. De todo lo anterior podemos concluir, a manera de síntesis, lo siguiente: La Constitución Federal es la Ley Suprema, lo que significa que no está subordinada a ninguna otra norma. Las Constituciones de las entidades federativas tienen como marco legal a la Carta Magna, del que no pueden apartarse sin caer en la inconstitucionalidad. Las Constituciones Locales no tienen limitación alguna en las materias de la competencia exclusiva de las entidades federativas. Todas las leyes secundarias, estatales o locales, están subordinadas, o mejor dicho, no pueden contravenir a la Constitución Federal, porque de lo contrario serían inconstitucionales. Pero, a la vez, las leyes secundarias locales no pueden contraponerse a la Constitución Local que no puede contravenir a la Carta Magna, porque de lo contrario la Constitución y la ley secundaria locales serían inconstitucionales. Por razones de jerarquía existe la posibilidad de que las leyes secundarias locales se sustenten directamente en la Carta Magna, sin que la Constitución Local les dé fundamento legal expreso, lo que no debe suceder es que las leyes secundarias locales contravengan a la Constitución Local, porque de esta forma se rompería la armonía de los órdenes jurídicos que dan sustento al Estado mexicano y con ello se violentaría el contenido de los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal. En la especie, el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán dispone: ‘Artículo 30. Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: I. Formar nuevos Municipios dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: a) Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Municipio cuenten con una población de veinticinco mil vecinos por lo menos, mayores de edad que reúnan las condiciones que disponga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Yucatán; b) Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia autónoma; c) Que sean oídos los Ayuntamientos de los Municipios de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Municipio quedando obligados a dar su informe dentro de doce días contados desde el día en que se les remita la comunicación relativa; d) Que igualmente se oiga al Ejecutivo del Estado, el cual enviará su informe dentro de doce días contados desde la fecha en que le sea pedido; e) Que sea votada la erección del nuevo Municipio por las tres cuartas partes de los diputados que forman el Congreso; II. Arreglar definitivamente los límites de los Municipios, terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre demarcación de sus respectivos territorios; III. Revocar los acuerdos de los Ayuntamientos, a petición del Ejecutivo del Estado, cuando sean contrarios a la Constitución Federal o a la del Estado o a cualquiera otra ley o lesionen los intereses municipales; IV. Derogada. V. Dar, interpretar y derogar leyes y decretos; VI. Examinar, y en su caso aprobar la cuenta pública del ejercicio. Aprobar la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos que debe presentarle el Ejecutivo en los términos que establece la fracción XIV del artículo 55 de esta Constitución e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo a más tardar el treinta de diciembre de cada año; VII. Señalar las contribuciones y otros ingresos que deban formar la hacienda municipal, procurando sean suficientes a cubrir las necesidades de los Municipios; determinar anualmente, las bases, montos y plazos con que serán cubiertas las participaciones federales a los Municipios; y revisar y aprobar en su caso las cuentas públicas municipales; VII Bis. Instituir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual estará dotado de plena independencia y autonomía para dictar y hacer cumplir sus fallos. Este tribunal formará parte del Poder Ejecutivo y tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública centralizada y descentralizada del Estado y los Municipios, y los particulares. Conocerá también de las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos; VIII. Dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos a nombre del Estado, con las limitaciones puestas a las facultades de los Estados en el artículo 117 de la Constitución Federal; aprobar esos mismos empréstitos, reconocer y mandar pagar la deuda del Estado; IX. Crear o suprimir empleos públicos, y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones; X. Expedir los reglamentos que correspondan para fijar y cubrir el contingente de hombres que corresponda dar al Estado para el Ejército Nacional; XI. Autorizar la organización, disciplina e instrucción de la Guardia Nacional y de la Policía de los Municipios; XII. Dar reglas de colonización conforme a las bases que establezca el Congreso General; XIII. Conceder amnistías por los delitos cuyo conocimiento pertenezca exclusivamente a los tribunales del Estado; XIV. Conceder premios y recompensas por servicios eminentes prestados al Estado; XV. Expedir leyes sobre educación pública, con sujeción a las bases siguientes: a) La educación que imparta el Estado será: nacionalista, democrática y tendiente a abolir la distinción social entre los individuos, sin hostilidades ni exclusivismos, procurando siempre el máximo aprovechamiento de nuestros recursos, en ejemplificante conducta de amor a la nación; la defensa de nuestra independencia política; el aseguramiento de nuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura y además será laica manteniéndose ajena a cualquier doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en los términos establecidos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el criterio que orientará a esta educación se basará en los resultados del progreso científico y tecnológico y luchará contra la ignorancia y sus efectos; b) No podrán funcionar planteles particulares de educación sin haber obtenido previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realizan en planteles particulares; en el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: Impartir la educación con los mismos fines y criterios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, así como cumplir los planes y programas que la propia Constitución Federal establece en la fracción III de su artículo 3o. c) El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria; la educación primaria y secundaria son obligatorias y el Estado las impartirá gratuitamente; d) La educación preparatoria y la profesional, serán o no gratuitas según lo determinen las leyes; e) Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior necesaria para el desarrollo de la nación y el Estado, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; y f) Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; XVI. Designar a los integrantes de los organismos electorales y a los miembros del Tribunal Electoral del Estado, en los términos de ley; XVII. Expedir y modificar la ley que regule su estructura y funcionamiento internos. Esta ley no podrá ser vetada ni necesita de promulgación del Ejecutivo Estatal para tener vigencia; XVIII. Nombrar y remover al contador mayor, al oficial mayor y al tesorero del Congreso; XIX. Autorizar al Ejecutivo del Estado, para enajenar bienes de la propiedad del Estado, en los casos que señale la ley, que para tal efecto se expida; XX. Donar a las instituciones de interés público o de beneficencia, cualquiera clase de bienes de la propiedad del Estado; XXI. Conceder licencias al gobernador del Estado cuando éste trate de separarse de sus funciones por un lapso mayor de sesenta días; XXII. Aceptar las renuncias de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en los términos del artículo 69 de esta Constitución; XXIII. Nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los suplentes de éstos; XXIII Bis. Aprobar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y recibir la protesta de los mismos; XXIV. Hacer uso del derecho de iniciar leyes que le concede la Constitución General, y aprobar o secundar, cuando lo crea conveniente, las de los Congresos de los otros Estados; XXV. Aprobar o no la formación o erección de nuevos Estados o territorios; XXVI. Recibir la protesta de ley al gobernador del Estado, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del mismo y al contador mayor; XXVII. Resolver las peticiones de licencias de sus propios miembros y del contador mayor, de conformidad con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para separarse de sus respectivos cargos, así como sus renuncias; XXVIII. Nombrar gobernador interino en los casos de falta temporal o absoluta del Gobernador Constitucional del Estado; XXIX. Arreglar los límites del Estado, por convenios amistosos, los cuales no se llevarán a efecto sin la aprobación del Congreso de la Unión; XXIX Bis. Determinar el ámbito territorial de los distritos electorales del Estado; XXX. Nombrar el día anterior al de la clausura de cada periodo de sesiones ordinarias, la diputación permanente que ha de funcionar en el receso del Congreso; XXXI. Derogada. XXXII. Derogada. XXXIII. Erigirse en jurado de acusación para los altos funcionarios de que tratan los artículos 97 y 98; XXXIV. Solicitar al Ejecutivo la comparecencia de cualquier funcionario de la administración pública estatal, para que informe u oriente cuando se discuta una ley o se estudie un negocio, que se relacione con la función de éste; XXXV. Expedir las bases generales de policía y buen gobierno, a las que deberán sujetarse los Ayuntamientos en la formación de los reglamentos respectivos; XXXVI. Autorizar la enajenación o, el gravamen, de los bienes de los Municipios; autorizar también, la celebración de convenios especiales entre el Estado Libre y Soberano de Yucatán y sus Municipios, con objeto de que éstos presten a sus comunidades, con el concurso del Estado, los servicios públicos a que se refiere la fracción III del artículo 115 de la Constitución General de la República y, asimismo, autorizar la celebración de contratos por los Ayuntamientos entre sí, para coordinarse y asociarse para los fines señalados en la propia fracción del numeral citado anteriormente; XXXVII. Pedir, si no lo hubiese hecho antes el Ejecutivo del Estado, en caso de trastorno o sublevación interior, la protección de los Poderes de la Unión; XXXVIII. Fijar las modalidades que a la propiedad privada deban imponerse para beneficio público; ejercer los derechos que le confieren los artículos 27 y 28 de la Constitución Federal; XXXIX. Conocer y resolver de las controversias que surjan entre el Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado, con motivo de los convenios de coordinación que celebren respecto de la planeación del desarrollo integral del Estado; XL. Suspender Ayuntamientos así como declarar, según el caso, que éstos han desaparecido o suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por acuerdo de las dos terceras partes del número total de integrantes de la legislatura respectiva, procediendo como disponga para estos casos la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado; XLI. Revocar el mandato conferido al gobernador del Estado, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los diputados en lo particular, esta facultad será enteramente libre a juicio del Congreso y a mayoría de votos, excepto cuando se trate del gobernador y de los diputados, en cuyos casos será necesario la determinación del sesenta y cinco por ciento de los electores, comunicada al Congreso y aprobada por el voto unánime de la legislatura, cuando se trate del gobernador y de las dos terceras partes para el caso de los diputados; XLII. Derogada. XLIII. Convocar a elecciones extraordinarias en el distrito electoral que fuera necesario, con objeto de cubrir las vacantes de sus miembros propietarios y suplentes electos por el principio de mayoría relativa, en los plazos y términos que disponga la ley y la convocatoria respectiva; XLIII Bis. Convocar a elecciones extraordinarias cuando se declare nula la elección de un Ayuntamiento, en el plazo y términos que disponga la ley electoral y la convocatoria respectiva; XLIV. Suspender o revocar, según el caso y, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, el mandato conferido al presidente municipal y/o a otro u otros regidores o miembros de los Ayuntamientos en lo particular ajustándose a cualesquiera de las causas previstas en la ley de la materia, procediendo de inmediato a la designación del o de los sustitutos correspondientes; se establece como requisito previo e indispensable para el ejercicio de las atribuciones señaladas en esta fracción y en la fracción XL precedente, que el o los regidores afectados, ante la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales y Gobernación del propio Congreso, tengan oportunidad suficiente para rendir las pruebas y ofrecer los alegatos que a sus intereses convengan, cuando las circunstancias así lo permitan a juicio de la mencionada Comisión Permanente; XLV. Designar en los casos de suspensión o de declaración de desaparición de un Ayuntamiento en su totalidad, a tres personas que necesariamente deberán ser ciudadanos y vecinos del Municipio de que se trate, para integrar un Concejo Municipal, que se hará cargo del desempeño de las funciones del Ayuntamiento en cuestión, en cualesquiera de las siguientes formas: a) Provisional, si su designación se lleva a cabo dentro del lapso de los primeros seis meses del ejercicio legal del Ayuntamiento al que sustituya, mientras se hacen nuevas elecciones y toman posesión de sus cargos los electos; y, b) Definitiva si su nombramiento se realiza con posterioridad al mencionado lapso. En ambos casos y mientras duren en su encargo, los Concejos Municipales estarán investidos de personalidad jurídica, para todos los efectos legales consiguientes y serán la autoridad que regirá en los Municipios que se designen, con el mismo carácter legal que los Ayuntamientos respectivos; XLVI. Formular el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo, atendiendo las posibilidades del ingreso y gasto público del Estado, y remitirlo al titular del Poder Ejecutivo a más tardar el treinta de octubre de cada año, a fin de que éste considere su incorporación al proyecto de presupuesto de egresos del Estado; XLVII. Determinar los servicios públicos que tendrán a su cargo los Municipios según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los mismos, así como su capacidad administrativa y financiera; y XLVIII. Las demás que le confiera esta Constitución.’. De la simple lectura del artículo anterior es posible llegar a dos conclusiones: I. La Constitución del Estado de Yucatán realiza una enumeración extensa y limitativa de todas las atribuciones del Congreso del Estado. II. Las atribuciones del Congreso por mandato de la Carta Constitucional Local sólo pueden estar establecidas en la Constitución, según lo establecido en la fracción XLVIII, con el fin de impedir que las normas legales secundarias le otorguen atribuciones al Congreso del Estado. Lo anterior no es obra de la casualidad, por el contrario, responde al cumplimiento lógico de los principios básicos en los que se sustenta la división de poderes. En efecto, los poderes que conforman a un Estado son entre sí jerárquicamente iguales, sin que alguno deba prevalecer sobre otro. De igual forma, la creación de cada uno de esos poderes legítimamente constituidos se debe a la preexistencia de un poder superior denominado Poder Constituyente. En ese contexto, sería un contrasentido para la paridad de rango entre cada uno de los Poderes Constituidos, la posibilidad de que el Legislativo, en virtud de que es el encargado de dotar al Estado de las leyes que rigen su organización y funcionamiento, usara esta facultad que le es consustancial para darse a sí mismo atribuciones en la legislación secundaria, lo cual podría en algún momento colocarlo por encima de alguno de los otros poderes. Para evitar lo anterior se ha establecido expresamente que la facultad de dotar al Legislativo de atribuciones y facultades ha sido reservada para el Poder Constituyente Permanente, el cual es fuente de los demás poderes del Estado. En el caso de la Constitución yucateca, se requiere una mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura Local para modificarla. Esto es un requisito sustentado en el principio democrático de la representación popular para realizar cambios sustanciales en el orden jurídico local. En México, el andamiaje jurídico de los organismos autónomos está en desarrollo, por lo que la intervención de la Legislatura Local en la designación de los titulares de la Comisión de Derechos Humanos debe sustentarse en la Constitución Local. Esto, porque la atribución de tener esa injerencia es materialmente ejecutiva. Para que formalmente sea legislativa debe ser establecida en la Constitución del Estado. Evidentemente, en Yucatán, el Congreso del Estado pudo haber legislado en materia de derechos humanos, aun antes de la adición del apartado B del artículo 102 de nuestra Carta Magna, porque por mandato del artículo 124 del propio Ordenamiento Supremo es materia local. Asimismo, es conveniente señalar que de conformidad a la normatividad local, el gobernador del Estado puede crear organismos descentralizados por decreto, por lo que también pudo haber optado por esta figura para crear la comisión de referencia. En conclusión, el Congreso del Estado tiene competencia para legislar en materia de derechos humanos, lo que no le está permitido es darse atribuciones si éstas no están contenidas en la Constitución Local. La Constitución en sus artículos 40 y 41, interpretados de manera armónica y sistemática, sienta las bases de la organización política de cada entidad federativa, delineando de manera general el papel de los diversos Estados federados en el concierto nacional. En este contexto, queda claro que la soberanía que la Carta Magna le concede a los Estados puede expresarse y ejercerse únicamente en el ámbito jurisdiccional particular; adicionalmente, establece que será a través de su Constitución Particular donde se establecerá su conformación política (con las limitantes establecidas en la Constitución General) y las atribuciones de sus órganos de gobierno. Si la Constitución Local establece que las atribuciones del Congreso son aquellas que le confiera la Constitución, a contrario sensu, esto significa que ‘no son facultades del Congreso las que no sean conferidas por la Constitución’ o, dicho de otro modo, debe interpretarse en el sentido de que la Constitución, y sólo ella, puede conferir atribuciones al Congreso. Por tanto, aquellas atribuciones del Congreso que fueran conferidas mediante leyes secundarias son inconstitucionales. Lo anterior fue reconocido tácitamente por las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y de Legislación de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, mismas que sometieron al Pleno dos dictámenes en materia de derechos humanos, uno en el que se proponían una serie de reformas a la Constitución Política del Estado, y el otro, el dictamen que contenía la norma impugnada y que fue aprobado por mayoría del Pleno. En efecto, el dictamen que contenía la mencionada iniciativa de reformas a la Constitución Local proponía, entre otras, una modificación al artículo 30, fracción XLVIII, planteada de la siguiente forma: ‘Artículo 30. Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: ... XLVIII. Las demás que le confiera esta Constitución y las leyes que de ella emanen.’. Evidentemente, el objetivo de la malograda propuesta era, sin duda alguna, dar sustento constitucional al hecho de que una atribución del Congreso no se encuentre contenida en la Constitución, sino que provenga de mandamiento establecido en una ley secundaria. Con ello, la aprobación de la ley que nos ocupa, en los términos en que fue aprobada, no contravendría la Constitución Local y mantendría incólume nuestro orden jurídico federal. Sin embargo, al no ser aprobada esta reforma constitucional, evidentemente se hacía necesario modificar el dictamen sometido a consideración del Pleno para trat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17878-b65fa8ec/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-21-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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