PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE ESTABLECE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO ESTARÁ INTEGRADO POR HASTA CUATRO DIPUTADOS ELECTOS SEGÚN DICHO PRINCIPIO Y POR VEINTITRÉS DIPUTADOS ELECTOS SEGÚN EL DIVERSO DE VOTACIÓN DE MAYORÍA RELATIVA, CONTRARÍA LAS BASES FUNDAMENTALES QUE SOBRE AQUÉL PREVÉN LOS ARTÍCULOS 53, 54, FRACCIÓN V Y 116, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3/2002. PARTIDO DEL TRABAJO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de abril de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de diciembre de dos mil uno, ante el secretario de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Anaya Gutiérrez, Marcos Cruz Martínez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez y Rubén Aguilar Jiménez, en su carácter de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las disposiciones que a continuación se señalan:
"II. Autoridades responsables de emitir y promulgar la norma general impugnada:
"Al efecto se señalan las siguientes:
"a) La H. LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.
"Domicilio: en la Plaza de la Patria número (sic) Zona Centro de la ciudad de Aguascalientes.
"b) Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
"Domicilio: Edificio del Poder Ejecutivo, Plaza de la Patria s/n, Zona Centro de esta ciudad de Aguascalientes.
"c) Secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
"Domicilio: Edificio del Poder Ejecutivo, Plaza de la Patria s/n, Zona Centro de esta ciudad de Aguascalientes.
"d) Director del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
"Domicilio: Edificio del Poder Ejecutivo, Plaza de la Patria s/n, Zona Centro de esta ciudad de Aguascalientes.
"III. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publica:
"Se reclama como norma general impugnada, las reformas hechas al Código Electoral de Aguascalientes por lo que hace a los artículos 16, 19, 24, 60, 63, 64, 66, 67, 76, 79, 83, 92, 114, 130, 135, 136, 144, 146, 164, 206, 207 y 208; asimismo, el artículo transitorio tercero del Decreto Doscientos Veintiuno, publicado el día veintiséis de noviembre de dos mil uno en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en su número cuarenta y ocho, tomo LXIV."
SEGUNDO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 40, 41, fracción I, primero y segundo párrafos, y fracción II del mismo numeral, 53, 54, fracciones II y IV, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracciones I y II, tercer párrafo y 133.
TERCERO. En su escrito de demanda los promoventes señalaron los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:
1. La reforma de los preceptos impugnados no se ajusta a lo señalado en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Carta Magna, el cual establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Lo anterior, toda vez que en el mes de marzo de dos mil uno dio inicio el proceso electoral en el Estado de Aguascalientes, en el cual el día cinco de agosto del mismo año se eligieron a dieciocho diputados por mayoría relativa, nueve diputados por el principio de representación proporcional, así como a once Ayuntamientos, cuyos procesos fueron en gran medida impugnados y no han sido resueltos en su totalidad, por lo que no puede decirse que se haya cerrado el proceso electoral y, en consecuencia, no podían llevarse a cabo las reformas que ahora se impugnan.
A mayor abundamiento, si alguna de las elecciones antes mencionadas tuviera que anularse, se tendrían que celebrar elecciones extraordinarias al amparo de las normas reformadas, mismas que difieren de las que rigieron originalmente el proceso electoral, lo cual es trascendente porque las disposiciones impugnadas traen consigo una distritación diferente y, por tanto, habrían electores que habiendo participado en las primeras elecciones no lo hagan así en la elección extraordinaria y viceversa.
2. El nuevo artículo 16 del Código Electoral de Aguascalientes contraviene los artículos 40, 41, fracción I, párrafos primero y segundo, 54, fracción II, 116, último párrafo y 133 de la Constitución Federal.
Lo anterior se actualiza porque el precepto combatido, al establecer un decremento de nueve diputados por el principio de representación proporcional a cuatro diputados por dicho principio, transgrede a su vez al artículo 54 de nuestra Carta Magna, cuya finalidad o espíritu es el de buscar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que de ella formen parte los candidatos de los partidos minoritarios y buscando que no haya una sobrerepresentación de los partidos dominantes. Si bien es cierto que no es obligación que las Legislaturas de los Estados deban prever la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en los mismos términos en los que lo hace la Constitución Federal, también lo es que el citado artículo 54 constitucional contiene bases fundamentales que se estiman indispensables en la observancia de dicho principio y que para evitar la sobrerepresentación de los partidos dominantes es necesario que las Legislaturas Locales prevean el sesenta por ciento de diputados de mayoría relativa y cuarenta por ciento de representación proporcional.
3. Se impugna el artículo tercero de los transitorios del Decreto 121, que establece que para efectos de homologar las fechas de las elecciones estatales y municipales con los procesos electorales federales del año 2006, el gobernador del Estado de Aguascalientes, los diputados integrantes de la LIX Legislatura y los Ayuntamientos electos en el año 2004, durarán en su encargo, el primero de ellos cinco años y los segundos dos años, por única vez. Dicho precepto contradice lo establecido por el artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal, que establece que: (i) los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años; y (ii) que la elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. A mayor abundamiento, el artículo 41, primer párrafo, de la Constitución Local señala que el gobernador durará en su cargo seis años.
Por otro lado, no pasa desapercibido que el mismo artículo 116 de la Constitución Federal se refiere a supuestos extraordinarios en los que puede nombrarse un gobernador interino, provisional, sustituto o encargado de despacho, casos en los cuales una sola persona no concluiría el periodo de gobierno de seis años, pero limitar el periodo de gobierno en otros supuestos sería contradecir lo establecido en la Carta Magna.
Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Local dispone que el Congreso se integrará con representantes del pueblo que residan en el territorio del Estado, electos en su totalidad cada tres años. Por su parte, el artículo 66, párrafo séptimo, de la Constitución Local dispone que los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años. Se destaca que el Código Electoral es una disposición secundaria que no puede estar por encima de la Constitución Federal ni Local; por tanto, no puede modificar ni contradecir los términos de duración de los cargos de los citados funcionarios establecidos en tales normas supremas.
CUARTO. Mediante proveído de fecha veintisiete de diciembre de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo y turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto también de fecha veintisiete de diciembre de dos mil uno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las demandadas para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde; asimismo, solicitó la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la aludida demanda.
SEXTO. Mediante escrito presentado el día treinta y uno de diciembre de dos mil uno, ante el secretario de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formuló su opinión señalando, en síntesis, lo siguiente:
1. El artículo 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal, relativo a que las Legislaturas de los Estados deben integrarse con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, ofrece a las entidades federativas libertad para establecer su sistema electoral, con la condición de que el sistema de representación proporcional que se adopte asegure la presencia significativa de los diputados electos por ese principio y no sólo de manera simbólica.
Así, por ejemplo, en el artículo 52 de la Constitución Federal se establece que la Cámara de Diputados estará integrada por trescientos diputados de mayoría relativa y doscientos de representación proporcional, de donde se observa que la participación de estos últimos sí es significativa, pues constituye el cuarenta por ciento de la integración total de la Cámara, lo cual permite contar con su presencia, incluso, tratándose de decisiones que se toman por las dos terceras partes de sus miembros. Por tanto, si con la reforma impugnada se cambió la integración del Congreso del Estado para establecer veintitrés diputados por el principio de mayoría relativa y cuatro por el de representación proporcional, la participación de estos últimos diputados es casi imperceptible, es simbólica y, por tanto, la norma de referencia es inconstitucional.
2. No puede considerarse que el artículo 16 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes transgreda al artículo 105, fracción II, inciso f), penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, pues tal precepto fue publicado hasta el veintiséis de noviembre, y los diputados que resultaron electos antes de esa reforma, tomaron posesión de su cargo el día quince de noviembre, por lo que la reforma en cuestión no pudo surtir efecto alguno sobre la elección de diputados.
No obsta a lo anterior el alegato del partido actor, en el sentido de que si se celebraran elecciones extraordinarias con motivo de la nulidad de alguna elección, aquéllas se regirían conforme al precepto reformado. Lo anterior, porque el Tribunal Federal Electoral ha sustentado el criterio de que la normatividad aplicable a un proceso electoral extraordinario debe ser, precisamente, aquella que rigió los comicios ordinarios, de acuerdo con el artículo 21 del Código Electoral de Aguascalientes.
SÉPTIMO. Mediante escrito presentado el día tres de enero de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador del Estado de Aguascalientes dio contestación a la demanda, en la que manifestó que por lo que respecta al acto de promulgación y publicación del decreto impugnado, éste se hizo en acatamiento al sistema jurídico federal y estatal, y que al citado gobernador no le corresponde la aplicación de los preceptos legales tildados de inconstitucionales.
OCTAVO. Mediante escrito presentado el día catorce de enero de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados José de Jesús Martínez González y Alfredo Cervantes García, en su carácter de vicepresidente y pro secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, dieron contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicho Estado manifestando, en síntesis, lo siguiente:
1. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria, puesto que al correrse traslado a la autoridad demandada, no se acompañaron los documentos mediante los cuales los que suscriben la demanda acreditan su legitimación y personalidad, ni mucho menos los estatutos del partido político actor.
Además, el artículo 62 de la ley reglamentaria establece que se considerarán parte demandante en las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugnen leyes electorales, a los partidos políticos por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, siendo que en el caso la demanda fue interpuesta por una denominada Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo.
2. En relación con la violación al penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, si bien es cierto que la reforma llevada a cabo se realizó inmersa en un proceso postelectoral, también lo es que las disposiciones que fueron reformadas no se aplicaron al proceso electoral reciente.
3. Que por cuanto hace a las entidades federativas, en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, se instituye la obligación para integrar sus legislaturas con diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional; sin embargo, no existe obligación de seguir reglas específicas para efectos de reglamentación de los aludidos principios.
Asimismo, si bien el aumento de distritos electorales en la capital del Estado eventualmente puede trascender y afectar a algún partido político en lo particular, es una cuestión que por sí misma no significa contravención a los principios fundamentales pues, en todo caso, todo partido tiene los mismos derechos de participar en las elecciones estatales, y lo único que hace la legislación local es adoptar las bases generales impuestas por la Constitución Federal, ajustándolas a la situación particular de su régimen interior en el que gozan de soberanía.
NOVENO. Posteriormente, mediante proveído de fecha veinte de febrero de dos mil dos, se otorgó el plazo legal a las partes para la formulación de sus alegatos y para que el procurador general de la República formulara su pedimento.
DÉCIMO. Mediante escrito presentado el día veintidós de febrero de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República formuló su pedimento, en el cual manifestó lo siguiente:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad; que quienes suscriben la demanda cuentan con legitimación procesal activa, según se desprende de la lectura de los estatutos del partido político actor; que la demanda se presentó de manera oportuna y que la causal de improcedencia invocada por la parte demanda es infundada, toda vez que los suscriptores de la demanda sí acreditaron que cuentan con legitimación.
b) Que las reformas impugnadas se llevaron a cabo una vez que terminó el proceso electoral que inició el once de marzo de dos mil uno, lo cual se sustenta con el acta de la sesión solemne de instalación de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, celebrada el quince de noviembre de dos mil uno y publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veintiséis del mismo mes y año; por lo que la reforma no se realizó para aplicarse en el proceso electoral de dos mil uno, sino para la integración de la siguiente legislatura en el año dos mil cuatro.
c) Que el decremento de nueve a cuatro diputados por el principio de representación proporcional es contrario al espíritu del artículo 54 de la Constitución Federal, en virtud de que no va encaminado a obtener la pluralidad política que debe existir en las Legislaturas de los Estados, se propicia la sobrerepresentación de los partidos dominantes, los que, en el caso a estudio, asegurarían poco más del ochenta y cinco por ciento del total de las curules que integran la legislatura.
Lo anterior trae como consecuencia que las actividades que realicen los diputados electos por el sistema de representación proporcional no tengan fuerza dentro del Congreso.
d) Resulta infundado el argumento de la actora en el sentido de que el Congreso del Estado de Aguascalientes deba integrarse con un sesenta por ciento de diputados de mayoría relativa y un cuarenta por ciento de representación proporcional, pues los Estados cuentan con autonomía propia para determinar la forma en que deberán integrarse sus Congresos.
e) Que es infundado el concepto de invalidez en el que se plantea que el artículo tercero transitorio del decreto impugnado transgrede el contenido del artículo 116, fracción I, constitucional, ya que de la simple lectura del artículo constitucional que se dice vulnerado, se infiere que únicamente establece el plazo máximo de duración en el cargo de gobernador, el cual no podrá exceder de seis años y no establece disposición alguna respecto a la duración del cargo para diputados y Ayuntamientos.
Por otro lado, la limitación que el precepto supremo impone es para que el periodo de duración del cargo de gobernador no exceda de seis años, sin establecer la duración mínima en el cargo.
DÉCIMO PRIMERO. Mediante auto de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dos, se tuvieron por formulados los alegatos de las partes y el pedimento del procurador general de la República, y con fundamento en el artículo 68, último párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, se pusieron los autos para la formulación del proyecto respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que en ella se demanda la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 16, 19, 24, 60, 63, 64, 66, 67, 76, 79, 83, 92, 114, 130, 135, 136, 144, 146, 164, 206, 207 y 208 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, según reforma publicada en el Periódico Oficial del mismo Estado el día veintiséis de noviembre de dos mil uno.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme al precepto antes transcrito, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicaron los preceptos impugnados, considerando todos los días como hábiles.
El decreto que contiene los artículos materia de estudio fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el día veintiséis de noviembre de dos mil uno, por lo que es a partir del día siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.
Tomando en cuenta la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las referidas reformas venció el día veintiséis de diciembre del año en curso; por tanto, si la demanda se presentó el día veinticinco de diciembre, esto es, al vigésimo noveno día, debe considerarse promovida dentro del plazo legal correspondiente.
TERCERO. Acto continuo conviene analizar, si a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente los promoventes están facultados para suscribir la presente demanda de acción de inconstitucionalidad y, posteriormente, ocuparse de los cuestionamientos que invoca la autoridad demandada sobre el particular.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, disponen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorga el registro. ..."
"Artículo 62. ... En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso).
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
En el caso del Partido del Trabajo, es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja 37 del expediente.
Por otra parte, según la certificación también expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja 38 del expediente, se hace constar que Alberto Anaya Gutiérrez, Marcos Cruz Martínez, José Narro Céspedes, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez y Rubén Aguilar Jiménez son miembros de la Comisión Coordinadora de la Comisión Ejecutiva Nacional del propio partido político.
Por otra parte, los artículos 43 y 44 de los Estatutos Generales del Partido del Trabajo establecen que la Comisión Coordinadora Nacional cuenta con facultades para representar al partido ante cualquier autoridad y, particularmente, para interponer las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes.
Dichos preceptos señalan:
"Artículo 43. La Comisión Coordinadora Nacional se integrará con seis miembros que designará el Congreso Nacional y será la representante política y legal del Partido del Trabajo y de su Dirección Nacional. Todos los acuerdos, resoluciones y actos que instrumente la Comisión Coordinadora tendrán plena validez con la aprobación y firma de al menos cuatro de sus integrantes."
"Artículo 44. Son atribuciones de la Comisión Coordinadora:
"a) Ejercer la representación política y legal del Partido del Trabajo en todo tipo de asuntos de carácter judicial, político, electoral, administrativo, patrimonial y para delegar poderes y/o establecer convenios en los marcos de la legislación vigente.
"b) El mandato y el poder que se otorgue tendrá plena validez con el total de las firmas autógrafas de la mayoría de los integrantes de la Comisión Coordinadora y/o bastará con la firma autógrafa de cuatro de los miembros de la misma. Además contará con las facultades adicionales que a continuación se enumeran:
"1) Poder irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio con las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República.
"De manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras facultades, las siguientes:
"I. Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.
"II. Para transigir.
"III. Para comprometer en árbitros y arbitradores.
"IV. Para absolver y articular posiciones.
"V. Para recusar.
"VI. Para hacer cesión de bienes.
"VII. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.
"2) Poder para otorgar y suscribir toda clase de títulos y operaciones de crédito.
"3) Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros.
"4) El poder conferido a que aluden las cláusulas anteriores podrán ejercitarlo ante personas físicas o morales, particulares y ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, inclusive de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades del trabajo.
"c) La Comisión Coordinadora Nacional estará legitimada para interponer, en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes. ..."
De lo anterior se desprende que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo fue hecha valer por la parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes, y la demanda presentada a su nombre fue suscrita por la totalidad de los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, quienes cuentan con facultades para tal efecto en términos de los estatutos que rigen a dicho partido político.
Ahora bien, la causal de improcedencia que invoca la Legislatura del Estado de Aguascalientes, se basa en el hecho de que a esta última no se le corrió traslado con los documentos correspondientes para acreditar la legitimación del partido político actor, entre ellos, los estatutos de dicho partido.
Sin embargo, tal omisión no acarrea consigo la falta de personalidad y legitimación que argumenta la parte demandada, pues tal como se mencionó anteriormente, en el expediente (el cual puede ser consultado ampliamente por las partes) obran las constancias de autos suficientes para tener por acreditada tal personalidad y legitimación, como lo son: la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja 37 del expediente, en la que se hace constar que el Partido del Trabajo es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral; la certificación también expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a foja 38 del expediente, en la que se hace constar que los promoventes son miembros de la Comisión Coordinadora de la Comisión Ejecutiva Nacional del propio partido político; y una copia certificada de los Estatutos Generales del Partido del Trabajo, visible a fojas 39 a la 124, inclusive, del expediente, cuyos artículos 43 y 44 establecen que la Comisión Coordinadora Nacional cuenta con facultades para representar al partido ante cualquier autoridad y, particularmente, para interponer las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes.
Asimismo, resulta infundado el argumento de que la demanda no fue interpuesta por conducto de la dirigencia nacional o estatal del partido, sino por una denominada Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo, lo cual, según la parte demandada, viola el último párrafo del artículo 62 de la ley reglamentaria.
En este aspecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y el último párrafo del artículo 62 de su ley reglamentaria, los partidos políticos pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales, por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda. Ahora bien, para determinar si en el caso concreto la Comisión Ejecutiva Nacional puede ser considerada como dirigencia del Partido del Trabajo, es preciso remitirse a sus estatutos, los cuales, en su artículo 23, disponen lo siguiente:
"Artículo 23. Las instancias de dirección del partido son:
"I. Nacionales:
"a) Congreso Nacional.
"b) Consejo Político Nacional.
"c) Comisión Ejecutiva Nacional.
"d) Comisión Coordinadora Nacional.
"e) Comisionado Político Nacional. ..."
De donde se aprecia que la citada Comisión Coordinadora Nacional es un órgano de dirección nacional del Partido del Trabajo, es decir, se trata de la dirigencia nacional del partido y, por tanto, está legitimada para interponer la presente acción de inconstitucionalidad.
A mayor abundamiento, de conformidad con el artículo 59 de la ley reglamentaria de la materia, en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III (De las acciones de inconstitucionalidad), en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II (De las controversias constitucionales) y en el artículo 62, último párrafo, de la propia ley, se dispone que se considerarán parte demandante en las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de leyes electorales a los partidos políticos con registro por conduc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17076-cc83c163/principio-de-representacion-proporcional-el-articulo-16-primer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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