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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES REFORMADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2002. · Registro digital (IUS): 17519
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 1260.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2002. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de marzo de dos mil tres.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcial Rafael Macedo de la Concha, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando el artículo 26 del decreto que crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer, expedido por el Congreso del Estado de Chihuahua y promulgado por el gobernador constitucional de la misma entidad, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de agosto de dos mil dos.

El procurador accionante señaló como autoridades demandadas al órgano legislativo y al ejecutivo estatal recién aludidos.

SEGUNDO. Se estimaron infringidos los artículos 116, fracción VI, así como 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez:

"Único. Violación del artículo 26 del decreto que crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer a los artículos 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El régimen jurídico que debe regular las relaciones laborales entre los Poderes Estatales y sus trabajadores, y el de los organismos descentralizados con sus trabajadores, ha sido determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual ha sostenido, en diferentes ejecutorias, que las relaciones laborales de los entes descentralizados de los Estados se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, las que para una mejor comprensión de sus alcances me permito transcribir:

"'Organismos descentralizados del Estado de Aguascalientes. Los artículos 5o., 6o. y 7o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de esa entidad federativa, sus Municipios y organismos descentralizados, al regular las relaciones laborales de aquéllos con sus trabajadores transgreden los artículos 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso B), punto 1, de la Constitución Federal.' (la transcribe).

"'ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.' (la transcribe).

"'TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO. EL ARTÍCULO 1O. DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SE REGULARÁN POR EL RÉGIMEN LABORAL ESTABLECIDO EN ÉSTA, VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.' (la transcribe).

"'ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA. SU SUJECIÓN A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA ES INCONSTITUCIONAL.' (la transcribe).

"'ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.' (la transcribe).

"En este mismo sentido se manifestó también la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, al resolver el recurso de reclamación relativo a la controversia constitucional 23/97, en el cual se adoptó la tesis de jurisprudencia 3/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, enero de 2000, página 25, que dice:

"'ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.' (la transcribe).

"Ahora bien, el Congreso del Estado de Chihuahua y el gobernador de la entidad aprobó y promulgó, respectivamente, el decreto que crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de 28 de agosto de 2002.

"Los preceptos que interesan del citado decreto disponen:

"'Artículo 1o. Se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, denominado Instituto Chihuahuense de la Mujer, con domicilio en la capital del Estado.'

"'Artículo 26. Los trabajadores al servicio del instituto estarán sujetos a lo que establece la primera parte del libro único, título cuarto del Código Administrativo del Estado que regula las relaciones del Estado con sus trabajadores, así como al reglamento interior y a las disposiciones que emitan los órganos de gobierno del propio instituto, en los términos de la presente ley.'

"De la lectura de los preceptos transcritos se desprende que se crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, el cual reglamenta el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

"De la confrontación de los criterios de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación con la norma impugnada, se infiere que la misma es inconstitucional, lo anterior de acuerdo con los siguientes razonamientos.

"El artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Congreso de la Unión tendrá, entre otras facultades, la siguiente:

"'Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"'...

"'X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.'

"Con fundamento en el precitado numeral constitucional, el Congreso de la Unión expidió, por una parte, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo y, por la otra, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del citado precepto constitucional, la cual regula las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

"El numeral 116, fracción VI, de la Constitución Federal señala que: 'Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.'.

"El dispositivo en comento es claro en establecer que los Congresos Estatales tienen la facultad de emitir las leyes que regulan las relaciones laborales que existan entre los órganos del poder público estatal y el personal a su servicio, observando los principios y garantías consagradas en el artículo 123 de la Constitución General de la República, esto es, sólo pueden regular las relaciones de trabajo que se establezcan entre aquellos órganos públicos que actúan en nombre y representación de esos poderes, mas no así aquellas relaciones laborales que se establezcan entre aquellos organismos que, si bien son públicos, no forman parte integrante del poder público estatal central y sus trabajadores.

"Esto es así, porque las relaciones de trabajo que son ajenas a aquellas que se establecen entre los órganos centrales del Estado y sus trabajadores, se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, lo que se desprende de las tesis citadas anteriormente.

"Por tanto, si el Congreso del Estado de Chihuahua emitió una norma general que establece que las relaciones laborales entre el Instituto Chihuahuense de la Mujer, como organismo descentralizado, y sus trabajadores se regirán por el Código Administrativo del Estado, se ha excedido en el uso de su atribución constitucional, al incluir a los trabajadores de un organismo descentralizado al régimen laboral previsto en el apartado B del dispositivo constitucional en mención pues, como ya se señaló, tal apartado regula, exclusivamente, las relaciones de trabajo entre los órganos del poder público centralizado y sus trabajadores, de acuerdo con la interpretación que de dicho numeral ha hecho esa Suprema Corte.

"Ahora bien, el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"'Artículo 123. ...

"'El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"'A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"'...

"'XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

"'...

"'b) Empresas:

"'1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.'

"De la lectura del precepto reproducido, se advierte que es facultad exclusiva de las autoridades federales regular lo concerniente a las relaciones laborales que se establezcan entre particulares, a través de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, la cual comprende, entre otros supuestos, las relaciones laborales que existan entre las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y sus trabajadores, es decir, que incluye a los organismos descentralizados que cuentan con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión y presupuestaria para el cumplimiento de sus fines, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores, escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales.

"Sin embargo, a efecto de tener una mayor comprensión acerca de la naturaleza jurídica de dichos organismos públicos, conviene primeramente determinar si éstos dependen o no del Gobierno Estatal, para después establecer claramente si todos los organismos descentralizados quedan incluidos en el concepto 'empresas descentralizadas', a que se refiere el subinciso 1, inciso b), fracción XXXI, apartado A del artículo 123 constitucional.

"Al respecto, el artículo 94 de la Constitución de la entidad dice: 'La administración pública será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo del Estado que estarán a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo y definirá las bases de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo del Estado en su operación. ...'.

"Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua establece las bases de organización de la administración pública centralizada y paraestatal de la entidad. La primera, está integrada por las secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Estado y las coordinaciones adscritas directamente al Ejecutivo; y la segunda, por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las empresas propiedad del Estado y los fideicomisos.

"De los ordenamientos en cita, se desprende que únicamente los órganos que conforman la administración pública centralizada dependen del Poder Ejecutivo Local, mas no así los organismos descentralizados, aun cuando éstos sean creados por el Congreso Estatal, o bien, por el Ejecutivo de la entidad, según sea el caso, toda vez que dichos entes públicos se rigen por sus propias leyes específicas, como lo son, en lo particular, sus leyes orgánicas o sus decretos de creación y, en lo general, por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; además, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, gozan de autonomía jurídica con respecto del Estado y están sujetos a diversos controles establecidos en los citados ordenamientos legales.

"En esta tesitura, si los organismos descentralizados no dependen del Poder Ejecutivo Local, consiguientemente, las relaciones laborales entre aquéllos y sus trabajadores deben regularse conforme al régimen laboral establecido por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, puesto que dichos entes públicos quedan comprendidos en la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de ese mismo apartado que se refiere a las 'empresas descentralizadas', de acuerdo a los criterios de esa Suprema Corte, anteriormente citados.

"En cambio, respecto de los órganos que conforman la administración pública centralizada, que dependen directamente del Poder Ejecutivo Local, la relación laboral con sus trabajadores se rige por el apartado B del artículo 123 constitucional, pues es este el apartado que establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes del Estado.

"De esta forma, si los organismos públicos descentralizados de carácter estatal no forman parte y no dependen del Poder Ejecutivo Local, consecuentemente, las relaciones laborales de los trabajadores con esos entes públicos deben regirse con base en lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución General de la República, al decir que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales.

"Con base en las consideraciones antes mencionadas, así como en el criterio adoptado en este sentido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede afirmar que el artículo 26 del decreto que crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer es inconstitucional, ya que como quedó señalado con antelación, la propia Constitución Local establece que para el despacho de los negocios del orden administrativo habrá el número de secretarios que se determina en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos y demás órganos creados o que se creen en la forma que establezcan las leyes.

"Tomando en cuenta lo anterior, válidamente se puede concluir que el artículo 26 del decreto que crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer es inconstitucional, en virtud de que establece que las relaciones laborales entre dicho organismo público descentralizado y sus trabajadores se regirán por el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en su parte conducente, reglamentario del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, a pesar de que el régimen laboral de los organismos descentralizados con sus trabajadores se deba regular conforme al apartado A del precepto constitucional en mención, puesto que el Instituto Chihuahuense de la Mujer, como organismo descentralizado, no depende del Poder Ejecutivo Local.

"En este sentido, tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales transcritos con anterioridad, se llega a la conclusión de que el artículo 26 del decreto que crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de 28 de agosto de 2002, viola los artículos 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, consecuentemente, procede declarar la invalidez del precepto combatido.

"Por otra parte, para el caso de que ese Alto Tribunal reoriente los criterios jurisprudenciales citados, respecto del apartado del artículo 123 de la Constitución General de la República, al que se deberán someter los organismos públicos descentralizados, el suscrito reitera, como lo ha venido haciendo en todo momento, que seguirá siendo respetuoso de las resoluciones y criterios que emita ese Máximo Tribunal."

TERCERO. Mediante proveído de fecha cuatro de octubre de dos mil dos, el Ministro Juventino V. Castro y Castro, presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, como instructor del procedimiento y encargado de formular el proyecto de resolución respectivo.

CUARTO. Por auto de nueve de octubre de dos mil dos, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa, emplazó a las demandadas para que rindieran su respectivo informe; asimismo, requirió al presidente del Congreso Estatal para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos del precepto legal impugnado.

Los informes de mérito fueron recibidos, respectivamente, el once de noviembre de dos mil dos y el treinta de octubre del mismo año; y semanas después, el veinticinco de noviembre, el procurador general de la República presentó sus alegatos.

Finalmente, por auto de tres de enero de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor, se pasaron los autos para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

QUINTO. Previo dictamen del Ministro ponente, por auto de treinta y uno de enero de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la remisión del asunto a la Primera Sala, en la que quedó radicado por auto de su presidente del día siete de febrero del mismo año.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 68, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con los puntos tercero, fracción I y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que, atendiendo al sentido de la resolución, se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, toda vez que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El precepto impugnado se publicó el veintiocho de agosto de dos mil dos en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, por lo que el plazo de treinta días naturales para la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad inició el día veintinueve siguiente y concluyó el veintisiete de septiembre del mismo año; de manera que si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente el veintisiete de septiembre de dos mil dos, resulta que fue presentada en forma oportuna.

TERCERO.-El actor se encuentra legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"…

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"…

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."

De conformidad con el precepto constitucional antes citado, el procurador general de la República puede promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como tratados internacionales, y siendo que en la especie el promovente acredita plenamente ostentar dicho cargo con copia certificada de su nombramiento como procurador general de la República (foja 19 de autos) e impugna una ley estatal, los requisitos en comento se sufragan a cabalidad.

CUARTO.-Huelga el estudio del fondo del presente asunto, toda vez que se presenta una causal de improcedencia que impone sobreseer en el juicio, como a continuación se explica.

Según se puede apreciar de lo expresado en el capítulo de resultandos de la presente, particularmente de lo tocante a la ley impugnada y los correspondientes conceptos de invalidez, el planteamiento de inconstitucionalidad que formula el promovente de esta acción se constriñe a:

1) Un artículo del decreto que crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer, ordinal cuyo número es el 26;

2) Cuya inconstitucionalidad -se dice- radica en un motivo también muy específico.

Se explica. El artículo impugnado estableció:

"Artículo 26. Los trabajadores al servicio del instituto estarán sujetos a lo que establece la primera parte del libro único, título cuarto del Código Administrativo del Estado que regula las relaciones del Estado con sus trabajadores, así como al reglamento interior y a las disposiciones que emitan los órganos de gobierno del propio instituto, en los términos de la presente ley.

"En cuanto a los integrantes del consejo consultivo, se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 20. Lo mismo se observará respecto de los integrantes del consejo directivo en cuanto a su participación en el instituto."

Sin embargo, aun cuando el artículo impugnado consta de dos párrafos, claramente se puede advertir tanto de los conceptos de invalidez como de la integridad del libelo en que se plasman, que se tilda de inconstitucional la norma contenida en el primer párrafo del numeral recién citado.

Por otra parte, el contenido de los argumentos vertidos en vía de conceptos de invalidez, permite resumir también el planteamiento de inconstitucionalidad en los siguientes términos:

a) El decreto del que forma parte el artículo impugnado crea al Instituto Chihuahuense de la Mujer como un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua.

b) En dicho decreto, virtud al artículo impugnado, se dispone que las relaciones laborales entre el instituto creado y sus trabajadores se regirán por la legislación burocrática estatal.

c) El Pleno y las Salas de este tribunal han emitido criterios de jurisprudencia en los que se determina la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones que determinen que las relaciones de trabajo entre los organismos descentralizados y sus trabajadores se regirán por la legislación burocrática, ya sea que se trate de un organismo descentralizado federal o uno estadual.

d) Esa jurisprudencia ha determinado que las relaciones de trabajo en comento deben ser reguladas por la legislación laboral ordinaria, es decir, la reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional.

Como corolario de lo anterior, concluye el promovente, si el artículo impugnado dispone que las relaciones de trabajo entre los trabajadores del organismo descentralizado Instituto Chihuahuense de la Mujer y este mismo se habrán de regir por la legislación burocrática estatal, esa disposición resulta contraria a la Constitución por los mismos motivos que expresa la jurisprudencia al determinar que las relaciones de trabajo con órganos de esa naturaleza deben regirse por las leyes reglamentarias del apartado A del artículo 123 constitucional.

Empero, en el transcurso de este procedimiento de control constitucional, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de enero pasado, una comunicación signada por el Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en la que hizo del conocimiento de este tribunal que la Legislatura Estatal reformó el artículo aquí impugnado, por lo que solicitó se decretara el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad.

En efecto, según se aprecia en copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del veintiuno de diciembre de dos mil dos, misma que obra a fojas 197 de autos, por Decreto Número 459-02-I-P.O., se reformó el artículo 26, aquí impugnado, para rezar ahora:

"Artículo 26. Los trabajadores al servicio del instituto, estarán sujetos en sus relaciones laborales, a lo dispuesto por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, así como al reglamento interior y a las disposiciones que emitan los órganos de gobierno del propio instituto, en los términos de la presente ley."

Texto que, conforme al artículo transitorio único del decreto de reforma correspondiente, entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el veintidós de diciembre pasado.

Así las cosas, se estima a todas luces procedente decretar el sobreseimiento de esta causa, con apoyo en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que éstos disponen:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"…

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"…

"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."

Mas a lo anterior debe agregarse que, si bien dichos dispositivos legales están contenidos en el título II, capítulo III, de la ley reglamentaria que regula lo concerniente a las controversias constitucionales, las mismas son perfectamente aplicables en materia de acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 59 del citado ordenamiento, que señala:

"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."

En este contexto, resulta que si el vicio de inconstitucionalidad que se reprochaba de la norma impugnada radicaba exclusivamente en que ésta imponía que las relaciones laborales del Instituto Chihuahuense de la Mujer, organismo descentralizado del gobierno de ese Estado, con sus trabajadores se rigieran por la legislación burocrática estatal, cuando -a decir del promovente- debió haber sido por el apartado A del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, como apunta la jurisprudencia del Pleno y Salas de este tribunal; y si dicha norma fue reformada en la parte por la que aquí era cuestionada, es claro que al margen de si aquéllo era o no un vicio de inconstitucionalidad, o de si éste -en su caso- quedó purgado con la reforma, lo cierto e indudable es que en virtud de la reforma legal acontecida cesaron totalmente los efectos de la norma impugnada, y en esa medida carece de todo objeto juzgar la constitucionalidad de derecho no vigente.

Es por esto que, como se anticipó, esta acción de inconstitucionalidad se estima improcedente con fundamento en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, por haber cesado los efectos de la norma general materia de la misma y, en consecuencia, procede sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, del citado ordenamiento legal, por haber sobrevenido la causa de improcedencia antes explicada.

En sentido análogo, el Pleno de esta Suprema Corte ha emitido el criterio jurisprudencial que dice:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IX, junio de 1999

"Tesis: P./J. 47/99

"Página: 657

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.-La cesación de efectos prevista como causa de improcedencia de las controversias constitucionales en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable también a las acciones de inconstitucionalidad por disposición del diverso 59 del mismo ordenamiento legal, se actualiza si en una acción de inconstitucionalidad se plantea la invalidez de una norma general que durante el procedimiento ha sido abrogada por otra posterior, lo que determina sobreseer en el juicio, en términos de lo ordenado por el artículo 20, fracción II, de la citada ley reglam

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17519-bbb3db11/accion-de-inconstitucionalidad-si-durante-el-procedimiento-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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