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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AQUÉLLA DEBE DESESTIMARSE Y ORDENARSE EL ARCHIVO DEL ASUNTO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2003. · Registro digital (IUS): 17875
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, , Pág. 478.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2003. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de octubre de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil tres en el domicilio particular del secretario autorizado para recibir demandas o promociones de término, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, Marcial Rafael Macedo de la Concha, en su carácter de procurador general de la República, presentó demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 278 que reformó y adicionó diversos numerales y que cambió la denominación de la Ley del Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán a Ley del Instituto del Deporte de la citada entidad, únicamente por lo que hace al artículo 12, expedido por el Congreso Local y promulgado por el gobernador estatal, que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el dos de mayo de dos mil tres.

El procurador señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Se estimaron infringidos los artículos 116, fracción VI, así como 123, párrafo segundo, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez:

"Único. Violación del Decreto 278 que reformó y adicionó diversos numerales y que cambió la denominación de la Ley del Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán a la Ley del Instituto del Deporte de la citada entidad, únicamente por lo que hace al artículo 12, a los preceptos 116, fracción VI y 123, párrafo segundo, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Antes de emitir los razonamientos encaminados a demostrar la violación de los preceptos constitucionales citados en el párrafo precedente, estimo conveniente realizar algunas consideraciones con respecto a que el artículo 12 impugnado ya existía en la anterior Ley del Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán, la cual fue abrogada por la nueva norma denominada Ley del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y publicada el 2 de mayo de 2003 en el correspondiente medio de difusión oficial local.

"En efecto, el artículo 12, cuya invalidez se solicita, antes de la publicación de la nueva ley, determinaba que las relaciones laborales entre el Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán -organismo público descentralizado- y sus trabajadores, se regían por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, sin embargo, al modificarse o reformarse en forma total o parcial la ley que nos ocupa y al ser publicada ésta, se actualiza su impugnación.

"Al respecto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 14/2001, promovida por el suscrito en contra del artículo cuarto transitorio del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en las páginas 88 a 91 se pronunció en el siguiente sentido:

"‘Como se ve de dicha normatividad constitucional local, son facultades del Congreso, entre otras, crear y reformar leyes; luego, como manifestación de esa voluntad, la creación y la reforma de las leyes están determinadas por las reglas que establezcan el procedimiento y las formalidades que para tal efecto deban observarse.

"‘Es decir, la reforma de un acto legislativo, como sucede con el artículo cuarto transitorio del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se produce a través de otro acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que dieron nacimiento al texto establecido en diciembre de mil novecientos noventa y ocho y la reforma de junio de dos mil. Incluso, así se reconoce en el apartado II de la exposición de motivos que aparece en el Diario de los Debates de la Legislatura Local de fecha veintitrés de enero de dos mil uno, que obra a fojas 177 a 178 del expediente -texto cuya lectura se dispensó- en donde se expresó:

"‘...

"‘De esta forma, atento al principio de autoridad formal de la ley o congelación de rango a que se hizo antes mención, es claro que el nuevo texto del artículo cuarto transitorio del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es fruto de un nuevo procedimiento legislativo y de diverso pronunciamiento del legislador local. Así, estamos en presencia de un acto legislativo distinto en lo formal y material a los anteriores que, por lo mismo, puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que esté reproduciendo el tratamiento de exención del impuesto predial y del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, con la sola variación del tiempo de aplicación de dicho beneficio, toda vez que por ser un nuevo acto legislativo, la referida disposición transitoria que reformó el texto anterior da pie a su impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad si se advierte su contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como efectivamente lo hizo el procurador general de la República en el presente asunto.

"‘Luego, es inexacto que la falta de impugnación de los textos anteriores provocó su consentimiento y que, por ende, el mencionado funcionario no puede hoy atacar la nueva disposición transitoria. Entonces, es procedente la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo local reformado, puesto que, de acuerdo con los artículos 64 y 77 de la Constitución Estatal, la norma transitoria impugnada constituye un pronunciamiento legislativo nuevo que autoriza su impugnación constitucional paralela a la reforma legislativa, de todo lo cual resulta que la causa de improcedencia que hace valer el gobernador del Estado deviene infundada, cuenta habida que tanto el consentimiento como la extemporaneidad que alega derivan de la falta de impugnación de los textos anteriores, lo que no fue necesario hacer, como quedó visto con antelación, de lo cual se sigue que el procurador general de la República correctamente enderezó la acción de inconstitucionalidad en contra del texto reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha tres de febrero de dos mil uno, por tratarse de un nuevo acto legislativo en términos del principio de autoridad formal de la ley.’

"En este orden de ideas, no es óbice para la procedencia de la impugnación de una norma general el que ésta ya existiese, toda vez que por el solo hecho de que con motivo de una reforma o modificación se publique, se actualiza el derecho que tienen las autoridades legitimadas por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para combatir la ley de que se trate, dentro de los plazos que establece el artículo 60 de la ley reglamentaria del artículo 105.

"Esto es, en el caso específico, el hecho de que se hayan reformado y adicionado diversos supuestos jurídicos contenidos en preceptos de la Ley del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, entre los cuales el artículo 12 combatido sólo sufrió una modificación de redacción y no de fondo, no es motivo para desestimar la procedencia de su impugnación, en virtud de que, se insiste, el numeral cuya invalidez se solicita se publicó el 2 de mayo de 2003, conjuntamente con el articulado que integra la ley en comento.

"A mayor abundamiento, cabe precisar que en el precepto 60 de la ley reglamentaria del artículo 105, únicamente se condiciona para la impugnación de una norma general, a que el escrito de demanda se interponga dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la respectiva publicación en el correspondiente medio oficial, hipótesis que en el caso concreto se actualizó.

"Por los razonamientos antes expuestos, es incuestionable que no pueden deducirse, como requisitos adicionales para la oportuna presentación de una demanda de acción de inconstitucionalidad, cuestiones como que la norma cuya invalidez se solicite sea o no de nueva creación.

"Precisado lo anterior, paso a verter las manifestaciones tendentes a demostrar la invalidez de la norma que se tilda de inconstitucional.

"El régimen jurídico que debe regular las relaciones laborales entre los poderes estatales y sus trabajadores y el de los organismos descentralizados con sus trabajadores, ha sido determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual ha sostenido, en diferentes ejecutorias, que las relaciones laborales de los entes descentralizados de los Estados se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, las que para una mejor comprensión de sus alcances me permito transcribir:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Primera Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XII, diciembre de 2000

"‘Tesis: 1a. XXXVIII/2000

"‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 5o., 6o. Y 7o. DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AL REGULAR LAS RELACIONES LABORALES DE AQUÉLLOS CON SUS TRABAJADORES TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXXI, INCISO B), PUNTO 1, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: IX, marzo de 1999

"‘Tesis: 2a. XXX/99

"‘Página: 317

"‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: IX, febrero de 1999

"‘Tesis: 2a. XI/99

"‘Página: 243

"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SE REGULARÁN POR EL RÉGIMEN LABORAL ESTABLECIDO EN ÉSTA, VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: VI, octubre de 1997

"‘Tesis: 2a. CXXVII/97

"‘Página: 437

"‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA. SU SUJECIÓN A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA ES INCONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: VII, abril de 1998

"‘Tesis: P. XXV/98

"‘Página: 122

"‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).

"En este mismo sentido se manifestó también la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación, al resolver el recurso de reclamación relativo a la controversia constitucional 23/97, en el cual se adoptó la tesis de jurisprudencia 3/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, enero de 2000, página 25, que dice:

"‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene «TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.» ...’ (se transcribe).

"Ahora bien, el Congreso del Estado de Yucatán y el gobernador de la misma entidad aprobó y promulgó, respectivamente, el Decreto 278 que reformó y adicionó diversos artículos -entre los que se encuentra el numeral 12 impugnado- y que cambió la denominación de la Ley del Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán a Ley del Instituto del Deporte de la citada entidad, publicado en el Diario Oficial local de 2 de mayo de 2003.

"Los preceptos que interesan del citado decreto, para el análisis que nos ocupa, disponen:

"‘Artículo 1o. El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, con atribuciones normativas y técnicas para establecer su carácter rector en acciones tendientes a la práctica, fomento, planeación y desarrollo de las actividades deportivas de aficionados, así como al fomento de la cultura física en todos sus niveles y órdenes.

"‘Para efectos de la presente ley, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán se denominará como el Instituto.’

"‘Artículo 12. los trabajadores del Instituto se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.’

"De la lectura de los preceptos transcritos se desprenden dos situaciones, a saber:

"• Que el Instituto del Deporte de la entidad es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, con atribuciones normativas y técnicas para establecer su carácter rector en acciones encaminadas a actividades deportivas.

"• Que las relaciones laborales con sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, el cual reglamenta el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República.

"Ahora bien, de la confrontación entre los criterios sustentados por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales ya han sido reproducidos al igual que la norma impugnada, se advierte claramente que el artículo 12 de la Ley del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán resulta inconstitucional, lo anterior de acuerdo con los siguientes razonamientos.

"El artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras hipótesis:

"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"‘...

"‘X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.’

"En este contexto, con fundamento en el precitado numeral constitucional, el Congreso de la Unión expidió, por una parte, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo y, por la otra, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del citado precepto constitucional, la cual regula las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

"Cabe señalar que el numeral 116, fracción VI, de la Constitución Federal señala que: ‘Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’

"El dispositivo en comento es claro al establecer que los Congresos Estatales tienen la facultad de emitir las leyes que regulan las relaciones laborales que existan entre los órganos del poder público estatal y el personal a su servicio, observando los postulados y garantías consagradas en el artículo 123 de la Constitución General de la República, esto es, sólo pueden regular las relaciones de trabajo que se establezcan entre aquellos órganos públicos que actúan en nombre y representación de esos poderes, mas no así aquellas relaciones laborales que se establezcan entre aquellos organismos que, si bien son públicos, no forman parte integrante del poder estatal central y sus trabajadores.

"Esto es así, porque las relaciones de trabajo que son ajenas a aquellas que se establecen entre los órganos centrales del Estado y sus trabajadores, se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo, lo que se desprende de las tesis jurisprudenciales citadas anteriormente.

"Por tanto, si el Congreso del Estado de Yucatán emitió una norma general que establece que las relaciones laborales entre el Instituto del Deporte de la citada entidad, como organismo descentralizado y sus trabajadores se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ha excedido en el ejercicio de su atribución constitucional al incluir a los trabajadores de un organismo descentralizado al régimen laboral previsto en el apartado B del dispositivo constitucional en mención pues, como ya se señaló, tal apartado regula exclusivamente las relaciones de trabajo entre los órganos del poder público centralizado y sus trabajadores, de acuerdo con la interpretación que de dicho numeral ha hecho esa Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Ahora bien, el artículo 123, párrafo segundo, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"‘Artículo 123. ...

"‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"‘A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"‘...

"‘XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

"‘...

"‘b) Empresas:

"‘1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizadas por el Gobierno Federal.’

"De la lectura del precepto reproducido se advierte que es facultad exclusiva de las autoridades federales regular lo concerniente a las relaciones laborales relativas a empresas que sean administradas en forma directa descentralizada por el Gobierno Federal y sus trabajadores, a través de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, es decir, el precepto constitucional en comento incluye a los organismos descentralizados que cuentan con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión y presupuestaria para el cumplimiento de sus fines, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales.

"Sin embargo, a efecto de tener una mayor comprensión acerca de la naturaleza jurídica de dichos organismos públicos, estimo conveniente determinar si éstos dependen o no del gobierno estatal, para establecer si todos los organismos descentralizados están incluidos en el concepto ‘empresas descentralizadas’, a que se refiere el subinciso 1 del inciso b) de la fracción XXXI del apartado A del párrafo segundo del artículo 123 de la Carta Magna.

"Al respecto, los artículos 57 y 61 de la Constitución de la entidad, prevén, respectivamente: ‘Para el despacho de los asuntos encomendados al Poder Ejecutivo del Estado, el titular de éste se auxiliará de los servidores públicos que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.’1. ‘Los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, directores, jefes de oficina y organismos descentralizados, en su caso, serán responsables de las disposiciones que autoricen con infracción de la Constitución Federal, de la Local y de las leyes. Esta responsabilidad es sin perjuicio de la que resulte contra el gobernador.’

"Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán establece las bases de organización, funcionamiento y coordinación de la administración pública centralizada y paraestatal de la entidad. La primera está integrada por el despacho del gobernador, las secretarías, la Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia y los departamentos administrativos; la segunda, por los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos.

"De los ordenamientos locales en cita, se desprende que los órganos que conforman la administración pública centralizada dependen del Poder Ejecutivo Local, no así los organismos descentralizados, aun cuando éstos sean creados por el Congreso Estatal o bien por el Ejecutivo de la entidad, según sea el caso, toda vez que dichos entes públicos se rigen por sus propias leyes específicas, como lo son en lo particular sus leyes orgánicas o sus decretos de creación y, en lo general, por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; además, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, gozan de autonomía jurídica con respecto del Estado y están sujetos a diversos controles establecidos en los citados ordenamientos legales.

"En este contexto, si los organismos públicos descentralizados no dependen del Poder Ejecutivo Local, consiguientemente las relaciones laborales entre aquéllos y sus trabajadores, deben regularse conforme al régimen laboral establecido por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, puesto que dichos entes públicos quedan comprendidos en la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de ese mismo apartado que se refiere a las ‘empresas descentralizadas’, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales de esa Suprema Corte, anteriormente citados.

"En cambio, respecto de los órganos que conforman la administración pública centralizada, que dependen directamente del Poder Ejecutivo Local, la relación laboral con sus trabajadores se rige por el apartado B del artículo 123 constitucional, pues es éste el apartado que establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes del Estado.

"Los organismos públicos descentralizados de carácter estatal deben regirse con base en lo dispuesto por el artículo 123, párrafo segundo, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución General de la República, al decir que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales.

"Con base en las consideraciones antes mencionadas, así como en el criterio adoptado en este sentido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede afirmar que el artículo 12 impugnado es inconstitucional, en virtud de que, como ya se señaló, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, en acatamiento a lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, establece que la administración pública del Estado será centralizada y paraestatal y en esta última se encuentran los organismos descentralizados, entre otros.

"Tomando en cuenta lo anterior, se reitera que el artículo 12 combatido es inconstitucional en virtud de que establece que las relaciones laborales entre el organismo público descentralizado denominado Instituto del Deporte de Yucatán y sus trabajadores se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de la entidad de referencia, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, a pesar de que el régimen laboral de los organismos descentralizados con sus trabajadores se deba regular conforme al apartado A del precepto constitucional en mención, puesto que el instituto de mérito como organismo descentralizado no depende del Poder Ejecutivo Local.

"En este sentido, tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales transcritos, así como lo dispuesto por los preceptos 116, fracción VI y 123 párrafo segundo, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, ambos de la Ley Fundamental, se llega a la conclusión que el artículo 12 que se tilda de inconstitucional, vulnera los artículos de la Carta Magna en comento, por tanto procede que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez del precepto combatido."

TERCERO. Mediante proveído de fecha tres de junio de dos mil tres, el Ministro Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, como instructor del procedimiento y encargado de formular el proyecto de resolución respectivo.

CUARTO. Por auto de seis de junio de dos mil tres, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa, emplazó a las demandadas para que rindieran su respectivo informe; asimismo, requirió al presidente del Congreso Estatal para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos del precepto legal impugnado (página 58).

Los informes de mérito fueron presentados el veintisiete de junio de dos mil tres, por el Congreso y el Ejecutivo del Estado de Yucatán y posteriormente el procurador general de la República formuló sus alegatos.

Finalmente, por auto de seis de agosto de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor se cerró la instrucción y pasaron los autos para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo previsto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la contravención entre un precepto de la Ley del Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán y la Constitución General.

SEGUNDO. La acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, toda vez que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El precepto impugnado se publicó el dos de mayo de dos mil tres en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, por lo que el plazo de treinta días naturales para la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad, inició el día tres siguiente y concluyó el dos de junio del mismo año; de manera que si la demanda se presentó el treinta y uno de mayo de dos mil tres, en el domicilio particular del secretario autorizado en términos de lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para recibir demandas o promociones de término, resulta que fue presentada en forma oportuna.

TERCERO. A continuación, se analizará la legitimación activa para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

Por razón de técnica jurídica y para mejor entendimiento del asunto, se estudiarán por separado la legitimación activa ad causam y la legitimación activa ad procesum.

El procurador general de la República se encuentra legitimado activamente ad causam para promover la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."

De conformidad con el precepto constitucional antes citado, el procurador general de la República puede promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales.

Ahora bien, está legitimado activamente ad procesum el licenciado Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien promueve la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que acredita plenamente ostentar el cargo de procura

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17875-ffecff5e/accion-de-inconstitucionalidad-en-el-caso-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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