ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN UNA U OTRA VÍA. LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA INCLUSIÓN EN DICHOS ORDENAMIENTOS DE PRECEPTOS AJENOS A SU NATURALEZA, ES INCONSTITUCIONAL. VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LOS ARTÍCULOS 38 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, VIOLAN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL FACULTAR A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA AMPLIAR Y EXPLOTAR TRAMOS CARRETEROS DE JURISDICCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2003 Y SU ACUMULADA 11/2003. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIOS: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de octubre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintinueve de enero de dos mil tres el procurador general de la República promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, en los términos siguientes:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas. a) Autoridad emisora: Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, Distrito Federal. b) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en calle Residencia Oficial de los Pinos, número exterior conocido, colonia San Miguel Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11850, Distrito Federal.
"II. Normas generales cuya invalidez se reclama. Se demanda la declaración de invalidez de los artículos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, los cuales fueron expedidos por el Congreso de la Unión y promulgados por el presidente de la República, mismos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002."
Los artículos impugnados textualmente dicen:
"Artículo 38. Las entidades federativas y los Municipios, dentro de su territorio, podrán construir vías de comunicación vehicular paralelas a las vías de comunicación vehicular de jurisdicción federal, con el propósito de que junto con las vías de jurisdicción federal, cuenten con cuatro carriles de circulación. La entidad federativa o Municipio que construya las vías de comunicación en los términos de este artículo, a partir de la conclusión de la construcción, podrá establecer casetas de cobro por el servicio que se preste en ambas vías en el territorio de la entidad o Municipio, en términos de las disposiciones legales aplicables, asumiendo el costo de mantenimiento y conservación de las mismas.
"Cuando en las vías de comunicación vehicular a las que paralelamente se pretenda construir otra vía en los términos previstos en el párrafo anterior, ya se cobre por su uso o tránsito previamente a la construcción de la nueva vía, se requerirá que la entidad federativa o Municipio que pretendan construirla, convenga, en su caso, con la Federación o el particular que tenga concesionada la primera vía de comunicación vehicular, los términos en los que se podrían compartir los ingresos que se obtengan por el uso o tránsito de ambas vías. Esta disposición no le será aplicable a las autopistas concesionadas al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC)."
"Noveno. A las entidades federativas y los Municipios que hayan construido las vías a que se refiere el artículo 38 de esta ley, también le será aplicable lo establecido en el citado artículo."
SEGUNDO. Por diverso oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el treinta de enero de dos mil tres un total de ciento setenta diputados federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión promovieron acción de inconstitucionalidad en la que también solicitaron la invalidez de los artículos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, en términos similares a los que precisó el procurador general de la República. Tales legisladores son los siguientes:
"(1) Aceves Pérez Jaime, (2) Aguilar Moreno José Marcos, (3) Aguirre Solís Roberto, (4) Alamilla Padrón Celita Trinidad, (5) Alcalde Virgen Moisés, (6) Alcocer Flores Juan, (7) Aldana Burgos Luis Artemio, (8) Alvarado García Edgar Eduardo, (9) Álvarez Bernal María Elena, (10) Álvarez Bruneliere Silvia, (11) Álvarez Sotelo Gumercindo, (12) Anaya Llamas José Guillermo, (13) Anaya Ochoa José María, (14) Arano Montero Francisco, (15) Araujo Sánchez Enoch, (16) Arnal Palomera Eduardo, (17) Arnaud Carreño Pablo de Jesús, (18) Arredondo García Arcelia, (19) Bañales Castro José, (20) Barrón Romero Rafael, (21) Blake Mora José Francisco, (22) Borunda Zaragoza José Carlos, (23) Botello Montes José Alfredo, (24) Bravo y Mier Alfonso Guillermo, (25) Buenrostro Díaz Gustavo César Jesús, (26) Camacho Galván Hugo, (27) Campos Quiroz Nelly, (28) Candiani Galaz Mauricio Enrique, (29) Cano Cortezano Juan de la Cruz Alberto, (30) Cardona Benavidez Cuauhtémoc, (31) Castañeda Pomposo Javier Julián, (32) Castro y del Valle Manuel, (33) Cepeda Sierra Pedro Pablo, (34) Chávez Palacios María Elena, (35) Chico Goerne Cobián Francisco Javier, (36) Cisneros Gómez José Abraham, (37) Coronado Olmos Tomás, (38) Covarrubias Zavala Raúl, (39) Cuevas Barrón Gabriela, (40) Cuevas Melo Abel Ignacio, (41) De Silva Ruíz Francisco de Jesús, (42) Duarte Dávila Juan Manuel, (43) Dueñas Llerenas J. Jesús, (44) Enríquez Flores Armando, (45) Escobar Prieto Abelardo, (46) Escobedo Zoletto Neftalí Salvador, (47) Esparza Hernández Francisco, (48) Fernández González Lucio, (49) Flores Gutiérrez Carlos Alberto, (50) Funes Díaz Lionel, (51) Galarza González Adrián Salvador, (52) Galván Antillón María Eugenia, (53) García Flores Orlando Alfonso, (54) García Sepúlveda Sergio, (55) García Velázquez Raúl, (56) Garza Martínez Rómulo, (57) Gloria Morales José Antonio, (58) Gómez Mont y Urueta María Teresa, (59) González Reza Héctor, (60) Gracia Guzmán Raúl, (61) Grande López Beatriz Guadalupe, (62) Guadarrama López Francisco, (63) Gutiérrez Gutiérrez Alejandro Enrique, (64) Gutiérrez Hernández Miguel, (65) Gutiérrez Machado Miguel Ángel, (66) Hernández Rojas Mercedes, (67) Hernández Santillán Julián, (68) Hinojosa Aguerrevere Diego Alonso, (69) Jurado Contreras Francisco Ezequiel, (70) Lara Rivera Jorge Alberto, (71) León Castañeda José Gaudencio, (72) Lizárraga López Julio César, (73) López Brito Francisco Salvador, (74) López Escoffie Silvia América, (75) López Macías Victoria Ruth Sonia, (76) López Mares María Guadalupe, (77) López Orduña Salvador, (78) López Sandoval José de Jesús, (79) Lozano y Pardinas José Tomás, (80) Luna Salas José Carlos, (81) Maldonado Domínguez Óscar Romeo, (82) Mandujano Ramírez Juan, (83) Mantilla y González José Ramón, (84) Mantilla Martínez Miguel Ángel de J. (85) Martínez Colín María Cruz, (86) Martínez Cruz Miguel Ángel, (87) Martínez González Raúl, (88) Martínez Macías Martha Patricia, (89) Martínez Ramírez Manuel Braulio, (90) Medina Rodríguez Lizbeth Evelia, (91) Meza de la Rosa Gregorio Arturo, (92) Mauriño Terrazo Juan Camilo, (93) Muciño Pérez José Benjamín, (94) Narváez Narváez Manuel Arturo, (95) Navarrete González Noé, (96) Navarrete Montes de Oca Tarcisio, (97) Novales Arellano José Luis, (98) Nuñez Murillo José María Eugenio, (99) Ochoa Patrón Oscar, (100) Olvera Castillo Amado, (101) Olvera Nieto Felipe, (102) Orozco Garza Manuel Wistano, (103) Orozco Martínez Rafael, (104) Ortiz Esquivel Francisco Javier, (105) Pacheco Castañeda Vicente, (106) Padilla Silva Clemente, (107) Padrés Elías Guillermo, (108) Pallares Bueno Juan Carlos, (109) Paniagua Jiménez Ramón, (110) Pastrana Gómez Bernardo, (111) Pellegrini Pérez Germán Arturo, (112) Pérez Cruz Orestes Eugenio, (113) Pérez Esquer Marcos, (114) Pérez Noriega Fernando, (115) Ponce Contreras Ramón, (116) Ramírez Agama Rafael, (117) Ramírez Cabrera Francisco, (118) Ramírez del Valle Daniel, (119) Ramírez Nuñez Ulises, (120) Ramírez Sánchez Rafael, (121) Ricalde Magaña Alicia, (122) Reyes Roel César Patricio, (123) Ríos Bernal Jaime Tomás, (124) Rivera Cabello José María, (125) Rivera Pérez Adrián, (126) Rivera Pérez Eduardo, (127) Rodríguez Ferrusca Javier, (128) Rodríguez López José Roque, (129) Rodríguez Torres David, (130) Romero Aceves Rigoberto, (131) Romero Reyna Valdemar, (132) Sainz Lozano Juan Carlos, (133) Salazar Silva Jaime, (134) Salinas Torre Armando, (135) San Miguel Cantú Arturo, (136) Sánchez Nava Luis Fernando, (137) Sánchez Rodríguez Alfonso, (138) Sandoval Silvera Mario, (139) Santibañez García Luis Miguel, (140) Serrano Peña Mónica Leticia, (141) Sheffield Padilla Francisco Ricardo, (142) Solís Alatorre Martín Hugo, (143) Sondon Saavedra Víctor Hugo, (144) Sotelo Salgado Esteban, (145) Soto Gómez Máximo, (146) Soto Reséndiz José Ramón, (147) Storsberg Montes Heidi Gertud, (148) Taboada Contreras Héctor, (149) Julio Castellanos Ramírez, (150) Tejeda Vázquez José María, (151) Torres Origel Ricardo, (152) Torrijos Mendoza Miguel Ángel, (153) Treviño Cabello Francisco Luis, (154) Urdapilleta Nuñez Jorge, (155) Vaca Betancourt Bretón José Sergio, (156) Valenzuela Cabrales Carlos Alberto, (157) Velasco Monroy Felipe, (158) Velasco Ramos María Isabel, (159) Vicente Díaz Alfonso, (160) Vidrio Rodríguez Juvenal, (161) Vilches Mares Joel, (162) Villa Preciado Enrique Adolfo, (163) Villarreal Castro Néstor, (164) Villarreal García Luis Alberto, (165) Villegas Flores Carlos Nicolás, (166) Villegas Montes Luis, (167) Viniegra Orta Apuleyo, (168) Yoselevitz Fraustro Samuel, (169) Zapata Perogordo José Alejandro y (170) Zepeda Berrelleza Hugo Adriel."
TERCERO. El procurador general de la República expuso los conceptos de invalidez que enseguida se sintetizan.
1. Violación al principio de división de poderes (artículos 28, 49 y 73, fracciones XVII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
1.1. La división de poderes en nuestro país no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de atribuciones y funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino que entre ellas se presenta una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerza y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado en beneficio del pueblo mexicano.
1.2. El que la división de poderes en nuestro país opere de manera flexible sólo significa que entre los poderes del Estado existe una colaboración y coordinación en los términos que la propia Constitución establece, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder.
1.3. Para que un poder ejerza funciones propias de otro poder es necesario que así lo consigne expresamente la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia, según se explica en la tesis de la Séptima Época, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE."
1.4. A través de una ley ordinaria no puede el Poder Legislativo otorgar a un poder una atribución que no le sea propia o que no resulte estrictamente necesaria para hacer efectiva alguna facultad que le corresponda, como tampoco puede dicho poder, a través de la ley secundaria, limitar las facultades exclusivas de un poder o alguna atribución que a su favor consigne expresamente la Constitución, o bien, establecer a su cargo alguna obligación que implique una forma de control por otro poder, si ello no está consignado en la propia Carta Magna o deriva necesariamente de alguna de sus prevenciones.
1.5. Conforme al principio de supremacía constitucional, cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, los mismos deben estar expresamente señalados en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión tiene dentro de sus atribuciones dictar leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones relativas a las facultades y deberes de cada poder.
1.6. En ninguna de las fracciones del artículo 73 constitucional ni en algún otro artículo se otorga al Congreso de la Unión facultad alguna para autorizar a las entidades federativas y Municipios la construcción de vías de comunicación vehicular paralelas a las de jurisdicción federal, ni en las llamadas facultades implícitas se puede considerar incluida esa atribución.
1.7. La fracción XXX del artículo 73 constitucional únicamente se refiere a la expedición de leyes que, por definición, deberán ser abstractas, generales e impersonales, pero no se refiere a facultades materialmente administrativas, como la de autorizar que los Estados y Municipios puedan establecer casetas de cobro en las vías generales de comunicación.
1.8. Si bien es cierto que la fracción XVII del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, esto no significa que pueda emitir disposiciones por las que autorice a los Estados y Municipios la explotación de las vías generales de comunicación, ya que la fracción IX del artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que las carreteras que constituyen vías generales de comunicación son bienes de uso común, los que a su vez son de dominio público, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 2o. de la misma ley.
1.9. Al ser las vías generales de comunicación bienes de dominio público se requiere de concesión para su explotación, misma que corresponde otorgar al Ejecutivo Federal en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 28 constitucional, por lo que congruentes con este mandato los artículos 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 8o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, exigen que se obtenga concesión para la explotación de las carreteras federales, otorgándole tal facultad al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
1.10. Se considera que lo dispuesto por los artículos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2003, implican una violación al mencionado principio de división de poderes, ya que el Congreso Federal se excedió en sus facultades e invadió la esfera de competencia del Ejecutivo Federal al autorizar a los Estados y Municipios para que establezcan casetas de cobro en las vías generales de comunicación, esto es, al permitir que dichas entidades exploten las referidas vías.
1.11. Al permitir el Congreso de la Unión, en los artículos impugnados, que los Estados y Municipios construyan vías de comunicación vehicular paralelas a las de jurisdicción federal, así como el establecimiento de casetas de cobro por el servicio que se preste en ambas vías en el territorio del Estado o Municipio de que se trate, transgrede el antepenúltimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Federal, ya que se permite la explotación de dichas vías, sin que medie concesión del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2. Violación al artículo 16 constitucional.
2.1. Dicho precepto constitucional exige que los actos de autoridad, incluidos los legislativos, estén debidamente fundados y motivados, y para cumplir con el requisito de la debida fundamentación de las leyes es necesario que sean expedidas por quien constitucionalmente tenga facultades para ello.
2.2. Lo anterior es congruente con el artículo 133 de la Constitución Federal que da el carácter de Ley Suprema de toda la Unión a las leyes del Congreso que emanen de aquélla, mas no a las que se aparten de la misma.
2.3. Si los preceptos impugnados exceden a las atribuciones que la Constitución confiere al Congreso de la Unión, los mismos devienen inconstitucionales, toda vez que dicho órgano legislativo no estaba facultado para expedirlos.
3. Violación al artículo 116, fracción VII, constitucional.
3.1. Los artículos impugnados van en contra de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 116 constitucional, el cual establece que para que los Estados asuman el ejercicio de funciones federales o la operación de una obra, como sería el caso de la explotación de una vía general de comunicación, se requiere la celebración de convenios.
3.2. Para que los Estados puedan operar una obra federal, como es la explotación de una vía general de comunicación, se requiere la celebración de convenios con la Federación.
3.3. Los preceptos impugnados son inconstitucionales porque no podría el Ejecutivo Federal exigir la celebración de convenios que sujeten la explotación de las carreteras federales a ciertas condiciones.
3.4. El primer párrafo del artículo 38 impugnado faculta directamente a los Estados y Municipios a construir vías de comunicación paralelas a las de jurisdicción federal y a establecer casetas de cobro, sin que tengan que convenir con el Ejecutivo lo necesario para asegurar el interés general, ya que el convenio a que se hace referencia en el segundo párrafo únicamente se constriñe a la celebración de convenios para el cobro de peaje.
3.5. Los artículos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 no respetan lo previsto en la fracción VII del artículo 116 constitucional, sino que de manera subrepticia le pretenden transferir a los Estados y Municipios la explotación de las vías generales de comunicación, sin que medie concesión otorgada por el Ejecutivo Federal o convenio celebrado con éste.
4. Violación al artículo 133 constitucional.
4.1. Dichos preceptos transgreden el artículo 133 de la Constitución Federal, el cual consagra el principio de supremacía constitucional e impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Ley Fundamental, al cual deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, en virtud de que el Congreso de la Unión se arrogó facultades que le competen al titular del Poder Ejecutivo Federal.
5. Violación a los artículos 117, fracción IV y 124 constitucionales.
5.1. Se conculca el artículo 117, fracción IV, de la Ley Fundamental, el cual dispone que los Estados en ningún caso podrán gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen sus territorios.
5.2. Al prever el artículo 38 impugnado que los Estados y Municipios podrán establecer un cobro por el derecho de tránsito en las carreteras que al efecto construyan, paralelas a las federales, indiscutiblemente podrán gravar el libre tránsito de las personas, situación que es violatoria del artículo 117 constitucional, pues aun siendo de jurisdicción estatal las carreteras que se construyan en su territorio, no las facultan para realizar el cobro que abarca también a las carreteras federales paralelas.
5.3. Al no tener los Estados y Municipios la facultad de cobrar el tránsito de personas a través de derechos por el uso de vías generales de comunicación, se viola el artículo 124 constitucional que refiere: "Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
5.4. Del citado precepto constitucional se desprende el sistema de distribución de competencias, conocido como facultades residuales para los Estados, es decir, que las facultades otorgadas a la Federación deben estar expresamente consignadas en nuestra Carta Magna y salvo en los casos específicamente previstos en nuestro Máximo Ordenamiento, los poderes locales podrán colaborar con los federales.
5.5. En el caso concreto existe una facultad expresa en la Norma Suprema a favor del titular del Poder Ejecutivo Federal que consiste en concesionar la prestación de servicios públicos y su explotación, uso y aprovechamiento, por lo que los Estados y Municipios no tienen tal atribución y, en consecuencia, se transgrede el artículo 124 de la Constitución Federal.
6. Violación al artículo 134 constitucional.
6.1. Los artículos impugnados transgreden lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, porque la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
6.2. Los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, disponen que se requiere concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos federales, y que la concesión de que se trate se otorgará mediante concurso público (licitación). En este sentido, es evidente que los numerales cuya invalidez se solicita transgreden el artículo 134 constitucional, toda vez que permiten a los Estados y Municipios la construcción de vías de comunicación vehicular paralelas a las federales, así como el establecimiento de casetas de cobro en dichas vías, sin que éstas sean sometidas a licitación alguna, como lo ordena el precepto 134 de la Carta Magna.
CUARTO. Los diputados federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, en forma coincidente, expusieron conceptos de invalidez similares o iguales a los precisados en el considerando que antecede, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se dan por reproducidos en su mayoría y sólo resulta conveniente sintetizar aquellos que son distintos o adicionales de los que hizo valer el procurador general de la República, a saber:
1. Violación al principio de división de poderes (artículo 49 constitucional).
1.1. A través de los artículos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, el Congreso de la Unión se excedió en sus facultades e invadió la esfera de competencia del Ejecutivo Federal, ya que en vez de dictar una ley en sentido material dio al Ejecutivo una orden particular, concreta y personal que va más allá de sus facultades constitucionales.
1.2. Facultar a los Estados y Municipios a construir una carretera paralela a la federal y autorizarlos a cobrar en la vía federal es inconstitucional. Es como si el Congreso pretendiera que en los inmuebles de los tribunales federales en las entidades federativas, adquiridos con cargo al presupuesto del Poder Judicial Federal, los gobiernos locales construyeran anexos para luego rentarlos.
1.3. El Congreso de la Unión no puede dar órdenes de esa naturaleza a los otros poderes, ya que no lo permite la Carta Magna. Tampoco puede ordenar a los otros poderes le proporcionen información si no lo prevé la Ley Fundamental. Por ejemplo, no puede ordenar al Poder Judicial le informe sobre un amparo si no tiene el carácter de parte. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno conforme a la tesis de rubro: "INFORMES ENTRE PODERES. SÓLO PROCEDEN CUANDO, DE MANERA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, ESTÉN CONSIGNADOS EN LA CONSTITUCIÓN."
1.4. Las facultades del Poder Legislativo respecto de los otros poderes son las expresamente señaladas en la Constitución, y entre ellas no se encuentra la de dar al Ejecutivo Federal órdenes concretas, como la que se contiene en los artículos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno en la tesis que lleva por rubro: "PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN."
2. Violación al artículo 14 constitucional.
2.1. Los artículos impugnados van en contra de lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, ya que se priva parcialmente a la Federación de disponer la explotación de las vías generales de comunicación -las cuales tienen el carácter de bienes de dominio público de la Federación- sin que medie juicio.
2.2. El segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Fundamental dispone: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Ni el legislador federal puede privar a una persona de sus propiedades o bienes. En el caso de la expropiación es la propia Constitución la que establece esa figura en el artículo 27 constitucional y el legislador no puede expropiar directamente, sino que se concreta a establecer las causas de utilidad pública y el procedimiento respectivo.
2.3. El artículo noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación es de aplicación retroactiva, lo que va en contra de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 14 constitucional, que dice: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Dicho precepto legal dispone la aplicabilidad de lo establecido en el artículo 38, respecto de las vías construidas por los Gobiernos Estatales y Municipales, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, lo que afecta retroactivamente al patrimonio federal.
3. Violación al artículo 22 constitucional.
3.1. Los artículos 38 y noveno transitorio se traducen en una confiscación, ya que se priva a una persona de derecho público de un bien sin que medie contraprestación. Ello pugna con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Fundamental, el cual prohíbe la confiscación de bienes al disponer: "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales."
4. Violación al artículo 13 constitucional.
4.1. Dicho precepto prohíbe las leyes privativas. Una ley, por definición, es una norma de carácter general, abstracta e impersonal, sancionada por el poder público, si no tiene esas características, como es el caso del citado transitorio, se estará frente a una ley privativa.
4.2. Si se analiza el artículo noveno transitorio impugnado se puede apreciar que no cumple con el carácter general, abstracto e impersonal que deben tener las leyes. Además, es una norma que desaparece después de aplicarse a los casos previstos y determinados de antemano, características de las leyes privativas. El artículo noveno transitorio es una ley privativa ya que va dirigida a un Gobierno Local, específicamente determinado, por más que para evitar citar a un Estado en particular utiliza términos genéricos, como si con eso se pudiera ocultar que se trata de una ley privativa. No obsta para considerar privativa a una ley el que ésta no designe por su nombre a las personas, cuando de manera implícita así lo hace. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que lleva por rubro: "LIBERTAD DE TRABAJO. EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE RESTRINGIR ESA GARANTÍA A GOBERNADOS EN PARTICULAR."
5. Violación al artículo 26 constitucional.
5.1. Se transgrede dicho precepto constitucional porque para que los Estados puedan operar una obra federal, como es la explotación de una vía general de comunicación, se requiere la celebración de convenios con la Federación.
5.2. El Congreso de la Unión no puede establecer la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, sino en los casos expresamente previstos en la Carta Magna, como son los establecidos en diversas fracciones del artículo 73 constitucional: educación (fracción XXV), asentamientos humanos (fracción XXIX) y protección al ambiente (fracción XXIX-G).
6. Violación a la fracción H del artículo 72 constitucional.
6.1. Los preceptos legales impugnados son inconstitucionales porque la discusión de los proyectos de ley sobre contribuciones o impuestos, como es el caso de la Ley de Ingresos, debe comenzar necesariamente en la Cámara de Diputados y no en la de Senadores, como sucedió con los numerales mencionados. La citada fracción dispone: "H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.". Por regla general, las iniciativas de ley pueden presentarse indistintamente en cualquiera de las Cámaras, salvo en los casos expresamente previstos en la Constitución, como es el de las contribuciones o impuestos que deben presentarse en la Cámara de Diputados.
6.2. Si bien ambas Cámaras pueden introducir modificaciones a las iniciativas que se someten a su consideración, ello no sucede así en el caso de nuevas contribuciones o impuestos en que la adición debe tener como Cámara de Origen a la de Diputados.
6.3. La carga establecida para la Federación de que las carreteras por ella construidas se exploten gratuitamente por los Estados o Municipios, se refiere en el fondo a una contribución; tan es así que por eso se estableció en la Ley de Ingresos, y aun cuando no cumple con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad y de destino a un gasto público, sí debió cumplir con lo dispuesto en la fracción H del artículo 72 constitucional que establece que las iniciativas sobre contribuciones o impuestos deben discutirse primero en la Cámara de Diputados.
6.4. Los artículos impugnados son inconstitucionales al tratarse en el fondo de una contribución y haber tenido como Cámara de Origen la de Senadores. Así lo resolvió el Pleno de nuestro más Alto Tribunal al declarar inconstitucional el "impuesto suntuario"
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17805-c03594bf/accion-de-inconstitucionalidad-y-controversia-constitucional-la-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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