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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2003 Y SU ACUMULADA 8/2003. · Registro digital (IUS): 17942
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS FEDERALES INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, , Pág. 383.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2003 Y SU ACUMULADA 8/2003. DIPUTADOS FEDERALES INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de enero de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficios presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete y el veintinueve de enero de dos mil tres, respectivamente, Guillermo Padrés Elías, Enrique Adolfo Villa Preciado, Nestor Villarreal Castro, Tomás Coronado Olmos, Rafael Ramírez Sánchez, Raúl Covarrubias Zavala, Enoch Araujo Sánchez, Alonso Ulloa Vélez, Héctor Taboada Contreras, María Teresa Tapia Bahena, José María Tejeda Vázquez, Ricardo Torres Origel, Miguel Ángel Torrijos Mendoza, Luis Trejo García, Francisco Luis Treviño Cabello, Sergio R. Vaca Betancourt Bretón, Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, María Isabel Velasco Ramos, Alfonso Vicente Díaz, Joel Vilches Mares, Luis Alberto Villarreal García, Luis Villegas Montes, Apuleyo Viniegra Orta, Fernando Ugalde Cardona, Jorge Urdapilleta Núñez, Samuel Yoselevitz Fraustro, José de Jesús Hurtado Torres, José María Anaya Ochoa, Jaime Aceves Pérez, Arcelia Arredondo García, José Marcos Aguilar Moreno, Roberto Aguirre Solis, Celita Alamilla Padrón, Juan Camilo Mouriño Terrazo, José Alejandro Zapata Perogordo, Hugo Ariel Zepeda Berrelleza, Noé Navarrete González, Luis Artemio Aldana Burgos, Edgar Eduardo Alvarado García, María Elena Álvarez Bernal, Silvia Álvarez Bruneliere, Gumersindo Álvarez Sotelo, Francisco Arano Montero, Eduardo Arnal Palomera, Pablo de Jesús Arnaud Carreño, Benjamín Ávila Márquez, Martha Ruth del Toro Gaytán, Cobian Francisco J. Chico Goerne, Gabriela Cuevas Barrón, Abel Ignacio Cuevas Melo, Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Javier Julián Castañeda Pomposo, Julio Castellanos Ramírez, Manuel Castro y Del Valle, Pedro Pablo Cepeda Sierra, José Abraham Cisneros Gómez, José Bañales Castro, José Francisco Blake Mora, Bernardo Borbón Vilches, José Carlos Borunda Zaragoza, José Alfredo Botello Montes, Alfonso Guillermo Bravo y Mier, Roberto Eugenio Bueno Campos, Gustavo César Buenrostro Díaz, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Hugo Camacho Galván, Nelly Campos Quiroz, Mauricio Enrique Candiani Galaz, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, Arturo Díaz Ornelas, J. Jesús Dueñas Llerenas, Abelardo Escobar Prieto, Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Francisco Esparza Hernández, Silvestre E. Faya Viesca, Francisco Javier Flores Chávez, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Adrián Salvador Galarza González, María Eugenia Galván Antillón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Orlando Alfonso García Flores, Rómulo Garza Martínez, Raúl García Velázquez, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Héctor González Reza, Emilio Rafael José Goicoechea Luna, Raúl Gracia Guzmán, Beatriz Guadalupe Grande López, Francisco Guadarrama López, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Miguel Gutiérrez Hernández, Miguel Ángel Gutiérrez Machado, Mercedes Hernández Rojas, Julián Hernández Santillán, Fernando Herrera Ávila, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Marco Vinicio Juárez Fierro, Francisco Ezequiel Jurado Contreras, Jorge Alberto Lara Rivera, Víctor León Castañeda, Julio César Lizárraga López, Francisco Salvador López Brito, Silvia América López Escoffié, Victoria Ruth López Macías, María Guadalupe López Mares, Salvador López Orduña, José de Jesús López Sandoval, José Tomás Lozano y Pardinas, José Carlos Luna Salas, Óscar R. Maldonado Domínguez, Juan Mandujano Ramírez, Miguel Ángel Mantilla Martínez, José R. Mantilla y González de la Llave, Tereso Martínez Aldana, María Cruz Martínez Colín, Miguel Ángel Martínez Cruz, Raúl Martínez González, Martha Patricia Martínez Macías, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, Héctor Méndez Alarcón, Gregorio Arturo Meza de la Rosa, José Manuel Minjares Jiménez, César Alejandro Monraz Sustaita, Martín Gerardo Morales Barragán, José Benjamín Muciño Pérez, Humberto Muñoz Vargas, Vicente Pacheco Castañeda, Clemente Padilla Silva, Ramón Paniagua Jiménez, Bernardo Pastrana Gómez, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Manuel Arturo Narváez Narváez, José Luis Novales Arellano, José María Eugenio Núñez Murillo, Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez, Amado Olvera Castillo, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Rafael Orozco Martínez, Rodrigo David Mireles Pérez, Francisco Ramírez Cabrera, Daniel Ramírez del Valle, Griselda Ramírez Guzmán, Carlos Raymundo Toledo, Fernando Pérez Noriega, Ramón Ponce Contreras, Francisco Raúl Ramírez Ávila, Jaime Tomás Ríos Bernal, César Patricio Reyes Roel, Mario Reyes Oviedo, José María Rivera Cabello, José Rivera Carranza, Eduardo Rivera Pérez, Javier Rodríguez Ferrusca, José Roque Rodríguez López, David Rodríguez Torres, Rigoberto Romero Aceves, Valdemar Romero Reyna, Verónica Sada Pérez, Jaime Salazar Silva, Armando Salinas Torre, Luis Fernando Sánchez Nava, Alfonso Sánchez Rodríguez, Mónica Leticia Serrano Peña, José Ramón Soto Resendiz, Arturo Sanmiguel Cantú, Luis Miguel Santibáñez García, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Martín Hugo Solis Alatorre, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Estebán Sotelo Salgado y Máximo Soto Gómez, quienes se ostentaron como diputados federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión y Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se señalan:

Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas, respectivamente:

Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores y presidente de la República.

Normas generales impugnadas:

Por los diputados federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión:

"a) La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2003, sólo en cuanto a su artículo sexto transitorio."

Por el procurador general de la República:

"Se demanda la declaración de invalidez del artículo sexto transitorio de las Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2002 y 2003, expedidas por el Congreso de la Unión y promulgadas por el presidente de la República, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación de 1o. de enero y 30 de diciembre de 2002, respectivamente."

SEGUNDO. Los diputados promoventes señalaron como antecedentes de la norma cuya invalidez solicitan, los que a continuación se transcriben:

"La norma general cuya invalidez se reclama tiene como antecedente el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, que estableció: ‘La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá de manera no onerosa el 20% de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral a los Gobiernos de los Estados y el 6% de las mismas a los Municipios donde se encuentren operando las referidas Administraciones Portuarias Integrales, siempre y cuando así lo soliciten los Estados y Municipios interesados y se trate de administraciones en las que la Federación tenga más del 76% de las acciones.’. En efecto, el actual artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 establece que el artículo sexto transitorio de la ley del ejercicio anterior seguirá en vigor durante el presente ejercicio fiscal y además prevé que se pueda transferir otro 20% de las acciones de la Federación a los Gobiernos de los Estados, y otro 6% a los Municipios: ‘Sexto. Con respecto a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, éste seguirá en vigor durante el presente ejercicio fiscal, para el efecto de que concluyan los procesos de transferencia no onerosa a que alude dicho precepto, así como para que la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades vigile el debido cumplimiento de la entrega no onerosa de las acciones de las Administraciones Portuarias Integrales a los Estados y Municipios, en los términos previstos en el referido artículo transitorio. Igualmente y en adición a lo previsto en el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá de manera no onerosa otro 20% de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral a los Gobiernos de los Estados y otro 6% de las mismas a los Municipios donde se encuentren operando las referidas Administraciones Portuarias Integrales, siempre y cuando así lo soliciten los Estados y Municipios interesados.’. Ahora bien, de conformidad con los artículos 73, fracciones VII y VIII, y 64, fracción IV, de nuestra Carta Magna, el titular del Poder Ejecutivo Federal debe hacer llegar a la H. Cámara de Diputados federales a más tardar el 15 de noviembre de cada año (excepto cuando se trate del primer año en que el presidente de la República inicie su encargo) la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos; la H. Cámara de Diputados federales tiene la facultad exclusiva de examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primeramente las contribuciones que deben decretarse para cubrirlo y, por su parte, al H. Congreso de la Unión corresponde aprobar cada año la Ley de Ingresos e imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. En cumplimiento de lo anterior, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de noviembre del año pasado presentó ante la H. Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, constando de 61 páginas que contienen 4 rubros, 37 artículos ordinarios y 4 artículos transitorios, sin que en ninguno de ellos se hiciera mención a que el titular del Poder Ejecutivo Federal pretendiera transferir a los Estados o Municipios -a solicitud de éstos- algún porcentaje de las acciones mercantiles pertenecientes al Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos sobre las Administraciones Portuarias Integrales que son empresas de participación estatal mayoritaria existentes en 16 puertos nacionales. A pesar de ello, en la sesión plenaria celebrada en el mes de diciembre del año próximo pasado en la H. Cámara de Diputados federales, cuando se analizaba la iniciativa de Ley de Ingresos para el 2003, varios diputados de otros grupos parlamentarios propusieron que en un artículo transitorio se estableciera la obligación para la Secretaría de Hacienda de transferir de manera no onerosa otro 20% y 6% de las acciones de las Administraciones Portuarias Integrales a los Gobiernos de los Estados y Municipios, esto es, adicionalmente al 20% y 6% contemplado en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2002, lo que fue rechazado por votación mayoritaria en contra, turnándose en esas condiciones a la H. Cámara de Senadores para su estudio el dictamen que aprobó la Ley de Ingresos para el 2003. La colegisladora hizo modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2003, siendo una de ellas la que impugnamos, consistente en agregar al artículo sexto transitorio un segundo párrafo ordenando que adicionalmente (además del 20% y 6% de las acciones previstos en la anterior Ley de Ingresos, que se ratificó para este año) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiera de manera no onerosa otro 20% de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral a los Gobiernos de los Estados, y otro 6% de las mismas a los Municipios donde se encuentren operando las referidas Administraciones Portuarias Integrales, siempre y cuando así lo soliciten los Estados y Municipios interesados. Luego de un prolongado debate en el que los diputados federales del Partido Acción Nacional nos opusimos a esa modificación proveniente de la H. Cámara de Senadores porque contraviene a todas luces la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo en la tribuna argumentos que convencieron a varios diputados de otros partidos de que teníamos la razón, llevándolos a votar en unión de los suscritos en contra, desafortunadamente fue aprobada, quedando el artículo sexto transitorio como aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuyo texto inobserva y viola los preceptos de nuestra Carta Magna, que en el inciso IV especificamos."

TERCERO. Los promoventes esgrimieron los siguientes conceptos de invalidez.

Los diputados federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión:

"Primero. Violación a los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios de legalidad y de autoridad competente en que se sustenta dicha Ley Fundamental. De acuerdo a nuestro régimen constitucional, las autoridades actúan con base en facultades expresas y limitadas. Las atribuciones que la Constitución confiere a los Poderes de la Unión definen su esfera de competencia, por lo que sólo pueden ejercer aquellas que les confiere el orden jurídico. De las atribuciones que la Constitución y otras leyes otorgan al Congreso de la Unión, ninguna le faculta para transferir gratuitamente a entidades federativas y Municipios, donde operan Administraciones Portuarias Integrales, el 20% y el 6% de sus acciones, respectivamente, tal como lo aprobó el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2003. En efecto, la Constitución concede al Congreso de la Unión facultades en materia fiscal, entre otras, la de aprobar anualmente la Ley de Ingresos, que de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ‘las Leyes de Ingresos no constituyen sino un catálogo de gravámenes tributarios, que condicionan la aplicación de las referidas disposiciones impositivas de carácter especial, pero que no renuevan la vigencia de estas últimas, que deben estimarse en vigor desde su promulgación, en forma ininterrumpida hasta que son derogadas.’ ... Conforme a dicho criterio, la Ley de Ingresos de la Federación debe limitarse a establecer los gravámenes fiscales que serán fuente de recaudación para un ejercicio fiscal determinado, conforme a las leyes fiscales especiales. Los artículos 73, fracciones VII y VIII, y 74, fracción IV, constitucionales, sirven de fundamento para que el Congreso de la Unión expida la Ley de Ingresos de la Federación, cuya iniciativa será presentada por el Ejecutivo ante la Cámara de Diputados que, como Cámara de Origen, discutirá primero las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto de egresos de la Federación. De lo anterior se deduce que la Ley de Ingresos no puede tener un contenido diferente al que le impone la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen. La disposición contenida en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2003, en el que se ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferir un porcentaje de las acciones del Gobierno Federal a favor de los Estados y Municipios para el ejercicio fiscal de 2003, no está prevista en el orden jurídico mexicano como atribución del Congreso de la Unión. El citado artículo transitorio viola los principios de legalidad y competencia, consistentes en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, reconocido por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, páginas 69 y 70, tesis de jurisprudencia número 87, que a continuación se transcribe. ‘AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.’. Segundo. Violación a los artículos 49, 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 49 de nuestro Código Supremo establece el principio de la división de poderes, parte esencial de la democracia. Conforme a dicho principio, un poder no está autorizado para realizar funciones de otro a menos que expresamente lo autorice la Constitución, en cuyo caso estaríamos en presencia de lo que la doctrina llama colaboración de poderes. La transferencia de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral ordenada en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación a favor de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios donde se encuentren operando dichas sociedades mercantiles, constituye evidentemente una intromisión del Poder Legislativo en las funciones que son propias del Poder Ejecutivo. Sin lugar a duda, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos invadió la esfera de competencia del Poder Ejecutivo Federal, quebrantando el principio de la división de poderes consagrado por el artículo 49 constitucional. Conforme a lo establecido por el artículo 33, fracción VII, de la Ley de Puertos, únicamente el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá autorizar la cesión de derechos y obligaciones derivados de una concesión. Dicho precepto establece que las concesiones en materia de puertos pueden ser revocados por ‘ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la secretaría, salvo lo dispuesto en los artículos 20 último párrafo y 30 segundo párrafo de la presente ley’. De lo que se desprende que para cualquier transmisión de derechos de una concesión se requiere la autorización del Ejecutivo Federal, a través de la secretaría mencionada, pues de lo contrario daría motivo a su revocación. La transmisión de acciones a que se refiere el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, no deriva de un acto voluntario del Gobierno Federal, sino de un mandato que le impone el Poder Legislativo a través de dicha ley. Por ende, hay invasión de esferas, pues la Ley de Puertos exige la autorización del Ejecutivo para la transmisión de derechos de una concesión. Además, el Congreso de la Unión carece de facultades constitucionales para ordenar al Gobierno Federal el traspaso de sus acciones a un tercero, sin respetar el orden jurídico que regula y protege los derechos derivados de las acciones. También se da una invasión de esferas de competencia y, como consecuencia, un quebranto a la división de poderes, ya que el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación tiene como efecto disminuir la participación accionaria del Gobierno Federal en el capital social de las Administraciones Portuarias Integrales en menos del 50%, dejando de tener la naturaleza jurídica de empresas de participación estatal mayoritaria, lo que contraviene el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, conforme al cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la enajenación de la participación estatal o, en su caso, su disolución o liquidación, siempre que ya no resulte conveniente conservarla como entidad paraestatal, desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Tercero. Se contravienen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la garantía de seguridad jurídica y la garantía de legalidad. El párrafo segundo del artículo 14 constitucional, a la letra dice: ‘... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. Por su parte, el párrafo primero del artículo 16 establece que: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. El artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de transferir -cuando así se lo soliciten- de manera no onerosa las acciones de la Federación en un 20% a los Gobiernos de los Estados y en un 6% a los Municipios de las Administraciones Portuarias Integrales. Esto en el caso de que se trate de administraciones en que la Federación tenga más del 76% de las acciones, es decir, se trata de empresas de participación estatal mayoritaria, de conformidad con el inciso A) de la fracción II del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que gozan de tal carácter las sociedades de cualquier naturaleza en que el Gobierno Federal sea propietario de más del 50% del capital social. Asimismo, el segundo párrafo del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transferir, en adición a lo expuesto en el párrafo anterior, otro 20% a los Estados y otro 6% a los Municipios, transferencia que también se realiza a título gratuito. De esta forma se concluye que el precepto impugnado por contravenir a la Ley Fundamental, tampoco observa lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que a la letra dice: ‘Cuando alguna empresa de participación estatal mayoritaria no cumpla con el objeto a que se contrae el artículo 30 o ya no resulte conveniente conservarla como entidad paraestatal desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a la opinión de la dependencia coordinadora de sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la enajenación de los títulos representativos del capital de la administración pública federal (sic) se procederá en los términos que se disponen en el artículo 68 de esta ley. En los casos en que se acuerde la enajenación, en igualdad de condiciones y respetando los términos de las leyes y de los estatutos correspondientes, los trabajadores organizados de la empresa tendrán preferencia para adquirir los títulos representativos del capital de los que sea titular el Gobierno Federal.’. Como las empresas de participación estatal mayoritaria deben regirse por las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 no contempla el procedimiento establecido en la misma para las enajenaciones de la participación estatal en el caso de las Administraciones Portuarias Integrales, además en ninguna parte se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proponga al Ejecutivo la enajenación de éstas y, por supuesto, mucho menos se establece que se atienda la opinión de la dependencia coordinadora de sector, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; se viola la seguridad jurídica y la legalidad. En efecto, no existe seguridad jurídica en la transferencia que ordena el multicitado artículo transitorio y no se respeta lo establecido en las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, en lo relativo a la enajenación de la participación estatal, pues no se prevé que se realice conforme a los procedimientos legales establecidos para las empresas de participación estatal mayoritaria. Cuarto. Se violenta el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la inobservancia de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales violenta el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: ‘La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos.’. Toda vez que el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 establece un procedimiento para la enajenación de la participación de la Federación en las Administraciones Portuarias Integrales, transgrediendo la Ley Fundamental, pues ésta señala que debe ser en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal donde se defina la intervención del Ejecutivo Federal en la operación de las entidades paraestatales; asimismo, establece la Constitución que las leyes determinan las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, en este caso, es la Ley Federal de las Entidades Paraestatales la que prevé en su artículo 32 el procedimiento para la enajenación de la participación estatal. Por tanto, el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 no observa lo ordenado por el artículo 90 de la Carta Magna y, aunado a esto, el procedimiento que establece dicho artículo sexto transitorio es contrario al previsto en el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Por lo antes expuesto se concluye que el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, conculca y violenta de manera clara, contundente e inequívoca los artículos 14, 16 y 90 constitucionales. Es incuestionable que no observa las garantías de seguridad jurídica y de legalidad y, asimismo, contraviene lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto. Se transgreden los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 80 constitucional señala que el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo que se denominará ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’, lo que no deja lugar a dudas en relación con la naturaleza unipersonal del Ejecutivo Federal y de la única línea de mando que deriva de esta situación, referente a la relación de subordinación jerárquica que guardan tanto las dependencias federales como las entidades de la administración pública federal respecto al presidente de la República. Asimismo, el artículo 89 de la Constitución General establece entre otras facultades y obligaciones del presidente de la República, la de ‘promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia’, situación que involucra únicamente, como es de esperarse, a los ordenamientos y disposiciones que emita el Poder Legislativo Federal en ejercicio de las facultades que constitucionalmente le han sido conferidas. Por su parte, el artículo 90 de la Norma Suprema establece, en lo conducente, que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, siendo también la ley la que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Queda claro que el Constituyente dispuso que lo referente a las entidades paraestatales permaneciera dentro del ámbito exclusivo del Ejecutivo Federal. Pues bien, en primer término, la norma que se impugna violenta el artículo 80 constitucional, si se considera que como el Poder Ejecutivo Federal se deposita en un solo individuo -según se precisó-, y de él dependen jerárquicamente las dependencias y entidades que integran la administración pública federal, el hecho de que en un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, el Congreso de la Unión pretenda girar una instrucción directa a una dependencia del Ejecutivo Federal -como es la Secretaría de Hacienda-, mediante la cual basta una simple solicitud de las autoridades locales para que la secretaría aludida actúe de conformidad, contraviene flagrantemente lo dispuesto en la Carta Magna. De haber estimado el Constituyente que sobre las dependencias de la administración pública federal deben tener potestades las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, así lo hubiera dispuesto. No lo hizo (sic). En segundo lugar, el artículo 6o. (sic) transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación también contraviene el artículo 89 constitucional, porque en ninguna de sus fracciones se consigna la obligación para el Ejecutivo Federal de acatar una disposición emitida por el Congreso de la Unión cuando éste actúa sin fundamentarse ni tener facultades para ello. Al aprobar una norma así, el Congreso está haciendo caso omiso del principio de legalidad consagrado en el numeral 16 constitucional. Si se concede que el Congreso de la Unión puede establecer obligaciones a cargo del Ejecutivo Federal sin fundamentar dichas obligaciones en la Constitución o en las leyes específicas de la materia, se hace nugatoria la función de equilibrio y respeto entre poderes constituidos que tutela la propia Norma Suprema. Finalmente, como el artículo 90 constitucional señala que será en la ley orgánica de la materia en la que se definirán las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su op

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17942-b8e98090/accion-de-inconstitucionalidad-procede-sobreseer-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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