MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO QUE PREVÉ EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDO PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDAN OBTENER DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES CONSTITUCIONAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO QUE ESTABLECE COMO AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES AQUÉLLOS TIENEN DERECHO A PARTICIPAR CON VOZ, EN EL CITADO INSTITUTO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2003 Y SU ACUMULADA 3/2003. PARTIDOS ALIANZA SOCIAL Y DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de febrero de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escritos presentados el veinte de diciembre de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y veintisiete de diciembre del propio año en el domicilio del secretario de la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de este Alto Tribunal, autorizado para recibir demandas y promociones a que se refieren el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, fuera del horario de labores, Guillermo Calderón Domínguez y Gustavo Riojas Santana, quienes se ostentaron como presidentes de los Comités Ejecutivos Nacionales de los Partidos Alianza Social y de la Sociedad Nacionalista, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general impugnada:
Congreso del Estado de Tabasco.
Gobernador del mismo Estado.
Norma cuya inconstitucionalidad se demanda:
Las reformas a la Constitución Política del Estado de Tabasco, concretamente por lo que se refiere a los artículos 9o., fracción IV, inciso a) y 14, fracción II, contenidas en el Decreto 192, y los artículos primero y segundo transitorios del propio decreto.
SEGUNDO. El Partido Alianza Social no señaló antecedentes de la norma general que impugna.
Por su parte, el Partido de la Sociedad Nacionalista señaló como antecedentes los siguientes:
"1. Es el caso que mediante el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 17414, de fecha 27 de noviembre de 2002, se publicó el Decreto Número 192 de la Cuadragésima Séptima (sic) Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el que se reforma, entre otros, el artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación (28 de noviembre de 2002), de conformidad con el artículo primero transitorio del mismo decreto. 2. Por lo que, en específico, con la reforma del mencionado artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se establece en la fracción IV lo siguiente: ‘Artículo 9o. El Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se refiere a su régimen interior, dentro de los lineamientos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... IV. La organización de las elecciones estatales, distritales y municipales es una función pública del Estado que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos, nacionales y locales, que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, así como los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores. a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco será autoridad competente en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El consejo estatal, será su órgano superior de dirección y se integrará por siete consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. ...’. Que como se puede observar, en forma obvia ataca los derechos constitucionales otorgados a mi representada por el artículo 41 constitucional, dejándolo en evidentes condiciones de inequidad ante el resto de los partidos políticos que obtuvieron el 2% de la votación establecida por esta nueva norma y que incluso tienen representación en el órgano emisor del decreto, colocando a los partidos que no contamos con tales antecedentes en un absoluto estado de indefensión. 3. Asimismo, el artículo primero transitorio del Decreto 192 que se repele establece: ‘Transitorios: Primero. El presente decreto, una vez cumplido el procedimiento previsto en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’. Manifestamos nuestra inconformidad con lo establecido en el artículo transitorio primero que permite la publicación y entrada en vigor de dicha norma. 4. Asimismo, el Decreto 192, descrito en el párrafo que antecede, establece como segundo artículo transitorio el siguiente: ‘Artículo segundo. El Congreso Local, ajustará las disposiciones legales de leyes orgánicas y secundarias que fueren necesarias, a más tardar a los 30 días posteriores a su publicación. Asimismo, en un término no mayor a 90 días deberá expedir la ley que regule los instrumentos de participación ciudadana, contenidos en este decreto la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (sic), tomando en cuenta que se trata de años electorales.’. Precepto transitorio que mandata en forma evidente actos que de llevarse a cabo atentarían contra el contenido de lo establecido por el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 constitucional. 5. Con la aplicación del referido artículo 9o. recién publicado, se da una clara violación a los preceptos constitucionales federales, son en forma heteroaplicativa (sic) en el sentido de que el legislador pretende nulificar posibilidades de participación en la vida democrática de esa entidad, al conculcar el derecho que tiene todo partido político de participar en la integración de los órganos electorales como el Consejo Estatal Electoral, que como el mismo artículo que se repele establece, será el órgano superior de dirección en el que se toman las decisiones electorales de mayor relevancia, información a la que mi representada tiene derecho, así como acceso a la participación correspondiente, de acuerdo al contenido del artículo 41 de la Constitución General de la República, haciendo privativo este derecho a aquellos partidos políticos que tienen representación en el órgano modificador, colocando a los partidos políticos que cuentan con dichos antecedentes (sic) en una situación de evidente inequidad y que de hecho tienen representación en ese órgano que hoy pretende conculcar los derechos de mi representada. Es decir, lejos de facilitar a los partidos políticos con menor fuerza electoral el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, lo limita e impide, afectando con ello las posibilidades de participación y crecimiento del Partido de la Sociedad Nacionalista en esa entidad desde el momento de su aplicación al negarle las posibilidades de contar con financiamiento público para la operación de sus actividades generales ..."
TERCERO. El Partido Alianza Social señaló como conceptos de invalidez los siguientes:
"La reforma realizada al artículo 14 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y la aplicación del artículo transitorio primero del Decreto 192 por el cual se publica dicha modificación, resultan violatorios de los preceptos constitucionales federales 1o., 14, 41 y 133, en el sentido de que el legislador estatal pretende transformar la forma de Gobierno Local y así dificultar la participación del Partido Alianza Social en las elecciones del Estado de Tabasco, llevando de un pluripartidismo a un tripartidismo puro, al incrementar el porcentaje mínimo de votación para acceder a las diputaciones por el principio de representación proporcional, es decir, lejos de permitir que en las contiendas electorales los ciudadanos puedan elegir a sus representantes populares, de entre la diversidad de ideologías partidistas que les son presentadas, con la instalación de un tripartidismo, los limita a realizar la elección sobre una de las tres únicas opciones que se le presentan, cuando podría tener más opciones, violándose consecuentemente la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: ‘Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. ... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.’. Debe mencionarse que cuando el artículo anterior alude al término ‘individuo’ debe atenderse que también se incluye a las personas jurídicas o morales, es decir, a aquellos entes como lo son los partidos políticos a quienes se les reconoce personalidad jurídica propia, además de que son entidades de interés público, por así reconocerlo la propia Constitución Federal y otros ordenamientos legales federales; dado lo anterior, son acreedores de las garantías a que se refiere el artículo antes transcrito. Aunado a lo anterior, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ‘El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. ...’. De la parte transcrita del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que: a) Las Constituciones Particulares de los Estados no pueden, en ningún caso, contravenir las estipulaciones del Pacto Federal; b) Que los partidos políticos nacionales son entidades de interés público y que la ley electoral secundaria determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral; c) El derecho que tienen los partidos políticos nacionales de participar en las elecciones estatales y municipales; d) Que son tres los fines que deben de cumplir los partidos políticos: 1. Promover la participación del pueblo en la vida democrática; 2. Contribuir a la integración de la representación nacional; y 3. Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; y e) Que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Ahora bien, al determinarse en el artículo de referencia que los partidos políticos nacionales al tener derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los principios, programas e ideas de cada partido político, promueven la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuyendo a la integración de la representación nacional; con la reforma realizada al artículo 14 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, no sólo se limitan los fines antes señalados y que constitucionalmente tiene encomendados el Partido Alianza Social, como partido político nacional, sino que también evita un verdadero multipartidismo, el fortalecimiento de la democracia en el Estado de Tabasco y atenta contra el sistema de representación proporcional consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El legislador del Estado de Tabasco al reformar el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, modifica el porcentaje mínimo de 1.5% a 2% de la votación total emitida que un partido político debe obtener para tener derecho a que se le asignen diputados por el principio de representación proporcional, lo cual resulta completamente inconstitucional, inequitativo e ilegal, pues nuevamente la reforma exige a una entidad de interés público un porcentaje que es posiblemente difícil de lograr, porque se quiere comparar al Partido Alianza Social con otros partidos políticos con más tiempo en el ámbito electoral, en donde su posicionamiento ante la sociedad ha sido mayor, lo cual resulta inequitativo ya que debe tomarse en cuenta el arraigo que estos partidos han logrado, lo que resulta nulo pensar que los partidos políticos eminentemente con menor fuerza política en el lugar puedan tener ese mismo fortalecimiento; no hay duda que en lugar de promover el pluralismo de partidos y la participación de los ciudadanos en la vida democrática, accediendo a los cargos de elección popular por medio de estas entidades de interés público, también se violan ampliamente los principios electorales de independencia, certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben regir en materia electoral, además de que al Partido Alianza Social se le niega prácticamente la oportunidad de buscar un mayor posicionamiento ante la ciudadanía tabasqueña. Esta reforma deja en un total estado de indefensión al partido que represento en razón de que el Congreso del Estado de Tabasco no toma en cuenta la realidad política y social del Estado mismo, ya que haciendo un análisis comparativo de las últimas tres elecciones celebradas en el Estado de Tabasco, podrá corroborarse que únicamente tres partidos políticos han obtenido un porcentaje superior al 1.5% de la votación estatal emitida, lo que conlleva a concluir que de aumentarse dicho porcentaje, se estaría convirtiendo al Estado de Tabasco en una entidad tripartidista o bipartidista, dado que con tal modificación serían tres o dos partidos políticos los principales actores en la lucha por el poder público, al ser los únicos con posibilidades reales de acceder a él, dejando al resto de los partidos políticos virtualmente excluidos de las contiendas electorales. Por lo que no podemos aceptar que nuestros derechos constitucionales consagrados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sean violentados por el contenido y la mala reforma de una ley local. El derecho de tener representantes por el principio de representación proporcional, que es una forma en que como partido político nacional se tiene derecho a participar activamente en la vida democrática de las entidades federativas no es una dispensa que pueda otorgarse a capricho de los legisladores del Congreso del Estado, sino que es una garantía tácita y expresa enmarcada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el precepto antes citado. Al respecto, es de mencionarse la siguiente jurisprudencia: ‘MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. El principio de representación proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica porqué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías, y en otros se restringe a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que se impugnen, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además, debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan.’. En virtud de lo anteriormente señalado y argumentado, se concluye que el contenido de la reforma que la LVII (sic) Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco realizó al artículo 14 de la Constitución Política de esa entidad federativa, resulta contrario a lo estipulado en los artículos 41 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, la reforma realizada al artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco resulta violatoria de los artículos 1o., 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en tales preceptos se establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga dicha Constitución Federal y los partidos políticos, como individuo, también gozarán de dichas garantías y en especial de aquellas contempladas en el artículo 41 de dicho ordenamiento constitucional, el cual establece que los partidos políticos, como entidades de interés público, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales y como fines tienen el promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Debe mencionarse que los partidos políticos no sólo participan en las elecciones como actores, es decir, como los conductos a través de los cuales los ciudadanos pueden acceder a puestos de elección popular, sino que también su participación se traduce en la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, siendo este último tipo de participación la que realizan los partidos políticos en conjunto con el instituto electoral encargado de organizar las elecciones. De lo anterior se deduce que los partidos políticosparticipan en la integración del Instituto Federal Electoral, como organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones: ‘Artículo 41. ... III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El consejo general será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo ...’. De la transcripción anterior se desprende que constitucionalmente los partidos políticos tienen garantizado su derecho a participar en la integración del instituto encargado de organizar las elecciones. De igual forma, en el artículo 36 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece como un derecho de los partidos políticos, el participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y en el citado código federal comicial, participación que únicamente puede desarrollarse plenamente cuando los partidos políticos forman parte del máximo órgano de dirección del organismo público encargado de organizar las elecciones, que en el caso es el Consejo General del Instituto Federal Electoral, derecho que, como ya se mencionó, se encuentra consagrado tanto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en la parte conducente, señala: ‘Artículo 74. 1. El consejo general se integra por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo. ... 9. Cada partido político nacional designará un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto.’. De lo señalado anteriormente y de los preceptos antes transcritos, se desprende que si a nivel federal, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, garantizan a los partidos políticos su derecho a formar parte del organismo encargado de organizar las elecciones, sin establecer limitantes o condicionantes de ningún tipo a dicha participación, entonces no es admisible que la Constitución del Estado de Tabasco, ni la legislación electoral estatal, en su caso, pretendan condicionar la participación de los partidos políticos en la integración del órgano electoral estatal, denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ya que de aceptarse tal situación, tales ordenamientos no estarían acordes con el principio de supremacía contemplado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual debe prevalecer lo establecido por la Constitución Federal sobre el contenido de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y, consecuentemente, resultarían inconstitucionales. En tal situación se encuentra la reforma que la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco realizó al artículo 9o., fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de dicha entidad federativa, ya que en la misma se establece: ‘Artículo 9o. ... IV. La organización de las elecciones estatal, distritales y municipales es una función pública del Estado que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos, nacionales y locales, que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, así como los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores. a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco será autoridad competente en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El consejo estatal, será su órgano superior de dirección y se integrará por siete consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral que con base en ella apruebe el consejo estatal, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.’. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN. Al ser la acción de inconstitucionalidad un tipo especial de procedimiento constitucional en el que, por su propia y especial naturaleza, no existe contención, las partes legitimadas para promoverla, en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no ejercen la acción para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera causar una norma general, pues el Poder Reformador de la Constitución las facultó para denunciar la posible contradicción entre aquélla y la propia Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo al principio de supremacía constitucional, la someta a revisión y establezca si se adecua a los lineamientos fundamentales dados por la propia Constitución.’. De lo anterior se desprende que dicha reforma, contenida en el Decreto 192, publicado en el Periódico Oficial de Villahermosa, Tabasco, el 27 de noviembre de 2002, resulta inconstitucional, ya que la misma condiciona la participación de los partidos políticos en la integración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, lo cual además de transgredir los preceptos constitucionales y legales antes mencionados, deja en total estado de indefensión a los partidos políticos que no tienen un posicionamiento tal que le dé una votación como la que en esta reforma se aumenta, situación que solicito atentamente desde este momento sea estudiada y valorada atendiendo a la poca temporalidad de vida que tiene el Partido Alianza Social a partir de su registro como instituto político y que fue a partir de 1999. La reforma al inciso a) de la fracción IV del artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco resulta inconstitucional en virtud de que, no obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevén que los partidos políticos forman parte integral del organismo encargado de organizar las elecciones, lo cual como ya se ha mencionado, resulta ser una forma en la que los partidos políticos participan en los procesos electorales, deja fuera de la integración del órgano electoral estatal a aquellos partidos que no logren un porcentaje del 2% en la elección inmediata anterior pues, como ya dijimos anteriormente, se exige un porcentaje casi imposible de alcanzar por el corto tiempo de vida que tiene el instituto político que represento y, consecuentemente, no existir un posicionamiento dentro de la sociedad tabasqueña que le permita alcanzar tan excesivo porcentaje, por lo que les resultaría imposible cumplir con el requisito señalado en la reforma de referencia, para que pudieran participar en la integración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Cabe señalar al respecto que este Máximo Tribunal debe emitir un pronunciamiento en el sentido de que el decreto que por este medio se recurre es completamente inconstitucional, en virtud de que el Congreso del Estado de Tabasco pasa por alto que el Partido Alianza Social es un partido con registro nacional y que la Constitución Federal le otorga el derecho de ser parte en la integración del consejo general, precisamente para ser parte en la organización y desarrollo de las elecciones y de esta manera enterarse de la forma de cómo se van a llevar a cabo las elecciones, además buscar desde ese espacio un posicionamiento mayor ante la ciudadanía, de lo contrario se le estaría causando un daño irreparable. Adicionado al hecho de que con la reforma realizada al artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se violan derechos que en la Constitución Federal tienen garantizados los partidos políticos, también y como ya se ha mencionado a lo largo del cuerpo del presente escrito, se limita la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17455-242cc9e4/materia-electoral-el-articulo-14-fraccion-ii-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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