Corpus
Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE ESTÉN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, RESPECTO DE LOS QUE NO LO ESTÁN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003. · Registro digital (IUS): 17638
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, , Pág. 589.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de mayo de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida por las autoridades que a continuación se precisan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

"1. Autoridad emisora: Congreso de la Unión, con domicilio en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, Distrito Federal. 2. Autoridad promulgadora: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en calle Residencia Oficial de los Pinos, número exterior conocido, colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11850, Distrito Federal."

"II. Norma general cuya invalidez se reclama:

"Se demanda la declaración de invalidez del párrafo segundo, de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre al Renta, expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, del que se anexa un ejemplar."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados son los siguientes:

"V. Antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda. El 1o. de enero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en su artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, establecía: ‘Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por obtención de los siguientes ingresos: ... XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales, hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore. En el caso de los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades federativas, las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año calendario, de conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general, incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima vacacional. Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este título.’ En sesión privada de 18 de noviembre de 2002, al resolver diversos amparos en revisión el Tribunal Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la inconstitucionalidad de la exención del impuesto sobre la renta a los trabajadores de la Federación y de las entidades federativas respecto de las gratificaciones anuales o con periodicidad diferente a la mensual, prevista en el artículo 109, fracción XI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como resultado de dicha resolución se emitieron, entre otras, las siguientes tesis jurisprudenciales: ‘RENTA. LOS TRABAJADORES TANTO DE LA INICIATIVA PRIVADA COMO DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS SON SUJETOS DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LOS INGRESOS OBTENIDOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. De lo dispuesto en el título IV, capítulo I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, se advierte que el sujeto pasivo obligado al pago del tributo relativo es la persona física que presta un trabajo personal subordinado y que la base imponible está constituida por el importe de los ingresos obtenidos durante el periodo de imposición que provengan de toda contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, pero que retribuya la prestación de un servicio personal subordinado como consecuencia de una relación laboral o asimilada a ella. En ese tenor, tanto los trabajadores de la iniciativa privada como los de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, son sujetos del impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, con independencia de que en un caso deriven de una relación laboral (trabajador-patrón) y, en el otro, de una relación administrativa equiparada a la laboral (servidor público-Federación, Estado o Municipio), ya que si bien el origen de la relación es distinta, lo cierto es que, desde el punto de vista fiscal, se considera que los ingresos sometidos a gravamen son los salarios y sueldos, así como cada una de las partes que lo integran, tales como aguinaldo, ayuda para el transporte, bono de productividad, gratificaciones, entre otras. ... El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 47/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de dos mil dos.’. ‘RENTA. LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SE ENCUENTRAN EN UN PLANO DE IGUALDAD LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO A UN PATRÓN Y QUIENES LO HACEN AL ESTADO. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias entre la relación jurídica de los patrones con sus trabajadores, por una parte, y la relación entre el Estado y sus servidores, por la otra, derivadas de su naturaleza jurídica, ello trasciende a la materia laboral y aun a la competencia de los tribunales que conocen de las respectivas controversias, pero para efectos tributarios tales diferencias no existen. En ese sentido, del análisis integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, se concluye que los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas se ubican en la misma hipótesis de causación del impuesto, establecida en el artículo 110 de la ley citada, que los demás trabajadores asalariados, por los ingresos que perciben por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pues todos ellos experimentan modificación patrimonial positiva, al recibir gratificaciones y tienen derecho a las mismas deducciones personales, por lo que, en principio, deben encontrarse sometidos al mismo régimen tributario, ya que la ley no prevé, en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, con lo que se confirma que éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad frente a la ley tributaria en mención, con los demás trabajadores asalariados. ... El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 49/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de dos mil dos. ‘RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA PRIVADA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples criterios, ha sostenido que el aludido principio constitucional radica, medularmente, en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes, en consecuencia, deben recibir un mismo trato, lo que implica que las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa; en otros términos, el principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares; además, el propio Máximo Tribunal de la República ha sostenido que para cumplir con el citado principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Acorde con lo antes expuesto, el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, restringiendo a treinta y quince días de salario mínimo, respectivamente, la exención concedida a los demás trabajadores asalariados por la obtención de los mismos ingresos, toda vez que da un trato distinto a sujetos del tributo que se ubican en una misma situación, es decir, establece un régimen fiscal de exención distinto para los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, sin que exista en la propia ley, en la exposición de motivos o en los dictámenes correspondientes de la discusión de dicha ley una justificación objetiva y razonable. Lo anterior se corrobora con el hecho de que ambos tipos de trabajadores son personas físicas que obtienen ingresos, en efectivo, regulados por el capítulo I del título IV de la ley citada, relativo a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; obtienen el mismo tipo de ingreso: gratificaciones; experimentan modificación patrimonial positiva, al percibir ingresos derivados de gratificaciones y tienen derecho a las mismas deducciones personales, de manera que al encontrarse en la misma hipótesis de causación, en principio, deben estar sometidos al mismo régimen tributario, por lo que si la ley de la materia no contempla, en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad frente a la ley tributaria, con los demás trabajadores asalariados. ... El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 50/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de dos mil dos.’. No obstante lo anterior, el 30 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, en el cual está inserta la reforma al segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la citada ley, el cual prevé: ‘Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: ... XI. ... En el caso de los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo, de la Federación y de las entidades federativas, las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año de calendario, de conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general, incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima vacacional.’."

TERCERO. En los conceptos de invalidez se señala lo siguiente:

Único. Violación del párrafo segundo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a los artículos 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se observa del texto de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, los criterios jurisprudenciales de ese Alto Tribunal no solamente no fueron observados por los legisladores, sino que se hace más evidente la vulneración al principio de equidad tributaria consagrado por la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna. En efecto, el segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer que los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo al servicio de la Federación y de las entidades federativas no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos que perciban por concepto de gratificaciones anuales, incluyendo aguinaldo y prima vacacional, ni por cualquier otra gratificación que se otorgue con una periodicidad distinta a la mensual, otorga a los servidores públicos indicados un privilegio del que no gozan los demás trabajadores, traduciéndose en un beneficio a favor de un sector de contribuyentes determinado, sin que exista justificación alguna, contraviniéndose, en consecuencia, el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental. El citado numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, establece: ‘Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’. En materia tributaria cuando se habla de igualdad y de justicia, estos conceptos implican un trato igual a iguales y desigual a desiguales, significando que al mismo nivel de ingresos o por la realización del mismo hecho generador, el impacto en el sujeto pasivo sea exactamente el mismo. La garantía de equidad tributaria consiste en que las disposiciones legales que establecen contribuciones deben ir dirigidas a una pluralidad innominada de sujetos, es decir, a todos aquellos que realicen en algún momento los correspondientes supuestos normativos para que surja el hecho generador del tributo. Es decir, el principio de equidad radica en que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que exista, para eso, una justificación objetiva y razonable. El fin de dicho principio consiste en evitar que existan normas que, destinadas a situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como consecuencia de su aplicación al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en circunstancias disímiles. Así, para cumplir con el principio constitucional de equidad, las leyes impositivas deben otorgar un tratamiento igualitario a todos los contribuyentes de un mismo impuesto en todos los aspectos de la relación jurídico-tributaria (hipótesis de causación, objeto gravable, fechas de pago, gastos deducibles, sanciones, etcétera). Dicho en otras palabras, la equidad impositiva significa que todos los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. El Pleno de ese Máximo Tribunal, en múltiples criterios jurisprudenciales, ha definido el principio de equidad tributaria sosteniendo que el mismo radica, medularmente, en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de una misma contribución, los que, en consecuencia, deben recibir un mismo trato: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, junio de 1997. Tesis: P./J. 42/97. Página: 36, Materia: Administrativa, Constitucional. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, junio de 1997. Tesis: P./J. 41/97. Página: 43. Materia: Administrativa, Constitucional. ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, junio de 1997. Tesis: P./J. 41/97. Página: 43. Materia: Administrativa, Constitucional. De acuerdo con las tesis transcritas, para cumplir con el principio de equidad, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, esto es, que se apoyen en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que pueden obedecer a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal, o incluso extrafiscales. En el caso a estudio, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión al segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre al Renta antes transcrito, está incluido en las disposiciones generales del título cuarto de la ley, relativo a las ‘Personas físicas’. Las 28 fracciones del citado precepto establecen las diversas hipótesis de exención del pago del impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos previstos en el artículo 106 de la ley que ahora se impugna, el cual en su parte conducente señala: ‘Artículo 106. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este título, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes ... en crédito, en servicios en los casos que señale esta ley, o cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste. ...’. El párrafo segundo de la fracción XI del artículo 109 que se combate, otorga una exención impositiva por los ingresos que obtengan los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo de la Federación y de las entidades federativas por concepto de gratificaciones anuales y las que tengan una periodicidad distinta a la mensual, aguinaldo y primas vacacionales, la cual se restringe a 30 y 15 días de salario mínimo por la obtención de los mismos ingresos respecto de los demás trabajadores. En otras palabras, se establece un régimen fiscal de exención distinto para los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo al servicio de la Federación y de las entidades federativas, respecto de los demás trabajadores de la propia Federación y Estados de la República, así como del país. Si bien el legislador está facultado para establecer distintas categorías de contribuyentes, lo cierto es que la condición que debe satisfacerse al crear estas categorías es que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, bases que, como ya se señaló, pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Así, para el caso del tratamiento fiscal sujeto a estudio, es necesario analizar si existen bases objetivas que justifican esta desigualdad. En ese entendido, debe determinarse si los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo de la Federación y de las entidades federativas se encuentran bajo la misma hipótesis normativa de causación del impuesto de referencia que los demás trabajadores del país y, por tanto, si se ubican en un supuesto genérico igual o, por el contrario, guardan una situación desigual con el resto de los trabajadores. Del análisis integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta se puede concluir que todos los trabajadores se ubican en la misma hipótesis de causación del referido tributo, por las siguientes razones: Son personas físicas que obtienen ingresos y se ubican en la hipótesis normativa contenida en el artículo 1o., fracción I, de la ley en comento, el cual, en su parte conducente, dispone: ‘Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.’. Son personas físicas que se ubican en la hipótesis normativa establecida en el párrafo primero del artículo 106 de la misma ley, antes transcrito. Obtienen ingresos regulados por el capítulo I del título IV de la ley en cita, denominado ‘De las personas físicas’, relativo a los ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado. Reciben el mismo tipo de ingreso: gratificaciones. Incurren en una modificación patrimonial positiva al percibir ingresos derivados de gratificaciones. Tienen derecho a las mismas deducciones personales. En consecuencia, al situarse en la misma hipótesis de causación, en principio, deben encontrarse sometidos al mismo régimen tributario. Por otra parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece clasificaciones de contribuyentes en los diferentes capítulos que integran el título IV, denominado ‘De las personas físicas’, atendiendo a la fuente de la que provengan esos ingresos: trabajo personal subordinado, trabajo personal independiente y actividades empresariales. Asimismo, dicha ley instaura tres subgrupos: concesión de uso o goce temporal de inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos, premios y otros ingresos. Así, la ley no contempla en ninguno de sus apartados un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo de la Federación y de las entidades federativas, lo que aunado a la consideración anterior, permite arribar a la conclusión de que, frente a la ley tributaria, los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo de la Federación y de las entidades federativas se encuentran, esencialmente, en un plano de igualdad con los demás trabajadores de la misma Federación y de los Estados de la República no sujetos a condiciones generales de trabajo y a los de la iniciativa privada. Lo anterior se ve robustecido con el criterio sostenido por el Pleno de ese Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial antes transcrita, y cuyo rubro es: ‘RENTA. LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SE ENCUENTRAN EN UN PLANO DE IGUALDAD LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO A UN PATRÓN Y QUIENES LO HACEN AL ESTADO.’. Por otra parte, el segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual mediante esta vía se combate, al prever una exención para los ingresos que perciben los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo de la Federación y de las entidades federativas por concepto de gratificaciones, aguinaldo y primas vacacionales, carece de una justificación objetiva y razonable, vulnerándose con ello el principio de equidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. Resulta conveniente precisar lo que se debe entender por ‘exención’, tomando como base el sentido gramatical de la palabra misma, así como algunos criterios emitidos por ese Máximo Tribunal. De acuerdo con Rafael de Pina, en su obra intitulada Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, décimo primera edición, México, 1983, página 264, por exención de impuestos debemos entender: ‘Relevancia total o parcial a personas determinadas de pagar un impuesto aplicable al resto de los causantes en igualdad de circunstancias o condonación en forma privativa de los impuestos ya causados.’. Asimismo, respecto a la citada figura de la exención impositiva, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios: ‘Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 66, Primera Parte. Página: 40. IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS (LEY DE INGRESOS Y LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 13 de la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional, al definir la exención de impuestos, previene que existe cuando se releva parcial o totalmente del pago de un impuesto, aplicable al resto de los causantes en igualdad de circunstancias, a una persona determinada, lo que viene a significar que l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17638-4146648c/renta-el-articulo-109-fraccion-xi-segundo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.