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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AQUÉLLA DEBE DESESTIMARSE Y ORDENARSE EL ARCHIVO DEL ASUNTO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2003 · Registro digital (IUS): 17896
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 919.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2003. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de noviembre de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el trece de agosto de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada: 1. Autoridad emisora: Congreso del Estado de México, con domicilio en el Palacio Legislativo de la entidad, sito en Plaza Hidalgo sin número, colonia Centro, código postal 50000, ciudad de Toluca, Estado de México. 2. Autoridad promulgadora: Gobernador Constitucional del Estado de México, con domicilio en el Palacio del Poder Ejecutivo, ubicado en la calle Lerdo Poniente número 300, primer piso, puerta 216, colonia Centro, código postal 50000, ciudad de Toluca, Estado de México. II. Norma general cuya invalidez se reclama: Se demanda la invalidez de los artículos 17 y 18 de la Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, expedida por el Congreso Local y promulgada por el gobernador estatal, la cual fue publicada mediante Decreto 142 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México ‘Gaceta del Gobierno’ el 15 de julio de 2003, del que se anexa un ejemplar."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"Único. Violación de los artículos 116, fracción VI, 123, párrafo segundo, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los preceptos 17 y 18 de la Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. El régimen jurídico que debe regular las relaciones laborales entre los Poderes Estatales y sus trabajadores y el de los organismos descentralizados con sus trabajadores, ha sido determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual ha sostenido, en diferentes ejecutorias, que las relaciones laborales de los entes descentralizados de los Estados se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, las que para una mejor comprensión de sus alcances me permito transcribir: ‘Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, diciembre de 2000. Tesis: 1a. XXXVIII/2000. Página: 252. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 5o., 6o. Y 7o. DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AL REGULAR LAS RELACIONES LABORALES DE AQUÉLLOS CON SUS TRABAJADORES TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXXI, INCISO B), PUNTO 1, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar en materia de trabajo en general, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A, de la Constitución Federal y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo con lo señalado en el apartado B del artículo últimamente citado; en tanto que las Legislaturas Locales sólo se encuentran facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones laborales entre los Estados y sus trabajadores, conforme lo previene el artículo 116, fracción VI, de la propia Carta Magna. En estas condiciones, debe concluirse que los artículos 5o., 6o. y 7o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados violan los artículos 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Ley Fundamental, en cuanto pretenden regular las relaciones laborales de los organismos descentralizados de la mencionada entidad con sus trabajadores. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del referido Estado, los citados organismos, aunque integran la administración pública paraestatal, no forman parte de dicho poder, en virtud de que no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo Local, sino que en su carácter de unidades auxiliares tienen como finalidad la ejecución de programas de desarrollo establecidos por los órganos de gobierno a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada una de las mencionadas entidades de la administración pública paraestatal, por lo que resulta evidente que la regulación de las relaciones laborales de éstas con sus trabajadores, no es de la competencia del Congreso del Estado de Aguascalientes.’. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, abril de 1999. Tesis: 2a. XLIII/99. Página: 210. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. SU SOMETIMIENTO A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO ES INCONSTITUCIONAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente que las Legislaturas Locales sólo están facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones laborales entre los Estados y sus trabajadores, conforme lo dispone el artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna y que los organismos descentralizados, aunque integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Local, motivo por el cual la regulación de las relaciones laborales con sus trabajadores no es de la competencia de los Congresos Estatales. En este orden de ideas y dado que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco es un organismo público descentralizado, que no forma parte del Poder Ejecutivo Local, debe concluirse que las relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo.’. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, marzo de 1999. Tesis: 2a. XXX/99. Página: 317. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. En aplicación del criterio contenido en la jurisprudencia temática 1/96, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, con el rubro: «ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.» (publicada en la página 52, del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), debe considerarse que son inconstitucionales los artículos 73, 74, 75, 155, 157, 163 y 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, que incluyen a los organismos descentralizados de dicha entidad, como sujetos de su regulación y establecen la competencia de las Juntas Arbitrales y del Tribunal de Arbitraje del Estado, para el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre tales organismos y sus trabajadores, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, las Legislaturas Estatales sólo están facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores. Por tanto, aunque los organismos descentralizados integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Local, cuya composición comprende, atento lo establecido en los artículos 31 y 94 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al gobernador constitucional de esa entidad, así como a las secretarías y entidades administrativas centralizadas. Consecuentemente, las relaciones de los organismos descentralizados del Estado de Chihuahua con sus trabajadores, se rigen por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Ley Suprema y su ley reglamentaria, como es la Ley Federal del Trabajo, ordenamientos a los que debe atenderse para determinar que la autoridad competente para dirimir las controversias suscitadas con motivo de esa relación laboral, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.’. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, febrero de 1999. Tesis: 2a. XI/99. Página: 243. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SE REGULARÁN POR EL RÉGIMEN LABORAL ESTABLECIDO EN ÉSTA, VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del análisis conjunto y sistemático de los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en materia del trabajo, en lo general y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, autoriza a las Legislaturas de los Estados a expedir leyes que regirán las relaciones laborales entre ellos y sus trabajadores, por lo que es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123. La Suprema Corte de Justicia ha establecido en jurisprudencia firme que los organismos públicos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo. Por tanto, el artículo 1o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, en cuanto establece que esta ley es de observancia general para los organismos públicos descentralizados que se encuentran en esa entidad, viola lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, que dispone en su fracción XXXI, inciso B), punto 1, que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales.’. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, octubre de 1997. Tesis: 2a. CXXVII/97. Página: 437. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA. SU SUJECIÓN A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA ES INCONSTITUCIONAL. Los artículos 1o., 2o. y 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, que incluyen a los organismos descentralizados de dicho Estado como sujetos de regulación de dicha ley y establecen la competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje para el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre tales organismos y sus trabajadores o entre éstos, son inconstitucionales, en virtud de que las Legislaturas Locales sólo están facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, conforme lo dispone el artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna; y los organismos descentralizados, aunque integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Local, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 55 y 66 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al gobernador constitucional de dicho Estado, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública estatal, como son las secretarías y entidades administrativas. Por tanto, las relaciones de los organismos descentralizados del Estado de Sinaloa con sus servidores, se rigen por el artículo 123, apartado A, constitucional, y su ley reglamentaria, Ley Federal del Trabajo, expedida por el Congreso de la Unión, a la que debe atenderse para determinar la autoridad competente para dirimir las controversias surgidas por la relación laboral.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, abril de 1998. Tesis: P. XXV/98. Página: 122. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. Dispone el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las legislaturas de los mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, que son la Ley Federal del Trabajo respecto del apartado A, que comprende a la materia de trabajo en general, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que desarrolla los principios comprendidos en el apartado B, fuente del derecho burocrático; por esta razón, es este último apartado el aplicable a las relaciones de trabajo habidas entre los Poderes de los Estados federados y sus trabajadores, según se concluye si se atiende al párrafo introductorio del artículo 116 aludido, que divide al poder público de los Estados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y lógica la consecuente necesidad de que en la esfera local sea pormenorizado legalmente. En conclusión, y atento que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia firme que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, debe establecerse que las relaciones laborales de dichos organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales.’. En este mismo sentido se manifestó también la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación, al resolver el recurso de reclamación relativo a la controversia constitucional 23/97, en el cual se adoptó la tesis de jurisprudencia 3/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, enero de 2000, página 41, que dice: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional, aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene «TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.», del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva.’. El Congreso del Estado de México y el gobernador de la misma entidad aprobaron y promulgaron, respectivamente, la Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, que en su artículo 1o. le da a dicho instituto el carácter de organismo público descentralizado estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ahora bien, los artículos 17 y 18 de la citada ley que se tildan de inconstitucionales disponen: ‘Artículo 17. Las relaciones laborales entre el instituto y sus servidores públicos se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.’. ‘Artículo 18. Los servidores públicos del instituto, quedarán sujetos al régimen de seguridad social del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.’. De la lectura de los preceptos transcritos se desprende, por una parte, que las relaciones laborales del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia con sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, la cual reglamenta el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República y, por la otra, que los servidores públicos del citado instituto quedarán sujetos al régimen de seguridad social del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios. De la confrontación de los criterios sustentados por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales ya han sido reproducidos al igual que la norma impugnada, se advierte claramente que los artículos 17 y 18 de la Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia resultan inconstitucionales, de acuerdo con los siguientes razonamientos. El artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone entre otras hipótesis: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.’. En este contexto, con fundamento en el precitado numeral constitucional el Congreso de la Unión expidió, por una parte, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo y, por la otra, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, la cual regula las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Asimismo, el citado Congreso expidió, por una parte, la Ley del Seguro Social, que beneficia a los trabajadores sujetos a la Ley Federal del Trabajo y, por la otra, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que protege a los servidores públicos que rigen sus relaciones laborales por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Cabe señalar que el numeral 116, fracción VI, de la Constitución Federal señala que: ‘Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’. El dispositivo en comento es claro al establecer que los Congresos Estatales tienen la facultad de emitir las leyes que regulan las relaciones laborales que existan entre los órganos del poder público estatal y el personal a su servicio, observando los postulados y garantías consagradas en el artículo 123 de la Constitución General de la República, esto es, sólo pueden regular las relaciones de trabajo que se establezcan entre aquellos órganos públicos que actúan en nombre y representación de esos poderes, mas no así aquellas relaciones laborales que se establezcan entre aquellos organismos que si bien son públicos no forman parte integrante del poder estatal central y sus trabajadores. Esto es así, porque las relaciones de trabajo que son ajenas a aquellas que se establecen entre los órganos centrales del Estado y sus trabajadores, se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo; lo que se desprende de las tesis jurisprudenciales citadas anteriormente y, consecuentemente, dichos trabajadores se encuentran sujetos al régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso concreto, el artículo 17 de la Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia establece que las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se debe regir por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo que es inconstitucional, pues como se ha manifestado, las relaciones laborales entre éstos deberán regirse por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, resultando, consecuentemente, inconstitucional el artículo 18 de la referida ley, al sujetar a dichos funcionarios públicos a un régimen de seguridad social que no les corresponde (Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios). Por tanto, si el Congreso del Estado de México emitió una norma general que establece que las relaciones laborales entre el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, como organismo descentralizado y sus trabajadores, se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la entidad, y quedarán sujetos al régimen de seguridad social del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se afirma que se ha excedido en el ejercicio de su atribución constitucional al incluir a los trabajadores de un organismo descentralizado al régimen laboral y de seguridad social previsto en el apartado B del dispositivo constitucional en mención, pues como ya se señaló, tal apartado regula, exclusivamente, las relaciones de trabajo entre los órganos del poder público centralizado y sus trabajadores, de acuerdo con la interpretación que de dicho numeral ha hecho esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el artículo 123, párrafo segundo, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: ‘Artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.’. De la lectura del precepto reproducido se advierte que es facultad exclusiva de las autoridades federales regular lo concerniente a las relaciones laborales relativas a empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y sus trabajadores a través de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, es decir, el precepto constitucional en comento incluye a los organismos descentralizados que cuentan con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión y presupuestaria para el cumplimiento de sus fines, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales, ni deben establecer a qué régimen de seguridad social quedarán sujetos los trabajadores de dichos organismos descentralizados, pues ello sólo le compete al Congreso de la Unión. Sin embargo, a efecto de tener una mayor comprensión acerca de la naturaleza jurídica de dichos organismos públicos, estimo conveniente determinar si éstos dependen o no del Gobierno Estatal, para establecer si todos los organismos descentralizados están incluidos en el concepto ‘empresas descentralizadas’, a que se refiere el punto 1, inciso b), fracción XXXI, apartado A, párrafo segundo, del artículo 123 de la Carta Magna. Al respecto, el artículo 78 de la Constitución de la entidad prevé: ‘Para el despacho de los asuntos que la presente Constitución le encomienda, el Ejecutivo contará con las dependencias y los organismos auxiliares que las disposiciones legales establezcan.’. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México establece en sus artículos 45 y 46, que los organismos descentralizados serán considerados como organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y forman parte de la administración pública del Estado. Asimismo, que el gobernador del Estado podrá solicitar al Congreso la creación de dichos organismos, mismos que gozarán de personalidad jurídica y patrimonio propio, creados para ayudar operativamente al Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones. De los ordenamientos locales en cita se desprende que los órganos que conforman la administración pública centralizada dependen del Poder Ejecutivo Local, no así los organismos descentralizados, aun cuando éstos sean creados por el Congreso Estatal a solicitud del Ejecutivo de la entidad y formen parte de la administración pública del Estado, toda vez que dichos entes públicos se rigen por sus propias leyes, como lo son, en lo particular, sus leyes orgánicas o sus decretos de creación; además, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. En este contexto, si los organismos públicos descentralizados no dependen del Poder Ejecutivo Local, consiguientemente las relaciones laborales entre aquéllos y sus trabajadores deben regularse conforme al régimen laboral establecido por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, puesto que dichos entes públicos quedan comprendidos en la fracción XXXI, inciso b), punto 1, de ese mismo apartado, que se refiere a las ‘empresas descentralizadas’, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales de esa Suprema Corte, anteriormente citados. En cambio, respecto de los órganos que conforman la administración pública centralizada, que dependen directamente del Poder Ejecutivo Local, la relación laboral con sus trabajadores se rige por el apartado B del artículo 123 constitucional, pues es éste el apartado que establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes del Estado. Los organismos públicos descentralizados de carácter estatal deben regirse con base en lo dispuesto por el artículo 123, párrafo segundo, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General de la República, al decir que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, lo que debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales. Conforme a las consideraciones antes mencionadas y al criterio adoptado en este sentido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede afirmar que los artículos 17 y 18 impugnados son inconstitucionales, en virtud de que como ya se señaló, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en su artículo 1o., en acatamiento a lo previsto en el numeral 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que la administración pública del Estado será centralizada y paraestatal, encontrándose en esta última los organismos descentralizados. Tomando en cuenta lo anterior, se reitera que el artículo 17 combatido es inconstitucional, en virtud de que establece que las relaciones laborales entre el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y sus trabajadores se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la entidad de referencia, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. Lo anterior, a pesar de que el régimen laboral de los organismos descentralizados con sus trabajadores se deba regular conforme al apartado A del precepto constitucional en mención, puesto que el instituto de mérito como organismo descentralizado no depende del Poder Ejecutivo Local. En consecuencia, resulta también inconstituc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17896-39448b01/accion-de-inconstitucionalidad-en-el-caso-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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