CATASTRO. LOS ARTÍCULOS 4o., 9o., 10, 11, 12, 14, 15, 16 Y 22 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN, REFORMADOS POR DECRETO 157, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 14 DE AGOSTO DE 1998, NO SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN CUANTO HACEN REFERENCIA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES COMO RESPONSABLES DEL SERVICIO PÚBLICO RESPECTIVO CUANDO SEA PRESTADO POR EL MUNICIPIO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/98. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de agosto de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho Noemí del Rocío Avilés Marín, Sergio Augusto Chan Lugo, Roger Cícero Mac-Kinney, Luis Humberto Correa Mena, Mercedes Eleanor Estrada Mérida, Vicente Flores Contreras, José Orlando Pérez Moguel, Alfredo Rodríguez y Pacheco y José Jacinto Sosa Novelo, en su carácter de diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:
"Órganos legislativos y ejecutivos que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas: H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán; y Poder Ejecutivo a través del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán cuyo titular es el C. Víctor Manuel Cervera Pacheco respectivamente. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se hubiere publicado: Artículo único del Decreto Número 157 aprobado por el Congreso del Estado de Yucatán el 13 de agosto de 1998 y publicado el 14 de agosto del mismo año, mediante el cual se reforman los artículos 4o., 5o., fracción X; 9o., fracciones II, III y IV; 10, 11, primer párrafo, fracción III; 12, primer párrafo, fracciones I y IV; 13, primer párrafo; 14, primer párrafo, fracciones I, II y IV; 15, 16, 18, 21, último párrafo; 22, segundo párrafo; 23, 27, 28, 34, 35, 37, 41, 51, primer párrafo; 52, 53, primero, tercero y cuarto párrafo; 54 y 56, primer párrafo; todos de la Ley del Catastro del Estado de Yucatán."
SEGUNDO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estima infringido es el 115 en sus fracciones I, II y III.
TERCERO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez, los siguientes:
"Único. Violan los dispositivos reformados mediante el decreto que se impugna, el artículo 115 constitucional y por ello son inválidos y así debe declararlo ese Altísimo Tribunal por las siguientes razones: La reforma a la Ley del Catastro que se impugna tuvo por objeto transferir la materia catastral del Estado al ámbito municipal. Al efecto, el presente concepto de invalidez es único e integral dada la íntima relación de los artículos reformados que se impugnan respecto del defecto constitucional que los suscritos advertimos. Es el caso, que los artículos 4o., 9o., 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 22, principalmente de los numerales reformados a la Ley del Catastro, transfieren diversas funciones catastrales otrora estatales, de manera directa a la figura del presidente municipal, evadiendo deliberadamente la facultad del Ayuntamiento como órgano colegiado del Gobierno Municipal, para que fuera éste el receptor legal de las facultades transferidas y no así el presidente municipal quien es parte integrante del Ayuntamiento y no órgano autónomo e independiente del Municipio. Es decir, se ha realizado a través de la reforma impugnada una transferencia de funciones y la prestación del servicio de catastro, del Estado hacía el presidente municipal, en franca riña con las fracciones I, II y III del artículo 115 como a continuación se observa. La fracción primera del artículo 115 constitucional dispone que los Municipios serán administrados por un Ayuntamiento de elección popular y directa, a lo cual se suma en el párrafo siguiente que los presidentes municipales son miembros del Ayuntamiento más no órganos autónomos e independientes. Al respecto la Ley Orgánica de los Municipios de Yucatán congruente con la disposición anterior establece que el presidente municipal es miembro del Ayuntamiento al igual que los regidores, y en todo caso encarna la actividad ejecutiva de los designios del Ayuntamiento como órgano de gobierno y administración en las materias de su competencia. Por otro lado la fracción segunda del artículo 115 en estudio prevé que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y patrimonio propios, resultando pues, que la persona moral de derecho público con personalidad jurídica son los Municipios y el Ayuntamiento su órgano de administración y gobierno, no así los presidentes municipales que son integrantes de éste (aunque conductores y ejecutivos). A lo anterior hay que agregar que los Municipios (administrados por el Ayuntamiento según sabemos), conforme a la fracción III del artículo 115 multicitado tienen a su cargo, además de los servicios expresados en los incisos del a) al h) del citado numeral, ‘los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios así como su capacidad administrativa y financiera’, conforme al inciso i) del mismo artículo. Así pues tenemos que la aplicación lógica de los preceptos citados y atentos al espíritu del Constituyente Permanente de 1983, cuyo deseo fue el fortalecer el ámbito municipal a través del órgano colegiado de gobierno -el Ayuntamiento-, tenemos que: 1. Los Municipios tienen personalidad jurídica como persona moral colectiva de derecho público y ámbito de gobierno. 2. Los Municipios se administrarán a través de Ayuntamientos. 3. Los Municipios pueden recibir funciones y asumir prestación de servicios cuando así lo determinen las Legislaturas Locales, obviamente a través de su órgano de administración de gobierno que no es otro que el Ayuntamiento y no los presidentes municipales quienes son parte del Ayuntamiento y no órgano independiente de éste. Luego entonces, de la lectura de los artículos reformados a la Ley del Catastro mediante el decreto impugnado, se desprende literalmente que los Municipios asumen mediante dicha reforma las funciones del servicio del catastro, a través de los presidentes municipales por conducto de sus direcciones del catastro, lo cual es incorrecto. El defecto constitucional que se advierte consiste, no en la simple y aparente sustitución de la frase presidente municipal por Ayuntamiento, sino el efecto que la reforma tiene al desplazar al órgano colegiado en la toma de decisiones sobre la materia, aunado al hecho de que se reconoce la existencia de una Dirección del Catastro como dependiente del presidente municipal y no del Ayuntamiento como debiera ser. El primer aspecto mencionado se confirma con la aplicación a contrario sensu del artículo 14 reformado y que se impugna en relación a la fracción IV del artículo 12, en donde se estipula que corresponde a los presidentes municipales remitir al gobernador los proyectos de zonificación catastral y valores unitarios, sancionados por los Ayuntamientos en los casos en que el catastro no esté administrado por el Municipio; es decir, se faculta al presidente municipal para proyectar, elaborar y remitir al gobernador la zonificación y valuación catastral sin tomar en cuenta al Ayuntamiento, puesto que la intervención de los Ayuntamientos para sancionar (opinar sobre dichos proyectos), ocurre sólo cuando el catastro permanece en el Estado; ya que al estar administrado municipalmente se confiere tal actividad directa y exclusivamente al presidente municipal. Lo anterior viola las fracciones I, II y III en cuanto a su letra y espíritu, pues no es de aceptarse que la Legislatura Local, en uso de la facultad que le confiere el inciso i) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución General de la República, le transfiera al Municipio funciones catastrales, y no lo haga por conducto del Ayuntamiento que es el órgano de administración y Gobierno Constitucional de los Municipios y no así del presidente municipal. La obviedad de que el presidente municipal sea el órgano ejecutivo del Ayuntamiento conforme a la Ley Orgánica de los Municipios de Yucatán, no nos resuelve el concepto de inconstitucionalidad planteado, pues no es lo mismo ejecutar que decidir ni es lo mismo ejecutar que proponer, es decir, las facultades del presidente municipal como Ejecutivo no pueden ser a tal grado desplazante del órgano colegiado de administración y gobierno, mismo que es el encargado de aprobar, mandar hacer, validar, regular, etc., por disposición constitucional, las materias de jurisdicción municipal sean estas originarias o transferidas como es el caso. En síntesis, las facultades que en materia catastral se han transferido a los Municipios de Yucatán, mediante la reforma impugnada, debió ser a favor de los Ayuntamientos, mientras que el presidente municipal será (obviamente y por disposición de la ley orgánica y no de la del catastro), quien ejecute las resoluciones del Cabildo, sean de aprobación, sean de propuesta y particularmente las de reglamentación o regulación a través de disposiciones normativas de carácter general vrg. (sic) circulares (fracción II del artículo 115 constitucional). Por tanto, debe declararse la invalidez de los artículos reformados a la Ley del Catastro mediante el decreto impugnado, en donde se ha facultado indebidamente a los presidentes municipales en sustitución de los Ayuntamientos, en la materia transferida, situación que queda acreditada particularmente, partiendo de la lectura de los artículos 12, fracción IV, 14, primer párrafo y 22 de la Ley del Catastro reformada, de donde se desprende que los Ayuntamientos participan opinando cuando el catastro no esté administrado por el Municipio, pues cuando el Municipio asume la administración del catastro, sucede (indebidamente) que es el presidente municipal, y no el Ayuntamiento el administrador de la función transferida; situación insostenible porque atenta, además de las violaciones directas al 115 constitucional, contra los principios republicanos, democráticos y representativos, en que el Constituyente Permanente de 1983, descansó la reforma municipal; el Municipio se administra y se conduce a través del Ayuntamiento y éste ejecuta sus decisiones por conducto de un presidente municipal, sin que ello permita que el presidente municipal pueda ‘sustituir’ al Ayuntamiento."
CUARTO. Mediante proveído de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Juventino V. Castro y Castro, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe, y correr traslado con la demanda al procurador general de la República para la formulación de su pedimento.
QUINTO. El gobernador del Estado de Yucatán al rendir su respectivo informe, en síntesis manifestó lo siguiente:
a) Que con fecha trece de agosto del año en curso, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado aprobó las reformas a varios artículos de la Ley del Catastro, y remitió al Ejecutivo el Decreto Número 157 de fecha trece de agosto del año en curso, para los efectos de su promulgación y publicación.
b) Que el Ejecutivo del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 55, fracción II de la Constitución Política del Estado de Yucatán, promulgó y publicó las reformas y modificaciones a dicha ley, aprobada por el Congreso del Estado, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha catorce de agosto del presente año.
c) Que en este proceso de reformas a la ley, el Ejecutivo del Estado observó todas y cada una de las disposiciones constitucionales aplicables al caso, sin contravenir ni contradecir ningún precepto de la Carta Magna.
SEXTO. El presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Yucatán al rendir el informe en representación del citado Congreso, en síntesis adujo, lo siguiente:
a) Que es totalmente cierto lo que señala la fracción I del artículo 115 constitucional referente a la forma de administración de los Municipios, pero que en ninguna de sus partes dicho precepto establece la prohibición a la Legislatura del Estado para que dentro del uso de su libertad y soberanía, dicte, modifique, abrogue o derogue disposiciones de su exclusiva facultad y potestad, y, con los preceptos reformados no se altera ni modifica la forma de administración del Municipio, ni se priva al presidente municipal de su carácter de integrante del Ayuntamiento, ni se limitan, disminuyen o quitan facultades a este último, resultando de ello que no existe la violación que se reclama.
b) Que respecto a la pretendida violación de la fracción II del citado precepto constitucional, las modificaciones a la Ley del Catastro del Estado que reclaman, no privan al Municipio de su personalidad jurídica ni eliminan al Ayuntamiento en conjunto, incluido el presidente municipal, de su carácter de órgano de administración y de gobierno, y mucho menos transfieren la materia catastral del Estado al ámbito municipal, lo que conlleva la legalidad absoluta del decreto impugnado y la improcedencia de las imputaciones hechas por los promoventes de esta instancia constitucional.
c) Que el decreto combatido no otorga al Municipio como tal, funciones, ni lo priva de otras que hubiere tenido asignadas por ley, sino que la legislatura en uso de su soberanía y facultad de decisión, ha encomendado al gobernador del Estado y alternativamente al presidente municipal, como persona y no como miembro del Ayuntamiento, diversas actividades y facultades relacionadas con el catastro de bienes inmuebles y la ley relativa, lo que evidentemente está dentro de su potestad hacer, y que por ello no se violenta el artículo 115 constitucional ni ningún otro precepto de la Constitución General de la República o de la del Estado Libre y Soberano de Yucatán resultando de ello la improcedencia de la reclamación motivo de esta instancia.
d) Que conforme al artículo 4o. de la Ley del Catastro impugnada, la competencia de origen es a cargo del Estado, representado por el gobernador pero por conducto del director del Catastro, "o" por los presidentes municipales, por conducto de sus direcciones del catastro, resultando la figura de los últimos meramente simbólica y su actividad restringida al carácter de medio de información, es decir, el ejercicio de las disposiciones legales relativas a "catastro", deberán realizarse por conducto de las direcciones del catastro, estatal o municipal y por conducto personal del jefe de las mismas, gobernador del Estado o presidente municipal.
e) Que no existe ni puede existir el "objeto ilícito" que los promoventes suponen de "transferir la materia catastral del Estado al ámbito municipal" puesto que el artículo 9o. de la Ley del Catastro vigente antes de las reformas, sólo mencionaba como autoridad catastral a "los Ayuntamientos", sin otorgarles ninguna función específica que en esa materia se les hubiera retirado con la reforma; es inexacto, por tanto que exista la transferencia de que se duelen.
f) Que no se transfieren funciones catastrales "otrora estatales de manera directa a la figura del presidente municipal"; la dirección del Catastro del Estado conserva sus facultades; las direcciones del catastro municipales, también conservan sus facultades y sólo se prevé un conducto para que la aplicación de las mismas resulte más eficaz en beneficio del Estado, y de los Municipios que reciben los impuestos generados por una apropiada política catastral.
g) Que es evidente que con una aplicación integral de la Ley del Catastro no se está "evadiendo deliberadamente la facultad del Ayuntamiento como órgano colegiado de Gobierno Municipal, sino como es claro apreciarlo, sólo se reglamenta el funcionamiento del catastro, que ya existe y con las reformas planteadas sólo habrá de agilizarse; para que fuera éste el receptor legal de las facultades transferidas ..." como los impugnadores señalan.
h) Que no atenta contra el artículo 115 constitucional el que existan direcciones municipales del catastro, sino que por el contrario, se ha reconocido por la legislatura que la persona idónea para servir de enlace entre la Dirección del Catastro del Estado de Yucatán y las direcciones municipales del catastro, lo es el presidente municipal, sin que eso constituya ningún acto inconstitucional.
i) Que el decreto impugnado solamente convierte al presidente municipal en un mero "mensajero", en el encargado de remitir al gobernador los proyectos relativos a catastro, sin que sea exacto como se afirma, que lo faculta para "... proyectar, elaborar y remitir la zonificación y valuación ...", facultades asignadas por las leyes vigentes a determinadas instituciones y funcionarios estatales o municipales, según sea el caso.
j) Que es también inexacto que en los artículos 14 y fracción V del artículo 12 del decreto impugnado, se "transfieran al Municipio funciones catastrales"; pues únicamente se "comisiona" al presidente municipal para que remita documentación relacionada con el catastro, y ello no viola en ninguna forma el artículo 115 constitucional; es entonces, irrelevante el que cuando el catastro está administrado municipalmente, el mismo presidente municipal sea el conducto de comunicación con el Gobierno del Estado, y ello no implica inconstitucionalidad alguna de los preceptos en cita.
k) Que cuando el catastro está administrado directamente por el Estado, y en cuyo caso, el decreto tachado de inconstitucional señala que deberá ser por conducto del presidente municipal (persona) el envío o remisión de la documentación correspondiente al mismo; y otra en los que se trata de direcciones municipales del catastro, en los que el presidente municipal (funcionario) debe realizar la misma labor; en ninguno de los dos casos, existe ni puede existir ni plantearse un conflicto con las reglas establecidas por el artículo 115 constitucional.
l) Que de la lectura de la Ley del Catastro en su texto original, se aprecia que no existían funciones específicas para los Ayuntamientos, y de la forma en que ha quedado después del decreto impugnado, no es dable "desprender" que los Municipios asuman las funciones del servicio de catastro; la ley de la materia es muy clara y precisa; se consideran como autoridades catastrales, señala el artículo 9o., al Ejecutivo del Estado, a los presidentes municipales con las mínimas atribuciones que la misma ley les señala, a la Secretaría de Hacienda y Planeación y a las direcciones del catastro. Luego es inexacto que "los Municipios" asuman mediante dicha reforma las funciones del servicio de catastro, a través de los presidentes municipales y plenamente infundada la pretensión de inconstitucionalidad planteada.
m) Que en la reforma impugnada se sustituyó la palabra "Ayuntamiento" y se estableció en su lugar "presidentes municipales", lo que no tiene absolutamente nada de inconstitucional, puesto que el Ayuntamiento no desempeñaba en los términos del artículo original de la ley, funciones catastrales propiamente dichas de las que haya sido privado, y a los presidentes municipales, el nuevo articulado les señala cometidos específicos mínimos, sin facultades de decisión, en la aplicación de la Ley del Catastro, dejando intocada la facultad del Ayuntamiento para sancionar los proyectos de zonificación catastral y valores unitarios en el caso de que no hayan sido elaborados directamente por el mismo; no existe ni puede existir violación con ello al artículo 115 constitucional que en ninguna de sus partes otorga al Ayuntamiento facultades respecto a la materia de catastro y determinación de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, que son, obviamente, de la competencia exclusiva del Gobierno del Estado todas ellas.
n) Que es perfectamente lógico que, cuando el catastro no esté administrado por el Municipio, se le dé participación para que opine, y que, cuando sea él quien administre el catastro, no se le dé, porque él mismo está formulando las proposiciones que el presidente municipal deberá hacer llegar al Gobierno del Estado, y ni hay ni puede haber violación al artículo 115 constitucional con ello.
o) Que la Dirección del Catastro municipal es una oficina perteneciente y dependiente directamente del Ayuntamiento, y es en ella, no en el presidente municipal en quien recaen las obligaciones señaladas en la fracción I del artículo 14 de la Ley del Catastro reformada en comento; la obligación determinada para el presidente municipal se reduce (fracciones II, III, IV y V del mismo precepto), a una simple labor de información y vigilancia del cumplimiento de los preceptos contenidos por la Ley del Catastro, sin facultades ningunas de decisión, lo que en nada contraria el contenido y espíritu del artículo 115 constitucional.
p) Que los Ayuntamientos, tenían y tienen la facultad de intervenir y sancionar los actos de las autoridades catastrales cuando no ejerzan por sí mismos su realización; esas facultades no les han sido retiradas, sino confirmadas por las reformas a la ley que contiene el decreto impugnado; no existe ni puede existir transgresión alguna a los principios contenidos en el artículo 115 constitucional en las reformas impugnadas, porque las únicas modificaciones sustanciales han sido las de imponer al presidente municipal (persona), obligaciones para el más rápido, eficaz y completo cumplimiento de los fines que se persiguen en dicha Ley del Catastro, lo que de ninguna manera implica conflicto entre las nuevas normas y las contenidas en el artículo 115 constitucional.
SÉPTIMO. Por oficio número PGR 624/98, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el procurador general de la República, en síntesis, manifestó lo siguiente:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, actualizándose así la hipótesis contenida en el artículo constitucional citado, ya que lo que se plantea es la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal.
b) Que la actora demanda la invalidez del Decreto Legislativo 157, aprobado por el Congreso del Estado de Yucatán, publicado el catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho en el Periódico Oficial del Estado, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que el término para la presentación de la demanda inició el quince de agosto de mil novecientos noventa y ocho y feneció el catorce de septiembre siguiente, día en que fue recibida en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, por lo que la misma fue presentada en tiempo.
c) Que los promoventes, todos ellos diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, acreditaron su personalidad con la copia certificada del acta de sesión de instalación de esa legislatura, del veintisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, en la que rindieron la protesta de ley. Así como, con la copia certificada de la sesión del nueve de julio del año en curso, en la que rindió protesta como integrante de esa legislatura Félix Novelo Coello.
Asimismo, con un ejemplar del Periódico Oficial del Estado del treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, en donde a página 2, consta el número de diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, de los cuales, quince fueron electos por el principio de mayoría relativa y diez por el sistema de representación proporcional, dando un total de veinticinco diputados integrantes de dicha legislatura, por lo que, efectivamente, quienes promovieron la demanda son diputados a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Yucatán y, los mismos constituyen el cuarenta por ciento del total de veinticinco diputados integrantes de dicha legislatura, y en consecuencia se cumple con el requisito establecido en los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Federal y 62 de su ley reglamentaria.
d) Que en representación del Poder Legislativo del Estado comparece Rolando Rodrigo Zapata Bello, en su carácter de presidente de la Diputación Permanente de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, acreditando su personalidad con un ejemplar del Diario Oficial de treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, que contiene la relación de ciudadanos que integran esa legislatura y con el ejemplar del Diario Oficial 28700, de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, donde se declara electa la Diputación Permanente que fungirá durante el receso del Congreso del Estado que concluirá el quince de noviembre del año en curso.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los numerales 27 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que establece las fechas de inicio y término de los periodos ordinarios de sesiones y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, que establece que durante los recesos del Congreso, funcionará una Diputación Permanente, compuesta de tres diputados que serán: presidente, secretario y vocal y por cada uno de éstos un suplente.
Que en conclusión, el citado servidor público acredita su representación con fundamento en el artículo 43, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, la que no le otorga la representación de dicho poder, sino se la atribuye al presidente de la mesa directiva del Congreso, el cual no se encuentra en funciones.
En virtud de lo anterior y atento a lo dispuesto en la parte final del numeral 11 de la ley reglamentaria del artículo 105, se presume que goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para ello, salvo prueba en contrario.
e) Que comparece Víctor Manuel Cervera Pacheco en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, quien manifiesta que su cargo por ser de conocimiento público no requiere acreditarse, solicitando que le sea reconocida su personalidad por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que con tal carácter comparece en el expediente de la acción de inconstitucionalidad, rindiendo el informe previsto en el numeral 64 de la ley reglamentaria del artículo 105.
Ahora bien, quien suscribe el informe lo hace en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, sin que acompañe constancia alguna que lo acredite como tal, sin embargo de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 de la ley reglamentaria del artículo 105, se debe de presumir que goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
f) Que se infiere que al Ayuntamiento le corresponde la administración pública municipal, cuya actividad se encuentra prevista en la Constitución Federal en su artículo 115, fracción I; en la Constitución Local en su artículo 76 y en el artículo 38 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que podemos concluir que el Ayuntamiento es el principal responsable de planear, conducir, coordinar y orientar las acciones e inversiones, y de regular y fomentar las actividades que demande el interés público con el fin de obtener una mejora permanente en la calidad de vida de la población que gobierna, en síntesis, es el órgano colegiado de gobierno que se erige como autoridad política y representa al Municipio frente a los Poderes del Estado y la Federación.
g) Que conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se advierte que las principales funciones del presidente municipal, se constriñen en ejecutar las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento; presidir y dirigir las sesiones de éste; representar al Municipio y, en su caso, al propio Ayuntamiento, en actos y funciones políticos y administrativos; imponer sanciones administrativas a los infractores, y cumplir con diversas facultades de vigilancia, nombramientos y administración, es decir, corresponde al presidente municipal, presidir el Ayuntamiento y representarlo en todos los aspectos políticos y administrativos y, en su carácter de Ejecutivo, cumplir y llevar a cabo las decisiones del Ayuntamiento.
h) Que el Congreso del Estado de Yucatán al atribuirle directamente al presidente municipal la dirección de diversas funciones catastrales, que corresponderían al Ayuntamiento, está desvirtuando la integración y función primaria del órgano colegiado encargado de la administración del Municipio, creando una autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado, vulnerando así lo dispuesto por la fracción I, del artículo 115 constitucional.
i) Que el artículo 4o. de la ley impugnada señala que los presidentes municipales ejercerán las funciones contenidas en la Ley del Catastro del Estado de Yucatán, a través de sus direcciones del catastro, con lo que este numeral y consecuentemente, los demás impugnados, infringen lo dispuesto en los artículos 115, fracción I de la Constitución Federal; 76, fracciones IV y VI de la Constitución Local; 1o., 2o., 3o., 38 y 40 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, ya que de conformidad con los postulados contenidos en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal, retomados por la Constitución Particular y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, al Ayuntamiento le corresponde la administración municipal, por lo que, los presidentes municipales no pueden administrar directamente, los servicios del Ayuntamiento y, en consecuencia, tampoco deben tener a su cargo u
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6717-010dfd1f/catastro-los-articulos-4o-9o-10-11-12 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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