AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CARÁCTER EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE YUCATÁN (LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/96. DIPUTADOS DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de octubre de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Rosa Payán Cervera, Juan Alfonso Sauma Novelo, Miguel Ángel Gutiérrez Machado, Edgar Martín Ramírez Pech, Leopoldo Humberto Morales Hernández, Jorge Arturo Novelo Dorantes, Leticia Isabel Domínguez Escalante, Jorge Javier Vázquez Montero, Timoteo Canche Tinal, Fernando Peón Molina, Ricardo Alberto Gutiérrez López y Modesto Puc Tech, en su carácter de diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las disposiciones que a continuación se señalan:
"Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. 1. El órgano legislativo que aprobó, emitió y decretó las normas generales que impugnamos es el H. Congreso del Estado de Yucatán con el voto particular en contra de los miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que formamos parte de las Comisiones de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales y de Desarrollo Municipal. Este órgano legislativo tiene domicilio conocido en esta ciudad de Mérida, Yucatán.-2. El órgano ejecutivo que promulgó y publicó dichas normas es el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, representado por el gobernador de la misma entidad federativa, también con domicilio conocido en esta ciudad de Mérida, Yucatán.-Normas generales cuya invalidez se reclama y medio oficial en que fueron publicadas.
1. Se reclama la invalidez de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán precisamente en cuanto hace a las reformas y adiciones a los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 149 y la creación del artículo 95 bis.-2. Las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán fueron publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día veintiséis de agosto del año en curso.-Precisando los puntos anteriores deberá entenderse que en esta acción de inconstitucionalidad reclamamos: Del H. Congreso del Estado de Yucatán: 1. La discusión, estudio, análisis y aprobación de las reformas y adiciones a los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 149 y la creación del artículo 95 bis de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán y, 2. El Decreto Número 63 por medio del cual dicho órgano legislativo solicitó al Ejecutivo Estatal la promulgación y publicación de tales reformas y adiciones ... Del gobernador del Estado de Yucatán: 1. La iniciativa que presentó ante el H. Congreso del Estado para reformar y adicionar la precitada Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán en los artículos que han sido señalados anteriormente.-2. La promulgación y publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha veintiséis de agosto del año en curso del precitado Decreto Número 63 emitido por el Congreso del Estado de Yucatán."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución Política Mexicana. Estas acciones, conforme al artículo 105, fracción II de la citada Carta Magna pueden promoverse, entre otras entidades, por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales. La demanda deberá presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma y será procedente cuando la resolución sea aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos.-El requisito de oportunidad y el de proporcionalidad del órgano legislativo al que pertenecemos, están satisfechos según quedó señalado en párrafos precedentes. El aspecto que se refiere al número de votos requerido para declarar la invalidez de las normas que se combaten, lo solicitamos atenta y respetuosamente a todos ustedes, señores Ministros integrantes de esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque consideramos justa y legal nuestra petición.-Un razonamiento sencillo, expuesto en forma de silogismo, es suficiente para demostrar la procedencia de esta acción de inconstitucionalidad y puede expresarse así: Premisa mayor. El artículo 115, fracciones I, II, III y IV (sic) la Constitución General de la República, como Norma Suprema del país, confiere autonomía y libertad a los Municipios en el manejo de sus asuntos propios, fundamentalmente cuando dispone que no habrá ninguna autoridad intermedia entre ellos y el Gobierno del Estado.-Premisa menor. La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, en los términos en que quedó reformada, crea diversas autoridades en forma de grupos, comités, consejos y ‘representantes’ del gobernador del Estado de Yucatán, entre otros, a quienes se confiere facultad expresa para intervenir en la administración de recursos económicos propios de los Municipios del Estado.-Conclusión. La norma general impugnada es, por tanto, contraria a la Constitución ya que crea autoridades no sólo intermedias sino con injerencia directa en la administración de los asuntos propios de los Municipios del Estado de Yucatán.-En efecto, el primer párrafo del artículo 115 constitucional dispone que los Estados deben adoptar, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.-La fracción I del citado artículo 115, por su parte, dice que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y que no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Esta fracción, como ya se dijo antes, crea el principio de autonomía municipal, pues se confiere a los Ayuntamientos la facultad de decidir todos los asuntos relativos a la organización y administración de cada Municipio. Lo anterior quiere decir que éstos se encuentran dotados de una capacidad de autodeterminación.-El tratadista mexicano Carlos F. Quintana Roldán, al explicar el mismo tema dice textualmente que ‘... En sentido moderno, entendemos a la autonomía municipal como: El derecho del Municipio para que, dentro de su esfera de competencias, elija libremente a sus gobernantes, se otorgue sus propias normas de convivencia social; resuelva sin intervención de otros poderes los asuntos propios de la comunidad; cuente, además, con renglones propios de tributación y disposición libre de su hacienda; y, finalmente, que estas prerrogativas estén definidas y garantizadas en el ordenamiento supremo del Estado. ...’ (Derecho Municipal, primera edición, Editorial Porrúa, S.A., páginas 194 y 195).-Esa facultad, según el mismo autor, se desglosa en varios apartados y así puede afirmarse que el Municipio tiene fundamentalmente: 1. Autonomía política: Consiste en la capacidad jurídica para otorgarse democráticamente sus propias autoridades, cuya gestión no debe ser interferida por otros niveles de gobierno.-2. Autonomía administrativa: Se entiende como la capacidad del Municipio para gestionar y resolver sus asuntos propios en todo lo relativo a servicios públicos y organización interna sin la intervención de otras autoridades, y 3. Autonomía financiera: Consiste en la capacidad del Municipio para contar con recursos suficientes derivados de renglones tributarios exclusivos, así como el libre manejo de su patrimonio y la libre disposición de su hacienda.-Adicionalmente puede señalarse otro aspecto no menos importante. Es el que se deriva del segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 constitucional y consiste en que tal precepto confiere a favor de los Ayuntamientos, como órganos ejecutivos de los Municipios, lo que podría denominarse autonomía reglamentaria, o sea, la capacidad de darse sus propias normas, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, sin la intervención de ningún otro nivel de gobierno.-Es preciso señalar que los aspectos que se vienen comentando no constituyen meras abstracciones o conceptos de doctrina, ya que tienen reconocimiento expreso en las fracciones I, II, III y IV del invocado artículo 115 constitucional.-Esos mismos conceptos se encuentran plasmados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, como en el Convenio de Desarrollo Social para el año de 1996 celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Yucatán.-Efectivamente, en el capítulo de antecedentes de este último documento, cuando se hace referencia al ‘Nuevo Federalismo’, concepto que ha sido expresado en muchos foros nacionales por el presidente de la República, se menciona la necesidad de fortalecer a los Municipios mediante la transferencia a éstos no sólo de recursos económicos para la atención de sus necesidades más apremiantes, sino también de facultades para solucionar libremente sus propios problemas.-Queda establecido pues que por ‘autonomía municipal’ debe entenderse la capacidad que tienen los Ayuntamientos para decidir, sin la intervención o injerencia de ningún otro órgano de gobierno o autoridad, todo lo relativo a los asuntos políticos, administrativos y de hacienda de su jurisdicción, así como la facultad que tienen para otorgarse sus propios reglamentos. De tal suerte que si alguna norma general secundaria crea organismos que intervengan, de cualquier manera, en la decisión de tales asuntos municipales, es contraria a la Constitución General de la República.-En esas condiciones, resulta evidente que las reformas propuestas por el gobernador del Estado de Yucatán a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán y aprobadas por mayoría de trece votos contra doce en el Congreso del mismo Estado, son contrarias a los artículos 26, 73, fracción XXIX-D y 115 constitucionales.-Ello es así porque bajo una falsa apariencia de democracia, la ley que impugnamos crea una compleja diversidad de entidades que denomina ‘grupos’, ‘organizaciones civiles’, ‘organizaciones sociales’, ‘representantes’ (pueden ser del gobernador del Estado y/o de otras dependencias de la administración pública estatal o federal), ‘comités’ (éstos pueden estar constituidos por localidad, comisaría, cuadra, manzana, barrio, colonia o fraccionamiento), ‘comités comunitarios’ y ‘consejos’.-Esas ‘entidades’, a cuyos integrantes en los casos más importantes se les otorga participación con voz y voto, resultan ser las encargadas de decidir democráticamente todo lo relativo a la organización y administración de los Municipios del Estado de Yucatán, especialmente en lo que hace a los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal Ramo 00026, Superación de la Pobreza.-Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 95 reformado de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán que en su primer párrafo señala en forma imperativa que los ‘grupos’, ‘las organizaciones sociales’ y ‘las comunidades’ de los Municipios, participarán en las etapas de formulación, instrumentación, vigilancia y control del proceso de planeación municipal y que serán parte integrante de los comités de planeación para el desarrollo municipal.-El mismo artículo 95, en su tercer párrafo, crea el Consejo de Desarrollo Municipal como el órgano de planeación, decisión, aprobación, vigilancia y control de los proyectos y acciones que se realicen con los recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal y, por si todo eso fuera poco, establece indirectamente una velada obligación a cargo de los presidentes municipales de celebrar anualmente convenios con el Ejecutivo del Estado, al decir que los proyectos y acciones se realizarán con los recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal ... ‘materia del convenio de desarrollo social que formalizan anualmente la Federación y el Estado, y los convenios de desarrollo social municipal, que celebran anualmente el Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales’ ... Veamos, con nuevos argumentos, la forma en que ocurre no sólo la intermediación sino una injerencia directa de esos ‘órganos’ en la administración de los Municipios del Estado de Yucatán.-El Consejo de Desarrollo Social, según el cuarto párrafo del artículo 95 reformado, se integra por: 1. El presidente municipal. 2. Los representantes de los comités comunitarios. 3. Un vocal de control y vigilancia electo por los miembros del consejo y, 4. Los ‘asesores’ del consejo, representantes uno del Ejecutivo Estatal y otro de la Secretaría de Desarrollo Social de la administración pública federal, sin derecho a voto y para efectos de coordinación y colaboración, exclusivamente.-Aquí surge un primer problema. Es el relativo a la integración y toma de decisiones del multicitado Consejo de Desarrollo Municipal, se explica así: El Consejo de Desarrollo Municipal debe decidir democráticamente el destino de los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal (ver tercer párrafo de la página seis del Diario Oficial de fecha 26 de agosto que acompaña a este escrito y se ofrece como prueba).-En ese sentido por ‘democráticamente’ debemos entender que las decisiones se toman por mayoría de votos.-Al no establecer la ley nada en contrario y con la salvedad expresa de los asesores, cada uno de los integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal tiene derecho a un voto.-Y aquí es precisamente donde surge el problema porque en realidad no está predeterminado el número exacto de personas que integran tal consejo. En efecto, sólo se encuentran señalados expresamente cuatro de ellos y sólo dos con derecho a voto, a saber: el presidente municipal (con derecho a voto), un vocal de control y vigilancia (con derecho a voto) y dos asesores, representantes uno del Ejecutivo Estatal y otro de la Secretaría de Desarrollo Social federal (estos dos últimos sin derecho a voto).-Los demás ‘integrantes’ son los representantes de los ‘comités comunitarios’ que cuentan con voz y con voto y cuyo número exacto no está determinado pero que conforme al artículo 95 bis de la ley que se comenta puede haber representantes (así en plural) por localidad, comisaría, cuadra, manzana, barrio, colonia, fraccionamiento, entre otros.-En esa forma los representantes de los comités comunitarios, aun cuando sólo se nombre a una persona por cada una de las siete ‘instancias organizativas’, harían ‘mayoría’ precisamente en la proporción de siete votos contra dos en la toma de decisiones. Lo verdaderamente grave del asunto es que, en esas condiciones, la capacidad de decisión de los asuntos relativos a la administración municipal, no quedaría en manos de las personas que integran los Ayuntamientos y que fueron electas por el pueblo en forma popular y directa por medio del voto.-Además, en los términos de la reforma, podrían propiciarse situaciones absurdas que por lo mismo resultarían anárquicas e inequitativas. Un solo ejemplo explica nuestra anterior afirmación: supongamos lo que ocurriría si en la capital del Estado de Yucatán el Consejo de Desarrollo Municipal llegare a tener un solo representante por cada una de las ‘instancias organizativas’, cuando en la ciudad de Mérida existen ciento noventa y tres fraccionamientos, ciento veintinueve colonias y once mil manzanas aproximadamente. El funcionamiento de tal Consejo de Desarrollo Municipal sería prácticamente imposible.-Veamos ahora cuáles son las facultades de los Consejos de Desarrollo Social Municipal conforme al propio artículo 95: 1. Decidir ‘democráticamente’ el destino de los recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal y promover, seleccionar, programar, controlar, vigilar y dar seguimiento a sus acciones. 2. Aprobar en sesión los programas de inversión que proponga, hacerlos constar en acta y darlos a conocer al Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio para los efectos previstos en la ley. 3. Elaborar el programa de trabajo anual. 4. Formular su reglamento interior. 5. Organizar las comisiones de trabajo necesario para facilitar sus funciones. 6. Establecer la agenda de las reuniones con las dependencias normativas y ejecutoras para el seguimiento de la gestión y ejecución de obras. 7. Programar reuniones de consulta a las organizaciones sociales, comunidades y comités comunitarios. 8. Nombrar en forma democrática al vocal de control y vigilancia, y 9. Propiciar la integración democrática del Consejo de Desarrollo Social Comunitario, en su caso.-Resulta claro, pues, que tal Consejo de Desarrollo Social, dotado de facultades de decisión en cuanto al destino de los recursos económicos del Fondo de Desarrollo Social y en general de planeación municipal, constituido por organismos y personas que resultan extraños por no ser los individuos electos en forma popular y directa para integrar los Ayuntamientos, se convierte ya no digamos en una autoridad ‘intermedia’ entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado de Yucatán, sino en una autoridad con injerencia directa en los asuntos que competen exclusivamente a los Municipios.-Por su parte, el artículo 95 bis de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán ‘define’ lo que es un comité comunitario como ‘... la instancia organizativa local, constituida por los representantes nombrados democráticamente por localidad, comisaría, cuadra, manzana, barrio, colonia, fraccionamiento, entre otros. ...’. Definir quiere decir ‘... Fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa.’ (Diccionario de la Lengua Española, vigésima edición, tomo I, página 447). En realidad no puede asegurarse que en el primer párrafo del artículo 95 bis se fije con claridad, exactitud o precisión la naturaleza del ‘comité comunitario’, lo que sin duda propiciará serios problemas de interpretación.-Pues bien, las funciones de esos ‘comités comunitarios’, conforme al mismo artículo 95 bis de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán reformada, son las siguientes: ‘I. Analizar y priorizar los rezagos y problemas locales, para formular su programa anual de gestión ante el Consejo de Desarrollo Municipal. II. Organizar y coordinar la realización de tareas y acciones a desarrollar por la comunidad que no requieran recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal, integrados en un programa de acción comunitaria. III. Definir y nombrar las comisiones de trabajo, sus tareas y tiempos de acción para cada aspecto del desarrollo social. IV. Nombrar democráticamente a sus representantes ante el Consejo de Desarrollo Municipal y, en su caso, participar en la integración del Consejo de Desarrollo Social Comunitario y, V. Realizar la vigilancia, control y seguimiento social de las obras, acciones y proyectos realizados con recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal.’.-Son precisamente esos ‘comités comunitarios’ los que en forma imperativa integran el Consejo de Desarrollo Municipal (primer párrafo del artículo 95), los que si en un determinado Municipio llegan a ser más de 30, constituirán el ‘Consejo de Desarrollo Social Comunitario’, lo que representa otro claro, evidente ejemplo de intromisión directa en la autonomía municipal.-Con nuestros argumentos no debe entenderse, de ninguna manera, que no estamos de acuerdo o que negamos el verdadero valor que en el proceso democrático tienen la participación ciudadana y la consulta popular. Reconocemos que tales aspectos son primordiales en un régimen de derecho que aspira a la libertad y a la democracia.-Más aún, respetando esos valores, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán desde antes de la reforma de 26 de agosto del año en curso, precisamente en sus artículos del 52 al 65, ambos inclusive, contempla la existencia de organismos auxiliares y órganos consultivos del Ayuntamiento. Efectivamente, en tales preceptos se habla de los delegados municipales, comisarios, subcomisarios y jefes de manzana, entre otros, como autoridades auxiliares; se mencionan también las Comisiones de Planificación y Desarrollo Urbano y los Consejos de Colaboración Municipal, entre otros, como órganos consultivos del Ayuntamiento. En cada caso se señalan las facultades y atribuciones de tales órganos de asesoría y opinión sin que sus conclusiones obliguen a los Ayuntamientos.-Como se observa, el texto de las disposiciones de la ley orgánica a que nos referimos son congruentes con el espíritu de autonomía municipal expresada como Municipio Libre en las Constituciones Federal y Estatal, ya que la intervención de los citados organismos auxiliares consiste única y exclusivamente en que éstos proporcionen a los Ayuntamientos la asesoría y opinión que sean capaces de proporcionar pero sin intromisión ni injerencia en la administración pública de los Municipios.-En mérito de lo anterior, estimamos que las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán que han quedado precisadas en este libelo deben ser declaradas inválidas e inconstitucionales por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que contrarían abiertamente la autonomía, independencia, libertad hacendaria y facultad reglamentaria que el artículo 115 de la Constitución Política Mexicana consagra exclusivamente en favor de los Municipios.-A mayor abundamiento, podemos señalar que esas mismas reformas son contrarias también a los artículos 78 y 82 de la Constitución Política del Estado de Yucatán porque conforme al primer numeral son los propios Municipios los que directamente, es decir, sin la intervención o injerencia de otras autoridades, órganos o dependencias, quienes designan a sus autoridades auxiliares; y el segundo precepto legal, observando cabalmente la Carta Magna, describe las facultades y competencias del Municipio Libre entre las que se encuentran precisamente las de su autonomía y libertades administrativa y hacendaria."
TERCERO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 26, 73, fracción XXIX-D y 115, así como 78 y 82 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.
CUARTO.-Mediante proveído de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.-Por auto de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa; ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe, correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde, y tuvo por reconocida la personalidad de los promoventes. Posteriormente, mediante proveído de primero de noviembre del mismo año, se otorgó el plazo legal a las partes para la formulación de sus alegatos y, transcurrido dicho plazo, se pasaron los autos para la elaboración del proyecto de sentencia.
SEXTO.-El gobernador y la secretaria general de Gobierno del Estado de Yucatán, al rendir su informe en síntesis manifestaron lo siguiente:
a) Que con fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, enviaron al Congreso del Estado de Yucatán, una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos del 91 al 95 y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, en el ejercicio de las facultades que otorga al primero de los comparecientes, la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política en el Estado de Yucatán, que constituiría las bases legislativas mínimas para la reglamentación municipal autónoma del sistema de planeación y la participación social de los Municipios.
b) Que con fecha veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis, la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado, aprobó las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, y remitió al Ejecutivo el Decreto Número 63 para los efectos legales de su promulgación y publicación.
c) Que el Ejecutivo del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 55, fracción II de la Constitución Política del Estado de Yucatán, promulgó y publicó las reformas y adiciones a dicha ley, aprobadas por el Congreso del Estado, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha veintiséis de agosto del año en curso.
d) Que en este proceso de creación de la ley, el Ejecutivo del Estado observó todas y cada una de las disposiciones constitucionales aplicables al caso, sin contravenir ni contradecir ningún precepto de la Carta Magna.
e) Que las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, no crean ninguna autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado, como infundadamente dicen los demandantes de la presente acción de inconstitucionalidad. La ley no les da ese carácter al Comité de Planeación para el Desarrollo, Consejo de Desarrollo Municipal, comité comunitario y Consejo de Desarrollo Social Comunitario; éstos no solamente están integrados por miembros del propio Ayuntamiento quienes son los únicos que tienen voz y voto o designados por el presidente municipal, sino que por disposición expresa de la ley, se encuentran supeditados a los Ayuntamientos, de manera que no contraviene ni contradice disposición constitucional alguna, ya que la creación de estos comités y consejos no constituye intermediación alguna entre el Municipio y el Gobierno del Estado, sino que con ellos se propicia la participación de la sociedad, reglamentada por el propio Ayuntamiento y sin injerencia del Gobierno del Estado, en el proceso de planeación del desarrollo del Municipio.
f) Que si bien es cierto que el Consejo de Desarrollo Municipal decide, con la participación del comité comunitario y, en su caso, del Consejo de Desarrollo Social Comunitario, el destino de los recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal, previstos en el presupuesto de egresos de la Federación, y promueve, selecciona, programa, controla, vigila y da seguimiento a las acciones que se realizan con dicho fondo, no hay que perder de vista que estas acciones se deben incluir e integrar, por disposición expresa del artículo 93, fracción VII de la citada Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, en el Programa Operativo Anual del Municipio; y éste, también por disposición expresa del artículo 91, séptimo párrafo de la citada Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, estará determinado por el plan municipal de desarrollo o por el programa trianual municipal; y el plan o el programa trianual, son elaborados y aprobados por los Ayuntamientos, según dispone expresamente el artículo 91, octavo párrafo de la mencionada ley, es decir, son los Ayuntamientos quienes finalmente aprueban o no los planes o programas que habrán de realizarse en el ámbito del Municipio, sin intervención ni injerencia de autoridad alguna; y ello, no contraviene ni contradice disposición constitucional alguna.
g) Que al ser aprobados y elaborados por los Ayuntamientos, dicho plan o programa trianual, la ley solamente reconoce al Comité de Planeación para el Desarrollo, Consejo de Desarrollo Municipal, comité comunitario y Consejo de Desarrollo Social Comunitario, como instancias de participación social en el proceso de planeación municipal, y no como autoridades que pudieran sustituir a los Ayuntamientos en el ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales.
h) Que las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, no les otorga el carácter de autoridades, toda vez que aunque participan en las etapas de formulación, instrumentación, vigilancia y control del proceso de planeación municipal, sus propuestas y decisiones están sometidas, por disposición expresa de la propia ley, a la aprobación de los Ayuntamientos. De manera tal que no existe contradicción o contravención alguna a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
i) Que el planteamiento de lo que la demandada denomina "autonomía reglamentaria", las reformas y adiciones a la ley antes referida, no es contraria a lo que dispone la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal, dado que de acuerdo con lo que dispone dicha norma constitucional, y como señala el artículo 91, segundo párrafo de la ley, serán precisa y únicamente los Ayuntamientos quienes reglamentarán las bases que establece la propia ley, para integrar sus sistemas municipales de planeación, crear los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Municipios y establecer los mecanismos de participación de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias.
j) Que la fracción II del artículo 115 constitucional, establece con toda claridad que los Ayuntamientos poseen facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que fijen las Legislaturas de los Estados, reglamentos dentro de sus respectivas jurisdicciones. La ley de referencia no contraviene ni contradice esta disposición constitucional. La Constitución en su artículo 115, al otorgar la facultad reglamentaria a los Ayuntamientos, preceptúa que una ley general enmarque la expedición de los reglamentos municipales, y aunque los Ayuntamientos tienen también facultades para expedir reglamentos autónomos, la propia Constitución Federal cuida que sean expedidos dentro del marco de las bases genera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6820-18d038d7/autoridades-intermedias-tienen-ese-caracter-el-comite-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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