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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN EL QUE NO SE HA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 49/2004. · Registro digital (IUS): 18428
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 1818.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 49/2004. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de septiembre de dos mil cuatro.

VISTOS Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ángel Francisco Prieto Méndez, en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Ligia Aurora Cortés Ortega, Mercedes Eugenia Pérez Fernández, Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Mygdalia Rodríguez Arcovedo, en su carácter de Magistrados de dicho cuerpo colegiado, a nombre del Poder Judicial de la aludida entidad federativa, promovieron demanda de controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del propio Estado por los actos que a continuación se indican:

"A) La propuesta de acuerdo parlamentario para solicitar al Pleno del H. Congreso acepte los dictámenes presentados por los diputados firmantes, relacionados con la demanda de juicio político en contra de diversos servidores públicos, para su discusión y aprobación, en su caso, (en lo sucesivo propuesta) de fecha 23 de marzo en curso, suscrito la mayoría (sic) de los diputados que integran el H. Congreso del Estado de Yucatán, en virtud el que por sí, (sic) adoptaron el siguiente: Acuerdo Primero. Se acepten los proyectos de dictamen presentados ante el Pleno de este H. Congreso, por los diputados abajo firmantes, correspondientes a la calificación de las denuncias de juicio político presentadas en contra de los siguientes servidores públicos. ... Magistrados del Tribunal Superior de Justicia licenciados Ángel Francisco Prieto Méndez, Migdalia (sic) Rodríguez Arcovedo, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, Mercedes Eugenia Pérez Fernández y Ligia Aurora Cortés Ortega. (dos dictámenes). Segundo. Convoque al presidente de la mesa directiva a sesión del Pleno de este H. Congreso, a celebrarse inmediatamente después de concluida la sesión en que el presente acuerdo sea aprobado. Dicha sesión tendrá como único objeto el que sean sometidos a discusión y, en su caso, aprobación, los dictámenes presentados a la secretaría por los diputados firmantes del presente acuerdo, relacionados con las denuncias de juicio político presentadas en contra de los servidores públicos mencionados en el numeral primero de este acuerdo, para lo cual, por su obvia y urgente resolución, y de conformidad con los artículos 110 y 111, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se dispensarán los trámites de rigor, para la discusión y aprobación por el Pleno. Por su notoria y obvia resolución, con fundamento en los artículos 110 y 111, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, solicito la dispensa de los trámites respectivos y que la presente proposición de acuerdo se someta a discusión y votación en este momento. Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil cuatro."

"B) El acuerdo parlamentario (en lo sucesivo acuerdo) de fecha 23 de marzo en curso, suscrito por algunos diputados al H. Congreso del Estado de Yucatán, tiene el siguiente texto: Primero. Se estima que las conductas atribuidas a los licenciados Ángel Francisco Prieto Méndez, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, Mercedes Eugenia Pérez Fernández y Ligia Aurora Cortés Ortega, Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, corresponden a las enumeradas en el artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Yucatán. Segundo. Se estima que los indiciados licenciados Ángel Francisco Prieto Méndez, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, Mercedes Eugenia Pérez Fernández y Ligia Aurora Cortés Ortega, Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, están comprendidos entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Yucatán. Tercero. Se declara procedente el dictamen relativo a la denuncia de juicio político instaurada en contra de los licenciados Ángel Francisco Prieto Méndez, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, Mercedes Eugenia Pérez Fernández y Ligia Aurora Cortés Ortega, Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por lo que amerita incoar el procedimiento respectivo. Cuarto. Se solicita al Pleno de este H. Congreso del Estado que el presente dictamen sea aprobado y se proceda a la integración de la comisión instructora. La propuesta y el acuerdo deben ser considerados como atribuibles al H. Congreso del Estado de Yucatán, por cuanto a que quienes fueron sus autores y lo firmaron conforman mayoría absoluta.. La propuesta y el acuerdo atribuido al H. Congreso del Estado invaden la competencia de los tribunales de la Federación, no están fundados ni motivados, infringen los principios de legalidad y de división de poderes, invaden la esfera de competencia del Poder Judicial del Estado de Yucatán y atentan contra la independencia de éste. De la propuesta y el acuerdo emitidos con fecha 23 de marzo del presente año, tuvimos conocimiento de manera incidental, por cuanto a que no nos han sido notificados, hasta el día de hoy, sin embargo, su contenido lo conocemos por cuanto un miembro de la legislatura nos facilitó una copia fotostática de cada uno de ellos y que se adjuntan en el anexo 12. De nueva cuenta recurrimos ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabedores de que, desde hace mucho tiempo, cuando ha sido objeto de requerimientos similares, en forma reiterada y constante se ha pronunciado y defendido la dignidad de los Jueces, rechazado las ingerencias que no están previstas en la ley o que van más allá de lo que es una sana relación entre poderes, y afianzando la independencia de los tribunales, federales y locales."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron los antecedentes del caso y se expusieron los conceptos de invalidez que se estimaron oportunos, los que, dado el sentido que orienta el presente fallo, se estima innecesario referir.

TERCERO. En la demanda se señalaron como preceptos violados los artículos 16, 17, 41, 49, 76, fracción VI, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 16, 63 y 75, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

CUARTO. Por acuerdo de fecha dos de abril de dos mil cuatro el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la demanda aludida con el número de expediente 49/2004, y dispuso turnarlo al Ministro Juan Díaz Romero.

Mediante proveído de la misma fecha se tuvo por reconocida la personalidad de los promoventes, se admitió la demanda de controversia constitucional, se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación de demanda, se dispuso no tener como tercero perjudicado a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión como lo había señalado la parte actora, por considerarse que la resolución que en su caso se emitiera en el presente asunto no le depararía ningún perjuicio y, asimismo, se ordenó correr traslado al procurador general de la República para que formulara su pedimento correspondiente, y se tuvieran por recibidas las pruebas documentales exhibidas.

QUINTO. Mediante escrito presentado el día diecisiete de mayo de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, a través de José Gerardo Bolio de Ocampo, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura, contestó la demanda formulada en su contra.

SEXTO. Mediante oficio número PGR/526/2004, presentado el día veinticinco de junio de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República formuló su pedimento en la presente controversia constitucional.

SÉPTIMO. El día veinticinco de junio de dos mil cuatro tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, desahogo y alegatos en la presente controversia constitucional y se puso el expediente en estado de resolución.

En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Segunda Sala para su radicación y resolución y, posteriormente, se acordó remitir el asunto nuevamente al Tribunal Pleno.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una controversia constitucional entre los Poderes Judicial y Legislativo del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Es de análisis previo, por ser de orden público, el estudio de la legitimación de quien comparece ejercitando la acción de controversia constitucional en nombre del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Con objeto de examinar la cuestión referida, se hace necesario tomar en consideración que la legitimación en la causa se suele identificar con la vinculación que existe entre quien invoca un derecho sustantivo y el derecho mismo que hace valer ante los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido, mientras que la legitimación en el proceso es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio.

La legitimación en la causa se traduce, pues, en la afirmación que hace una parte sobre la existencia de un derecho sustantivo cuya aplicación y respeto pide al órgano jurisdiccional por encontrarse frente a un estado lesivo a ese derecho, acreditando su interés actual. Por su parte, la legitimación procesal se identifica con la capacidad para realizar actos jurídicos de carácter procesal en un juicio determinado.

Al respecto, es aplicable la tesis de la Primera Sala, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto de 1997, tesis 1a. XV/97, página 468, que dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO. La legitimación en la causa, entendida como el derecho sustantivo para poder ejercer la acción, y la legitimación en el proceso, entendida como la capacidad para representar a una de las partes en el procedimiento, son aspectos de carácter procesal que, para el caso de las controversias constitucionales, se cumplen de la siguiente manera: 1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Federal, solamente tienen derecho para acudir a la vía de controversia constitucional las entidades, poderes u órganos a que se refiere el citado precepto fundamental; de esto se sigue que son estos entes públicos a los que, con tal carácter, les asiste el derecho para ejercer la acción de referencia; y 2. De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, atento el texto de la norma y el orden de los supuestos que prevé, el órgano jurisdiccional, primero debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley y, en todo caso, podrá entonces presumirse dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario."

Ahora bien, en primer término, es oportuno puntualizar que entre las constancias que obran agregadas al cuaderno principal se encuentra la consistente en copia certificada del Diario Oficial, órgano de publicación del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, número 29372, de fecha diecinueve de abril de dos mil uno, en el que aparece publicado el Decreto Número 416, en virtud del cual se designa como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán a Ángel Francisco Prieto Méndez, para el periodo comprendido del veinte de abril de dos mil uno al diecinueve de abril de dos mil cinco, así como copia certificada del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha dos de enero de dos mil cuatro, en el que consta la designación como presidente de ese órgano, del mencionado Magistrado.

La designación del promovente como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Yucatán lo faculta para comparecer en representación del Poder Judicial Estatal, según deriva de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que dice:

"Artículo 23. Además de las atribuciones a que se contrae el artículo anterior y la presente ley, el presidente asumirá la representación del Tribunal Superior de Justicia y será su misión principal velar porque la administración de justicia sea expedita, para lo cual dictará las providencias que fueron (sic) necesarias y oportunas y visitará personalmente, cuando lo estime pertinente, cualquiera de los juzgados de primera instancia."

El anterior precepto debe ser relacionado con los diversos artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

"III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y

"IV. El procurador general de la República."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

"El presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."

De ello se sigue que si en el caso la controversia constitucional intentada se promueve precisamente por el Poder Judicial del Estado de Yucatán, por estimar que el Poder Legislativo de la misma entidad federativa ha invadido atribuciones que le corresponden, a través de los actos reclamados en el escrito de demanda y si aquél se encuentra representado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es inconcuso que la legitimación de éste para promover la acción de controversia constitucional se encuentra plenamente acreditada.

No puede considerarse lo mismo respecto de los Magistrados Ligia Aurora Cortés Ortega, Mercedes Eugenia Pérez Fernández, Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Mygdalia Rodríguez Arcovedo, quienes también signaron la demanda de controversia constitucional, pues no existe precepto legal alguno en virtud del cual puedan asumir, conjunta o separadamente, la representación del Poder Judicial del Estado, la que además, como se ha visto, corresponde únicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, por lo que debe estimarse que carecen de legitimación para acudir al juicio constitucional que es materia de esta ejecutoria.

TERCERO. Por otro lado, es menester analizar la legitimación de la parte demanda y de quien comparece en su representación.

Conviene recordar que la autoridad demandada en esta instancia es el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, por lo que al tratarse de uno de los poderes de dicha entidad federativa conforme al artículo 16 de la Constitución Política de dicho Estado, debe estimarse que se trata de un ente legitimado para acudir a la presente controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal.

Ahora bien, suscribe la contestación de la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, José Gerardo Bolio de Ocampo, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, lo que acredita con copia certificada del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha once de abril de dos mil cuatro, en el que aparece publicado el acuerdo por el que "se declaran electos quienes integran la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura que fungirá durante el segundo mes del tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional", del que se desprende que se eligió como presidente a la nombrada persona. (fojas 2 y 3 del cuaderno de pruebas de la parte demandada).

Ahora bien, el artículo 43, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán establece lo siguiente:

"Artículo 43. Son facultades y obligaciones del presidente:

"I. Representar a la legislatura, así como delegar su representación en favor de otro diputado, cuando lo estime conveniente."

De acuerdo con la disposición legal transcrita, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado se encuentra legitimado para intervenir en la presente controversia, en virtud de que cuenta con la facultad legal para llevar a cabo la representación de la Legislatura del Estado de Yucatán.

CUARTO. La presente controversia constitucional debe considerarse promovida en tiempo, atento a las siguientes consideraciones:

Como quedó establecido en el resultando primero de este fallo, la demanda de controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco se interpuso el día treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, en contra del Poder Legislativo del mismo Estado, por los actos consistentes en la propuesta del acuerdo parlamentario y en el acuerdo parlamentario, ambos de fecha veintitrés de marzo de dos mil cuatro, emitidos por la mayoría de los diputados que integran el Congreso del Estado de Yucatán.

El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria del artículo 105 señala los términos para la promoción de la demanda de controversia constitucional; en lo conducente establece:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Ahora bien, la demanda de controversia constitucional fue promovida en tiempo, en virtud de que ésta se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, y si no existe constancia de notificación hecha al Poder Judicial del Estado de Yucatán ni se acreditó que hubiera tenido conocimiento o se hubiere ostentado sabedor de los actos impugnados en una fecha diversa, debe considerarse que la citada demanda fue promovida dentro del plazo de treinta días a que se refiere el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, máxime si se estima que entre la fecha de emisión de los aludidos actos y la en que se presentó la referida demanda, inclusive, transcurrieron únicamente seis días hábiles.

QUINTO. Con independencia de las causas de improcedencia alegadas por la parte demandada, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio que en los autos de este expediente obran constancias que llevan a considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se analizará a continuación por ser la improcedencia una cuestión de orden público y de estudio preferente.

El precepto señalado prevé:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diversas ejecutorias que la anterior causa de improcedencia implica un principio de definitividad tratándose de controversias constitucionales.

Al efecto, en la tesis de jurisprudencia P./J. 12/99, consultable en la página doscientos setenta y cinco del Tomo IX, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se estableció lo siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."

Así, también en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 55/2001, consultable en la página novecientos veinticuatro del Tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO. El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legitima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del Legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promoverse sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo."

Ahora bien, del contenido del dispositivo legal en comento y de los criterios transcritos se desprenden tres hipótesis para tener por actualizada la causal de improcedencia que en aquél se contiene, a saber:

1. Que esté prevista legalmente una vía en contra del acto impugnado en la controversia constitucional que no se haya agotado, a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apta para la solución del propio conflicto.

2. Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a través de aquélla; y,

3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento que no ha concluido, esto es, que esté pendiente de dictarse la resolución definitiva, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional.

El caso a estudio se ubica en la última de las hipótesis anteriores, toda vez que los actos que se impugnan en esta vía provienen de un procedimiento que al momento de la presentación de la demanda se encontraba pendiente el dictado de la resolución que lo culminara en definitiva, por lo que el actor debía esperar el dictado de esta última resolución, en el entendido de que de no hacerlo la acción de controversia constitucional es improcedente.

Al efecto, conviene establecer en esencia los actos cuya invalidez demanda la parte actora, a saber:

a) La propuesta de acuerdo parlamentario de fecha veintitrés de marzo de dos mil cuatro, para solicitar al Congreso del Estado de Yucatán que acepte el dictamen relacionado con la demanda de juicio político presentada en contra de Ángel Francisco Prieto Méndez, Ligia Aurora Cortés Ortega, Mercedes Eugenia Pérez Fernández, Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Mygdalia Rodríguez Arcovedo, en su carácter de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el cual se propuso declarar procedente la denuncia de juicio político presentada por Rubén J. Bolio Pastrana, Marco Antonio Cerón Ruiz y Sara Mollet Cámara, esta última como apoderada general de Armando Medina Millet, en contra de los nombrados funcionarios estatales.

b) La aprobación del dictamen señalado en el inciso anterior por parte de la mayoría del Congreso del Estado de Yucatán, en la sesión celebrada el veintitrés de marzo de dos mil cuatro y, como consecuencia, la incoación del juicio político respectivo y la integración de la comisión instructora para tal efecto.

Por otra parte, los artículos 98, fracción I, y 99 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en lo que interesa, prevén:

"Artículo 98. El Congreso del Estado expedirá la ley reglamentaria del presente título y las demás normas conducentes para sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones:

"I. Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 99 de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho."

"Artículo 99. Podrán ser sujetos de juicio político los diputados locales propietarios y suplentes en funciones, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ...

"Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado.

"Conociendo de la acusación el Congreso del Estado, erigido en gran jurado, dictará la sanción correspondiente mediante la resolución de la mayoría absoluta de los miembros presentes, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado."

De los anteriores preceptos se advierte que el procedimiento de juicio político en el Estado de Yucatán tiene como objeto sancionar a los servidores públicos, entre ellos, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; que las sanciones aplicables por dichas conductas consistirán en la dest

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18428-6705c50c/controversia-constitucional-es-improcedente-en-contra-de-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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