CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO MATERIA DEL JUICIO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO LA NORMA GENERAL IMPUGNADA HA DEJADO DE PRODUCIR SUS EFECTOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO ABROGADA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 58/2005. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIOS: MAKAWI STAINES DÍAZ Y MARAT PAREDES MONTIEL.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cinco de septiembre de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintidós de septiembre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique Jackson Ramírez, quien se ostentó como presidente del Senado de la República de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades que a continuación se señalan y por los actos que más adelante se indican:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. ‘El Poder Ejecutivo Federal, incluyendo: A) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; B) Secretario de gobernación y C) Consejero jurídico del Ejecutivo Federal.’. IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se hubiese publicado: Los actos cuya invalidez se demanda son: 1. Los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Materia de Nombramientos y Ratificaciones de Magistrados, expedido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, refrendado por el secretario de Gobernación, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2005, en virtud de la inconstitucionalidad que le asiste, no solamente al ir más allá de la letra y espíritu de la ley que pretende desarrollar, completar o detallar, sino al establecer una contrariedad manifiesta entre las disposiciones reglamentarias que contempla y el sentido y alcance de las disposiciones expresas de la ley reglamentada. Entre otras, las comprendidas en los artículos 11, párrafo segundo, 12, 13 y 14 de las primeras, y las contenidas en el artículo 16, fracciones I-Bis y X, de las segundas. 2. El inminente e inconstitucional procedimiento tendente a no ratificar al Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, en contravención directa a los artículos 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o. y 16, fracción I-Bis, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 3. El inminente e inconstitucional procedimiento por medio del cual se pretende nombrar en el lugar del Magistrado señalado anteriormente, a diversa persona sin que haya emitido el dictamen de no ratificación conforme a los artículos 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o. y 16, fracción I-Bis, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"Primero. La fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de ordenamientos jurídicos que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. En ejercicio de esa facultad, el Congreso de la Unión expidió la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que fue publicada el 15 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El 31 de diciembre de 2000, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un ‘decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales’, mediante el cual se modificó la denominación original de la ‘Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación’ para quedar con la denominación vigente de ‘Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa’. De esta ley, para los fines que se persiguen con la interposición de la demanda de controversia constitucional que se formula, procede citar el texto de sus artículos 1o., 3o., inciso b), párrafo segundo y 16, fracciones I-Bis y X, que a la letra expresan: ‘Artículo 1o. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta ley establece.’. ‘Artículo 3o. b) ... Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa únicamente podrán ser privados de sus puestos en los casos y de acuerdo con el procedimiento aplicable para los Magistrados y los Jueces inamovibles del Poder Judicial de la Federación. ...’. ‘Artículo 16. Es competencia del Pleno: I-Bis. Proponer al presidente de la República la designación o ratificación de Magistrados previa evaluación interna. ... X. Expedir el reglamento interior del tribunal y los demás reglamentos y acuerdos necesarios para su buen funcionamiento, teniendo la facultad de crear las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del tribunal de conformidad con el presupuesto de egresos de la Federación; así como fijar, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, las bases de la carrera jurisdiccional de actuarios, secretarios de Acuerdos de la Sala Regional, secretarios de Acuerdos de la Sala Superior y Magistrados, los criterios de selección para el ingreso y los requisitos que deberán satisfacerse para la promoción y permanencia de los mismos, así como las reglas sobre disciplina, estímulos y retiro de los funcionarios jurisdiccionales.’. Tercero. No obstante lo anterior, sin atender al principio constitucional que exige a las autoridades el deber de hacer solamente aquello que la ley les atribuye como facultad o se les impone como obligación, al publicar y refrendar el Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Materia de Nombramientos y Ratificaciones de Magistrados, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de agosto de 2005, las autoridades demandadas en la controversia constitucional que nos atañe, desestimaron los preceptos fundamentales y legales que en el caso particular se estiman violados: El presidente de la República al expedir el citado reglamento, insertando en él disposiciones que modifican el contenido de las de una ley emanada del Poder Legislativo y el secretario de Gobernación, al refrendar el acto presidencial el 8 de agosto del año en curso. En sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2005 por el Senado de la República, el Pleno de esta Cámara aprobó un decreto para la presentación de la presente controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que en su parte resolutiva establece: ‘El Senado de la República determina interponer controversia constitucional en contra del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Materia de Nombramientos y Ratificaciones de Magistrados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2005. Se instruye al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a que realice las acciones jurídicas correspondientes, para dar cumplimento a esta resolución."
TERCERO. El actor en síntesis hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
a) Que la facultad reglamentaria del presidente de la República prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional, debe ajustarse a los principios de primacía de ley o de subordinación jerárquica y al de reserva de ley, consistente el primero de ellos en que la materia del reglamento no debe ir más allá de una ley de carácter formal, lo que encuentra su fundamento en el artículo 72, inciso f), de la Constitución Federal, de acuerdo con el cual en la "interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación."
Que por lo que hace al principio de reserva de ley, consiste en que de acuerdo con la Constitución, hay materias que sólo pueden ser reguladas por una ley en sentido formal, esto es, que haya sido expedida por el Poder Legislativo, lo que implica que un reglamento no puede abordar materias que han sido reservadas de manera exclusiva a las Leyes del Congreso de la Unión.
Que la facultad reglamentaria en el orden constitucional y legal mexicano no corresponde de modo absoluto y sin excepciones al presidente de la República, a los gobernadores de los Estados o al jefe de Gobierno del Distrito Federal, sino que se trata de una atribución que se ha conferido a poderes de distinta clase y jerarquía puesto que a cada instancia de poder se le confía la facultad y responsabilidad de reglamentar su ley orgánica, partiendo del principio de que nadie puede conocer mejor sus necesidades y requerimientos que el propio órgano, atribución que se justifica con el interés de excluir la injerencia de otro poder que pudiera repercutir en sometimiento, inoperatividad e intervenciones indebidas e inoportunas.
Que dichas facultades constituyen una excepción a lo previsto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal y que son atendibles no obstante que obren en leyes secundarias, puesto que han sido creadas a efecto de hacer operante el principio de división de poderes consagrado por el artículo 49 de la Norma Fundamental.
Que por su parte la base constitucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra en los artículos 73, fracción XXIX-H y 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, de acuerdo con los cuales goza de plena autonomía para dictar sus sentencias, asimismo aunque el Ejecutivo Federal nombra con aprobación del Senado a los Magistrados de dicho órgano jurisdiccional, éste no depende de ninguna autoridad administrativa, pues su existencia no se encuentra prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sino que tiene su propia ley orgánica, lo que le permite fortalecer su independencia en la materia.
Que del artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, se desprenden los lineamientos que deben seguir tanto el Congreso, al emitir la ley mediante la cual se crean Tribunales de lo Contencioso Administrativo, como las autoridades que pretenden reglamentarla e incluso para los propios tribunales en el ejercicio de sus atribuciones; las cuales consisten en que: 1. Debe garantizarse la plena autonomía de estos tribunales al emitir sus sentencias; 2. Los tribunales resolverán los conflictos entre la administración pública federal y los particulares; y 3. El Congreso establecerá bajo reserva de ley, las normas para su organización, funcionamiento y el procedimiento respectivo.
Que el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad constitucional de establecer la existencia, funcionamiento, organización e integración de dichos tribunales administrativos, expidió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que en lo relativo a la organización, integración y funcionamiento, estableció lo siguiente:
1. Que el presidente de la República con aprobación del Senado, nombrará a los Magistrados del tribunal (artículo 3o.).
2. Que los Magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo.
3. Que los Magistrados de la Sala Superior podrán ser ratificados por única vez, por un periodo de nueve años (artículo 3o.).
4. Que los Magistrados de las Salas Regionales, podrán ser ratificados por un segundo periodo de seis años, y si fueren ratificados nuevamente serán inamovibles (artículo 3o.).
5. Que los Magistrados podrán ser privados de sus puestos en los casos y de acuerdo con el procedimiento aplicable para los Magistrados y los Jueces inamovibles del Poder Judicial de la Federación (artículo 3o.).
6. Que es facultad del Pleno del tribunal proponer al presidente de la República la designación o ratificación de Magistrados seleccionados previa evaluación interna (artículo 16, fracción I-Bis).
7. Que corresponde al Pleno del tribunal expedir su reglamento interior y los demás reglamentos necesarios para su buen funcionamiento, e incluso fijar los criterios de selección para el ingreso, promoción y permanencia de los Magistrados (artículo 16, fracción X).
Que de acuerdo con esas disposiciones, se advierte que el sistema para la designación y ratificación de Magistrados del tribunal de referencia, es vulnerado por el reglamento impugnado.
Que lo anterior es así, toda vez que el artículo 16, fracción X, de la ley orgánica del tribunal faculta expresamente al Pleno de ese órgano para expedir, entre otros, el reglamento que rija la promoción y permanencia de los propios Magistrados, la cual debe interpretarse en armonía con la que se prevé en la fracción I-Bis de ese mismo artículo, que faculta al Pleno del tribunal para evaluar a dichos funcionarios, y como consecuencia de esa evaluación, proponer al presidente de la República a quienes deban ser designados y ratificados.
Que como consecuencia de ello, la facultad reglamentaria en esos temas no le corresponde de manera exclusiva al presidente de la República, por lo que el titular del Ejecutivo Federal se excedió en el ejercicio de su facultad reglamentaria, puesto que es una facultad que cada órgano debe ejercer limitativamente respecto de su participación en el proceso de ratificación y designación de los Magistrados, debiendo respetar el ámbito de atribuciones de los demás entes de gobierno.
b) Que todos los artículos del reglamento impugnado son inconstitucionales puesto que si bien en la ley orgánica del tribunal se establece que el presidente de la República, con aprobación del Senado, nombrará a los Magistrados del tribunal, dicho precepto no puede interpretarse en forma aislada, sino que debe tenerse en cuenta que la misma ley faculta al Pleno del tribunal para que evalúe a sus integrantes y con base en dichas evaluaciones proponga al presidente de la República la designación y ratificación de Magistrados.
c) Que de acuerdo con la facultad que tiene el Pleno del tribunal de proponer a candidatos para Magistrados, no puede entenderse que el presidente de la República pueda ignorar las propuestas, tal como se autoriza en los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., 7o., 9o., 11, 14 y 16, así como en el artículo 14 que permite desconocer las evaluaciones practicadas por el propio tribunal y, en su lugar, faculta al consejero jurídico del Ejecutivo Federal para imponer diversos exámenes con las instituciones que a su juicio puedan evaluar a los Magistrados.
Que al respecto resulta aplicable lo resuelto en la controversia constitucional 9/2003, en la que este Alto Tribunal determinó que la desestimación de las propuestas debe obrar en documento formal en que se funde y motive la causa por la cual la propuesta del tribunal agrario se estima inconducente, y el porqué la propuesta formulada por el Ejecutivo goza de mayores méritos.
d) Que el artículo 16, fracción I-Bis, de la ley orgánica del tribunal, al establecer la facultad de "proponer" al presidente de la República la designación o ratificación de Magistrados previa evaluación interna, no es una facultad de índole discrecional, sino que se fincó en la intención de consolidar una facultad de índole imperativa.
Que aunado a ello, las facultades que el reglamento impugnado otorgan al consejero jurídico del presidente de la República en materia de nombramientos y ratificación de Magistrados, hacen nugatoria la participación del tribunal federal e incluso del Senado, esto último, puesto que se pretende obligar a dicho órgano legislativo a pronunciarse sobre el nombramiento de Magistrados que fueron seleccionados violando la ley.
Que el procedimiento de nombramiento previsto por el reglamento que se combate, vulnera la autonomía del tribunal, puesto que los Magistrados designados mediante ese sistema operarían como empleados del consejero jurídico.
e) Que el párrafo primero del artículo 14 del reglamento impugnado, al otorgar a la Consejería Jurídica la facultad de practicar al Magistrado de que se trate, por sí o a través de instituciones académicas públicas o privadas, exámenes relacionados con los conocimientos técnicos referidos a las materias competencia del tribunal, va mas allá de la letra y espíritu de la ley que reglamenta.
f) Que de acuerdo con las anteriores consideraciones, la parte demandada al expedir, refrendar y publicar el reglamento de referencia quebrantó los principios contenidos en los artículos 16 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal.
g) Que si bien de conformidad con el artículo 3o. de la ley orgánica del tribunal, corresponde al presidente de la República, nombrar con aprobación del Senado, a los Magistrados de la Sala Superior o de las Salas Regionales, no se trata de una facultad absoluta, ya que implica la existencia de un acto complejo en el que intervienen el Pleno del tribunal, el presidente de la República y el Senado, por lo que sólo con la actividad que desplieguen estos tres órganos es posible hacer la designación de los citados Magistrados.
h) Que los artículos 1o., 4o., 5o., 9o. y 11 del reglamento impugnado son inconstitucionales, puesto que otorgan al consejero jurídico el total control de los expedientes de los candidatos de Magistrados a nombrar o ratificar, anulando la participación del tribunal y del Senado.
Que los preceptos impugnados prevén que el tribunal federal únicamente se concrete a informar al consejero jurídico, la existencia de plazas vacantes o de Magistrados que se encuentren próximos a concluir su encargo, con lo cual el citado consejero integrará los expedientes que serán puestos a consideración del presidente y del Senado, con la información que quiera incluir.
i) Que en los artículos 6o., 7o. y 12 del reglamento, se establecen mayores requisitos para ratificar a un Magistrado que para nombrarlo y, además, se establece que la consejería "podrá" solicitar al tribunal opinión sobre las ratificaciones o nombramientos, sin que sea vinculante, con lo que se trastoca el sistema previsto en la ley, ya que se reduce la facultad del Pleno de ese órgano para evaluar, proponer y forzar la emisión de un dictamen fundado y motivado, en términos del artículo 16, fracción I-Bis, de la ley orgánica, a una simple facultad de recomendación, con lo que se anulan las facultades que la Constitución Federal otorga al Pleno del tribunal y al Senado de la República.
j) Que el artículo 4o. del reglamento, al otorgar a la consejería la facultad de solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública federal información sobre los Magistrados, vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que dicha facultad únicamente podría ser concedida por una ley.
k) Que el artículo 17 impugnado, es inconstitucional, puesto que contradiciendo a la jurisprudencia de este Alto Tribunal de rubro: "MAGISTRADOS AGRARIOS. MOMENTO EN QUE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN SU RATIFICACIÓN DEBEN PRONUNCIARSE AL RESPECTO.", pretende anular los derechos que poseen los Magistrados para que el procedimiento de ratificación se realice con las formalidades que esta Suprema Corte ha establecido.
l) Que el reglamento impugnado viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los principios contenidos en los numerales 72, inciso f), 73, fracción XXIX-H y 89, fracción I, del citado ordenamiento fundamental, puesto que lo que se buscó al otorgar al Pleno de la Sala Superior del tribunal, competencia para proponer al presidente de la República la designación o ratificación de Magistrados seleccionados previa evaluación interna, así como expedir el reglamento interior del tribunal y los demás reglamentos y acuerdos necesarios para su buen funcionamiento, fue salvaguardar la independencia del órgano jurisdiccional, y su autonomía en el ejercicio de sus funciones.
m) Que el inminente procedimiento de no ratificación y el de designación de Magistrados del tribunal federal impugnados son violatorios de los artículos 16, 49, 72, inciso f), 73, fracción XXIX-H y 89, fracción I y 13 de la Constitución Federal, así como de los numerales 1o., 3o. y 16, fracciones I-Bis y X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Que ello es así, en atención a que "el inminente procedimiento iniciado" por el presidente de la República y su consejero jurídico para la no ratificación y sustitución del Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, carece de sustento constitucional y legal, puesto que ignoran y desatienden las disposiciones de la ley orgánica del tribunal, que establecen que el Pleno evalúe y proponga en su caso, la ratificación o no de dicho funcionario, con base en criterios objetivos, que el titular del Ejecutivo Federal en caso de estimar la no ratificación lo haga mediante un dictamen fundado y motivado y que, finalmente, el Senado cuente con la información fidedigna y veraz a fin de aprobar o no los nombramientos propuestos por el presidente de la República, formalidades que no se han cumplido.
CUARTO. Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 16, 49, 72, inciso f), 73, fracción XXIX-H, 89, fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 58/2005 y por razón de turno se designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil cinco, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico, al formular su contestación señaló en síntesis lo siguiente:
a) Que debe sobreseerse en la controversia constitucional respecto de los artículos 4o., 7o., 11, 12, 14 y 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia de Nombramientos y Ratificaciones de Magistrados, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, puesto que los preceptos del reglamento a que se hizo referencia, fueron reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil cinco, por lo que dichos numerales han cesado en sus efectos y, en consecuencia, la presente controversia ha quedado sin materia.
Que al respecto, resultan aplicables las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UNA NUEVA LEY SE DEROGA EL DECRETO DEL EJECUTIVO QUE SE IMPUGNA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.", y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO."
b) Que la controversia constitucional es improcedente y, en consecuencia, debe sobreseerse con fundamento en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que los actos reclamados al presidente de la República en torno al procedimiento de ratificación del Magistrado Guillermo Domínguez Belloc no existen, ya que el titular del Ejecutivo no ha iniciado el procedimiento de ratificación de dicho Magistrado, y en caso de que se iniciara, no existen elementos para afirmar que en él se violará la ley.
c) Que los actos impugnados relacionados con el supuesto procedimiento de ratificación del Magistrado Domínguez Belloc no afectan el interés jurídico de la parte actora, por lo que con fundamento en los artículos 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria en relación con el 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, debe sobreseerse en términos del artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria.
Que lo anterior es así, porque las conductas combatidas únicamente podrían causar un perjuicio al citado Magistrado, sin que se advierta de qué manera podrían traducirse en una transgresión a la esfera de competencias del Senado, que además, en caso de que se hubiera iniciado el procedimiento de ratificación, no se causaría una afectación a la esfera de atribuciones de ese órgano legislativo, sino que se permitiría su participación al corresponder a éste, la última fase del procedimiento de referencia, atribución que fue expresamente reconocida en los artículos 10 y 16 del reglamento impugnado.
Que resulta aplicable por analogía la tesis: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE."
d) Que la controversia constitucional no es la vía para impugnar el Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia de nombramientos y ratificaciones, ni el procedimiento de ratificación del Magistrado Domínguez Belloc, puesto que con la tramitación del citado procedimiento, no se invadiría la esfera de atribuciones del Senado, ya que a él corresponde la última fase de ese procedimiento, esto es, aprobar o no la decisión del presidente de la República.
Que la tramitación de ese procedimiento únicamente causaría molestias al citado Magistrado, lo que no es materia de controversia constitucional, ya que no constituye la vía idónea para hacer valer derechos de particulares, tan es así, que el Magistrado de referencia ya interpuso el juicio de amparo 989/2005 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa del Distrito Federal; en consecuencia, procede sobreseer por lo que hace al inexistente procedimiento de ratificación del Magistrado Domínguez Belloc, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción VI y 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.
e) Que la facultad del presidente para reglamentar en la esfera de lo administrativo la forma en la que realizará los nombramientos y ratificaciones de Magistrados del Tribunal Fiscal, se encuentra en el artículos 89 constitucional y en el 3o. de la ley orgánica del tribunal de referencia.
f) Que contrario a lo que sostiene la actora, el artículo 16, fracción X, de la ley del tribunal, no autoriza al Pleno de ese órgano para expedir el "reglamento que rija la promoción y permanencia de los propios Magistrados", sino que lo faculta para expedir el reglamento interior del tribunal y los demás reglamentos y acuerdos necesarios para su buen funcionamiento y en cumplimiento de dicha facultad por Acuerdo G/34/2003 del Pleno de la Sala Superior del citado tribunal aprobó el Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en éste no se aborda expresa o tácitamente, la materia relativa a los nombramientos o ratificaciones de Magistrados de ese órgano.
SÉPTIMO. El secretario de Gobernación indicó sustancialmente:
a) En forma coincidente con la contestación del Ejecutivo Federal plantea las causas de improcedencia, consistentes en: 1. Cesación de efectos por lo que hace a los preceptos del reglamento impugnado que fueron reformados; 2. Inexistencia de actos respecto del procedimiento de ratificación del Magistrado Guillermo Domínguez Belloc; 3. Falta de afectación al interés de la parte actora; y, 4. Que la controversia constitucional no es la vía idónea para impugnar la aplicación del reglamento de la ley orgánica del tribunal de referencia.
b) Que aun cuando el artículo 1o., fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone como atribución del Pleno de ese tribunal la de expedir su reglamento interior, el que el Ejecutivo Federal reglamente la citada ley orgánica sobre una cuestión ajena a la organización del referido tribunal no resulta ilegal, puesto que el ejercicio de la potestad reglamentaria del presidente de la República no puede estar supeditada por un mandato legal no previsto en el artículo constitucional que la establece.
Que sirve de fundamento la tesis de jurisprudencia cuyo rubro indica: "REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ACTUALMENTE ABROGADO), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. EL HECHO DE QUE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESE ORGANISMO HAYA OMITIDO APROBAR EL ANTEPROYECTO RESPECTIVO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN IV DE LA LEY QUE REGLAMENTA, NO LO HACE INCONSTITUCIONAL."
c) Que el Pleno del Tribunal Fiscal, el ocho de diciembre de dos mil tres, en uso de las facultades conferidas por el artículo 16, fracción X, de la ley orgánica, aprobó su reglamento interior en el cual no aborda expresa o tácitamente lo relativo a los nombramientos o ratificaciones de ese órgano, por lo que en sentido contrario, puede interpretarse que si el reglamento interior del tribunal se refiere sólo a cuestiones propias de su organización y funcionamiento, se sigue que el reglamento impugnado no invade la esfera de atribuciones del tribunal, ya que el presidente de la República emitió un ordenamiento que regula cuestiones que se encuentran dentro del ámbito exclusivo de sus atribuciones legales, esto es, el nombramiento y ratificación de los Magistrados del tribunal.
d) Que el Ejecutivo Federal se encuentra facultado por el artículo 89, fracción I, constitucional, para reglamentar cualquier ley, en observancia de los principios de subordinación y reserva de le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19772-b2a9c239/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-de-conformidad-con-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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