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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY ELECTORAL DE LA ENTIDAD, AL ESTABLECER QUE UN NOTARIO PÚBLICO O UN REPRESENTANTE ACREDITADO DE DICHO INSTITUTO DÉ FE DEL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES. LOS ARTÍCULOS 56, FRACCIONES II, III Y V, Y 56 BIS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, AL PREVER CIERTOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LOS ESTATUTOS DE AQUÉLLOS, SON CONSTITUCIONALES. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, AL IMPONER UNA BARRERA LEGAL DE 3.5% PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENGAN DERECHO A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO, ES CONSTITUCIONAL. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS BARRERAS LEGALES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS PARA EL ACCESO A DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO DEBEN SER RAZONABLES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2005. · Registro digital (IUS): 19393
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1414.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2005. PARTIDO DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: MAKAWI STAINES DÍAZ Y MARAT PAREDES MONTIEL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de agosto de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil cinco, en el domicilio del secretario autorizado para recibir demandas y promociones fuera del horario de labores, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza, José Narro Céspedes, Rubén Aguilar Jiménez y Marcos Cruz Martínez, quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales emitidas por la LVII Legislatura del Estado de Jalisco y promulgadas por el gobernador del Estado de Jalisco, que a continuación se mencionan:

"Normas generales cuya invalidez se reclama y medio oficial en el que se publicaron. 1. Artículos 13, fracción II; 20, fracciones II y III; y 75 del decreto de reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, publicado el día diez de mayo de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 2. Artículos 31, fracción I, inciso a); 38, fracción II; 56, fracciones II, III y V; 56 bis, fracciones I y II, en sus incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), todos de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, publicada el diez de mayo de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco."

SEGUNDO. El promovente esgrimió los conceptos de invalidez que estimó pertinentes y señaló como preceptos infringidos los artículos 14, 16, 40, 41, 52, 54, 116, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Mediante proveído de trece de junio de dos mil cinco, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 13/2005 y, por razón de turno, designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

CUARTO. En auto de la misma fecha se admitió la acción de inconstitucionalidad y se ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes; al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara su opinión en relación con la presente acción.

QUINTO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión, señaló en síntesis lo siguiente:

a) Que no es necesario emitir opinión en relación con los conceptos de invalidez primero y segundo, pues en los mismos se cuestiona la constitucionalidad de los artículos 13, párrafo tercero, base II, 20, fracciones II y III, y 75 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 61 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, en lo relativo al incremento de los porcentajes de votación requerido para que un partido mantenga su registro y prerrogativas, y de la participación en la asignación de diputados y de regidores por el principio de representación proporcional; puesto que el criterio invocado por los accionantes que fue sustentado por esta Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 15/2003, se refiere a un tema distinto del planteado, ya que aquél se ocupa del número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional que conforman la Cámara de Diputados de la entidad, no obstante ello, si dicho criterio se considerara aplicable, tampoco podría emitirse opinión, pues el tema planteado no constituye una materia que corresponda exclusivamente al campo del derecho electoral.

Que respecto del tema del porcentaje de votos para mantener el registro y prerrogativas como partido político estatal, existe criterio de este Alto Tribunal emitido en la acción de inconstitucionalidad 6/2004, en el sentido de que si el legislador tiene atribuciones para establecer requisitos de creación de un partido político estatal, es atribución del legislador establecer los requisitos para la creación de partidos, emitiendo la tesis de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, CON APEGO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE RAZONABILIDAD QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA."

Que, por tanto, si el legislador tiene atribuciones para establecer los requisitos de creación de un partido político estatal, por mayoría de razón, le corresponde regular lo relativo a las causas de pérdida de registro y sus consecuencias.

b) Que respecto del argumento en el sentido de que el 3% de la votación no garantiza a los partidos políticos el derecho a participar en igualdad de circunstancias en elecciones estatales y municipales, ya existe pronunciamiento de esta Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 5/2004, de la que surgieron las tesis de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. TRATÁNDOSE DE LAS ELECCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, SE ENCUENTRAN SUJETOS AL ESTATUTO DE GOBIERNO Y A LA LEY ELECTORAL DE ESA ENTIDAD." y "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONDICIONA SU ACCESO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL."

c) Que por lo que hace al porcentaje de votación exigido para participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, este Alto Tribunal ya se pronunció en la tesis de jurisprudencia P./J. 69/98, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.", en el cual se sentaron las bases generales que tienen que observar las Legislaturas Locales, de conformidad con el artículo 116 constitucional.

Que dicho criterio resulta aplicable por analogía al establecimiento de un porcentaje de votación para tener derecho a la asignación de regidores de representación proporcional.

d) Que no asiste la razón al promovente respecto al tercer concepto de invalidez, en el que se alega que las reformas y adiciones a los artículos 56, 56 bis y 57 de la Ley Electoral representan una intromisión en la vida interna de los partidos políticos, al otorgarle al Instituto Electoral de esa entidad facultades que no le corresponden; ya que dichos numerales lejos de generar una indebida intervención del citado instituto en el régimen interno de los partidos políticos, intentan asegurar que éste sea democrático.

e) Que lo anterior es así, puesto que por voluntad soberana del pueblo, plasmada en la Constitución Federal, el Estado mexicano adoptó la forma de gobierno democrática, de manera que en el citado Texto Fundamental se contempla la participación de los ciudadanos en decisiones fundamentales, la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones.

Que la democracia se encuentra contenida como un principio de la Constitución Federal a través de diversas disposiciones tales como los artículos 39 y 40 que establecen la soberanía popular; el artículo 35 que asegura la participación del pueblo en la vida política, al prever entre otros aspectos que la renovación de los poderes públicos sea a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, por medio del voto universal y libre, la afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos; el artículo 1o. en relación con los artículos 35 y 41 estatuyen el principio de equidad como presupuesto de la democracia; los artículos 6o., 7o., 9o., 35, fracción III y 41, último párrafo, prevén un régimen de garantías para asegurar las condiciones necesarias de las libertades vinculadas a la materia político electoral; que los artículos 49, segundo párrafo, 51, 56 y 86, entre otros, establecen los medios de control de los órganos electos, los numerales 115, 116 y 122 prevén los principios democráticos que deben regir en los niveles de Gobierno Municipal, Estatal y del Distrito Federal; que asimismo, los instrumentos internaciones ratificados por México también contemplan como principio fundamental el principio democrático que debe regir en la elección de representantes del Estado.

f) Que de acuerdo con lo señalado previamente, cuando una legislación electoral exige procedimientos de afiliación, derechos y obligaciones de los afiliados, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, establecimiento de normas para la postulación democrática de los candidatos y de las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan las disposiciones internas y los correspondientes medios de defensa, se ajusta al concepto comúnmente aceptado sobre la democracia, el cual debe extenderse al interior de los partidos políticos.

Que, asimismo, las disposiciones que exigen este tipo de procedimientos no afectan el derecho de autoregulación interna de los partidos políticos, pues la capacidad autorganizativa de los mismos como son la autonormativa, la autogestiva, etcétera, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados.

Que lo anterior es así, ya que los partidos políticos son entidades de interés público, por lo que la sociedad posee un legítimo interés en el desarrollo y progresión del sistema de partidos, el cual se manifiesta en el cauce institucional del Estado, quien es el responsable del encuadre constitucional y legal de su actuación.

g) Que en cuanto a las adiciones al artículo 56, fracciones II y V, éstas tienen como finalidad primordial complementar las disposiciones previstas con anterioridad, pues, en relación con la fracción II, en lo que interesa, se agregan las características de la afiliación a los partidos políticos, al señalar que ésta deberá ser individual, libre y pacífica; asimismo, por lo que respecta a la fracción V, únicamente contempla que para la determinación e imposición de sanciones debe observarse el principio de legalidad y de debido proceso, tales como que las sanciones estén fundadas y motivadas, impuestas por órganos competentes previamente establecidos, que éstas sean proporcionales, y que se cuente con medios de defensa; por lo que no provocan una indebida intervención del organismo electoral en la vida interna de los partidos políticos.

h) Que en relación con artículo 57, únicamente se cambió el nombre del órgano electoral ante el cual se deberían celebrar asambleas constitutivas de los partidos electorales, esto es, de ser Consejo Electoral del Estado ahora es Instituto Electoral del Estado; por tanto, es inconcuso que no puede emitirse opinión alguna, por tratarse de un tema que no corresponde de manera exclusiva al campo del derecho electoral.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco al rendir su informe señaló sustancialmente:

a) Que es inoperante el argumento de que las reformas a los artículos 13, fracción II; 20, fracciones II y III; y 75 de la Constitución Política Local, aprobadas por el Constituyente Permanente, así como los artículos 31, fracción I, inciso a); 38, fracción II; 56, fracciones II, III y V; 56 bis, fracciones I, II, en sus incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, al atentar en contra del principio de representación proporcional en elecciones estatales y municipales, violan los principios establecidos por los artículos 14, 16, 40, 41, 54, 116, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fueron hechas con estricto apego a los lineamientos constitucionales en materia electoral que inciden en el ámbito de las entidades federativas, los cuales se encuentran establecidos en los artículos 41, 115 y 116 del citado Ordenamiento Fundamental.

b) Que el legislador local al reformar los artículos de la Constitución del Estado impugnados, elevando un punto porcentual el mínimo indispensable para mantener el registro como partido político estatal, así como la asignación de diputados y de regidores por el principio de representación proporcional al no haber obtenido la mayoría en un Ayuntamiento, no transgrede el principio de representación proporcional, puesto que no se alejó significativamente de los porcentajes establecidos en el artículo 54 de la Constitución Federal.

c) Que es inoperante el segundo concepto de invalidez en el que el promovente aduce que los artículos 13, fracción II, de la Constitución Local y 61 de la Ley Electoral del Estado, atentan contra el principio de equidad electoral; lo anterior porque dicho porcentaje se aplica a todos los partidos políticos que participan en el ámbito local y a juicio de ese órgano legislativo, es el elemento indicativo de la representatividad de los partidos lo que justifica el otorgamiento de dicho financiamiento.

d) Que el Pleno de este tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/1999 y su acumulada 3/1999, en la cual se impugnaban diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en las que se establecía que los partidos políticos que no hubieran alcanzado el 2% (dos por ciento) de la votación para diputados por el principio de representación proporcional no tenían derecho al financiamiento público anual para actividades permanentes, estableció que con ello no se transgredía el principio de equidad en materia electoral, ya que las disposiciones eran de carácter general y se dirigían a todos aquellos partidos que se encontraran en la misma situación, por tanto, no existía un trato diferenciado entre partidos que se encontraran en igualdad de circunstancias.

Que si bien por disposición constitucional los partidos políticos deben contar con financiamiento público para el logro de los fines que persiguen, como el promover la participación del pueblo en la vida democrática y el hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, si dentro del ámbito local no logran una representatividad significativa, no se justifica el acceso a dicho financiamiento.

e) Que el tres por ciento requerido de la votación es un elemento objetivo al que la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, acude para determinar el grado mínimo de representatividad que deben tener los partidos políticos para tener derecho a mantener el registro como tales, así como al financiamiento público, por lo que atendiendo a la facultad que tiene para legislar en el régimen interior de la entidad, debe concluirse que tal porcentaje no rompe con el principio de equidad en materia electoral, pues el mismo porcentaje se aplica a todos los partidos que participan en ese ámbito, citando la tesis de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONDICIONA SU ACCESO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL."

f) Que es inoperante el concepto de invalidez en el que se aduce que las reformas a los artículos 56, 56 bis y 57 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, son inconstitucionales por representar una intromisión en la vida interna de los partidos políticos en sus procesos de selección; sino que por el contrario, aquéllas son acordes con la Constitución Federal, ya que no se trata del establecimiento de normas invasoras de la vida interna de los partidos, sino de normas que regulan y protegen los derechos político electorales del ciudadano en pro de una vida democrática, los cuales no deben limitarse a la conformación de los poderes públicos a través del sufragio, sino que además deben permear en la organización y vida interna de los partidos, que son los entes públicos que constituyen el medio para que los ciudadanos ejerzan esos derechos políticos electorales.

g) Que las reformas impugnadas responden a una constante adecuación del marco normativo de los derechos político electorales del ciudadano en aras de una mejor regulación.

Que la reforma que se combate responde a las premisas siguientes: el tema relacionado con la democracia interna de los partidos políticos y su protección fue objeto de una adecuada regulación legislativa que a la postre permitirá la adecuada protección jurisdiccional; la exigencia de democracia interna de los partidos políticos tiene por objeto impedir que un eventual déficit democrático o funcionamiento autocrático de estas organizaciones se traduzca en una consecuente merma en el mecanismo de la representación política y ponga en peligro el correcto funcionamiento del Estado democrático; la protección jurisdiccional de los derechos político electorales de los ciudadanos en los países de la región; se busca regular el derecho de la autorganización de los partidos políticos y el derecho fundamental de asociación político-electoral, cuya eventual inmunidad al control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad de sus actos podría hacer nugatorio el ejercicio de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, máxime el monopolio o cuasi-monopolio que se les ha conferido para la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

SÉPTIMO. Se tuvo por no presentado el informe del gobernador del Estado de Jalisco, debido a que el escrito que con tal carácter se presentó ante este Alto Tribunal no contenía su firma.

OCTAVO. El procurador general de la República, al formular opinión respecto de la presente acción, señaló en síntesis lo siguiente:

a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción y quien la suscribe tiene legitimación para ello, conforme al artículo 105, fracción II, inciso f), constitucional; así como que fue presentada en forma oportuna.

b) Que el principio de representación proporcional es un sistema por el cual se garantiza la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, por lo que las bases establecidas en el artículo 52 de la Constitución Federal deben ser consideradas por los Congresos Locales en la emisión de sus leyes, tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia de rubro: "MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A CADA UNO DE ESOS PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Que las bases que deben tomarse en consideración se encuentran en la tesis de jurisprudencia de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL."

c) Que si bien es cierto que esta Suprema Corte ha sostenido que las reglas establecidas en los artículos 52 y 54 de la Constitución Federal son bases generales del principio de representación proporcional, también lo es que en las mismas no se precisa un porcentaje mínimo de la votación estatal para la asignación de diputados que los Congresos Locales deban incluir en sus leyes, por lo que éstos, en ejercicio de su libertad constitucional, podrán establecer dicho porcentaje mínimo tomando en cuenta sus propias necesidades y circunstancias políticas, evitando siempre que los partidos dominantes alcancen un grado de sobrerepresentación.

d) Que el tres punto cinco por ciento establecido por la Legislatura del Estado de Jalisco como porcentaje mínimo de la votación estatal para la asignación de diputados, así como para la integración de los Ayuntamientos por el principio de representación proporcional, por sí mismo no vulnera la Constitución Federal, ya que en términos de la ejecutoria emitida por ese Alto Tribunal en la controversia constitucional 15/2003, el asignar un porcentaje mínimo tiene como propósito "que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado aun minoritarias en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo", en este sentido, aquellos partidos que no constituyen una opción de trascendencia no pueden acceder al Congreso del Estado.

Que al respecto se cita la tesis cuyo rubro es: "MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDAN OBTENER DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES CONSTITUCIONAL."

e) Que el hecho de que la Legislatura del Estado de Jalisco haya establecido el tres punto cinco como porcentaje mínimo en la votación emitida para que a un partido político se le asignen diputaciones por el principio de representación proporcional, puede excluir en dicha asignación a algún o algunos partidos políticos; sin embargo, tal circunstancia no es violatoria de la Constitución Federal, ya que el citado principio tiene como fin primordial evitar que los partidos dominantes alcancen un grado de sobrerepresentación, toda vez que en la contienda electoral todos los institutos políticos cuentan con las mismas prerrogativas, y deberán esforzarse para tener una importante presencia en el electorado local, y con ello alcanzar el porcentaje establecido para obtener el número de diputaciones que corresponda.

f) Que de los artículos 20, fracción IV, de la Constitución Local y 27 de la Ley Electoral, ambos del Estado de Jalisco, se desprende que el sistema que rige al principio de representación proporcional tiende a evitar una sobrerepresentación de los partidos mayoritarios, tomando como base para asignar las diputaciones por dicho principio el tres punto cinco por ciento de la votación emitida en el Estado, por lo que resultan infundadas las alegadas violaciones al principio de representación proporcional previsto en los artículos 52, 54 y 116 y, en consecuencia, la transgresión de los preceptos 41 y 133, todos de la Constitución Federal.

g) Que para efectos del financiamiento público en el ámbito federal, la norma aplicable es el artículo 41, fracción II, de la Constitución Federal, y para las elecciones en el Estado de Jalisco, la disposición aplicable es el artículo 116, fracción IV, inciso f), del propio Ordenamiento Supremo, por lo que siendo la materia de impugnación en la acción de inconstitucionalidad una disposición que rige el financiamiento público de los partidos políticos en el ámbito del Estado de Jalisco, para el efecto de su análisis constitucional debe estarse a lo previsto en el segundo de los numerales mencionados, con independencia de que se trate de partidos políticos nacionales.

h) Que el requisito previsto por las disposiciones combatidas, consistente en haber logrado el tres punto cinco por ciento de la votación local en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, para que los partidos puedan acceder al financiamiento público, no transgrede el principio de equidad electoral, en atención a que las disposiciones impugnadas son de carácter general y están dirigidas a todos aquellos partidos que se ubiquen en la misma situación, de tal manera que no existe un trato diferenciado entre partidos que se encuentren en igualdad de circunstancias.

Que las disposiciones impugnadas cumplen en su esencia con el principio de equidad, al exigir tanto a partidos estatales como nacionales el mismo porcentaje de la votación local para poder acceder al financiamiento público, por lo que independientemente del registro con el que cuenten, tendrán derecho a recursos públicos todos los partidos que alcancen la votación mínima requerida para ello, por lo que resultan infundadas las violaciones a los artículos 41, segundo párrafo, fracción II y 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal.

i) Que las manifestaciones del actor tendentes a demostrar que los artículos 56, 56 bis y 57 de la Ley Electoral del Estado, son violatorios del artículo 41, fracción III, de la Constitución Federal, son inatendibles puesto que dicho precepto prevé la existencia, organización y funcionamiento del Instituto Federal Electoral, por lo que sólo resulta aplicable al ámbito federal.

j) Que el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal establece la obligación para que las Constituciones y leyes estatales garanticen que la función electoral se rija por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, en consecuencia, el legislador local debe establecer en sus normas las disposiciones necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales se rijan por dichos principios.

k) Que de los artículos 56, 56 bis y 57 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, se desprende que tienen por objeto otorgar mayor certeza y pluralismo en la participación de los integrantes de los partidos políticos, que tienden a cumplir con las prerrogativas políticas de los ciudadanos militantes de alguna organización política, lo que indudablemente está dirigido a una mayor democracia interna de dichas organizaciones, por tanto, resulta infundado el concepto de invalidez en el que se hace valer violación a la Constitución Federal, toda vez que las normas combatidas, más que oponerse a los principios que rigen a la autoridad electoral, tienden a su cumplimiento, en razón de que aun cuando se encuentran dirigidas a los partidos, el Instituto Electoral de la entidad como autoridad en la materia debe verificar el cumplimiento de los requerimientos exigidos para la conformación de los institutos políticos.

l) Que el artículo 56 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco al establecer disposiciones relativas a la forma de filiación individual de los miembros, derechos y obligaciones de éstos; los procedimientos de elección de candidatos de elección popular y la organización interna del partido; así como las sanciones a que se hagan acreedores los miembros de los partidos y los órganos competentes para imponerlas; no constituye una intromisión a la vida interna de los partidos políticos, toda vez que constituyen prerrogativas a favor de sus miembros, con lo que se trata de lograr mayor democracia al interior de dichas organizaciones, fortaleciendo el sistema de partidos.

m) Que el artículo 56 bis impugnado, al establecer los requisitos que deben prever los estatutos de los partidos políticos, lejos de pugnar con la Norma Constitucional, salvaguarda los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y autonomía consagrados en la Constitución Federal.

n) Que por su parte el artículo 57 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, al indicar que un notario público o un representante acreditado del Instituto Electoral deberá dar fe de que las asambleas se realizaron con el mínimo de asistentes afiliados que el mismo precepto establece, así como de la celebración de un determinado número de asambleas no contraría los principios mencionados en el inciso que antecede, ya que no está concediendo facultades de ninguna naturaleza al instituto de referencia, sino que persigue dar certeza en los actos de la vida interna del partido, por lo que son infundadas las manifestaciones tendentes a demostrar violación a los artículos 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Federal.

o) Que respecto a la manifestación de que con la reforma de los preceptos combatidos se transgreden los artículos 14, 16, 40 y 122 de la Constitución Federal, la misma resulta inatendible, pues no se advierte contravención alguna a dichos numerales.

Que, asimismo, resulta infundado el concepto de invalidez en que se hace valer la inobservancia del artículo 122 de la Constitución Federal, puesto que dicho precepto regula la organización del Distrito Federal, establece las competencias que en el ámbito local le corresponden a los Poderes Federales y a los órganos de poder público local, sin que del contenido de las normas combatidas se desprenda alguna invasión a la esfera competencial de dichos poderes u órganos.

p) Que respecto a la violación de diversos preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no le asiste la razón al accionante, ya que las autoridades federales deben regular lo relativo a los partidos políticos con registro nacional y las locales a las organizaciones con registro estatal, por lo que la violación debe ser respecto de la Constitución Federal y no de una ley que regula en ámbito diferente.

q) Que las disposiciones combatidas no regulan las cuestiones estatutarias de los partidos políticos nacionales en razón de que dicha normatividad le corresponde expedirla a la autoridad federal, por tanto, los numerales impugnados únicamente aplicarán a aquellos partidos políticos que se constituyan bajo el imperio de la ley local.

NOVENO. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que un partido político con registro nacional plantea la posible contradicción entre la Constitución Política y la Ley Electoral, ambas del Estado de Jalisco y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Por razón de orden, se debe analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada op

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19393-ff74b422/instituto-electoral-del-estado-de-jalisco-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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