Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, AL REGULAR QUE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PAGARÁN UN DERECHO DEL 3% SOBRE EL IMPORTE DEL CONSUMO SEÑALADO EN LOS RECIBOS QUE EXPIDA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y QUE TRATÁNDOSE DE PROPIETARIOS Y/O POSESIONARIOS DE PREDIOS URBANOS Y SUBURBANOS QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO MEDIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORQUE SUS PREDIOS ESTÉN BALDÍOS O EDIFICADOS EN ESTADO DE ABANDONO, PAGARÁN POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EL 0.52 AL MILLAR DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 22, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE PREVÉ QUE TRATÁNDOSE DE PROPIETARIOS Y/O POSESIONARIOS DE PREDIOS URBANOS Y SUBURBANOS QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO MEDIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORQUE SUS PREDIOS ESTÉN BALDÍOS O EDIFICADOS EN ESTADO DE ABANDONO, PAGARÁN POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EL 0.52 AL MILLAR DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA EL COBRO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES, POR INVADIR LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. MULTAS FIJAS. LOS ARTÍCULOS 52 A 56, 57, FRACCIONES A), B), C), D), PRIMER PÁRRAFO, E), F), G), H), E I) Y 58 A 60 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE PREVÉN SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDEN LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2007. · Registro digital (IUS): 20459
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 2384.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: FABIANA ESTRADA TENA, MAKAWI STAINES DÍAZ Y MARAT PAREDES MONTIEL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de julio de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. Por oficio presentado el treinta de enero de dos mil siete, en el domicilio particular de la licenciada Fabbiola León Contreras, funcionaria autorizada por la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para recibir documentos y demandas fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Eduardo Medina-Mora Icaza, ostentándose como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas generales emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Sonora.

b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Sonora.

Las normas impugnadas se hacen consistir en:

a) Los artículos 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2007, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil seis en el Periódico Oficial de la entidad.

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

a) Que el artículo 22 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2007, es violatorio de los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a) y 124 de la Constitución Federal.

b) Que de conformidad con los artículos 40, 41, 42 y 124 de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal, compuesta de Estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley Fundamental, por lo que si bien los Estados pueden crear su propio sistema jurídico no deben contravenir las disposiciones del Pacto Federal en el que se establecen competencias residuales, de acuerdo con lo cual, todas aquellas facultades que no están expresamente otorgadas a la Federación, corresponden a los Estados.

c) Que en relación con lo anterior, de la interpretación literal del artículo 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica.

d) Que en términos de lo previsto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones deben tener ciertos elementos, tales como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago.

Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 2o. del citado código, los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, siendo estos últimos las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

e) Que si bien el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, dicha facultad no puede extenderse para que el Municipio pueda cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica.

Que, por tanto, el artículo 22 de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos impugnado, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los artículos constitucionales mencionados, toda vez que no se está pagando por la prestación del servicio otorgado por el Municipio en sus funciones de servicio público, puesto que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y a la inversa.

Que lo anterior se reafirma, ya que una vez determinada la base, se le debe aplicar el pago de la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, debiendo concluirse que no se está cobrando un derecho, sino una contribución al consumo de fluido eléctrico, por lo que la Legislatura de Sonora excedió el marco de sus atribuciones y, en consecuencia, invadió la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la Constitución Federal, por lo que debe declararse la inconstitucionalidad del artículo impugnado.

f) Que la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 constitucional, obliga a toda autoridad a que sus actos se encuentren fundamentados y motivados, requisitos que tratándose de leyes se cumplen, el primero de ellos, cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución establece, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de las atribuciones de ese órgano; mientras que la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas.

Que, en consecuencia, al no estar facultado el Congreso del Estado de Sonora para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica, actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo los artículos 16 y 124 de ese ordenamiento.

g) Que, por otra parte, los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2007, al establecer diversas multas fijas, son violatorios del artículo 22 de la Constitución Federal.

h) Que tanto en el derecho penal como en el administrativo sancionador existen manifestaciones de la potestad punitiva del Estado.

Que el derecho administrativo represivo consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones u omisiones antijurídicas, por lo que es dable afirmar que la sanción administrativa es análoga a la penal, toda vez que ambas son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y surgen como reacción a lo antijurídico y la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena.

i) Que de conformidad con el artículo 22 constitucional, que prohíbe el establecimiento de multas fijas, el Congreso de Sonora al legislar en materia de ingresos, debe precisar un parámetro que incluya un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción, rango dentro del cual la autoridad fiscal deberá fijarla tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad del hecho infractor, con lo que se garantiza la seguridad jurídica.

j) Que los impugnados artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 establecen diversas multas fijas, lo cual contraviene al artículo 22 de la Norma Fundamental, puesto que omite proporcionar la base que permita a la autoridad hacendaria determinar el monto individualizado de la multa que debe imponerse al infractor (lo cual genera la imposición de multas de forma irrazonable y desproporcionada).

Que en relación con lo anterior, es ilustrativa la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95, de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."

k) Que la garantía genérica de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto federal como local, en los términos señalados antes.

l) En ese contexto, resulta evidente que el Congreso de la entidad, al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Fundamental, toda vez que dicho precepto prohíbe expresamente las multas excesivas o fijas; en consecuencia, al no poder existir dentro de nuestro marco jurídico este tipo de multas, el órgano legislativo se extralimitó en sus atribuciones, vulnerando con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal.

TERCERO. Artículos constitucionales que el promovente aduce violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 16, 22, 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a) y 124.

CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de primero de febrero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 135/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

En proveído de dos de febrero de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. Informe de la autoridad emisora de la norma impugnada. Por su parte, al rendir su informe el Poder Legislativo del Estado de Sonora, en lo toral, manifestó:

a) Que debe sobreseerse la presente acción de inconstitucionalidad en virtud de que la parte que la promueve, no acredita de manera fehaciente la personalidad y carácter con el que se ostenta, pues pretende acreditar su carácter de procurador general de la República sólo con el nombramiento expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pero ha omitido el documento en el que el Senado ratifica dicho nombramiento.

b) Que el hecho de establecer un monto específico de una determinada cantidad de salarios mínimos en la Ley de Ingresos, no constituye una multa fija o desproporcionada, toda vez que el mínimo a aplicarse que debe tomar en cuenta la autoridad, al momento de fijar la multa, está estrechamente relacionado con el artículo 22 constitucional, el cual establece el monto mínimo que debe cobrarse a aquellas personas que demuestren ser obreros o asalariados.

Que lo anterior se ve robustecido con lo previsto en el artículo 229 de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, la cual otorga descuentos del veinticinco y cincuenta por ciento a quienes paguen la multa dentro de un plazo determinado.

Que son aplicables al respecto, la tesis jurisprudencial número I.1o.A.75 A, de rubro: "MULTAS CON BASE EN UN PORCENTAJE MÍNIMO. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PERMITE SU INDIVIDUALIZACIÓN." y la tesis número 2a. CXLIV/99, de rubro: "MULTA. EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 22 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA."

c) Que en la contribución por servicio de alumbrado público, los elementos esenciales del tributo se establecen en la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora (sujeto, objeto, base y época de pago), mientras que la tasa se encuentra establecida en la Ley de Ingresos de cada Municipio, así que, para decidir sobre la procedencia de la presente acción contra el mencionado tributo, se debe tomar en consideración que si no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda Municipal, aquél debe considerarse consentido tácitamente.

Que como se desprende de su escrito, el actor sólo combate el objeto y base del tributo, contenidos en la Ley de Hacienda Municipal, la cual no fue impugnada en tiempo y forma. Mientras que la acción intentada no plantea alguna inconformidad con la tasa del tres por ciento establecida en la Ley de Ingresos combatida.

Que al no haberse impugnado en tiempo y forma los demás elementos que integran el tributo y que en la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, no se establece inconformidad alguna respecto a la tasa establecida, lo procedente es declarar la inoperancia de los conceptos de invalidez planteados.

SEXTO. Informe de la autoridad promulgadora de la norma impugnada. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora precisó en síntesis:

a) Que es infundado el primer concepto de invalidez que hace valer la parte actora, argumentando que el artículo 22 de la Ley de Ingresos impugnada, conculca los numerales 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a) y 124 de la Carta Magna, toda vez que el precepto impugnado no es un impuesto, sino que es un derecho, cuyo cobro resulta de la prestación del servicio de alumbrado público que presta el Municipio con base en el artículo 115, fracción IV, constitucional.

Que no se transgrede el contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que el cobro por el servicio de alumbrado público que se prevé en el precepto impugnado tiene la naturaleza de ser un derecho o inclusive considerarse como un aprovechamiento que percibe el Municipio y no un impuesto al consumo de energía eléctrica y, por tanto, su naturaleza no es fiscal sino administrativa, lo cual implica que no le son aplicables los principios tributarios.

b) Que es infundado el concepto de invalidez referente a la inconstitucionalidad de los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2007, puesto que las sanciones económicas que contemplan dichos preceptos se refieren a multas de tránsito que en ningún momento son excesivas o fijas, ya que la imposición de las mismas se determinó tomando en cuenta el catálogo que contempla el reglamento de tránsito del mencionado Municipio, el cual establece una serie de valores máximos y mínimos que permiten a la autoridad ejecutora decidir discrecionalmente la multa a aplicar.

Que lo anterior tiene como apoyo la tesis jurisprudencial número II.2o.A.36 A, de rubro: "MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO AL TOMAR EN CUENTA PARA SU IMPOSICIÓN LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA INFRACCIÓN EN LA NATURALEZA MISMA DE LA CONDUCTA COMETIDA.", número VIII.1o.55.A, de rubro: "MULTAS FIJAS, NO LO SON LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO." y la número I.1o.A.99 A, de rubro: "REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL. SU ARTÍCULO 103, FRACCIÓN I, INCISO A), NO PREVÉ UNA MULTA EXCESIVA."

c) Que los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2007, no conculcan el contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que la imposición de multas, su cobro y posterior pago, no tienen las características de una contribución y, por ende, no les es exigible cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, del Pacto Federal.

Que para robustecer lo mencionado en líneas precedentes, son aplicables las tesis número II.2o.A.35 A, de rubro: "MULTAS NO FISCALES. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO SON APROVECHAMIENTOS Y NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y la número 2a. XC/2000, de rubro: "MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997, RELATIVAS A LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO."

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Estado de Sonora y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. En primer término se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.

Los artículos 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Estado de Sonora impugnados, se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil seis (fojas 27 a 62); por lo que es a partir del día siguiente a la fecha indicada, que debe hacerse el cómputo respectivo.

Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo de treinta días para promover la presente acción transcurrió del lunes primero al martes treinta de enero de dos mil siete.

En consecuencia, dado que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se presentó el martes treinta de enero de dos mil siete en el domicilio particular de la autorizada por la Secretaría General de Acuerdos, según se advierte al reverso del oficio de demanda, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 7o. de la ley reglamentaria de la materia,(2) es evidente que su presentación fue oportuna, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 60 citado.

Lo que se corrobora con el siguiente calendario:

Ver calendario

TERCERO. Legitimación del promovente. A continuación se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento (foja 26 del expediente).

De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(3) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad.

De acuerdo con lo previsto por dicho numeral, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Estado de Sonora, ordenamiento que tiene el carácter de estatal, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia número P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno,(4) que a la letra señala:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."

En relación con la causa de improcedencia aducida por el Congreso del Estado, cabe señalar que el procurador general de la República, exhibe una copia del nombramiento expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se puede apreciar que fue ratificado por el Senado de la República en fecha siete de diciembre de dos mil seis. De igual forma, la ratificación mencionada se encuentra publicada en la Gaceta del Senado, de fecha ocho de diciembre de dos mil seis, por lo cual deviene infundada la citada causal.

CUARTO. Causas de improcedencia. En la presente acción de inconstitucionalidad, la autoridad emisora de la norma impugnada adujo que en la contribución por servicio de alumbrado público, los elementos esenciales del tributo se establecen en la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora (sujeto, objeto, base y época de pago), mientras que la tasa se encuentra establecida en la Ley de Ingresos de cada Municipio, así que, para decidir sobre la procedencia de la presente acción contra el mencionado tributo, se debe tomar en consideración que si no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda Municipal, éste debe considerarse consentido tácitamente.

Para dar contestación al planteamiento señalado, cabe destacar que, en efecto, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, en sus artículos 108, 109, 110, 110-Bis y 111,(5) prevé los elementos esenciales del derecho de alumbrado público, en tanto que el artículo 22 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2007, regula una tasa aplicable del tres por ciento sobre el importe del consumo de energía eléctrica por la prestación del servicio de alumbrado público.

Sin embargo, contrariamente a lo expuesto por el Congreso Local, cabe puntualizar que para analizar la constitucionalidad del artículo 22 de la ley impugnada en la presente instancia constitucional, no era menester que se reclamaran de forma conjunta todas las disposiciones que regulan el derecho de que se trata, según las prevenciones del artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(6)

En consecuencia, la invalidez que en su caso se llegara a declarar respecto de la norma que, de manera aislada, se haya impugnado en la vía de acción de inconstitucionalidad, implicaría necesariamente la invalidez de todas aquellas normas, no sólo que dependan en sentido estricto de la norma impugnada, sino que se vean afectadas directamente en su sentido, alcance o contenido, por haberse modificado sustancialmente las hipótesis normativas que prevén con la declaratoria de invalidez respectiva.

Bajo esa óptica jurídica, resulta infundada la pretensión del Congreso del Estado de Sonora, en el sentido de que al no combatirse la Ley de Hacienda Municipal del Estado, que regula los elementos esenciales del derecho de alumbrado público, se consintió tácitamente dicho tributo, porque al impugnarse y, en su caso, declararse la invalidez de la norma general que prevé el aspecto debatido, aunque no se hubieran combatido las demás disposiciones que lo regulan, su inconstitucionalidad generaría la del sistema o contexto normativo que regula relacionadamente dicho derecho, con independencia de que no se hayan impugnado la totalidad de las disposiciones que lo conforman, pues se verán afectados en la misma medida.

Finalmente, el órgano legislativo de referencia sostiene que en la acción intentada no se impugna de manera expresa o no se plantea alguna inconformidad en contra de la tasa del tres por ciento establecida en la Ley de Ingresos impugnada, aun cuando en este caso opera la novedad formal de la norma, lo que conduce a declarar la inoperancia de los conceptos de invalidez planteados.

No obstante, debe señalarse que no asiste la razón a dicha autoridad, habida cuenta que el promovente de la acción de inconstitucionalidad sí hace valer argumentos jurídicos en contra del artículo 11 de la ley impugnada, conforme a los cuales estima que se transgreden los artículos 16, 31, fracción IV, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a) y 124 de la Constitución Federal.

Cabe destacar que si bien no se hacen valer conceptos de invalidez específicos en contra de la tasa del tres por ciento a que hace referencia el Congreso Local, tal circunstancia no es obstáculo para emprender el análisis constitucional de la norma impugnada con apoyo en los diversos argumentos expuestos por el procurador general de la República.

En consecuencia, al haberse desestimado las causales de improcedencia hechas valer, y al no advertirse la actualización de alguna otra o motivo de sobreseimiento, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez.

QUINTO. Estudio de fondo. En primer término se estudiarán los conceptos de invalidez planteados por la parte promovente, tendentes a evidenciar que el artículo 22 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2007, es violatorio de los artículos 16 y 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la Constitución Federal, toda vez que, según aduce, en aquél se establece un impuesto al consumo de energía eléctrica, lo cual excede la competencia de la Legislatura del Estado para fijar las contribuciones que deben recaudar los Municipios por el servicio de alumbrado público prevista por el artículo 115, fracción III, inciso b), constitucional.

A efecto de analizar las cuestiones planteadas, resulta necesario señalar que el artículo 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la Norma Fundamental, dispone que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica; por su parte, el 115, fracción III, inciso b), prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público; y, la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir -entre otros- los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las Leyes de Ingresos de este nivel de gobierno.(7)

De acuerdo con lo anterior, se aprecia, por una parte, que el Congreso Federal tiene atribución para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica, y por la otra, que al corresponder a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio.

En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la hacienda pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo y, como ya se dijo, el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto.

Por tanto, a efecto de determinar si el artículo impugnado resulta constitucional o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución contenida por el citado precepto, es decir, si el mismo se trata de una contribución de las previstas por el precitado artículo 73 de la Constitución Federal, tal como sostiene el procurador general de la República, o si por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho.

En primer término, de manera general podemos señalar que desde tiempos pretéritos, las Constituciones del mundo han puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos.

En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal,(8) regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación:

a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.

b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.(9)

c) Sólo se pueden crear mediante ley.

d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.

e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.

De acuerdo con estas características previstas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20459-65ffceaa/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-22-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.