ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005, NO ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CUMPLE CON LAS BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2005. PARTIDO POLÍTICO CONVERGENCIA.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil cinco.
VISTOS y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de octubre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia Partido Político Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:
"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas. Tienen tal carácter la XLIX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos en su carácter de autoridad emisora y el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos Lic. Sergio Alberto Estrada Cajigal, en su calidad de autoridad promulgante. III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado. Se demanda la inconstitucionalidad y correspondiente invalidez del artículo 22 fracciones I, segundo párrafo, IV y V, inciso b), del Código Electoral para el Estado de Morelos que inició su vigencia por medio del Decreto Setecientos Noventa y Nueve, por el que se modifican diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Morelos, de fecha 28 de septiembre de 2005, mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos el 29 de septiembre de 2005."
SEGUNDO. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
a) Que se vulneran los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Federal, puesto que se contraviene el principio de la representación proporcional de las minorías constituidas por ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, atentando contra la igualdad y esencia del citado principio de representación.
b) Que la reforma impugnada conlleva una involución en el avance democrático, lo que viola el principio constitucional de igualdad aludido, vulnerando con ello no sólo los derechos del Partido Político Convergencia sino el derecho de los morelenses, en atención al criterio de que las garantías que otorga la Constitución Federal no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí pueden ser ampliadas por el legislador ordinario al pormenorizar la norma constitucional, citando al efecto la tesis de rubro: "GARANTÍAS INDIVIDUALES, ALCANCES DE LAS."
c) Que la garantía de igualdad es violentada con la emisión y promulgación del artículo impugnado, porque con la anterior reglamentación se había alcanzado la garantía de igualdad a su máximo nivel democrático, porque al ya contemplar el sistema electoral del Estado de Morelos, una correcta y proporcional representación otorgó a los ciudadanos un derecho que representa un derecho adquirido de la sociedad, por lo que no puede ser despojado del mismo, violentando la esfera de derechos subjetivos del instituto político promovente y de las minorías representadas legítimamente.
d) Que el retroceso jurídico es tal que la norma impugnada se estaría aplicando retroactivamente en contra de los institutos políticos y de la ciudadanía que emite su voto en base a su ideología.
e) Que el Congreso del Estado es una soberanía cuyo actuar puede afectar la esfera jurídica de los gobernados con la emisión de normas generales y, que en el caso, el daño trasciende a la sociedad morelense, puesto que en varias ocasiones se ha utilizado el sistema de representación que extinguió la norma impugnada. Que asimismo se vulnera el derecho jurídico fundamental de igualdad del Partido Convergencia, citando al efecto la tesis "GARANTÍAS INDIVIDUALES, SUJETOS DE."
f) Que el precepto impugnado viola lo dispuesto por los artículos 35, 39, 41, 42, 54, 116 y 133 de la Constitución Federal, puesto que el sistema previsto por la norma combatida, conduce a la sobrerepresentación de las mayorías y a una subrepresentación de las minorías.
g) Que se vulnera el artículo 39 constitucional, si se toma en cuenta que para que todos los ciudadanos sean cosoberanos deben estar igualmente representados en las legislaturas, por lo que si un partido gana el voto del cinco por ciento de la población, debe también obtener ese mismo porcentaje de escaños en el Congreso, y que al no ser así se valoran más las perspectivas de unos ciudadanos que las de otros y el resultado sería que una gran parte de la población no tuviera representación efectiva en ningún nivel de gobierno.
Que por ello, debe mantenerse la fórmula anterior mixta de representación prevista por el Código Electoral, ya que garantiza mayores espacios de representación para las distintas fuerzas políticas.
h) Que de acuerdo con ello, el eje ordenador para evaluar a los regímenes políticos es el grado de aproximación o distanciamiento entre ellos y el ideal democrático, que se encuentra contemplado por los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal y que se ven violentados por la reforma al artículo 22, fracciones I, segundo párrafo, IV y V, inciso b), del Código Electoral para el Estado de Morelos.
i) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.", ha reconocido la esencia de la representación proporcional por lo que aunque pudiera existir discrepancia entre dos fórmulas que contemplaran las exigencias constitucionales, debe imperar la que mayormente logre esa concreción entre la Constitución que contempla los principios de igualdad y soberanía y la representación proporcional más pura como es el caso del artículo 22, previo a la reforma impugnada.
j) Que lo que se persigue es una correcta representación, que se traduce en igualdad jurídica tanto de los partidos con votación mayoritaria, como de los minoritarios, por lo que al sobrevenir una norma general que modifique el sistema en el que se ha llegado a una representación pura, no puede ni debe existir un retroceso, ya que no estaría debidamente fundado y motivado para retrotraer los efectos de aquella norma ideal que ha respetado los derechos subjetivos de los ciudadanos y los institutos políticos, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro: "MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS."
k) Que la interpretación del artículo 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal, que establece la obligación de las legislaturas de adoptar el principio de representación proporcional para la integración de las Legislaturas Locales, debe ser la que más se acerque a la proporcionalidad en la asignación correspondiente, en tanto que se atiende a la fuerza electoral entre los candidatos de un mismo partido que no hubieren sido electos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.
l) El principio de proporcionalidad tiende a procurar que todos los partidos con un porcentaje significativo de votos puedan tener representatividad en la legislatura acorde con la votación que cada uno de ellos haya obtenido y en función del número de diputaciones a repartir por dicho principio, por lo que los criterios fijados por el artículo impugnado, contravienen el citado principio de representación, ya que se alejan de los lineamientos generales establecidos por la fracción III del artículo 54 constitucional, puesto que no atiende a la votación total obtenida por cada partido político, siendo que lo que se busca es una representatividad más exacta y un reconocimiento de la igual equivalencia de cada voto.
m) Que esta Suprema Corte mediante la jurisprudencia de rubro: "CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASÍ CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES)."; estableció la desaparición de la cláusula de gobernabilidad, lo que se intenta operar de nueva cuenta en el Estado de Morelos, por lo que debe declararse inválido el artículo impugnado.
n) Que con la reforma impugnada se eleva el factor para la distribución de diputados por representación proporcional, ya que no es lo mismo dividir la votación estatal efectiva entre 30 que es el número de integrantes del Congreso que entre 12, que son los diputados que se asignan bajo el principio de representación proporcional, lo cual es ilegítimo, ya que la representación proporcional debe establecerse del total de curules a asignar para lograr una correcta, justa y congruente distribución.
o) Que asimismo la fórmula que se implementa con el artículo impugnado, tiene un doble candado para los partidos que no tienen la representación de los tres partidos tradicionales, obstáculos consistentes en la modificación en la forma de calcular el cociente natural y en la permisión de la sobrerepresentación en términos de lo previsto en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 22 impugnado.
p) Que las fórmulas más justas de representación son aquellas en que hay una mayor proporcionalidad entre el número de votos y curules y se disminuye la distancia entre éstos, ya que las fórmulas electorales del sistema electoral mexicano, constituyen uno de los sistemas que distorsiona de manera muy alta la representación, ya que está elaborado para sobreproteger a los partidos grandes en perjuicio de los partidos pequeños, como quedó evidenciado en las elecciones legislativas federales de dos mil tres.
q) Que además de los anteriores aspectos de inconstitucionalidad, también hubo violaciones procesales en la emisión de la norma general cuya invalidez se demanda, tales como que el voto particular de la diputada Kenia Lugo Delgado fue turnado en forma extemporánea a la Secretaría General de Servicios Legislativos y Parlamentarios, es decir, cinco días después de la aprobación de la reforma, por lo que se vulneró lo previsto por el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso.
r) Que además al discutirse en lo particular el artículo 22, no quedó claro si lo que se votó fue el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, o la propuesta presentada en voto particular de la diputada Kenia Lugo Delgado, pero independientemente de ello, el resultado de la votación fue de dieciséis votos en contra, dos votos a favor y seis abstenciones, por lo que no se cumplió con la mayoría calificada para la desestimación o aprobación del artículo, en términos de lo establecido por el numeral 44 de la Constitución del Estado de Morelos.
s) Que asimismo, se vulneró el contenido de los artículos 149 y 150 del Reglamento Interior del Congreso ya que no quedó claro qué fue lo que se votó y, además, en la sesión de veintiocho de septiembre de dos mil cinco, no se aprecia que se haya dado la declaratoria correspondiente de los artículos en lo general y en lo particular del numeral 22 que fue reservado.
t) Que además, se presentaron irregularidades en la publicación de la norma impugnada, toda vez que el decreto fue remitido al gobernador del Estado de Morelos mediante oficio de veintiocho de septiembre de dos mil cinco y el mismo fue recibido el veintinueve siguiente en la Secretaría de Gobierno, por lo que si la publicación es de esa misma fecha, es evidente que no hubo tiempo para que fuera calificado y aprobado, además de que al haber sido enviado el mismo día, la publicación debió tener el carácter de extraordinario y no una edición ordinaria como se hizo.
u) Que el acta donde consta la aprobación del decreto fue aprobada por el Congreso del Estado en sesión posterior celebrada el cuatro de octubre de dos mil cinco, por lo que si el día veintinueve de septiembre de dos mil cinco no había sido aprobada el acta, el decreto no podía ser publicado en el periódico oficial, con lo que se vulneró lo previsto por el artículo 169 del Reglamento Interior del Congreso.
v) Que las violaciones formales aducidas son relevantes y trascienden de manera fundamental a la norma general, por lo que debe declararse su invalidez.
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 1o., 2o., 13, 14, 16, 35, 36, 39, 40, 41, primer párrafo, 54, 120, 124, 133 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 33/2005 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
En proveído de tres de noviembre de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara su pedimento y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión.
QUINTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al rendir su informe precisó lo siguiente:
a) Que esa autoridad conforme a las facultades conferidas en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución del Estado de Morelos, promulgó el Decreto "799" de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Morelos, dentro de las cuales se encuentra el artículo 22 que impugna el promovente.
b) Que los actos impugnados en ningún momento violan las disposiciones y/o principios que derivan de la Constitución Federal, tan es así que el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que las Legislaturas Locales se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional que señalen sus leyes, lo cual se encuentra completamente acatado en la norma cuya invalidez se reclama.
SEXTO. Por su parte, al rendir su informe el Poder Legislativo del Estado de Morelos, en lo toral, manifestó:
a) Que del análisis integral del concepto de invalidez en que se hace referencia a que la norma impugnada viola los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Federal, se advierte que éste es inatendible al no precisar los motivos específicos por los cuales considera que la norma general es violatoria de esas normas constitucionales, por transgredir el principio de igualdad.
Que ante la ausencia de argumentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra imposibilitada para pronunciarse respecto de la pretendida transgresión y no se está en el caso de poder suplir en este aspecto la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
b) Que por lo que respecta a la violación a los artículos 35, 39, 41, 42, 54, 116 y 133 de la Constitución Federal, el accionante tampoco expresa en forma clara concepto de invalidez alguno, por lo que debe sobreseerse.
c) Que no le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificar los criterios que llevaron a la Legislatura Local a adoptar una corriente o posición determinada para reglamentar los principios de representación del sistema electoral imperante, pues sólo le compete determinar si las disposiciones reformadas contravienen algún precepto de la Constitución Federal con independencia del interés o afectación directa o indirecta que algún partido político pueda resentir como consecuencia del criterio adoptado.
d) Que por otra parte, no existe sobrerepresentación alguna, toda vez que la propia disposición impugnada establece que ningún partido político podrá contar con más de dieciocho diputados por ambos principios, es decir, de mayoría relativa y de representación proporcional; asimismo dispone que en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitido; igualmente, dispone que esta disposición no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento.
Que de esta forma, al fijarse límites a la sobrerepresentación de los partidos políticos e implantar mecanismos para garantizar la distribución de curules por ambos principios, se puede concluir que el artículo 22 del Código Electoral del Estado de Morelos se ajusta armónicamente a la Constitución Federal.
e) Que para sostener que no existe ningún tipo de violación a la Ley Fundamental, y que no existe ningún tipo de sobrerepresentación, cita las jurisprudencias de rubro: "MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A CADA UNO DE ESOS PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "CONGRESOS LOCALES. SOBRERREPRESENTACIÓN. NO ESTÁN OBLIGADOS A CONSIDERAR COMO LÍMITE EL 8% QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. SOBRERREPRESENTACIÓN. EL ARTÍCULO 229, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE DICHO ESTADO, AL PREVER COMO LÍMITE UN PORCENTAJE DE 16%, NO VIOLA EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
f) Que el hecho de que el dictamen haya sido presentado ante el Pleno de la asamblea por la urgencia evidente del mismo en la orden del día veintisiete de septiembre para primera lectura y, para segunda lectura, discusión y votación el veintiocho de septiembre, no trasciende de forma fundamental al proceso legislativo, puesto que los legisladores asistentes a la sesión estuvieron en aptitud material de discutir su contenido.
g) Que es falso que el voto particular de la diputada Kenia Lugo Delgado, haya sido recibido en la Secretaría General de Servicios Legislativos y Parlamentarios el día cuatro de octubre de dos mil cinco, es decir, siete días después de la sesión en la que se aprobaron las reformas al Código Electoral, puesto que el sello que aparece en el voto de referencia, corresponde al Archivo Parlamentario, oficina que pertenece a la citada Secretaría General, en el que se le forma expediente respectivo una vez que ha concluido el proceso legislativo en el Congreso del Estado.
Que lo cierto es que el citado voto fue remitido al secretario general de Servicios Legislativos y Parlamentarios, el veintisiete siguiente junto con el dictamen de proyecto de reformas.
h) Que en relación a que en la sesión en la que se votó en lo particular el artículo 22, existió confusión en cuanto a qué se votó, es inexacto, toda vez que de las constancias del proceso legislativo se advierte que lo que se sometió a votación fue el voto de la diputada Kenia Lugo.
Que no existe ningún tipo de violación procesal, y en caso de existir alguna, éstas no trascienden de manera fundamental porque fueron debidamente convalidadas por el Pleno, al respecto cita la tesis de jurisprudencia 94/2001, cuyo rubro es: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."
i) Que por cuanto al artículo 44 de la Constitución Local, éste no es aplicable al caso concreto, dado que el mismo se refiere a iniciativas, y en el supuesto, no se estaba en presencia de una iniciativa, sino de una propuesta realizada en la discusión en lo particular, que tiene una naturaleza diferente a una iniciativa.
j) Que finalmente, es errónea la postura de que para desestimar la propuesta de la diputada Kenia Lugo Delgado debieron haberse obtenido por lo menos veinte votos, ya que bastaría que cualquier legislador hiciera cualquier propuesta en la discusión en lo particular y que ésta no fuera aprobada por mayoría de veinte votos para que formara parte del ordenamiento jurídico, pues ello atenta contra el principio de certeza jurídica, ya que toda propuesta para que pueda modificar un dictamen debe alcanzar una votación exigida en la propia ley.
k) Que los conceptos relativos a la publicación del decreto "799", son actos imputables al Poder Ejecutivo.
Que asimismo son infundados los conceptos en que se señala como una violación al proceso legislativo que el acta de la sesión del veintiocho de septiembre haya sido aprobada hasta el cuatro de octubre, es decir, con posterioridad a la publicación en el periódico oficial; que lo anterior es así, puesto que basta la aprobación del Congreso para que un ordenamiento se remita para su publicación al titular del Poder Ejecutivo, sin que sea necesario esperar a la sesión ordinaria en la que se apruebe el acta, ya que este documento es simplemente una síntesis de lo acontecido.
SÉPTIMO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión expresó esencialmente:
a) Que no serán motivo de opinión los conceptos de invalidez expuestos por el promovente, en los que aduce que se viola el artículo 1o. por transgredir el derecho de igualdad, así como los artículos 35, 39, 41, 42, 54, 116 y 133, ya que se refieren a aspectos relativos a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, respecto de lo cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido pronunciamiento en las tesis de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL", "MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS." y "CONGRESOS LOCALES. SOBRERREPRESENTACIÓN. NO ESTÁN OBLIGADOS A CONSIDERAR COMO LÍMITE EL 8% QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
b) Que el concepto de invalidez en el que aduce el promovente violaciones en el proceso de emisión del precepto combatido, no encuadra dentro del exclusivo campo del derecho electoral, sino que pertenece al campo general del derecho, por lo que no amerita opinión especializada de la Sala Superior.
OCTAVO. El procurador general de la República, al formular opinión respecto de la presente acción, señaló en síntesis lo siguiente:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción; quien la suscribe tiene legitimación para ello, conforme al artículo 105, fracción II, inciso f), constitucional; y su presentación fue oportuna.
b) Que resulta infundada la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad emisora, ya que de la lectura de la acción se advierte que se esgrimen diversos argumentos en los que plantea la violación a los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Federal.
c) Que resulta infundado el concepto de invalidez en el que el accionante aduce que el artículo impugnado es contrario a los artículos 1o., 2o., 13, 14, 35, 39, 41, 42, 54, 116 y 133 de la Constitución Federal, ya que del texto del precepto impugnado, se advierte que todos los partidos políticos en el Estado de Morelos que cumplan con los supuestos normativos previstos en dicho numeral, podrán acceder a las curules de representación proporcional, asegurándose de esa manera la participación de los partidos minoritarios en el Congreso Estatal, sin que se produzca una sobrerepresentación, ya que el propio artículo establece dieciocho diputados como tope máximo al cual un partido político puede aspirar en la integración del órgano legislativo.
d) Que el artículo impugnado no transgrede el numeral 116 de la Constitución Federal al prever una nueva fórmula para la asignación de las diputaciones de representación proporcional en el Estado de Morelos, pues sigue las bases instituidas en el artículo 54 de la Norma Fundamental, aunado a que todos los partidos políticos contendientes estarán en condiciones semejantes para la obtención de los sufragios y el acceso a esas diputaciones, por lo que el artículo 22 del Código Electoral, al prever los topes máximos y mínimos sobre la representación proporcional, no transgrede derechos públicos subjetivos del accionante.
Que por tanto, al no existir transgresión al artículo 116 de la Constitución Federal, tampoco se conculcan los artículos 1o., 2o., 13 y 14 constitucionales.
e) Que respecto del concepto de invalidez en que se aduce violación a los artículos 35, 39, 41 y 42 constitucionales, al no tener relación con la litis planteada, no se entra a su estudio.
f) Que las violaciones de carácter formal que se hacen valer no trascienden de modo fundamental a la norma de tal forma que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad puesto que la sesión de veintiocho de septiembre de dos mil cinco, se celebró con la asistencia de veinticinco diputados integrantes de la legislatura; la reforma al artículo 22 del Código Electoral para el Estado de Morelos se aprobó con veinticinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y, que la votación en lo particular del numeral 22, fracciones IV y V, del citado código tuvo dieciséis votos en contra, dos a favor y dos abstenciones.
Que por tanto, se cumplió con el quórum legal y con la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución del Estado de Morelos.
Que la reforma fue publicada en el periódico oficial de la entidad el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, mediante Decreto "799", por lo que las formalidades esenciales del procedimiento que trascienden a la norma fueron cumplidas, por lo que no se contraviene el artículo 14 constitucional.
g) Que la norma se encuentra debidamente fundada en cuanto que el Congreso del Estado está facultado para efectuar la reforma impugnada de conformidad con lo previsto por el artículo 44 de la Constitución Local y que la citada reforma se encuentra motivada ya que obedece a la resolución que este Alto Tribunal dictó en la acción de inconstitucionalidad 31/2002, aunado a que regula relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, por lo que tampoco se actualiza violación al artículo 16 constitucional.
h) Que por lo anterior, resulta infundada la acción de inconstitucionalidad, debiendo declararse la validez del artículo 22, fracciones I, segundo párrafo, IV y V, inciso b), del Código Electoral para el Estado de Morelos.
NOVENO. Recibidos los informes de las autoridades, la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pedimento del procurador general de la República, los alegatos de las partes y al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea por parte del partido político promovente la posible contradicción entre una norma de carácter electoral y la Constitución Federal.
SEGUNDO. En primer término se analizará la oportunidad de la presentación de la demanda.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo de treinta días para promover la acción de inconstitucionalidad, se computa a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma, considerando que en materia electoral todos los días son hábiles.
El artículo 22, fracciones I, segundo párrafo, IV y V, inciso b), del Código Electoral para el Estado de Morelos, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, como se advierte del ejemplar que obra en autos (fojas 54 a 73); por lo que el plazo transcurrió del viernes treinta de septiembre al sábado veintinueve de octubre de dos mil cinco.
En consecuencia, toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se presentó el viernes veintiocho de octubre de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja cincuenta y dos del expediente, es evidente que su presentación fue oportuna.
TERCERO. A continuación se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(2) los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19274-d5f2ba67/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-22-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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