ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE UN CONGRESO LOCAL CARECE DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR, AUN A MANERA DE ACLARACIÓN DE LA LEY, YA QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTÁN REVESTIDAS DE FORMALIDADES ESENCIALES EN TORNO AL PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE PARA SU CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y REFORMAS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FE DE ERRATAS AL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 656-06 I P.O., DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2006, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA No. 90, DE 11 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN TANTO QUE LAS MODIFICACIONES QUE CONTIENE REBASAN LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR LOCAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 55/2006. PARTIDO POLÍTICO CONVERGENCIA.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIOS: MAKAWI STAINES DÍAZ Y MARAT PAREDES MONTIEL.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de diciembre de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda y normas impugnadas. Por oficio recibido el veintiocho de noviembre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Maldonado Venegas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, Partido Político Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas emitidas y promulgadas, respectivamente, por el Congreso y el gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, que a continuación se señalan:
a) Decreto Legislativo No. 656-06 I P.O., publicado en el anexo al Periódico Oficial Número ochenta y seis, de veintiocho de octubre de dos mil seis, por medio del cual se reforma la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
b) La fe de erratas al Decreto Legislativo No. 656-06 I P.O., de siete de noviembre de dos mil seis, publicada en el Periódico Oficial Número noventa, de once de noviembre de dos mil seis.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes narrados en diferentes capítulos de la demanda son los siguientes:
1) El veintisiete de octubre de dos mil seis, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, aproximadamente a las nueve de la noche, reformó, cambió, derogó y adicionó diversas normas generales fundamentales de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, mediante el Decreto Legislativo No. 656-06 I P.O., impreso en el Periódico Oficial Número ochenta y seis de sábado veintiocho de octubre de dos mil seis y "publicado el día 30 de octubre de dos mil seis, por disposición del Gobierno del Estado", porque tanto el Gobierno del Estado como la imprenta de gobierno trabajan de lunes a viernes, descansan sábados y domingos, en tanto que el Periódico Oficial del sábado, sale a la venta el lunes, que es el día cuando el público conoce su publicación, lo cual se manifiesta bajo protesta de decir verdad.
2) Con fecha once de noviembre de dos mil seis se publicó en el Periódico Oficial Número noventa, la "fe de erratas al Decreto No. 656/06 I P.O., aprobado por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, en sesión de fecha del día veintisiete de octubre de 2006, y publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 86, de fecha sábado 28 de octubre de 2006".
TERCERO. Artículos constitucionales que el promovente aduce violados y conceptos de invalidez. El promovente de la presente acción de inconstitucionalidad estima que las normas generales cuya invalidez se reclama son violatorias de los artículos 14, 16, 40, 41, primer párrafo, 105, fracción II, penúltimo párrafo y 116, segundo párrafo, numeral IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, argumentando en los conceptos de invalidez, lo siguiente:
1) Que el Congreso del Estado tiene la facultad de hacer reformas a las leyes electorales; sin embargo, debe observar lo establecido en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, el cual señala que las leyes electorales federales o locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
2) Que las modificaciones a la Ley Electoral se hicieron el veintiocho de octubre de dos mil seis, es decir, dentro de los noventa días prohibidos, ya que éstos inician el dieciséis de octubre, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, el cual dispone que "el proceso electoral ordinario se inicia durante la segunda quincena del mes de enero del año de la elección con la sesión de instalación de la asamblea general del Instituto Estatal Electoral y concluye con la calificación de las elecciones.", y en el caso concreto el plazo referido comprende del dieciséis al treinta de enero de dos mil siete. A lo anterior debe añadirse que la supuesta fe de erratas fue realizada el once de noviembre de dos mil seis y que la reforma puede ser aplicable para las próximas elecciones locales de dos mil siete.
3) Que en relación con el penúltimo párrafo del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, en la ejecutoria derivada de la acción de inconstitucionalidad 10/97, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que al interpretar en forma literal la exposición de motivos de la reforma a la Constitución Federal que tuvo lugar en agosto de mil novecientos noventa y seis,(1) podía desprenderse que la expresión "durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales", debe interpretarse en el sentido de que, una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse las leyes electorales o dentro de los noventa días previos a su inicio, no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
4) Que si la lógica jurídica de los diputados de hacer las modificaciones a la Ley Electoral es que, instalando la sesión de la Asamblea General del Instituto Electoral después del veintiocho de enero de dos mil siete, se estaría antes de los noventa días prohibidos, debe tomarse en cuenta que las modificaciones fundamentales se llevaron a cabo el día veintisiete de octubre, ya entrada la noche; que el Periódico Oficial se imprimió el sábado veintiocho de octubre de dos mil seis y la publicación se dio hasta el lunes treinta del mismo mes y año, pues el Periódico Oficial de los sábados sale a la venta hasta el día lunes. Por tanto, si conforme a la ley los decretos surten sus efectos al día siguiente al de su publicación, el mismo surtiría el treinta y uno de enero de dos mil siete, por lo que es inconstitucional.
5) Que mediante la fe de erratas de once de noviembre de dos mil seis, respecto de la que no se sabe si fue aprobada en una sesión del Congreso o a título personal por el presidente de éste, ya que él es quien firma, nuevamente se hacen reformas, se adicionan y derogan algunos artículos, es decir, la mencionada fe de erratas no cumple con su finalidad de corregir errores tipográficos que no representen cambio fundamental o pérdida del significado de la reforma inicial.
6) Que entre los artículos más significativos en los que se cambia el sentido son: 39, 54, 56, 86, 87, 90, 95, 101, 117, 128, 168, 178, 182, 221, 240 y 245.
CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 55/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de treinta de noviembre de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la acción relativa, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas y al Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que antes del cierre de la instrucción emitiera su opinión, solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión y, por último, requirió al director del Periódico Oficial para que informara sobre la fecha de publicación y circulación real del anexo a ese medio de difusión oficial, correspondiente al veintiocho de octubre dos mil seis.
QUINTO. Informe de la autoridad emisora de la norma impugnada. El presidente del Congreso del Estado de Chihuahua al rendir su informe manifestó lo siguiente:
A. Causales de improcedencia y sobreseimiento.
1. Que debe sobreseerse la presente acción dado que no se demostró la existencia del acto impugnado en razón de lo que a continuación se señala:
a) Respecto del Decreto Legislativo 656/06 I P.O., que reforma la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Que el promovente no expresa en los conceptos de invalidez razón alguna por la que considere que los artículos 14, 16, 40, 41, primer párrafo, y 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, resultaron trastocados o vulnerados por el Congreso del Estado, con el acto consistente en legislar en materia electoral, aunado a que sus señalamientos sólo se traducen en meras especulaciones sin fondo ni sustento, por lo que, en torno a los mismos, la demanda debe sobreseerse de plano sin mayor argumentación.
b) Respecto de la fe de erratas del Decreto Legislativo 656/06 I P.O., publicada en el Periódico Oficial del Estado Número noventa. Que el accionante en ningún momento expone ni demuestra que luego de la publicación de la fe de erratas, los artículos incluidos en ésta vean trastocado su sentido, respecto de los contenidos en el Decreto 656/06 I P.O.
2. Que debe sobreseerse la presente acción dado que no se agotó la vía legalmente prevista para la resolución del propio conflicto, pues debió agotarse el juicio de revisión constitucional electoral, por medio del cual, de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en su numeral 86, procede la impugnación de actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos.
B. En relación con los conceptos de invalidez.
1. Que no puede aducirse que las reformas impugnadas sean fundamentales para el proceso electoral que se avecina, pues como se desprende de su lectura, con ellas únicamente se establecieron definiciones más claras en cuanto a la determinación de financiamiento público a los partidos políticos, además de que no se trata de ninguna reforma que incida fundamentalmente en el proceso electoral.
2. Que no se requiere la aprobación del Pleno del Congreso para efectuar una fe de erratas, toda vez que la decisión del Pleno ya fue dada al emitir la votación correspondiente al dictamen que sometió a su consideración, además de ser un complemento del ordenamiento que corrige y que no obsta para su validez que no se señale ni el funcionario que la emitió ni las facultades que le asisten para hacerlo, ya que le participa el mismo fundamento del ordenamiento del cual deriva.
Que, contrario a lo manifestado por el promovente, mediante la fe de erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado Número noventa, únicamente se corrigieron los errores cometidos en la publicación del Decreto 656/06 I P.O.
3. Que como se desprende de las documentales presentadas como pruebas de su parte, se cumplieron todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento, en relación con el Decreto 656/06 I P.O., y su fe de erratas.
4. Que si bien no es necesario acreditar el extremo de un agravio, de conformidad con el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe acreditarse o, por lo menos, tratar de sustentar la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, lo que nunca sucede en la demanda.
5. Que del análisis de los conceptos de invalidez expuestos por el promovente, se infiere que su principal inconformidad se sustenta en la extemporaneidad de la vigencia del Decreto 656/06 I P.O., por considerar que contraviene lo dispuesto en la fracción II, penúltimo párrafo, del artículo 105 constitucional.
Que si bien es cierto que las normas en materia electoral deben publicarse y promulgarse antes de los noventa días en que inicie el proceso electoral respectivo, también lo es que esta regla no es inflexible, sino únicamente es aplicable a las disposiciones que signifiquen una modificación fundamental a los actos esenciales e imprescindibles de alguna de las etapas de dicho proceso.
Que las reformas realizadas a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, por sí mismas no determinan cuestiones trascendentales, y que, aunado a ello, el promovente debió haber expuesto las consideraciones tomadas en cuenta para llegar a dicha conclusión, es decir, que se publicaron dentro de los noventa días de prohibición, y que, por tanto, son violatorias de las normas constitucionales.
6. Que no puede afirmarse que se ha violado la Constitución por haberse publicado las normas dentro de los noventa días anteriores al inicio del proceso electoral en que se habrán de aplicar, cuando la fecha de inicio del proceso electoral, con la que debe contarse retroactivamente para computar la prohibición de legislar sobre cuestiones fundamentales, depende no sólo de la lectura literal del artículo 77 de la Ley Electoral del Estado,(2) sino de una cuestión de carácter fáctico determinada legalmente, esto es, el acto de instalación de la asamblea general, que debe darse durante la segunda quincena del mes de enero, entre el dieciséis y el treinta y uno de enero del año de la elección que corresponda.
Luego entonces, de conformidad con los tiempos en que la reforma de mérito ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintiocho de octubre del año en curso, cobrando vigencia el mismo día, por lo que si la Asamblea se instalara en cualquier día del dieciséis al veintiséis de enero, podrá hablarse de vicios de inconstitucionalidad en el decreto multicitado, pues no se satisfaría el requisito de los noventa días previos; en cambio, si resulta que la instalación acontece del veintisiete al treinta y uno del mismo mes, no habría lugar a inconstitucionalidad alguna.
En consecuencia, no puede formularse un juicio previo de valoración de constitucionalidad del decreto impugnado, en virtud de no haberse materializado aún todos los supuestos constitucionales, legales y fácticos para demostrarlo, en virtud de lo cual, respecto a lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Carta Magna, no se acredita ningún acto de violación constitucional en relación con el Decreto 656/06 I P.O.
SEXTO. Informe de la autoridad promulgadora de la norma impugnada. El Gobernador del Estado de Chihuahua no rindió informe, no obstante que fue llamado al procedimiento, como se acredita con la constancia de notificación, que se encuentra a foja 113 de autos.
SÉPTIMO. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República, al formular opinión respecto de la presente acción, señaló en síntesis lo siguiente:
1) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción y que quien la suscribe tiene legitimación para ello.
2) Frente a la manifestación del accionante en el sentido de que el Periódico Oficial de veintiocho de octubre de dos mil seis, salió a la venta al público hasta el lunes treinta siguiente, señala que las leyes deben considerarse como publicadas, no cuando lo son formalmente, por la fecha del diario oficial de la entidad de que se trate, sino cuando lo son realmente, por haber sido el mencionado órgano de difusión puesto en circulación. Que existe la presunción de que su publicación real corresponde con su publicación formal, por lo que para destruir esa presunción se necesitan pruebas que de manera plena e indubitable engendren la convicción de que han coincidido la publicación formal y la real de una determinada ley.
Que los recibos expedidos por la receptoría de rentas de fecha treinta de octubre de dos mil seis, no son lo suficientemente contundentes para desvirtuar que la publicación y la puesta en circulación del mencionado diario oficial no ocurrió el veintiocho de octubre del año en curso, sino que solamente prueban que el lunes treinta de octubre se adquirieron algunos ejemplares del medio de difusión correspondientes al veintiocho de octubre pasado.
Que del análisis de la legislación local no se puede determinar de manera fehaciente que los sábados, particularmente el veintiocho de octubre fue una fecha en la que no se pudo adquirir el Periódico Oficial de la entidad, por ser día inhábil, por lo que es materialmente imposible demostrar la afirmación del accionante, y además, la carga de la prueba recae en éste.
Que así las cosas, de autos se desprende que la acción de mérito fue presentada extemporáneamente, sin que sea óbice para ello, el argumento en el sentido de que mediante la fe de erratas se realizaron cambios fundamentales a las leyes electorales, lo cual conlleva implícitamente a la consideración de que se trata de una publicación fragmentada del Decreto 656/06 I P.O., porque de la lectura de dicha fe de erratas se advierte que sólo son aclaraciones a la organización numérica de algunas normas y a errores menores ocurridos en el engrose, que en nada modifican la estructura fundamental de las normas impugnadas, por lo que deberá estarse a la publicación de la norma y, en consecuencia, debe concluirse que el escrito de la demanda de acción de inconstitucionalidad 55/2006 fue presentado extemporáneamente.
3) En cuanto a las causales de improcedencia aducidas por el Congreso del Estado, el procurador general de la República señala que por lo que se refiere a la causal consistente en que no se puede demostrar que con la expedición y publicación del Decreto 656/06 I P.O., se ha incurrido en violación del término previsto en el artículo 105, fracción II, constitucional, debe ser desestimada en virtud de que dichos argumentos involucran el estudio de fondo.
En relación con la causal referente al no agotamiento de la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, el procurador señala que resulta infundada, toda vez que el partido promovente señala violaciones a diversos artículos de la Constitución Federal, por lo que la única vía para dirimir la contradicción entre normas electorales y la Carta Magna, es la acción de inconstitucionalidad.
4) Con respecto a los conceptos de invalidez señaló lo siguiente:
Que si bien las normas en materia electoral deben publicarse y promulgarse antes de los noventa días en que inicie el proceso electoral respectivo, también lo es que esta regla no es tan rígida, pues únicamente es aplicable a las disposiciones que signifiquen una modificación fundamental a los actos esenciales e imprescindibles de algunas de las etapas de dicho proceso, cuya alteración pueda producir un daño no reparable a través del ejercicio oportuno de la acción de inconstitucionalidad, pues en la víspera del inicio de los comicios se considera que el plazo de noventa días es suficiente para agotar este medio de control constitucional y, en su caso, restablecer el apego a la Norma Suprema que deben observar las disposiciones jurídicas que rigen los comicios electorales federales o estatales.
Ahora bien, que en el presente caso sí se modificó un gran contenido de los diversos dispositivos de la Ley Electoral del Estado, como lo es el capítulo de la participación de los ciudadanos en las elecciones, financiamiento público, reglas de procedimientos de medios de impugnación, reglas para el Instituto Estatal Electoral sobre informes financieros, etcétera, por lo que sí se trata de reformas que trascienden al desarrollo de los comicios electorales.
Que como se desprende del contenido del artículo 77 de la Ley Electoral citada, el proceso electoral en la entidad inicia con la sesión de instalación de la asamblea general del Instituto Estatal Electoral en la segunda quincena del mes de enero del año de la elección, esto es, del dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil siete, lo cual no permite determinar con precisión el momento en que el mencionado Instituto Electoral instale su asamblea general.
Que bajo este contexto, es evidente que el artículo 77, al establecer un plazo de quince días para que el Instituto Electoral instale su asamblea general, no cumple con el principio de certeza en materia electoral a que hace referencia el artículo 116 constitucional, por lo que procede que se declare la inaplicabilidad del Decreto 656/06 I P.O., por el que se reforman, derogan y adicionan las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, para el proceso electoral a realizarse en dos mil siete.
OCTAVO. Opinión del Tribunal Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en respuesta a la solicitud formulada por el Ministro instructor, con fundamento en el artículo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, señaló:
a) Que para establecer si la reforma fue realizada oportunamente, debe analizarse previamente la naturaleza jurídica de las disposiciones materia de la reforma electoral de que se trata, a efecto de determinar si constituye o no una reforma legal fundamental.
b) Que de acuerdo con lo anterior, y una vez realizada una clasificación de los temas comprendidos por la reforma, puede concluirse que las modificaciones a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, no se circunscriben a una reforma a la institución electoral en lo particular, sino que comprenden una reforma integral del marco normativo de la entidad en la materia; de esto se sigue que dada la extensión y alcances de las modificaciones a dicha ley, las cuales establecen derechos y obligaciones para los actores políticos, modifican el diseño institucional y las atribuciones de los órganos electorales, o bien, inciden sobre los derechos y cargas procesales de los ciudadanos, candidatos, coaliciones y demás sujetos procesales, y toda vez que no sólo corresponden a disposiciones de carácter fundamental u operativo, deben calificarse como fundamentales, en tanto que comprenden gran parte del sistema electoral local, cuyas disposiciones se vinculan entre sí.
c) Consecuentemente, debe determinarse sobre la oportunidad para su promulgación y publicación, por lo que, tomando en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Electoral de Chihuahua, el inicio del proceso electoral en la entidad tendrá lugar durante la segunda quincena del mes de enero del año de la elección, por un principio de seguridad jurídica y ante la falta de señalamiento de una fecha exacta para el inicio de un proceso electoral, el cómputo de noventa días debe culminar el día anterior al en que se inicie la segunda quincena del mes de enero del año de la elección.
d) Que, en este orden de ideas, el plazo de noventa días debe computarse del dieciocho de octubre de dos mil seis al quince de enero de dos mil siete, por lo que el decreto en cuestión debió publicarse, a más tardar, el diecisiete de octubre del presente año, siendo que en el caso concreto se publicó el veintiocho del referido mes, por lo que se concluye que las disposiciones modificadas mediante el decreto impugnado, no se emitieron con la anticipación constitucional exigida y, en consecuencia, las modificaciones mencionadas no deben aplicarse antes ni durante el proceso electoral que tendrá lugar en el Estado de Chihuahua para el dos mil siete, sin perjuicio de que puedan aplicarse en procesos electorales ulteriores.
NOVENO. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el Partido Político Convergencia plantea la posible contradicción entre diversas normas generales y la Constitución Federal.
SEGUNDO. Oportunidad. En primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el cómputo del plazo de treinta días naturales para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que la norma impugnada se publicó en el medio de difusión oficial y, además, en materia electoral para el cómputo del plazo todos los días son hábiles.
En el caso concreto, el Decreto Legislativo No. 656-06 I P.O., por medio del cual se reformó la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, fue publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el sábado veintiocho de octubre de dos mil seis.
No obstante lo anterior, la promovente afirma que la circulación o venta del Periódico Oficial de veintiocho de octubre de dos mil seis se realizó hasta el lunes treinta de octubre, fecha en que abrieron las oficinas tanto de recaudación de rentas como la imprenta de gobierno, que es cuando efectivamente es posible estar en conocimiento de su contenido, lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, aportando como elemento probatorio un certificado de ingreso expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Chihuahua, el día treinta de octubre de dos mil seis, a las once horas con treinta y tres minutos, en el que consta la adquisición del Periódico Oficial del Estado, sin que se detalle la fecha a la cual corresponde el periódico, por tanto, este documento no es idóneo para demostrar los hechos aducidos por el promovente de la acción de inconstitucionalidad.
Ahora bien, el Ministro instructor, con fundamento en el primer párrafo del artículo 68(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, por considerarlo necesario para la mejor resolución del asunto, solicitó en el auto admisorio al director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, que informara la fecha de publicación y circulación al público del Periódico Oficial que contiene el Decreto 656/06 I P.O.
El anterior requerimiento fue desahogado mediante oficio DJ-302-1707/06, de fecha ocho de diciembre de dos mil seis, en el que el director del Periódico Oficial del Estado, informa que el decreto de marras fue publicado y circuló el sábado veintiocho de octubre de dos mil seis, en el folleto anexo al Periódico Oficial Número ochenta y seis.
A la luz de lo expuesto, si bien las leyes deben considerarse publicadas no cuando lo son formalmente, en la fecha del Periódico Oficial, sino cuando lo son realmente, tomando en cuenta la fecha de su circulación, el principio ontológico en materia probatoria, regulado en el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(5) indica que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, y siendo lo ordinario que la circulación del medio de difusión oficial se realiza el mismo día de su impresión, existe la presunción de que aquélla se realizó en la fecha asentada en dicho documento.
Las consideraciones anteriores se sustentan en la tesis de la Sala Auxiliar, de rubro: "LEYES, OBLIGATORIEDAD Y PUBLICACIÓN DE LAS."(6)
En este tenor, no obstante que esta presunción es susceptible de ceder frente a pruebas que de manera plena e indubitable engendren la convicción de que no existió coincidencia entre la publicación real y la formal, corresponde a quien realiza la afirmación acreditar la certeza de su dicho, cuestión que en el caso no sucedió y, por el contrario, la información recabada por el Ministro instructor, confirma que existió coincidencia entre la impresión y la circulación.
En virtud de lo anterior, el plazo para ejercer esta vía inició el domingo veintinueve de octubre, día siguiente al de la publicación, y concluyó el lunes veintisiete de noviembre de dos mil seis, como se desprende del siguiente calendario:
Ver calendario 1
En este tenor, toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veintiocho de noviembre de dos mil seis, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 22 de autos, es decir, un día después del término, es evidente que su presentación resulta extemporánea.
Por tanto, procede sobreseer con fundamento en el artículo 65, en relación con los artículos 20, fracción II y 19, fracción VII, todos de la ley reglamentaria de la materia, por lo que se refiere a la impugnación de las normas generales contenidas en el Decreto Legislativo No. 656-06 I P.O., por medio del cual se reformó la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Por otro lado, en cuanto a la fe de erratas al Decreto Legislativo No. 656-06 I P.O., no pasa inadvertido que este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 39/2006 y sus acumuladas 40/2006 y 42/2006, sostuvo lo siguiente:
• Por la propia naturaleza de la fe de erratas debe considerarse que ésta no modifica el texto de los preceptos publicados en la primera oportunidad, sino que tiene por objeto corregir errores de impresión o mecanográficos que se pudieron cometer al momento de publicar una norma aprobada.
• La fe de erratas no es producto de un acto legislativo en el que se observe el procedimiento y formalidades necesarias para el nacimiento de la norma general, en consecuencia, no se trata de un nuevo texto de la norma general, por tanto, no procede su impugnación de manera aislada, ni la misma implica la ampliación del plazo para la impugnación respectiva.
No obstante lo anterior, toda vez que en el caso el promovente pone en tela de juicio que estamos ante una auténtica fe de erratas y afirma que a través de la misma se realizó una modificación sustantiva a las normas aprobadas por el Congreso Local, resulta necesario entrar a su análisis, puesto que de estimar lo contrario y considerarla como parte del decreto originalmente publicado, se estaría realizando una petición de principio, lo cual implicaría denegar justi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19914-55cf233d/accion-de-inconstitucionalidad-el-presidente-de-un-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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